La Fundación Alternativas organizó este jueves el debate titulado ‘Conversaciones en torno al Libro Blanco para la Reforma Tributaria’. El volumen, que se presentó el pasado mes de marzo ante el Ministerio de Hacienda, ha sido elaborado por un Comité de Expertos, presidido por Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de la Fundación Alternativas, tras trabajar durante casi un año con el fin de poner sobre la mesa una serie de propuestas para adaptar el sistema tributario a la realidad económica del siglo XXI. El informe, de 800 páginas, pretende garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y permitir al Estado ejercer sus funciones de estabilización, redistribución y provisión de los servicios públicos que demanda la sociedad, en base a los principios de equidad y eficiencia.

Este primer seminario, centrado en los primeros capítulos del trabajo —diagnóstico general del sistema tributario, análisis de la imposición societaria y nuevos retos en la imposición patrimonial—, contó con la moderación del propio Ruiz-Huerta y con la participación de destacados expertos en materia tributaria del país.

Ruiz-Huerta inició el debate comentando que el libro tiene su origen en el “Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia” como respuesta española al programa Next Generation. El componente 28 del libro se refiere expresamente a una “reforma fiscal” que permita que a medio y largo plazo se “modernice y aumente” la eficiencia del sistema tributario de “nuestro país”. Por lo tanto, no se trata de ofrecer respuestas inmediatas, sino de “sugerir vías estructurales de reforma” para un sistema tributario en el nuevo escenario que vivimos. El libro cuenta con 118 propuestas, entre las que destacan “la imposición medioambiental, la societaria, la tributación de la economía digitalizada, la fiscalidad de las actividades económicas emergentes y la armonización de la tributación patrimonial”.

David López, economista senior en la división de Análisis Estructural del Banco de España y miembro del Comité de Expertos, fue el encargado de presentar el apartado de retos y diagnóstico del sistema tributario español del informe. López aclaró que el “valor añadido” del Libro Blanco se centra precisamente en este “diagnóstico”, realizado con el objetivo de dar una “visión integrada del sistema” que detectara los “problemas y sus alternativas”, antes que dar una “articulación de medidas”. De esta forma, el trabajo conlleva un destacado “esfuerzo pedagógico” en número de datos, intentando unir las culturas “jurídica y económica” para el análisis tributario, en base a la literatura y las evidencias “siempre que fuera posible”.

En este sentido, el propósito del Comité era el de apuntar los “retos” a los que se enfrenta en la “actualidad y en los próximos años” el sistema tributario español, llegando a la conclusión de que eran tres: “Garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, el reto medioambiental y garantizar la equidad en un contexto de mayor desigualdad y de concentración de la riqueza”. Según López, “los beneficios fiscales son una erosión importante del sistema tributario, de unos seis o siete puntos del PIB, mientras que la digitalización es un importante desafío para la tributación, así como el envejecimiento de la población”.

El experto puntualizó que los ingresos públicos están sujetos a una “presión de bases y, si queremos mantener este nivel de ingresos sin mayor crecimiento económico, se tendrían que aumentar los tipos, por lo que nos decantamos por un sistema más eficiente que amplíe bases y la posible solución está más en el ámbito internacional”. Sobre el reto de la fiscalidad medioambiental, López reconoció que “no hemos hecho los deberes en los últimos quince años” y que se trata del “mayor desafío a corto plazo”, ya que el contexto actual de crisis climática es imparable.

López sostuvo asimismo que el Libro Blanco pretende valorar la “equidad horizontal y vertical” del conjunto del sistema tributario, haciendo mucho énfasis en su “análisis distributivo” y en qué “paquetes compensatorios” se podrían articular. La reforma es “necesaria” por la relación con el gasto público, ya que el gasto es el “objetivo y los impuestos el instrumento”, y que este ha de realizarse con “criterios de eficiencia”.  Por otro lado, es imprescindible una “mejor integración” de las políticas de ingreso y de gasto, además de que los principios “asignativos y redistributivos” de estabilización deban estar presentes en el diseño del conjunto del sistema. En cuanto al papel del legislador, este ha de tener en cuenta “cuáles son sus objetivos para diseñar el sistema”.

Jorge Onrubia, profesor titular de Economía Pública en la Universidad Complutense de Madrid e investigador asociado de FEDEA, abogó por una “reforma integral” del sistema fiscal, algo que incluso sobrepasa el alcance del Libro Blanco. El analista también echó en falta un capítulo sobre la “economía política de las reformas fiscales”, puesto que, a pesar de que hay que “dejar en manos de los políticos las decisiones que implican valoraciones”, dentro de la realidad de los procesos en los que se realizan las reformas fiscales, mostró su preocupación por el “rechazo creciente a la aceptación social de los impuestos”, que dura ya “más de dos décadas”. Onrubia lamentó que “hablar de impuestos se haya convertido en una estrategia de cálculo electoral”. A su juicio, “nuestro país tiene un problema de déficit estructural, ya que le faltan entre 40.000 y 60.000 millones de forma permanente, y tenemos un problema cuando en 25 años hemos sido incapaces de rediseñar esa brecha”.

Desigualdad y pobreza

Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Internacional, destacó el “impacto de la fiscalidad en la desigualdad” que revela el informe, porque “este tiene que ser el debate en este momento”, ya que no se trata de “subir o bajar impuestos”, sino de entender qué “medidas fiscales” son aquellas que van a tener un “impacto en la reducción de la desigualdad y de la pobreza”. Celebró, precisamente, que estos volvieran a ser “temas centrales” tras dos años de pandemia. La evolución desde los años ochenta, no obstante, es “negativa”, porque “nuestro sistema tributario no ha contribuido a reducir la desigualdad, lo que delata que no hemos hecho bien las cosas con la utilización del sistema tributario y que puede responder a muchas razones, pero entre otras está la economía política”.

Ruiz recordó que, según el FMI y el Banco Mundial, que se reúnen esta semana, queda claro que “no es el momento de bajar los impuestos” y que no es adecuado en este contexto de inflación ir hacia “medidas de subsidios generalizadas”, sino que hay que ir a medidas mucho más “enfocadas”, ya que las generalizadas “no son sostenibles en el tiempo ni van a tener efecto en la inflación a medio plazo”.

Por su parte, María Teresa Soler, catedrática emérita de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Alicante y miembro del Comité de Expertos, centró su exposición en las reformas del impuesto de sociedades: “El Artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades es el causante de uno de los agujeros negros de la tributación de las multinacionales, cuyo marco global hay que tener en cuenta que no es estrictamente jurídico. Para Soler, “los Estados se han convertido en competidores dentro de un mercado, lo que tiene un efecto negativo sobre la justicia tributaria y el poder tributario”. Por otro lado, destacó que “una serie de normas impuestas desde la UE influyen en el Impuesto sobre Sociedades, probablemente mejorando el diseño, como son las reglas GloBE en tributación mínima efectiva de las multinacionales; la propuesta directiva DEBRA con el sesgo de endeudamiento; la directiva ATAD 3 sobre la utilización de sociedades fantasmas y, a medio plazo, la propuesta BAFIT, una especie de base imponible común del Impuesto sobre Sociedades en la UE”.

En la discusión final se han tratado otros temas que también se analizan en el Libro Blanco, como el alcance y posibilidades de la imposición patrimonial, dejando para un segundo seminario, que se desarrollará en el mes de mayo, cuestiones como la fiscalidad medioambiental y los impuestos a la economía digital y al emprendimiento y la innovación.