Promover juntos la democracia y los derechos humanos

Fundación Alternativas, Casa de América y la Embajada de los Estados Unidos organizan el seminario Promover juntos la democracia y los derechos humanos: España–EEUU–América Latina, que se plantea como una visión panorámica previa al inicio, el 1 de julio, de la presidencia española de la Unión Europea.

El objetivo de este encuentro será contrastar diferentes visiones acerca de la democracia y los derechos humanos en América Latina, así como trazar posibles líneas de acción convergentes por parte de los actores políticos y la sociedad civil de ambas orillas.

Programa

09.30: Café de bienvenida

10.00: Introducción

• Enrique Ojeda
  Director de Casa América
  

10.10: Conversatorio: ‘Democracia y desarrollo: visiones convergentes’

• Julissa Reynoso
  Embajadora de Estados Unidos
• Antón Leis
  Director de AECID

Moderación

• Vicente Palacio
  Director de Política Exterior de la Fundación Alternativas

11.15: 1ª Mesa Redonda: ‘Democracia, Estado de derecho y contrato social: juntos contra el autoritarismo’

• Tamara Taraciuk Broner
  Directora del Programa Peter D. Bell sobre Estado de Derecho en el Diálogo Interamericano
• Sergio Fausto
  Director Fundación Henrique Cardoso (Online)
  
• Esther del Campo
  Decana de la Facultad de CCPP y Sociología UCM

Moderación

• Cecilia Ballesteros
  Periodista de El País

12.15: 2ª Mesa Redonda: ‘Proteger los derechos humanos y la sociedad civil en América Latina’

• Irune Aguirrezabal
  Directora del Programa Iberoamericano de Derechos Humanos, Democracia e Igualdad (OEI)
• Carolina Jiménez
  Presidenta de WOLA (online)
• Christina Fetterhoff
  Directora de Programas Legales en el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos
• Guillermo Sobalvarro Oporta
  Activista nicaragüense

Moderación

• Andrea Valeria Guzmán
  Periodista salvadoreña

13.30: Clausura

14.00: Networking

• Vino español
  

Palabras de la Embajadora Julissa Reynoso:

Buenos días, muchas gracias [Embajador Enrique Ojeda, Director General de la Casa de América]. Es un honor para mí venir a la Casa de América. Y es muy apropiado venir como hija de América, tanto por mi país de nacimiento, la República Dominicana, como por el país al que represento como embajadora, Estados Unidos. El Palacio de Linares es un lugar especial para celebrar lo que nos une y reflexionar sobre los desafíos que tenemos por delante.

Y es muy apropiado que nos reunamos hoy aquí porque la relación entre España y Estados Unidos –relación de amigos y aliados– implica no sólo nuestros compromisos transatlánticos para defender a nuestros pueblos y nuestros países, o el comercio y la inversión que benefician a nuestros trabajadores y nuestros negocios. Nuestra relación sirve también para afrontar los desafíos globales. Desde el azote de la crisis climática y la necesidad de que los individuos, el sector privado y los gobiernos tomen medidas significativas, hasta nuestra defensa de un orden internacional basado en reglas y el respeto de los derechos humanos, pasando por el fortalecimiento de la gobernanza democrática, España y Estados Unidos están encontrando soluciones y aplicándolas juntos.

La región de Latinoamérica y el Caribe está estrechamente conectada con España y con Estados Unidos, geográficamente y también histórica y culturalmente y a través del comercio y la inversión. Sus personas e instituciones han logrado grandes avances, pero se trata también de una región donde la falta de oportunidades económicas inclusivas y las amenazas a la gobernanza democrática están obligando a millones de personas a abandonar sus hogares en busca de un futuro mejor que sienten que no pueden encontrar en sus países de origen. Está claro que lo que lo que afecta a Latinoamérica nos afecta a nosotros. Hoy vengo a la Casa de América para hablar de cómo Estados Unidos está trabajando con España –gobiernos, sector privado y sociedad civil– para promover un futuro más próspero, más democrático y más esperanzador en Latinoamérica y el Caribe.

Todos vemos las noticias: los migrantes atraviesan el continente americano –la selva, la montaña, el desierto o el Caribe– para lograr un futuro mejor. En términos numéricos, en los últimos nueve meses, las autoridades de inmigración de Estados Unidos se han encontrado con más de un millón y medio de migrantes en la frontera sur. Cada una de esas personas representa una historia de superación de las dificultades. ¿Cómo puede un agricultor del Altiplano Occidental de Guatemala seguir manteniendo a su familia cuando el clima cambiante reduce la productividad y los ingresos y hace que aumente el hambre? ¿Cómo puede una madre en San Salvador mantener a sus hijos a salvo del reclutamiento de las maras y de la violencia? Una familia en Venezuela ¿se queda en su país ante la mala gestión económica que ha estrangulado el empleo y devaluado su dinero? ¿O se une a los más de 7,1 millones de venezolanos que han dejado su país desde 2017?

Ya sea porque su realidad inmediata es la violencia de las maras, la pobreza, la desesperación o la represión gubernamental, demasiados padres y madres en países de Latinoamérica y el Caribe se preguntan hoy cómo pueden permanecer en sus hogares. Para demasiadas personas, la única opción es embarcarse en la migración irregular, opción que los somete a más explotación criminal y a condiciones que ponen en peligro sus vidas.

La respuesta de España y de Estados Unidos a este fenómeno consiste, en primer lugar, en ampliar las vías legales que promueven una migración segura, ordenada, humana y regular. Por eso, ambos países, junto con Canadá, han firmado recientemente una declaración conjunta en la que se han comprometido a explorar la ampliación de las vías legales para los potenciales migrantes en la región, como alternativa a la migración irregular. También anunciamos el compromiso de crear los innovadores Centros Regionales de Gestión de la Migración, a los que podrán acudir los potenciales migrantes para consultar los mecanismos legales disponibles para ellos, de modo que no tengan que someterse a la depredación de los traficantes y otros delincuentes. Estos programas pueden conectar a los inmigrantes con puestos de trabajo, beneficiando a sectores clave de nuestras economías en los que la mano de obra es escasa, por ejemplo la agricultura.

Promover una migración segura, ordenada, humana y regular es un paso importante, pero también necesitamos crear oportunidades económicas y sociales y fortalecer las opciones de desarrollo para las personas del norte de Centroamérica y otros países del continente. Una pieza importante de esta visión es el fomento de la inversión generadora de empleo en la región. Por eso, en 2021, la vicepresidenta Kamala Harris apeló a la acción para aumentar la inversión en Centroamérica. El resultado fue la Asociación por Centroamérica, que engloba a empresas de Estados Unidos y de todo el mundo y ha impulsado más de cuatro mil millones de dólares en compromisos de inversión en la región, que han contribuido a crear más de 15.000 puestos de trabajo, aumentar el empoderamiento de las mujeres, incrementar el acceso digital a las finanzas y ampliar los programas de desarrollo de la fuerza laboral. Esperamos ver una mayor participación de agentes del sector privado, incluidas las empresas españolas.

Más allá de Centroamérica, la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica fortalecerá los lazos entre los países del continente e intentará llevar a nuestras comunidades los beneficios del comercio sostenible, inclusivo y responsable. Además, profundizará nuestra cooperación hacia una energía limpia, mejorará nuestras cadenas de suministro y reformará las instituciones económicas regionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, que sigue siendo una institución financiera clave que apoya a los países de la región en su adaptación a las nuevas oportunidades de la cadena de suministro, en la promoción de un crecimiento económico más inclusivo y en su apoyo a las necesidades de desarrollo de la fuerza laboral para un futuro más próspero. Y dado que las infraestructuras son una necesidad muy urgente para las economías de Latinoamérica y el Caribe, creemos que la adhesión de España a la Red Punto Azul ayudará a que las empresas españolas y las economías de la región construyan infraestructuras de calidad abiertas, inclusivas y transparentes, sostenibles financiera, ambiental y socialmente, y que cumplan los estándares, las leyes y las normas internacionales.

Fomentar un aumento de la inversión y crear puestos de trabajo son dos ingredientes necesarios para un futuro más esperanzador. Pero el crecimiento económico no será sostenible sin una gobernanza democrática más fuerte. Esto es cierto en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos. De hecho, un compromiso central de la Administración Biden-Harris consiste en renovar la promesa de la gobernanza democrática tanto en Estados Unidos como en el exterior y “hacer que la democracia funcione para todos”. Y es la razón por la cual el Presidente Biden concibió las dos Cumbres para la Democracia. España ha sido un apoyo clave en la Cumbre y sus mecanismos de seguimiento, ya que los países se comprometen a fortalecer sus instituciones democráticas y crear el entorno que la sociedad civil necesita para prosperar.

En algunos países de Latinoamérica y el Caribe, la gobernanza democrática está amenazada. Las amenazas tienen orígenes diversos: la corrupción; la delincuencia y la inseguridad ciudadana; la exclusión de miembros de la sociedad como las comunidades afrodescendientes e indígenas, y el autoritarismo.

Hablemos de la corrupción, una realidad cotidiana para personas de todo el mundo. Ahoga el crecimiento, desincentiva la inversión y ahonda las desigualdades. La corrupción también erosiona la confianza de los ciudadanos en el gobierno y reduce la participación en la sociedad civil. Estados Unidos está combatiendo la corrupción en todo el mundo, incluida Latinoamérica, con medidas enérgicas contra la financiación ilegal y confiscando y congelando activos robados. Hemos impuesto decenas de sanciones contra la corrupción, por ejemplo a altos funcionarios corruptos en diferentes países, y hemos negado visados a funcionarios corruptos y a sus familias, todo ello como parte de nuestro objetivo de aumentar el coste de la corrupción. Además, nos asociamos con gobiernos, periodistas de investigación, activistas contra la corrupción y empresas para desarrollar su capacidad de detectar y poner al descubierto la corrupción.

El desafío de la inseguridad ciudadana parece a veces irresoluble. La región de Latinoamérica y el Caribe, con cientos de millones de dólares invertidos por el gobierno de Estados Unidos, sigue siendo la más violenta del mundo. Los recursos para la ayuda y los líderes políticos han dependido demasiado de las fuerzas de seguridad, lo que ha llevado a estados de excepción y a la suspensión de las libertades civiles. Los países donantes, como España y Estados Unidos, están abordando esta situación con una visión integral de la seguridad ciudadana, asignando más recursos a la ayuda al desarrollo inclusivo y a los esfuerzos comunitarios de prevención de la violencia que involucren a agentes locales, y formando a fiscales y jueces para afianzar el estado de derecho en su conjunto.

Y dado que gran parte de la violencia en la región se alimenta de la demanda de drogas desde países como Estados Unidos, también debemos dedicar más energía y recursos a reducir el consumo de estupefacientes en nuestros propios países.

Las democracias no pueden funcionar cuando sectores clave de la sociedad están excluidos de las oportunidades económicas y la vida civil. Estados Unidos lo ha aprendido por las malas. La negación del derecho al voto a los afroamericanos y la discriminación en el empleo, la educación y otros servicios públicos son obstáculos para la plena realización de nuestra democracia. Tenemos que seguir analizando con detenimiento los ejemplos de racismo sistémico y defender el derecho al voto. Y estas conversaciones forman parte de nuestra política exterior. De hecho, mediante acuerdos con Colombia y Brasil, Estados Unidos está colaborando para promover la igualdad racial y combatir la discriminación racial y étnica. También nos aseguramos de que la equidad de género siga siendo central en nuestra política exterior y trabajamos para apoyar el derecho de los grupos indígenas a participar en sus sociedades.

También somos testigos de la amenaza del autoritarismo en la región. Combatirlo comienza con exigir la liberación de los cientos de presos políticos que se pudren en las cárceles de países como Nicaragua, Cuba y Venezuela. Estos activistas se encuentran en prisión por hacer uso de derechos que damos por sentado, como protestar y expresarse pacíficamente o ejercer el periodismo. Combatir el autoritarismo significa también defender el derecho al voto en todo el hemisferio, la independencia del poder judicial y la separación de poderes, y la importancia de instituciones electorales independientes y transparentes que garanticen el derecho a elegir a los líderes en elecciones libres, imparciales y creíbles. Significa defender a la sociedad civil: ONG, activistas y periodistas, que son actores clave en nuestras democracias. Estados Unidos ha expresado su preocupación por la persecución de los periodistas en Guatemala. Hemos visto por ejemplo la reciente condena del fundador de El Periódico, José Rubén Zamora, que atenta contra la libertad de expresión y el periodismo independiente en el país. También hemos expresado nuestra preocupación por las recientes leyes en El Salvador que han criminalizado la información sobre ciertas actividades de las maras. Las sociedades pacíficas, prósperas e inclusivas dependen del libre flujo de información e ideas, como la libertad de buscar, recibir y transmitir información tanto en Internet como fuera de la red.

Estos son los desafíos, y Estados Unidos y España están trabajando juntos para apoyar un futuro mejor en Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, los gobiernos no pueden hacerlo solos y necesitan su ayuda.

Cada uno de ustedes puede ayudar a cambiar la situación. Pueden fortalecer las redes en nombre de las instituciones democráticas y los derechos humanos, pueden exigir la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, pueden denunciar el discurso racista donde lo vean y promover la inclusión de todos los que se encuentran en los márgenes de la sociedad y el proceso político, pueden defender el papel fundamental de la sociedad civil en la región y denunciar los casos de autoritarismo. En resumen, pueden ser aliados en la lucha por un futuro más esperanzador en Latinoamérica y el Caribe. Muchas gracias.