La Fundación Alternativas organizó este martes el debate on-line titulado ‘La transición justa y el Green New Deal como estrategia de crecimiento’, con el objetivo de dar a conocer los resultados de una encuesta, realizada por la empresa demoscópica 40dB, sobre las percepciones y preocupaciones de la ciudadanía española en estos momentos de máxima inquietud por el impacto del Covid-19. 2020 es el año de la gravísima pandemia que está golpeando al continente europeo, pero también el del lanzamiento de la Conferencia sobre el futuro de Europa, por lo que es más que nunca necesario dar voz a la ciudadanía y promover un diálogo entre instituciones europeas, los Estados miembros y la sociedad civil, para abordar las transformaciones necesarias para una Europa más democrática, justa e inclusiva. Moderado por Cristina Monge, asesora ejecutiva de ECODES y analista política, el encuentro virtual contó con varios expertos en la materia.

Belen Barreiro, directora de 40dB y ex presidenta del CIS, reveló que prácticamente la mitad de los encuestados (48,6%) -de los que el 55,4% son mujeres- considera que la protección del medioambiente y la transición ecológica debe ser una “competencia compartida entre la UE y cada Estado miembro”, con un 27% que cree que debe ser únicamente incumbencia de las instituciones comunitarias. “Estos datos son interesantes porque revelan que los ciudadanos confían mucho más en la UE cuando se trata de abordar la transición ecológica que otros asuntos, como el ámbito digital o el social”, afirmó la experta.

En lo que se refiere a lograr una economía sostenible y climáticamente neutra en el año 2050, Barreiro, patrona de la Fundación Alternativas, indicó que casi la mitad (46,5%) opina que es una meta demasiado ambiciosa y poco realista. En relación al esfuerzo de los Estados para cumplir con los objetivos medioambientales, la ciudadanía se muestra crítica, ya que casi la mitad (47,9%) “cree que no se está haciendo lo suficiente, y considera que hay que hacer mayores sacrificios para alcanzar los objetivos”. Sobre el establecimiento de un impuesto verde unificado para políticas medioambientales, aunque suponga que algunas empresas paguen más impuestos, el 63,8% está a favor; y la mayoría defiende que la UE obligue a los Estados a llevar a cabo inversiones para la protección del medio ambiente (76,6%), y que se endurezca el uso de los automóviles (69,5%).

Sira Rego, eurodiputada de Unidas Podemos, puntualizó que el debate sobre la transición ecológica “forma parte ya de la agenda política de todas las instituciones comunitarias”, y la adaptación de la economía europea en términos “verdes y digitales” se tiene que abordar desde una “perspectiva de cambio de modelo energético”, y con la voluntad de situar a Europa como uno de los “actores geopolíticos estratégicos” a nivel global. A su juicio, tanto ciudadanos como instituciones han de ser más “ambiciosos y valientes” porque el momento es “crítico”, y “elementos sustanciales” que tienen que ver con el pacto verde europeo, como las políticas públicas o la ley climática, no están siendo suficientemente “ambiciosos”. “Plantear un modelo de crecimiento sin límites en un mundo de recursos limitados es un contrasentido”, afirmó Rego.

JUSTICIA SOCIAL

Montserrat Mir, miembro de Just Transition Centre y de la Confederación Sindical Internacional, aclaró que “la transición justa es poner en común la justicia social con las aspiraciones de justicia climática y de reducción de emisiones; sin justicia social no hay transición justa”. La experta recordó que los mercados laborales van a sufrir una transformación impulsada por el “Acuerdo de París y la emergencia climática a la que nos enfrentamos” y, en un mundo ideal, “la transición justa sería aquella en la que todo el mundo tiene un trabajo decente, la protección social no es una rareza, la pobreza y la desigualdad están en vías de erradicarse, y las emisiones son cero, que es precisamente lo que establece el Green Deal: llegar a 2030 con una reducción del 55% de emisiones”, y eliminarlas a más largo plazo.

Gonzalo Sáenz de Miera, director de Política Energética de Iberdrola: “El Green New Deal no es sólo una estrategia climática, sino también económica y social, basada en la economía verde y la digitalización. Es una oportunidad para que Europa cambie su modelo económico hacia un modelo más próspero, resiliente y saludable, y con más y mejor empleo. Y si esta oportunidad es buena para Europa es especialmente positiva para España, porque somos una de las economías más vulnerables del continente frente al cambio climático y la dependencia energética, pero estamos muy bien colocados para aprovechar las oportunidades del Green New Deal, ya que disponemos de excelentes recursos naturales y vamos hacia un sistema energético basado en las renovables, que nos va a proporcionar más competitividad que nuestros vecinos europeos”.

La Fundación Alternativas organizó este martes el debate on-line titulado ‘La agenda digital europea’, con el objetivo de dar a conocer los resultados de una encuesta, realizada por la empresa demoscópica 40dB, sobre las percepciones y preocupaciones de la ciudadanía española en estos momentos de máxima inquietud por el impacto del Covid-19. 2020 es el año de la gravísima pandemia que está golpeando al continente europeo, pero también el del lanzamiento de la Conferencia sobre el futuro de Europa, por lo que es más que nunca necesario dar voz a la ciudadanía y promover un diálogo entre instituciones europeas, los Estados miembros y la sociedad civil, para abordar las transformaciones necesarias para una Europa más democrática, justa e inclusiva. Moderado por Laura Ojea, periodista de El Español, el encuentro virtual contó con varios expertos en la materia.

Belen Barreiro, directora de 40dB y ex presidenta del CIS, afirmó que “queríamos saber qué piensan los ciudadanos españoles sobre quién debe tener las competencias en materia de transformación digital, y nos hemos encontrado con que en 41,3% opina que deben ser compartidas entre la UE y cada Estado miembro”. En lo que se refiere a la creación de una nueva tasa digital para las grandes empresas tecnológicas, Barreiro anunció que “un 67,7% de los ciudadanos estaría de acuerdo”. En este apartado “hubo muy pocas respuestas en contra”, pero resulta “significativo” que, entre los que están en desacuerdo (10,5%), aparezca que una cuarta parte son votantes de Vox (24,7%), y un 17,5% de jóvenes de 18 a 24 años.

Por otro lado, una amplia mayoría (72%) defiende que la UE obligue a los Estados miembros a tomar medidas para reducir los efectos negativos de la transformación digital sobre el empleo. Nuevamente, entre el 7,2% de los encuestados que se mostró en contra, un 21,1% eran votantes de Vox, y un 17,2% jóvenes de 18 a 24 años. Sobre si la UE debería garantizar la capacitación digital de sus ciudadanos, un 75% se mostró a favor, mientras que el 70% de los encuestados opinó que la UE debería tener más competencias para establecer una regulación común sobre el teletrabajo.

Según Barreiro, patrona de la Fundación Alternativas, “los jóvenes han vivido en un periodo muy corto dos grandes tormentas: la Gran Recesión del 2008 y ahora la crisis del coronavirus, lo que ha condicionado su percepción de la UE y de otras muchas instituciones, como por ejemplo la monarquía, por la que sienten desafección, o el bipartidismo, sistema en el que se sienten desubicados”.

 Jonás Fernández, eurodiputado socialista, puntualizó que la “estrategia” de la Comisión Europea para esta Legislatura que apenas lleva un año vigente pivota sobre dos ejes: “El impulso al pacto verde y a la digitalización de la economía”. A su juicio, Europa tiene una conectividad “razonable”, pero en términos de proveedores de servicios la estructura mundial se caracteriza por una “presencia menor de compañías europeas que puede suponer una pérdida de productividad a medio plazo, si se mantienen las tendencias de la última década”.

Según Fernández, las agendas verde y digital arrancaron la Legislatura de manera “muy potente”, pero con más “voluntad que capacidad presupuestaria”. Pero el impacto de la pandemia “ha supuesto que podamos contar con la financiación adicional de los 750.000 millones destinados a las ayudas, que van a tener un destino claro en la recuperación económica de la Unión en base a la digitalización y la transición ecológica, así como en un nuevo pilar centrado en la capacidad estratégica comunitaria”.

María Gil, profesora de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, recordó que el modelo digital va entrando “lentamente” en las aulas españolas, mientras que el modelo tradicional sigue “muy presente” en términos de infraestructuras, currículos y formación de profesores. “Tanto los centros como el profesorado se han mostrado reticentes a la digitalización, mostrando una cierta tecnofobia”.

BRECHA DIGITAL

La docente aclaró que “con la llegada del coronavirus todo ha cambiado de manera muy drástica, y las excusas del pasado ya no funcionan, porque hemos tenido que pasar de un sistema presencial donde podíamos aplicar los métodos tradicionales, a un medio digital que se ha convertido casi en la única manera de contactar con los estudiantes, lo que ha puesto de manifiesto una serie de carencias a nivel nacional, como la brecha digital, que se pueden aprovechar para enfocar la agenda tecnológica y los recursos en educación”.

José Moisés Martín, director de Red2Red Consultores, señaló que “los retos que tenemos por delante en materia digital están identificados dentro de la planificación de la UE, y que en el caso de España acabamos de aprobar con la senda 20/25”. “Tenemos unas infraestructuras de primer orden en términos de conectividad, pero nuestro nivel de adaptación tecnológica, sobre todo en el mundo empresarial, sigue siendo reducido. Por otro lado, la desigualdad tecnológica entre las grandes y las pequeñas empresas está generando una concentración de riqueza en las más punteras, lo que va a provocar la desaparición de muchas de las pequeñas porque no pueden competir con los gigantes digitales”, aseguró.

El experto precisó que “los robots no nos van a quitar el empleo, pero el problema es cómo se van a adaptar las empresas españolas a la nueva realidad, porque las que no se digitalicen pueden terminar cerrando”. En este sentido, Martín subrayó que “España tiene un problema de cualificación digital que genera una brecha relevante que se puede medir en términos de edad, género y clase”. Por otro lado, “el elemento fiscal también presenta un problema grave, porque la economía digital es un campo abonado para la elusión, ya que una parte muy importante de los beneficios que se generan no tributan en las circunscripciones donde deberían hacerlo”.

La Fundación Alternativas organizó este viernes el debate on-line titulado ‘Una nueva agenda social de la Unión’, con el objetivo de dar a conocer los resultados de una encuesta, realizada por la empresa demoscópica 40dB, sobre las percepciones y preocupaciones de la ciudadanía española en estos momentos de máxima inquietud por el impacto del Covid-19. 2020 es el año de la gravísima pandemia que está golpeando al continente europeo, pero también el del lanzamiento de la Conferencia sobre el futuro de Europa, por lo que es más que nunca necesario dar voz a la ciudadanía y promover un diálogo entre instituciones europeas, los Estados miembros y la sociedad civil, para abordar las transformaciones necesarias para una Europa más democrática, justa e inclusiva. Moderado por Sabela Rodríguez, periodista de Infolibre, el encuentro virtual contó con varios expertos en la materia.

Belén Barreiro, directora de 40dB  y ex presidenta del CIS, apuntó que “estamos en un momento en que era necesario tomarle el pulso a la ciudadanía en plena crisis del covid-19, en lo que se refiere a sus demandas y preocupaciones, y nos encontramos con que una mayoría reclama una mayor protección de los intereses de los colectivos más vulnerables, siendo los primeros los trabajadores, seguidos de los jubilados, además de las mujeres y los jóvenes”.  

La experta, que reveló los resultados de la encuesta, subrayó que la visión de la ciudadanía española, casi por unanimidad, es que cualquier europeo debe tener “derecho a las políticas sociales” en todos los Estados (8 de cada 10), mientras que 6 de cada 10 se muestran a favor de “crear una fiscalidad común”. Sobre una posible “subida de impuestos” para fomentar las políticas sociales, también 6 de cada 10 se mostraron partidarios; sin embargo, “nos hemos encontrado con una división en la derecha, ya que los votantes del PP sí apoyan esta medida, mientras que los de Vox la rechazan”.

Por otro lado, 7 de cada 10 españoles defienden la “creación del salario mínimo, el ingreso mínimo vital y la protección por desempleo”. Sobre quién debe gestionar las políticas sociales, “nos hemos encontrado respuestas contradictorias: 4 de cada 10 quieren que las competencias estén repartidas entre los Estados miembro y la UE, y también 4 de cada 10 prefieren que sean responsabilidad de los Estados miembro y, en el caso de la sanidad, vemos que una mayoría pide que recaiga en los propios Estados, debido a la situación de emergencia actual y a la buena reputación que tiene la sanidad en España”.

En lo que se refiere al impacto de la pandemia y al papel de la Unión Europea, la valoración es “positiva, pero no sobradamente, ya que al comienzo de la crisis los ciudadanos se mostraron muy críticos con la gestión europea, y ahora lo son bastante menos, siendo la aprobación del fondo de recuperación el punto de inflexión para una mejor valoración de las instituciones comunitarias. Un 56% de los ciudadanos valora positivamente las ayudas aprobadas por la Unión, frente a un 17% que se muestra en contra”.

Sobre el destino de los recursos europeos, un 72% opina que deben dedicarse a la sanidad, seguida de la educación y de las políticas sociales en general. La sociedad española es, en su mayoría, proeuropea: el 63,4% se considera bastante o muy europeísta. Los ciudadanos españoles consideran que, aunque es relevante, no es prioritario para el país tener mayor protagonismo dentro de la Unión Europea.

Unai Sordo, Secretario General de CCOO, valoró las conclusiones de la encuesta como “positivas", sobre todo teniendo en cuenta que “la valoración de los participantes ha variado a lo largo de la crisis del covid en función de la respuesta de la UE”. A su juicio, la investigación de Barreiro revela un “europeísmo crítico, con sesgos según el perfil ideológico de los encuestados, donde se empieza a apreciar un vector nacionalista y antieuropeo que se canaliza en Vox pero, aparentemente, se disocia del votante del Partido Popular”.

VISIÓN PROGRESISTA

Sordo destacó una “visión progresista de la ciudadanía”, ya que una gran mayoría señala la necesidad de “reforzar nuestro sistema sanitario, así como la educación, la fortaleza industrial, la investigación, el desarrollo y la innovación”. En un momento de “extrema polarización política”, la población española se muestra alineada con los “grandes objetivos transicionales de nuestro país, que pueden tener un recorrido en función de cómo utilicemos los recursos europeos, pero también de cómo implementemos las políticas fiscales, sectoriales e industriales en los próximos tiempos”.

Lina Gálvez, eurodiputada socialista, recordó que las competencias en materia social “corresponden principalmente a los países”, pero como respuesta a las políticas erróneas de austeridad, que supusieron un “incremento de la desigualdad, de la deuda y del descontento social”, la UE estableció en 2017 el pilar social europeo, para “fomentar” la igualdad de oportunidades y el acceso al mercado laboral, unas condiciones de trabajo justas, y una protección social adecuada y sostenible. Sin embargo, “mientras no cambiemos las políticas económicas de corte deflacionista difícilmente vamos a poder mejorar, tendiendo además en cuenta que las fuerzas nacionalistas no están por la labor”  

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas: “En la crisis de 2008 se puso de manifiesto la necesidad de crear un pilar social comunitario, pero la reunión de 2017 en Gotemburgo al respecto fue insuficiente, ya que no se atribuyeron competencias jurídicas en los Tratados europeos en temas sociales. Esta crisis del coronavirus, sanitaria y económica, pone más de relieve la necesidad de activar una sólida política social a nivel continental. Tenemos una oportunidad por delante con la Conferencia para el Futuro de Europa, que se abre a una posible reforma de los Tratados para introducir el deseado y deseable pilar social de la Unión”.

El análisis de los conflictos armados y de los procesos de construcción de paz, absorbido actualmente por la lógica de la securitización, obvia por lo general otros aspectos igual de relevantes para el estudio y tratamiento comprehensivo de estos conflictos y procesos. El Seminario “Conflictividad y construcción de paz en África y Oriente Próximo. Transversalizar el género y la emergencia climática”, organizado por el Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas con el apoyo de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, se celebró precisamente para discutir, visibilizar, así como concienciar de esta forma, sobre dos cuestiones transversales a cualquier conflicto armado o proceso de construcción de paz existente en la actualidad; a saber, el género y la emergencia climática, con especial atención en el papel que ambos desempeñan en la conflictividad y construcción de paz que se dan en las regiones de África y Oriente Próximo.

El seminario dio comienzo con una apertura inicial, en la que participaron Diego López Garrido, Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas, Eva Martínez, Directora General para el Magreb, África, Mediterráneo y Oriente Próximo, Alberto Virella, embajador en misión especial para el Plan África, Diego Checa Hidalgo, del Instituto de Paz y Conflictos de la UGR, y Oscar Mateos Martín, de la Universidad Ramón Llull-Blanquerna y CIDOB; y en la que se destacó la necesidad de diseñar estrategias internacionales y planes de intervención multidimensionales que superen la lógica securitaria y la narrativa mainstream sobre el carácter esencialmente interno e interestatal de los conflictos existentes en África y Oriente Próximo. Es decir, estrategias y planes que contemplen la dimensión transnacional de los conflictos que se dan en estas regiones y el papel que en ellos juega el peso de la historia, que aborden los problemas socioeconómicos (que se encuentran en el origen de muchos conflictos africanos concretamente) desde una perspectiva sociocéntrica, y no de securitización, y que, por supuesto, sitúen en el centro la dimensión de lo local e incluyan a todos los actores implicados -mujeres también- en los contextos de conflicto y construcción de paz.

Finalizada la apertura inicial, dio comienzo el panel sobre género, en el que se discutió acerca de los principales objetivos de los movimientos de mujeres en los procesos de resolución de conflictos y construcción de paz en África y Oriente Próximo, sobre los grandes logros de la agenda de género en estas regiones en los últimos años, sobre la diferencia entre construcción de paz y resolución de conflictos desde una perspectiva de género y sobre los efectos que tienen los conflictos, según sus especificidades, sobre las mujeres, en función de si estas son víctimas, instigadoras o constructoras de paz en los mismos. En el panel, moderado por Itxaso Domínguez de Olazábal, coordinadora de la región Oriente Próximo y Norte de África de la Fundación Alternativas, intervinieron Nora Miralles, del Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo, Itziar Ruiz-Giménez, profesora en la Universidad Autónoma de Madrid e integrante del Grupo de Estudios Africanos, Pamela Urrutia, de la Escola de Cultura de Pau e Iker Zirión Landaluce, de la Universidad Politécnica de Valencia.

Tras el panel sobre género fue el turno para el panel sobre emergencia climática, en el que se discutió acerca de los principales desafíos ligados al cambio climático y su repercusión en la conflictividad existente en África y Oriente Próximo, sobre el origen y manera en la que los distintos actores internacionales, regionales y locales están enfrentando estos desafíos, sobre la forma en la que la conflictividad puede afectar al avance en la lucha contra la emergencia climática y sobre el rol que podría jugar la implementación de una agenda verde de transición energética en la reducción de la conflictividad. En el panel, moderado por Elsa Aimé González, coordinadora de la región África Subsahariana de la Fundación Alternativas, participaron Gonzalo Escribano, del Real Instituto Elcano, Marta Iñíguez de Heredia, profesora en la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Grupo de Estudios Africanos, Luis Sánchez, de la Universidad de Granada, y María Ángeles Alaminos Hervás, de la Universidad de Loyola de Andalucía.

La Fundación Alternativas organizó la presentación del 'Informe África 2020: Transformaciones, movilización y continuidad’, un documento que, aun tomando nota de la cambiante situación a raíz de la pandemia, trata de establecer cierta distancia para arrojar luz sobre las dinámicas subyacentes en el continente africano, así como de las realidades raramente analizadas en el debate público, como es el caso de las comunidades africanas y africano-descendientes en España. Moderado por Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, el encuentro virtual contó con varios expertos en la materia.

Cristina Gallach, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, afirmó que “debemos acostumbrarnos cada vez más a que los analistas profundicen en la situación de África, y nos indiquen por dónde van las tendencias para ayudarnos a movernos de manera más intensa y comprometida con el continente”. En este sentido, Gallach aclaró que “el informe de Alternativas es muy importante, es rico y variado. Desde el ministerio trabajamos para profundizar nuestra relación con África en su totalidad y con los distintos países de manera bilateral, contribuyendo y acompañando al desarrollo socioeconómico de un continente que tenemos a vista de ojo desde el sur de España”. 

Respecto al impacto del coronavirus, la secretaria destacó que va a “afectar” a la situación económica y social de África, por lo que “diseñar una política exterior que despliegue un acompañamiento transversal de las políticas españolas en los distintos países, teniendo en cuenta la repercusión de la pandemia, será fundamental”. Sobre este apartado, puntualizó que “nuestras políticas interiores y exteriores sebasan en la coherencia, y están claramente enmarcadas en la agenda 2030. Tenemos ideas y estrategias sólidas, como el III Plan África, diseñado por el ex ministro Borrell, y adaptado bajo la dirección de la actual ministra, Arancha González Laya, como un programa de acción para los próximos tres años”.

Para la etapa post Covid, Gallach anunció una “estrategia” para la cooperación al desarrollo, “acordada” con la sociedad civil y ONG’s, teniendo en cuenta la gran presencia española en África, “sobre todo en el norte”. Sin ir más lejos, “González Laya acaba de visitar Libia, tras cuatro años sin un ministro español de Exteriores allí, para apoyar el alto el fuego; pero tenemos que reforzar nuestra presencia en el Sahel y el África Subsahariana para favorecer el desarrollo sostenible en estos territorios”.

EMPRESAS ESPAÑOLAS

Gallach subrayó el importante papel español en “el sector pesquero, en países como Namibia, Senegal o África de Este” y, sobre todo, su voluntad política para “articular una acción coordinada para apoyar de manera firme a las empresas españolas para contribuir de manera positiva a nuestro tejido económico y social”. “Tenemos como objetivo la paz y la prosperidad de África, y para ello necesitamos una coordinación interministerial potente, así como sumar a la sociedad civil en una acción global, en un momento de gran interés de Europa por el continente africano. Todo esto debe ir acompañado de un refuerzo de las instituciones africanas”, sostuvo la secretaria de Estado.

De cara al futuro, Gallach apuntó a la necesidad de España debe “poner los temas africanos en la agenda política, algo que ya estamos haciendo de manera telemática, pero cuando recuperemos la movilidad deberemos aumentar la presencia política al más alto nivel, así como acompañar a las empresas españolas en el continente y mejorar la comprensión y el conocimiento de la sociedad española respecto al mundo africano”.  

También participaron José Segura Clavell, director de Casa África; Pedro Martínez-Avial, director de Casa Árabe; Itxaso Domínguez, coordinadora del Panel de Oriente Próximo y Norte de África de la Fundación Alternativas; Elsa Aimé González, coordinadora del Panel de África Subsahariana de la Fundación Alternativas; Laura Carratalá Díez, experta en asuntos panafricanos en el Servicio Europeo de Acción Exterior; y Enrica Picco, abogada internacional e investigadora, co-autora de capítulo del Informe África 2020.