Samira, ciudadana hondureña de 27 años que reside en nuestro país desde hace ya más de dos años, malvive en un piso compartido en la zona de Entrevías, es madre de un niño de 9 meses y cariñosa cuidadora en casa de dos señoras ancianas que viven solas, de escasos recursos económicos también. Acaba de consultar el Simulador sobre acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) en la web oficial de la Seguridad Social. Nuestra ciudadana, al no haber obtenido aún la residencia legal, no puede seguir completando los siguientes pasos del cuestionario y quedará excluida de una política pública estructural que, mediante Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, nuestro Gobierno ha emprendido a través de la aprobación del ingreso mínimo vital.

A lo largo de estos tres últimos meses de pandemia, Samira ha tenido que abandonar su empleo y ha sobrevivido precariamente en un piso compartido con compañeras en similar situación. Como a ella, todavía nos les ha sido concedida la tarjeta de residencia legal en nuestro país, algunas han percibido salarios ínfimos sin contrato ni cotización a la Seguridad Social, habiendo prestado, en numerosas ocasiones, sus servicios en horarios y condiciones de explotación. En estos meses han sobrevivido gracias a la solidaridad y a la distribución de alimentos de redes sociales vecinales, que han surgido voluntaria y cívicamente en estos tiempos de dificultad.

Ellas son las que cuidan a nuestros mayores o a personas en situación de discapacidad, limpian casas, oficinas, atienden los centros de atención telefónica; pero sus empleadores, a menudo, han preferido beneficiarse de su trabajo en la irregularidad. Sin embargo, estas mujeres sí que son reconocidas y apreciadas por sus vecinas solidarias que han montado estas redes sociales en muchos barrios de nuestras ciudades.

Por otra parte, estas ciudadanas están organizadas y establecen lazos de solidaridad con otros colectivos. En este sentido, Alianza por la Solidaridad, organización de cooperación internacional, decidió –a partir de la aprobación de la Agenda 2020– apoyar en nuestro país a organizaciones de mujeres migrantes trabajadoras del servicio doméstico, porque entendemos –como muchas otras organizaciones de cooperación– que la defensa de los derechos humanos y la atención a personas en situación de precariedad y de vulnerabilidad, es y debe responder a una estrategia global, mundial.

La campaña #RegularizacionYa, que agrupa en torno a mil organizaciones de este tipo, conoce y apoya a estos colectivos. Los datos de la campaña recogen que la mayoría de las personas que trabajan en el servicio doméstico se encuentran en España con permiso de residencia y trabajo. Sin embargo, alrededor de seiscientas mil se mueven en un perverso limbo jurídico, debido a que la Ley de Extranjería les obliga a pasar al menos durante tres años en este estatus de ilegalidad. Se calcula que un 40% del servicio doméstico trabaja en la economía sumergida, más de doscientas mil personas, algunas por su situación irregular y otras por la negativa de sus empleadores a contratarlas.

Siendo el único sector que no tiene derecho al paro, para aliviar las situaciones derivadas del estado de alarma y confinamiento de la población (Medidas COVID19), el Gobierno aprobó un subsidio extraordinario por falta de actividad para quienes trabajan en el Régimen Especial para Empleados de Hogar, al que tampoco han podido acceder quienes no habían sido dadas de alta en dicho régimen.

Lamentablemente, este colectivo ha quedado también excluido del IMV debido al requisito de residencia legal y efectiva[1], así como las personas solicitantes de asil0 y jóvenes menores de edad emancipados (pensemos en los que han estado bajo tutela del Estado y tienen 18 años), sin olvidar las dificultades burocráticas que tendrán que superar las personas sin hogar.

Tengamos en cuenta que el Real Decreto-Ley del IMV, pone en evidencia que el coeficiente de Gini en España es casi tres puntos superiores a la media de la Unión Europea. Nuestro país es, hasta ahora, el único de la UE que carece de una renta estatal para hogares empobrecidos como la que se acaba de poner en marcha. La crisis del COVID 19 ha agudizado las brechas de desigualdad y vulnerabilidad de las personas y familias en nuestro país.

En este sentido, el Relator especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos de Naciones Unidas, Philip Alston, en su visita a España en febrero pasado, se mostró sorprendido por el nivel de pobreza y desigualdad en España[2]. Con motivo de su Informe, tuvo ocasión de conocer de cerca la situación de desprotección de las mujeres del Centro de Empoderamiento de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Madrid de la Asociación de Servicio Doméstico Activo (SEDOAC)[3].

RELATOR ESPECIAL

En estos días el nuevo Relator Especial en Ginebra, Olivier De Schutter, ha celebrado la aprobación del IMV en España, como “un gran ejemplo de cómo abordar la pobreza y la desigualdad con enfoque inclusivo”. No obstante, ha pedido expresamente al Ejecutivo que no excluya a las personas particularmente vulnerables, y que se amplíe a los migrantes sin papeles[4]. No podemos pensar en un país que deje atrás a parte de quienes la habitan, de quienes nos cuidan y engrandecen la pirámide vital de nuestra sociedad. En cuanto al controvertido y manipulado argumento del 'efecto llamada' que esgrimen los partidos radicales y xenófobos de la derecha española, se desmontaría enseguida, porque estamos hablando de personas cuya entrada en el país ya habrá sido previamente registrada (empadronamiento u otros datos comprobables como el de atención sanitaria en urgencias) en el período que prevé la norma.

“Estamos ante un ejercicio trascendental de justicia social que puede por fin doblegar la curva de la desigualdad en España”, recordaba Intermón Oxfam[5] al analizar el impacto de una medida como ésta, haciendo hincapié sobre la vulnerabilidad de las personas migrantes en situación irregular, especialmente la de hogares con niños y niñas, o la de personas que tienen su solicitud de refugio admitida a trámite. Muchas de las observaciones que se contienen en el Informe de la ONG han sido tenidas en cuenta en el Real Decreto. Se trata de una renta que hará las veces de “suelo estatal” que homogenice criterios y derechos en todo el Estado, y sobre el que las comunidades autónomas podrán complementar cubriendo a más colectivos o con más fondos. Las mujeres víctimas de trata y de violencia de género han sido, por derecho, incluidas en su ámbito de aplicación.

El ingreso mínimo ha sido diseñado además como un incentivo al empleo. En este sentido el reconocimiento o identificación de solicitantes de residencia legal o de asilo desde un determinado periodo de entrada en nuestro país, serviría también para estimular la creación de empleo legal y efectivo. Recordemos que el recién creado Ministerio que gestiona la Seguridad Social y las Migraciones (MISSM) es, en primer lugar, el Ministerio de la Inclusión.

Confiemos en que la tramitación como Proyecto de Ley de este RD-ley permita, mediante el debate y las enmiendas que se aprueben, atender estas situaciones complejas, pero de justicia social. Mucho es el camino recorrido: las asociaciones especializadas en las que se agrupan estos colectivos pueden ayudar a ampliar la aplicación de este RD-ley y facilitar su ejecución. La ruta del ingreso mínimo ha sido abierta finalmente por este Gobierno progresista en tiempos de crisis y creemos que puede ser sensiblemente mejorada e interpretada, contando con la voluntad e inteligencia política de nuestros representantes políticos. No queremos dos Españas.

Juana Bengoa, vicepresidenta de Alianza por la Solidaridad

[1] Artículo 7 del Real Decreto-Ley 20/2020, de 29 de mayo, Requisitos de acceso. 1. Todas las personas beneficiarias, estén o no integradas en una unidad de convivencia, deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud.

[2]Declaraciones del Relator: “Me ha quedado claro que hay dos Españas; yo he estado de visita muchas veces aquí y he sido testigo de la prosperidad, pero esta vez he visto el otro rostro, una España que es el hogar de un porcentaje muy alto de personas que están viviendo al borde de sus posibilidades”.

[3] Centro pionero en atención a empleadas del hogar que está en riesgo de desaparecer porque el Ayuntamiento de Madrid recortó las ayudas a este centro en los presupuestos de 2020 aprobados en diciembre.

[4] 4 de junio de 2020, eldiario.es.

[5] Informe sobre Renta Garantizada, “La hora de rescatar a las personas” (febrero de 2020), parte I y parte II.