Negociación colectiva y competitividad en el sector postal y de paquetería

La Fundación Alternativas organizó este jueves la presentación del informe ‘Negociación colectiva y competitividad en el sector postal y de paquetería’, de María Emilia Casas, catedrática de Derecho del Trabajo y patrona de la Fundación Alternativas; y Daniel Pérez del Prado, profesor titular de Derecho del Trabajo en la Universidad Carlos III de Madrid.

En el año 2021 en el mercado postal se gestionaron un total de 2.819,1 millones de envíos, que generaron 7.716,7 millones de euros. La mayor parte de los envíos se produjeron en el segmento más tradicional de “cartas y tarjetas postales”, un 61,4% del total, si bien la mayoría de los ingresos tuvieron su origen en el “segmento de mensajería y paquetería”, un 83,8% del total. En concreto, este último implicó 1.087,3 millones, y generó ingresos que alcanzaron los 6.463,3 millones de euros. Además, tanto los envíos como los ingresos han venido “subiendo de forma prácticamente continuada” desde que se tienen registros (2013). Este mayor dinamismo de la mensajería y la paquetería es muestra del “proceso de transformación” que está experimentando el sector, lo que hace surgir nuevos competidores y, por ende, “mayor competencia”. En el año 2021, último disponible, se observó un “nuevo aumento en el número de operadores postales” inscritos en el Registro Postal. En concreto, el año terminó con 2.177 operadores, un 10,7% más que en 2020.

La digitalización está produciendo un “proceso de profunda transformación económica”. Avances vinculados a ésta, como las plataformas, están cambiando las vidas de las personas. Gracias a ellas, hoy es posible tener a domicilio, en poco tiempo, una “amplia variedad de productos” con tan solo tocar la pantalla de un teléfono móvil. La revolución de las plataformas y la logística no solamente está “desarrollando de forma exponencial” las actividades de transporte y paquetería, sino que está cambiando su morfología.

Se trata de un sector “enormemente heterogéneo”, en el que confluyen numerosas empresas procedentes de “diversas actividades y sectores”, en un mercado en el que los distintos competidores presentan “rasgos diferenciados”. Estas diferencias se incrementan si se tiene en cuenta la norma de la que deriva la principal fuente de costes de las empresas, que es el “convenio colectivo”. En efecto, en la medida en que la negociación colectiva determina la jornada y el salario, entre otras condiciones laborales, son los convenios colectivos los que “fijan los costes relacionados con la mano de obra como uno de los principales costes de las empresas”.

La estructura de la negociación colectiva del sector se caracteriza por estar “enormemente atomizada”, preponderando el convenio provincial. Los datos evidencian una negociación colectiva con “dificultades para actualizarse”. De los veintiocho convenios colectivos disponibles, tan solo seis se encuentran en vigor, quedando el resto en “situación de prórroga o ultraactividad”. Las labores de coordinación se desarrollan a través de la negociación colectiva estatal, sin intervención de la autonómica.

“Concurrencia conflictiva”

Desde una perspectiva estrictamente laboral, la confluencia de ámbitos de aplicación puede derivar en lo que se ha venido a denominar “concurrencia conflictiva” de convenios, situación que puede resultar aún más compleja si se tiene en cuenta que los convenios estatales “no son los únicos aplicables en este sector de actividad”. Tal concurrencia conflictiva se producirá cuando, visto que confluyen los ámbitos funcionales, los convenios “regulen las mismas materias de manera opositiva”.

Pero, aunque a priori los convenios parecen estar pensados para “ámbitos funcionales diferentes”, lo cierto es que se observan áreas claras de confluencia. Así pues, las diferencias vendrían dadas por el tamaño de los paquetes a entregar y, en su caso el destinario. Entonces resulta claro que los convenios muestran “áreas de regulación concurrentes que pueden resultar conflictivas”. Para salvar este tipo de situaciones, la regulación laboral española prevé dos mecanismos básicos. Por una parte, las reglas de concurrencia de convenios del art. 84 ET. Por otra, la libertad negocial de las partes a que se refiere el art. 85 ET.

La estructura de la negociación colectiva de este sector “traslada miméticamente la heterogeneidad” en el ámbito de las condiciones de trabajo. La falta de homogeneidad regulatoria en el ámbito laboral termina por “generar condiciones de competencia desiguales entre los sujetos concurrentes”, lo cual no es solamente contrario a las reglas más elementales en materia de libre competencia, sino que “puede terminar por lastrar el dinamismo económico y el grado de competitividad del conjunto del sector”.

Para alcanzar un marco de competencia más justo se impone la necesidad de dotar al sector de “reglas idénticas o similares en materia laboral”, de tal forma que las empresas concurrentes compitan “en las mismas condiciones”, a la vez que se eviten fugas a subsectores con menores costes y peores condiciones de trabajo, propiciando una suerte de carrera o competición a la baja. A este respecto, mientras que la alternativa legal presenta “pocas posibilidades de actuación, la negociación colectiva emerge como una herramienta idónea para alcanzar esta meta”.

Nuevos tiempos

En este sentido, el documento propone diversas opciones, como la negociación colectiva a nivel estatal para “reordenar, simplificar y actualizar el sector”. Sobre este punto destaca la constitución de un acuerdo marco, o convenio único, que no solamente estableciera unas condiciones de trabajo homogéneas a nivel estatal, sino que articulara el conjunto de la estructura negocial del sector. La opción ideal, pero más difícil de alcanzar, sería la existencia de un “único acuerdo estatal para todo el sector que actualizara la estructura de la negociación colectiva a los nuevos tiempos y que refundiera los contenidos normativos”.

Por otro lado, y alternativamente, el documento recomienda la “mejora de la delimitación y de la estructura de la negociación colectiva de los convenios estatales actuales”, deslindando la regulación de los estatales vigentes y estableciendo una estructura clara para con los de ámbito inferior. Tampoco debe descuidarse que la Comisión Nacional de Convenio Colectivos “puede ser una instancia adecuada” para salvar los problemas relativos al convenio colectivo aplicable pues, aunque sus dictámenes no son vinculantes, pueden resultar de “enorme utilidad práctica, inclusive ante un hipotético conflicto judicial”.

El trabajo de Alternativas también destaca la “flexibilidad” que el nivel de empresa ofrece hoy en día para poderse adaptar a las “cambiantes circunstancias de este mercado”. Este sería el único ámbito en el que se podría actuar de forma “autónoma”, aunque con la dificultad de alcanzar un acuerdo con la representación legal de las personas trabajadoras. El listado de materias en las que el convenio de empresa sigue teniendo preferencia aplicativa, puede dotar de un “cierto margen para poder competir en condiciones más justas con el resto de empresas concurrentes”.

Programa

Bienvenida

• Diego López Garrido
  Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas
  

Presentación del Informe

• María Emilia Casas Baamonde
  Catedrática de Derecho del Trabajo y ex presidenta del Tribunal Constitucional y coordinadora del informe
  
• Daniel Pérez del Prado
  Doctor en Derecho y profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid y autor del informe

Mesa de Debate

• Rafael Crespo Arce
  Subdirector general de Régimen Postal del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y vicepresidente segundo del Consejo Superior Postal
• Patricia Cordovilla González
  Directora general de Transportes y del Sector Postal de la CNMC
• Juan Manuel Piqueras Ruiz
  Secretario general de la Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulación de Correspondencia (ASEMPRE)
• José Manuel Sayagués Román
  Secretario federal de la FeSP-UGT 

Moderación

• Alfredo Aspra
  Abogado y socio-director de Labormatters Abogados

Conclusiones y cierre

• Diego López Garrido
  Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas