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Marruecos mira al futuro con una profunda brecha social

Marruecos es siempre un asunto prioritario para España, por proximidad geográfica, relaciones económicas y mercantiles, y vínculos culturales, emocionales y afectivos. Son varios los asuntos que preocupan en la actualidad del vecino magrebí, como la realidad política y el islamismo radical, los derechos humanos, la situación de las mujeres y los homosexuales, los lazos comerciales, la seguridad y defensa, el pueblo saharaui y las revueltas del Rif en demanda de mejoras sociales.

Para analizar estos y otros temas, la Fundación Alternativas organizó un encuentro con periodistas, analistas y expertos en el que presentó el documento de trabajo ‘El partido Justicia y Desarrollo (PJD) en Marruecos (2011-2017). Teoría y praxis de gobierno’, elaborado por Thierry Desrues, científico titular en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IESA-CSIC) en Córdoba.

Vicente Palacio, director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, inició el diálogo para recordar que la izquierda marroquí ha ido “perdiendo posiciones”, y el hueco que ha dejado ha sido aprovechado por otros: “El PJD ha crecido mucho en los últimos años, y su desarrollo es realmente una regresión que nos preocupa; el islamismo político ha aumentado desde las primaveras árabes”.

Ignacio Álvarez-Ossorio, coordinador de Oriente Medio y Magreb de la Fundación Alternativas, destacó que el documento de Desrues es “necesario” para entender los cambios que se están produciendo en Marruecos, país que cuenta con un sistema político muy particular y con mayor estabilidad que sus vecinos, “y es importante entender qué papel juega el PJD en esa estabilidad”. 

 

Relaciones de fuerza

Sobre este tema, Desrues aclaró que la clave del equilibrio marroquí bascula en la capacidad del régimen político para “evaluar las relaciones de fuerza que le han permitido sobrevivir a lo largo de los años”. Según este experto, “Marruecos es un país en el que parece que se mueve poco pero siempre hay algo en movimiento, y ahí radica posiblemente la clave de su estabilidad, aunque la crisis del Rif la está poniendo a prueba”.

Uno de los mayores obstáculos que existen al otro lado del Estrecho es el sistema de gobierno entorno al rey Mohamed VI y sus asesores, que interfieren en las mejoras sociales e institucionales. Por su parte, el PJD, de tendencia islamista moderada, ha intentado algunas tímidas reformas, esgrimiendo la legitimidad del respaldo social que le llevó a ganar las elecciones de 2016, pero el monarca monopoliza las grandes decisiones y en este contexto es muy difícil avanzar.

Asimismo, como contrapeso al PJD, la Corona creó en 2008 el Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), de corte laico y dirigido por personas muy próximas a Mohamed VI y conocido como el ‘partido de los amigos del rey’. En los últimos tiempos, los cruces de declaraciones entre ambas formaciones han formado parte de la actualidad social marroquí: mientras el PAM acusa al PJD de radicalizar al país a través de la religión, los islamistas denuncian el autoritarismo del soberano y su equipo.

A pesar de que el PJD fue el vencedor en las legislativas del pasado año -125 escaños frente a 102 del PAM-, Mohamed VI formó un Gobierno en el que los islamistas quedaban al margen de las principales carteras, aunque obteniendo la jefatura del Ejecutivo para Saadedín el Otmani. La lectura final, empero, es la de una sociedad dividida, con una profunda brecha social e ideológica.

 

Homosexualidad y feminismo

Según Desrues, “la monarquía hizo una maniobra para recuperar en los despachos lo que había perdido en las urnas”. Por otro lado, el investigador francés afirmó que la Legislatura del PJD está marcada por los conflictos con la sociedad civil laica, por temas como “la homosexualidad, el feminismo, el aborto o los sindicatos”.

Sobre el futuro del PJD, Desrues dibujó tres escenarios no exentos de incertidumbre. El primero radica en la reafirmación de su programa y en la reivindicación de su respaldo electoral para que sus tesis progresen; el segundo en la inhibición ante el poder del monarca , “con el consiguiente riesgo de desmovilización y pérdida de fuerza en las urnas”; y el tercero –“el más probable” según Desrues- en un cierto conformismo relativo entre Palacio y el PJD para mantener un equilibrio de poder beneficioso para ambas partes, “pero con asuntos candentes como la crisis del Rif que pueden desestabilizar en cualquier momento”. 

Acerca de las relaciones con España, Desrues presentó un contexto en el que, “a pesar de las pocas iniciativas de El Otmani”, los convenios en seguridad, terrorismo e inmigración están dando frutos. Sin embargo, criticó la falta de atención española en “salud y educación”, así como la ausencia de crítica en el campo de los derechos humanos. A su juicio, “España deja al margen estos asuntos para que no le afecten en temas como los acuerdos comerciales o la seguridad”.

 

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Alternativas participa en el Foro por la Paz en Colombia

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Alternativas participa en el Foro por la Paz en Colombia

Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, participa hoy en el Foro por la Paz en Colombia, que organiza el diario El País en colaboración Fundación Buen Gobierno.

Colombia vive un momento crucial. Tras seis décadas de conflicto con las FARC y en pleno diálogo para encontrar una solución, El País reúne hoy a líderes y personalidades mundiales para debatir sobre el perdón y la reconciliación, las oportunidades de un periodo de paz, la economía posterior al conflicto y la justicia transnacional. En la jornada, que se celebrará durante la mañana del lunes 2 de marzo en el Teatro Real de Madrid, participarán, entre otros, Juan Manuel Santos, presidente de la República de Colombia, Felipe González, expresidente del Gobierno de España, Shlomo Ben Ami, vicepresidente del Centro Internacional Toledo por la Paz o Jonathan Powell, exjefe de gabinete de Tony Blair.

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La gran decisión de la legislatura la tomó Draghi, no Rajoy

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La gran decisión de la legislatura la tomó Draghi, no Rajoy

Diego López Garrido, patrono de la Fundación Alternativas y diputado socialista, realiza el siguiente comentario a la intervención del presidente del Gobierno, ayer, en el Debate sobre el Estado de la Nación.
Rajoy dijo ayer en el debate sobre el Estado de la Nación que la decisión más importante que el gobierno había adoptado en toda la legislatura, y la mejor, fue no hacer caso a los que le decían que pidiese un rescate a la Unión Europea, ante el ascenso vertiginoso de la prima de riesgo que los mercados exigían a España para prestarnos. Nada más lejos de la realidad lejos de la realidad.El presidente del Gobierno no tuvo que pedir el rescate porque Draghi dijo en el verano de 2012 lo que no había dicho durante el gobierno socialista: la célebre frase de “haré lo que sea necesario” para defender el euro.Fue la declaración mágica que detuvo a los mercados. A partir de ahí, todas las primas de riesgo bajaron (no solo en España, también en Irlanda, Portugal, Italia). No por la política de Rajoy, sino por la decisión del Banco Central Europeo, cuya ayuda no tuvo España hasta 2012.Hasta esa declaración de Draghi, seguida de otras medidas, lo cierto es que el gobierno de Rajoy había experimentado una subida insostenible de la prima de riesgo. Sólo nos salvó la política monetaria del BCE, que salió por fin al rescate del euro, que peligraba ante la situación gravísima de España e Italia.Así que, la gran decisión de la legislatura la tomó Draghi, no Rajoy. * Diego López Garrido es patrono de la Fundación Alternativas

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21 julio 2022

Intervención de la presidenta del Congreso , Meritxell Batet, en la presentación del «Informe sobre democracia en España 2021. El país frente al espejo»

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Intervención de la presidenta del Congreso , Meritxell Batet, en la presentación del «Informe sobre democracia en España 2021. El país frente al espejo»

El informe sobre la democracia en España de la Fundación Alternativas y del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales ya se ha convertido en un instrumento imprescindible de seguimiento y valoración de la calidad democrática en nuestro país. Son ya 15 ediciones, lo que tiene una extraordinaria virtud, pues permite ir comprobando la evolución de nuestra democracia en sus diversas facetas, examinando no sólo la fotografía de un momento o datos aislados, sino la trayectoria recorrida, las dinámicas existentes y las tendencias estructurales de nuestro sistema democrático. Enhorabuena a todos los que lo hacéis posible.

El Informe de 2021 que hoy se presenta confirma el buen estado de la democracia española, del respeto a los derechos de los ciudadanos, de la capacidad representativa de nuestro sistema electoral e institucional, de la gobernabilidad y de la rendición de cuentas. La crisis del coronavirus, según el informe, no ha supuesto una merma de la calidad de la democracia española. No al menos de manera significativa. Así como ha habido países en el mundo donde la crisis sanitaria, económica y social sí ha supuesto una crisis institucional inmediata y ha puesto en jaque algunas democracias incipientes, está claro que nuestra democracia tiene un recorrido y una solidez que han hecho que esta crisis no la haya puesto en duda de manera significativa.

Sin embargo, también se atisba una aparente contradicción: mientras el índice de calidad democrática se sitúa en 2021 en el 6,2, una puntuación idéntica a la de 2008 y 1 punto por encima de la que se obtenía en los años centrales de la década anterior; mientras los informes internacionales señalan sistemáticamente que España es una democracia real, madura y plenamente integrada en el grupo de los países democráticos más asentados y evolucionados; por otro lado, la opinión pública española, como reflejan recientes datos del CIS, es más crítica que nunca con los políticos y la política, llegando a suponer una preocupación grave para más de la mitad de la población, por encima incluso del paro y por encima de cualquier otro problema económico o social. No están fallando, por tanto, las instituciones democráticas, pero sí estamos fallando, esa es la percepción al menos, sus representantes.

La democracia es institucionalidad. No hay democracia sin respeto por los procedimientos, por la separación de poderes, por el imperio de la ley y, en definitiva, por nuestro Estado de Derecho. En este sentido, nuestro diseño institucional es sólido. Así se recoge en el informe. Pero institucionalidad supone también respeto por el funcionamiento correcto de dichas instituciones. Supone cuidarlas y prestigiarlas cotidianamente. Ya lo decía Francisco Tomás y Valiente en el discurso de su despedida del Tribunal Constitucional, pronunciado el 8 de julio de 1992: “Las instituciones ganan o pierden prestigio por lo que hacen, pero también por lo que con ellas se hace”. Esta reflexión, que el que fuera presidente del Tribunal Constitucional aplicaba al Alto Tribunal, se puede extender al conjunto de instituciones democráticas.

Todas las instituciones se ven afectadas por lo que los representantes hacemos con ellas y hacemos en ellas. Porque, no lo olvidemos, toda democracia es representativa; es decir, sin representación no hay democracia. Por eso, precisamente, soy una firme defensora de las instituciones pública, de las instituciones democráticas, de las instituciones representativas, porque ello supone defender firmemente la propia democracia. Por eso, los representantes tenemos una responsabilidad tan grande, hemos de ser ejemplares ante nuestra sociedad, porque somos el instrumento a través del cual se desarrolla, e incluso se percibe, la democracia. Siendo esto así, cuanto más y mejor nos esforcemos en ejercer nuestra responsabilidad, cuantos más y mejores ejemplos demos con nuestro comportamiento, mejor servicio estaremos haciendo a la calidad de nuestra democracia. Por el contrario, si ejercemos la representación desde la polarización y el enfrentamiento estaremos poniendo en peligro el capital básico de los sistemas democráticos: la confianza; la confianza recíproca que nos mueve a cooperar, a aceptar sacrificios en beneficio del interés general; la confianza y la grandeza de reconocer la legitimidad del otro y la capacidad, por tanto, de llegar a acuerdos y consensos.

Es notorio que en lo que va de legislatura hemos padecido demasiado este segundo tipo de política, la de la confrontación y el disenso. No es un fenómeno exclusivamente español, y ya hace algunos años que se sitúa en el centro del debate de muchas democracias avanzadas, principalmente en Estados Unidos. Pero que esté generalizado no es ninguna eximente. Hace el fenómeno incluso más preocupante. En política democrática es saludable el debate sobre el disenso. Si todos tuviéramos la misma escala de valores y de prioridades, y el debate político se ciñera a alabar nuestras coincidencias, no estaríamos en una verdadera democracia.

Pero en una sociedad democrática no todo puede ser disenso ni este puede justificar la pérdida del respeto al adversario político. Y, sobre todo, no puede significar la pérdida del respeto a las instituciones que este adversario político representa. Esas líneas rojas se cruzan con demasiada frecuencia en la política española, y de ahí el grado de rechazo que despierta en la ciudadanía. En definitiva, los representantes podemos hacerlo mucho mejor. Podemos plantear nuestras diferencias en gran parte de los asuntos públicos, pero también coaligar esfuerzos y cooperar en materias transversales en beneficio de la ciudadanía.

Podemos combinar nuestro disenso en líneas políticas determinadas con un cierto consenso político-institucional en torno a la legitimidad de las opciones ideológicas y la alternancia en el poder. Podemos plantear los debates expresando con total libertad que opinamos diferente sin faltar al respeto al adversario ni a las instituciones que representamos. En conclusión, podemos optar por ser un factor positivo en la configuración de nuestra democracia, en lugar de uno disruptivo. Se lo debemos a la ciudadanía que nos elige para uno de los mayores honores que se pueden concebir, que es representarlos. Informes como el que hoy presentamos, así nos lo advierte.

Enhorabuena de nuevo a la Fundación Alternativas por hacerlo posible. Muchas gracias.

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Expertos reclaman una red de 5G para el desarrollo tecnológico de la España despoblada

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Expertos reclaman una red de 5G para el desarrollo tecnológico de la España despoblada

La Fundación Alternativas organizó este jueves la presentación del documento ‘La digitalización de la España despoblada’, de Manuel Sierra Castañer, catedrático de universidad y director del ETSI de Telecomunicación; Valentín Villarroel Ortega, consultor especialista en TIC en Cooperación Internacional para el Desarrollo; José A. Herce, consultor; Celia Fernández Aller, profesora. E.T.S de Ing. de Sistemas Informáticos; y Fernando Molina, Managing Partner en 5G Ventures. La moderación corrió a cargo Nicolás Sartorius, presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas.

El documento aclara que la pandemia del COVID-19 ha demostrado la “importancia que tienen unas buenas redes y servicios de telecomunicaciones” para poder mantener un nivel alto de actividad social, económica o educativa. En el caso de España, queda claro que “nuestra red de fibra óptica es una de las mejores de Europa y del mundo”, con unos niveles de calidad y penetración mejores que los países del entorno. Sin embargo, la brecha digital sigue siendo importante entre “el mundo rural y el mundo urbano”, afectando a las posibilidades de seguimiento de una educación on-line de calidad en muchas zonas rurales. Esta brecha no solo se debe a la “falta de infraestructura”, sino fundamentalmente a las “carencias en capacitación digital”, que hace que no todas las personas puedan aprovechar los beneficios de la infraestructura digital, y que puede provocar que el mundo rural pueda “quedarse desconectado” de la gran revolución que supone la transformación digital.

El informe plantea la “eliminación de las barreras técnicas, legislativas, económicas y formativas” actuales, contribuyendo así al “desarrollo” de los territorios rurales de forma “sostenible”, reduciendo la brecha digital e impulsando el desarrollo de la actividad económica y empresarial; y apuesta por una “digitalización rural basada en los derechos de la población rural a la educación, la salud, la libertad de empresa, la asociación y la participación política”. Para ello, es “necesario” un apoyo explícito de las administraciones, con especial defensa de los colectivos más vulnerables (mujeres y niños).

El trabajo realiza una revisión de las estrategias españolas que tienen que ver con la digitalización de la España rural, ligadas a la Estrategia España Digital 2025, que está alineada con las políticas digitales definidas por la Comisión Europea. En lo que respecta a la conectividad rural, el primer pilar es garantizar una conectividad digital adecuada para el 100% de la población, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas, con una meta para el 2025 de llegar al 100% de la población con una velocidad de 100 Mbps”.

En particular, se incide en una “adecuada cobertura” de las redes de acceso de banda ancha, potenciando en las áreas rurales todo lo relacionado con la “atención sociosanitaria y la conectividad de centros públicos y sociales”. Para ello, el informe propone el “uso de todas las infraestructuras y tecnologías disponibles”, incluyendo los “tres sistemas de satélite” y las diversas opciones tecnológicas inalámbricas (acceso fijo radio, internet móvil, extensión de red mediante redes inalámbricas o uso de internet por satélite) que existen actualmente para dotar de conectividad al mundo rural, que se podrán ampliar con un “buen despliegue de fibra óptica en el mundo rural ligado a la llegada del 5G”.

 

Barreras de escala

El documento también analiza las iniciativas que se plantean en otros países del entorno español, destacando el uso del espectro, con la posibilidad de otorgar licencias específicas para redes privadas o redes rurales, y el fomento de servicios y aplicaciones destinadas específicamente al mundo rural. La tecnología puede “romper las barreras de escala” que, sin duda, tiene ahora mismo el mundo rural. Cada vez más, una parte creciente de la actividad productiva es inmaterial y muchas de las actividades materiales pueden realizarse de manera descentralizada y “ensamblarse” de manera virtual.

En este sentido, la tecnología 5G será clave para el “desarrollo económico y tecnológico” de España y del resto del mundo. El impulso al despliegue a medio plazo de transmisión de fibra a todas las poblaciones del entorno rural es una iniciativa “fundamental” para garantizar la disponibilidad de las evoluciones tecnológicas en telecomunicaciones, en condiciones similares de capacidad a los entornos urbanos, empezando por el 5G. Junto a este despliegue de fibra óptica, es muy importante tomar decisiones en cuanto a la “adjudicación de espectro radioeléctrico” que primen el desarrollo del mundo rural.

También, se antoja crucial, para conseguir un despegue tecnológico del entorno rural, la “involucración de las administraciones autonómicas y locales y de los operadores locales”, de manera que se cubran las “necesidades de despliegue” de las infraestructuras que capaciten la digitalización, pero junto a ello de todas las demás “acciones de formación, desarrollo de contenidos y desarrollo de soluciones específicas de manera alineada y coordinada”. Sin la base fundamental de una conectividad de alta capacidad, un despliegue enfocado al mundo rural y unas políticas de capacitación digital, el entorno rural seguirá lastrado, no permitiendo el desarrollo de industrias basadas en tecnología, formación de calidad a distancia, servicios de telemedicina que permitan el acceso remoto a especialistas, competitividad de las empresas de transformación agroindustrial, educación de calidad de los niños o teletrabajo.

Todas estas medidas ayudarán al desarrollo del sector tecnológico en España, a la atracción de inversiones industriales y a la reducción de la brecha digital en entornos rurales, así como a la “creación de valor a partir de la innovación y la tecnología”, de vital importancia para el futuro del país y, en particular, de los entornos rurales, según ha puesto de manifiesto sobradamente el “impacto económico de la pandemia”. Se trata de una oportunidad única, a través de los fondos europeos, para la recuperación que están empezando a llegar, de cambiar el modelo productivo y territorial. Pero, además de los fondos, es necesaria una “regulación correcta” que permita la contribución de muchos más actores, más cercanos al terreno, que conocen el medio rural, sus necesidades, sus condicionantes y sus oportunidades.

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13 julio 2022

La Ley de Residuos a debate: retos de la economía circular y desarrollo normativo

Sostenibilidad

La Ley de Residuos a debate: retos de la economía circular y desarrollo normativo

La Fundación Alternativas organizó este miércoles la presentación del documento titulado ‘Estudio de percepción del impacto socioambiental de la nueva Ley de Residuos’, elaborado por Jesús Gamero Rus, profesor asociado de la Universidad Carlos III; Ricardo Luis Izquierdo, codirector de la Cátedra de Economía Circular de la URJC; y José Luis de la Cruz, coordinador de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.

El trabajo aclara que la complejidad del sector de los residuos en España se refleja tanto en las diferentes “necesidades y objetivos” que se deben alcanzar para alinear su actuación a las directrices europeas, como en las diversas visiones e intereses de los diferentes actores implicados. La Ley de Residuos y Suelos Contaminados del 8 de abril de 2022 propone aunar esas dos cuestiones: “Establecer una hoja de ruta hacia la economía circular que permita cumplir los objetivos fijados por la Unión Europea en cuanto a la gestión de residuos; y proponer respuestas a los desafíos y necesidades que enfrenta el sector de la gestión de residuos en España”. La Ley es esencial para acometer los “retos de la economía circular”, pero “llega tarde” por lo que pone en duda que se puedan alcanzar los “objetivos planteados” y necesitará de un profundo “desarrollo reglamentario”.

Por primera vez se acometen “aspectos esenciales” para el desarrollo de la economía circular como la “fiscalidad, la evolución de los sistemas de gestión, la transparencia en la información y la responsabilidad ampliada del productor”. Sin embargo, el diálogo y el proceso participativo no ha sido lo “suficientemente dilatado en el tiempo y ha provocado que, en algunos aspectos como el ecodiseño, la obsolescencia programada o el fomento de la reparación no se haya producido el suficiente debate entre los agentes implicados, quedando diluidos estos aspectos en el conjunto de la Ley”. Del mismo modo, se echa en falta un desarrollo más en profundidad de “cuestiones sociales y de generación de empleo”.

El estudio resalta la “complejidad del proceso” y las dificultades que pueden surgir en la implementación de la Ley. Cuestiones y opiniones diversas relacionadas con el “futuro del sistema de recogida selectiva, la eficacia de las plantas de tratamiento, el sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR), los sistemas de recuento en la gestión de residuos, la responsabilidad ampliada del productor o la aplicación de la fiscalidad verde”, entre otras cuestiones, requerirán de un desarrollo reglamentario asentado en un largo proceso participativo que “garantice la eficiencia del sistema y potencie las oportunidades que ofrece el desarrollo de la Economía Circular para la innovación, la creación de empleo y la reducción de la dependencia exterior en materias primas”.

Por otro lado, existen grandes retos, como la “responsabilidad ciudadana”. La concienciación que se puede tener en el hogar no llega a trasladarse al “comportamiento de las personas” fuera del mismo, ya fuera en su tiempo de ocio o en su lugar de trabajo. Esto implica trasladar las “campañas de información y concienciación a todos los ámbitos”, e investigar qué tipos de comportamientos existen y cuáles son los problemas y necesidades para ampliar esa “responsabilidad” por parte de la ciudadanía.

TASA DE RESIDUOS

Si bien la Ley por primera vez deja la puerta abierta a la “cohabitación de diferentes sistemas de gestión de envases ligeros”, será necesario un profundo desarrollo normativo para implantar con eficiencia y eficacia el gran reto al que se enfrentan las entidades locales, más allá de la tasa de residuos. Las administraciones locales, se ven obligadas a asumir en un muy breve espacio de tiempo la “gestión de una gran cantidad de flujos nuevos de residuos”. La incógnita aún no solucionada en la Ley es la cuestión sobre cuál va a ser el “papel y responsabilidad de los productores de productos”. Ya sean muebles, textiles, envases, usos agrarios, pilas, acumuladores, aparatos eléctricos, etc., los flujos de residuos requieren que los productores asuman su responsabilidad en la gestión en todo su ciclo, lo que implica “identificar nuevos espacios de regulación que remitan a esa responsabilidad ampliada del productor”.

En lo referente a la transparencia en la información, queda claro que se debe “buscar una información objetiva y fiable para aplicar políticas públicas efectivas”. Sin esa información adecuada, no podremos evaluar, “proponer objetivos y aplicar las medidas adecuadas”. La Ley contempla los Sistema Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) y expone nuevas herramientas, pero que deberán ser “desarrolladas por el ministerio para que mejore la información”.

En definitiva, la Ley supone un “gran avance”, pero deja muchas líneas abiertas que deberán ser acometidas de manera inmediata en un “proceso de diálogo largo y ampliamente participativo que siente unas bases sólidas y perdurables”. Una vez aprobada la Ley existe un gran camino que recorrer, más allá de la aprobación de la Ley, y que se entiende necesario para “continuar promoviendo debates y acuerdos como medio para facilitar la implementación de la misma y seguir avanzando en un proceso que facilite un avance coordinado y efectivo a nivel nacional, avanzando en la circularidad de la economía y promoviendo la optimización de los materiales y residuos, alargando su vida útil”.

Participaron en el debate, moderado por Laura Ojea, periodista de ‘El Español’, Juan Antonio López de Uralde, presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico; Daniel Vicente Viondi, vicepresidente primero de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico; César Sánchez Pérez, secretario segundo de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados; y Alodia Pérez, diputada de Más Madrid en la Asamblea.

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Fallece Javier Rey, eminente médico y colaborador de la Fundación Alternativas

Políticas públicas

Fallece Javier Rey, eminente médico y colaborador de la Fundación Alternativas

Javier Rey del Castillo, médico, especialista en Cardiología, secretario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) entre 1991 y 1996, inspector de la Seguridad Social y ex portavoz de la Plataforma por el Gobierno Federal de la Sanidad Universal, así como estrecho colaborador de la Fundación Alternativas a lo largo de los últimos años, ha fallecido en Madrid.

Desde la Fundación Alternativas nos queremos sumar al dolor de la familia, y agradecer asimismo el gran trabajo que Javier Rey realizó en esta casa, con acertados análisis sobre la sanidad y la salud, interesantes reflexiones y participación en un gran número de debates y proyectos para aportar ideas y soluciones a la sanidad pública española en materia de financiación, universalización o descentralización, entre otras cuestiones.

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5 julio 2022

Susana Galera: “La liberalización no ha reducido los precios de la energía y el marco regulatorio es cuestionable”

Políticas públicas

Susana Galera: “La liberalización no ha reducido los precios de la energía y el marco regulatorio es cuestionable”

La Fundación Alternativas y la Asociación de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) organizaron este martes la presentación del documento ‘Energía más allá del mercado: hacia un nuevo modelo energético’, de Susana Galera Rodrigo, profesora en la URJC, y Mercedes Ortiz García, profesora en la Universidad de Alicante. La transición energética, como objetivo político transformador del escenario socioeconómico europeo, ya fue planteada en 2011 por la Comisión Europea en base a dos ambiciosos retos: el abandono progresivo de las energías de origen fósil y su sustitución por fuentes de energía renovable; y el desarrollo de un modelo energético alternativo, descentralizado y limpio. En este sentido, se acordó movilizar una importante inversión (pública y privada) para la modernización del sector, lo que adicionalmente determinaría la generación de empleos de calidad, de las nuevas profesiones y de las pymes, abundando en la digitalización de nuevas actividades y servicios económicos.

Más de diez años después, la transición energética se ha actualizado en sucesivas estrategias europeas, aunque se está desarrollando con notable asimetría: las medidas que apuntan a la descarbonización y el despliegue de renovables se están implantando a muy buen ritmo, pero ello contrasta con la lentitud y poca visibilidad de las que persiguen implantar un nuevo modelo energético. El avance hacia un modelo energético con el ciudadano en el centro, limpio y de proximidad, cobra en este contexto la máxima significación y urgencia. El debate, que analizaba todas estas cuestiones, contó con la moderación de José Luis de la Cruz, coordinador de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.

Susana Galera Rodrigo, profesora en la URJC y coautora del documento, destacó que la crisis energética es “muy seria” y que parece que todo “depende del mercado”, pero existen otras dimensiones de la energía que van más allá y donde también “aparecen soluciones” para la grave situación que atraviesa España. Ya en el 2021, todavía sin guerra en Ucrania, el precio del mercado mayorista de la electricidad “subió un 200% y el del gas un 400%”, mientras que en lo que va de año el mercado ha “empeorado” por el conflicto bélico. Por eso es interesante ir “más allá del mercado” para ver si hay otras “perspectivas y soluciones”, frente a la liberalización del sector, que en los años noventa supuso un “punto de inflexión muy importante”. Galera recordó que, al ser la energía un “servicio económico de interés general”, las reglas del mercado “ya venían en origen matizadas con una intensa regulación y estrecha vigilancia de las actividades del sector”.

Además, Galera mostró su sorpresa por la “evocación mística a las reglas del mercado permanente y a la libre competencia que se escucha cada vez que se producen cambios de regulación”, que son inevitables en un proceso de transición, sobre todo teniendo en cuenta que la transición va a “durar una generación”. Por lo tanto, el interés general que en los noventa determinó “obligaciones de servicio público es cambiante”. El acceso a la energía es un “servicio esencial” y, afortunadamente, la reforma de julio de 2021 del Objetivo 55 reactiva el “pilar europeo de derechos sociales que establece los objetivos de mejorar la igualdad de oportunidades, las condiciones de trabajo y la inclusión”. Según Galera, “la liberalización de los servicios no ha reducido los precios de la energía y el actual marco regulatorio es cuestionable”.

Por su parte, Mercedes Ortiz García, profesora en la Universidad de Alicante y coautora del documento, recordó que “estamos en un proceso de transición para llegar al 100% de renovables y cero emisiones en 2050, pero es muy importante recordar que el modelo actual es descentralizado y se tiene que complementar con participación ciudadana y centrales fotovoltaicas medianas y grandes, bien planificadas y consensuadas para evitar especulaciones por la falta de regulación”.

La docente sostuvo que la transición energética ha de ser “justa de cara a las futuras generaciones” y quiso destacar el momento de “gran oportunidad” que, a pesar de los muchos cambios implícitos, se tiene que llevar a cabo de “manera adecuada y cuanto antes, porque ya no queda tiempo”. Según Ortiz, “la energía lo es todo y el cambio de modelo energético nos dará grandes oportunidades ambientales, sociales y económicas; el mayor reto, más allá del normativo y por encima del tecnológico, es el social, el que implica la organización y la participación ciudadana”. “El cambio de modelo energético”, destacó Ortiz, “nos apartará del actual escenario de subidas de precios, fluctuaciones y dependencias energéticas y generará nuevas oportunidades de empleo estable. Los cambios han de ser estructurales, ya que cuando vienen las crisis sólo resolvemos las cuestiones coyunturales”. En este sentido, hizo referencia a la figura del “prosumidor”, “que no es ya el consumidor pasivo que sólo consume y paga la factura, sino que es un cliente activo que practica la autoproducción y una gestión de demanda más eficiente”.

Cristina Moreno, secretaria general de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), aclaró que la Comunidad de Madrid tiene municipios como la capital, con 3,5 millones de habitantes, pero también otros como Madarcos, con 50, “por lo que necesitamos una transición ecológica justa para que todos vayan al mismo ritmo”. De lo contario, la “brecha existente será mayor” y los ayuntamientos pequeños se quedarían “atrás” al no tener “medios y recursos económicos y humanos para transformarse”. Cada municipio tiene unas características distintas, pero ninguno de los pueblos y ciudades de Madrid quiere “desaprovechar” el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno ha puesto en marcha y que ha traído “muchos millones”. No obstante, existen “dificultades”, a pesar de la “buena voluntad” de los alcaldes, porque la transformación ecológica es un “gran reto de plazos muy reducidos y una Ley de Contratos con plazos muy amplios que, en ocasiones, impiden a los municipios acceder a los fondos” de recuperación.

DISRUPCIÓN TECNOLÓGICA 

Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, afirmó que “estamos viviendo un proceso de disrupción tecnológica en el que existen tres elementos coetáneos: la reducción de precios de la generación de electricidad con renovables, la reducción de precios del almacenamiento, y la irrupción de las tecnologías de información y comunicación”. La aceptación social al cambio tecnológico es “mucho más rápida” que la propia evolución tecnológica y el futuro pasa por “ahorro, eficiencia y energías renovables”.

El experto puntualizó que “no hemos pasado del monopolio del Estado a la liberalización del mercado, sino al monopolio privado” y que “el Estado sigue siendo una nave que mueve el viento que se genera en algunas direcciones que están en Madrid y fuera de Madrid. Esta crisis energética nos ha enseñado muchas cosas, pero no hemos hecho nada; no sirve de nada que la UE pretenda incrementar los objetivos si no tenemos las herramientas, mientras que las eléctricas le doblan el brazo al Estado”.

En la bienvenida al acto, Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de Fundación Alternativas, recalcó que a comienzos de la segunda década del siglo actual, la Comisión Europea planteó dos ambiciosos retos: el “abandono progresivo” de las energías fósiles y su sustitución por fuentes renovables; y el “desarrollo” de un modelo energético alternativo, descentralizado y limpio, para lo cual se acordó destinar una “gran cuantía de inversiones públicas y privadas” para la modernización del sector, pero la “inflación generada por la guerra de Ucrania” ha provocado un aumento de la “incertidumbre”, y parte de la energía de recursos fósiles “se está recuperando, con consecuencias sobre todo el sector energético”.

Por su parte, Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de la Asociación de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), afirmó: “El sector energético es muy activo, con modificaciones legislativas casi mensuales, y el documento analiza de manera independiente y muy profesional la situación de lo que ha ocurrido en España, que ha sido el único país del mundo que ha aplicado cambios normativos retroactivos con las inversiones recientemente hechas. En Anpier tenemos una gran masa social que procede del sector primario: agricultores, ganaderos y cooperativas, y un compromiso medioambiental de reducción de emisiones a la atmósfera”.

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29 junio 2022

Meritxell Batet: “La polarización y el enfrentamiento ponen en riesgo la confianza ciudadana en la política”

Políticas públicas

Meritxell Batet: “La polarización y el enfrentamiento ponen en riesgo la confianza ciudadana en la política”

La Fundación Alternativas organizó este miércoles la presentación de su Informe sobre la Democracia en España. El documento, elaborado anualmente por el Laboratorio de Alternativas, apunta a una cierta recuperación de la calidad de la democracia española, llegando a niveles anteriores a la Gran Recesión, tras una pandemia que ha puesto al descubierto las fortalezas y debilidades de los sistemas políticos de todo el planeta, donde sí se detecta un declive democrático que se refleja en una pérdida de calidad en una serie de democracias, más que un retroceso hacia dictaduras tradicionales.

El informe, que llega así a su decimoquinta edición, advierte, no obstante, que la tibia recuperación de la democracia española no debe ser óbice para prestar atención a algunos problemas encadenados que pueden llegar a afectar no sólo a la capacidad del Estado para procesar conflictos, sino también a los mecanismos fundamentales de la democracia. Como cada año, el documento presenta una evaluación de la democracia española basada en 57 ítems y un panel de 317 expertos, cuya calificación media se ha situado en el 6,2. Tras cinco años de recuperación democrática, la nota “ha bajado una décima en el último año”, pero, sin embargo, se dibuja una “estabilización” tras la crisis de insatisfacción con el sistema político que se desencadenó durante la Gran Recesión y que tocó fondo en la “primera mitad del decenio pasado”.

El documento destaca asimismo que la crisis del coro­navirus “no ha supuesto una merma” en la ca­lidad de la democracia española y que, en los últimos tres años, la valoración de la democracia ha “subido en todos los in­dicadores” menos en uno: la efectividad de la oposición. En el corto plazo, destacan como me­joras los “indicadores referidos a los derechos sociales y a la inclusión”, mientras que entre las novedades negativas sobresale el “empeoramiento de la va­loración del Estado de derecho”, seguramente como reflejo de la “no renovación” del Consejo General del Poder Judicial y de las consecuen­tes tensiones políticas.

La evaluación de la democracia que el documento hace del 2021 respecto a la pri­mera que se hizo en 2008 destaca que la recuperación después de la larga crisis se ha logrado pese a registrarse un “retroceso en cuestio­nes importantes como la libertad de expresión”. España también ha retrocedido en la “efectividad del papel de la oposición, la estabilidad del Gobierno, la libertad de prensa y la promoción internacional de los derechos”. Asimismo, la polarización política puede ser responsable de una “inevitable percepción negativa” del funcio­namiento del Gobierno y de la oposición. Por otro lado, la democracia española ha avanzado considerablemente en cuestiones de “representación, igualdad, participación y responsabilidad de los go­biernos en los territorios: más mujeres, más oferta partidista, más oportunidades de hacer­se oír y un mayor relieve del ejecutivo local y autonómico”.

Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados, fue la encargada de hacer la presentación del informe, en la sala Clara Campoamor de la institución que preside. Batet destacó que “nadie ignora que la salud de la democracia es un tema de vital importancia para la Cámara que represento y para el poder legislativo en su conjunto” y que los quince informes anuales y consecutivos de la Fundación Alternativas sobre la evolución de la calidad democrática son “imprescindibles” para debatir y “adoptar decisiones públicas adecuadas”. “Sin diagnóstico y sin saber los puntos fuertes y, sobre todo, los débiles”, afirmó, “difícilmente vamos a poder aportar soluciones y seguir construyendo y perfeccionando nuestra democracia”.

Según la presidenta de la Cámara, el informe de Alternativas es un instrumento “imprescindible” de seguimiento y valoración de la calidad de “nuestra democracia”, y tiene la virtud de ir examinándola en una trayectoria que “nos da información sobre las dinámicas existentes y las tendencias estructurales de nuestro sistema democrático”. A su juicio, el documento confirma el “buen estado” de la democracia española, “del respeto de los derechos de los ciudadanos, de la capacidad representativa de nuestro sistema electoral y de nuestro sistema institucional, y de la gobernabilidad y de la rendición de cuentas”.

Batet destacó que “la crisis del COVID-19 no ha supuesto una merma de la calidad de nuestra democracia”, pero se atisba una contradicción, ya que mientras que el índice de calidad democrática se sitúa en 2021 en el 6,2, señalando que España tiene una democracia “real y madura y plenamente integrada en el grupo de los países democráticos”, por otro lado la opinión pública española es “más crítica que nunca con los políticos y la política”, llegando a ser una “preocupación grave” para más de la mitad de la población, por encima del “paro o de cualquier otro problema” económico o social.

En este sentido, la presidenta del Congreso sostuvo que “la democracia es institucionalidad; no hay democracia sin respeto por los procedimientos, por la separación de poderes, por el imperio de la ley y por el Estado de derecho”. Como dijo Tomás y Valiente, “las instituciones ganan o pierden prestigio por lo que hacen, pero también por lo que con ellas se hace; sin representación no hay democracia: debemos ser ejemplares, no caer en la polarización y el enfrentamiento y no perder nunca la capacidad de llegar a acuerdos y consensos: en lo que va de legislatura hemos padecido mucho la confrontación, poniendo en riesgo la confianza ciudadana en la política”.

SEPARACIÓN DE PODERES

Alberto Penadés, profesor en la Universidad de Salamanca y codirector del informe, manifestó que no es fácil “evaluar la democracia”, ya que entran en juego “sentimientos subjetivos” que generan “follones” sociales. Respecto a la calificación de 6,2, Penadés puntualizó que es una nota “muy alta” en cuestiones en las que la democracia es “fuerte y debe ser fuerte”, como en los “mecanismos de representación y del Estado de derecho”, pese a la “pequeña erosión” por la “amenaza percibida” en la “separación de poderes” por la “prolongada interinidad de algunos órganos constitucionales”. En líneas generales, la valoración que recibe la democracia española es “muy buena”, aunque eso no garantiza que “vaya a hacernos felices”, porque lo “esencial es cómo responde la democracia a los problemas de la ciudadanía”.

Amuitz Garmendia, profesora en la UC3M y codirectora del informe, afirmó: “A pesar de la polarización, y teniendo en cuenta que no ha habido grandes procesos electores en el 2021, el país se empezó a centrar en la reconstrucción tras la pandemia, saliendo a la luz sus debilidades y sus fortalezas. Sin embargo, el informe revela que los ciudadanos empiezan a tener posiciones muy polarizadas en cuestiones que antes eran de consenso, como la renovación del Poder Judicial, lo que es muy preocupante. En este sentido, hemos empezado a tener opiniones concretas sobre cuál debería ser el mejor tipo de gobierno de la judicatura, aunque la mayoría no tengamos ni idea, pero si el partido que nos representa tiene una posición extrema al respecto, nosotros empezamos a polarizarnos”.

Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de Fundación Alternativas, recordó que “mantenemos el informe durante quince años consecutivos porque, como decía Nicolás Sartorius —presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas—, ‘el funcionamiento de las instituciones democráticas implica un gran valor para las sociedades actuales, pero se trata de un bien muy delicado que debe ser objeto de especial atención y cuidado, lo que justifica siempre su evaluación y su análisis de forma permanente’”. Ruiz-Huerta también comentó que en el próximo informe se incluirán asuntos como el “aparente control” de la crisis sanitaria que, lamentablemente, ha coincidido con el “intenso aumento” del coste de la energía y con la “invasión de Ucrania”, que ha “abierto el fantasma” de la guerra en Europa, así como la “reaparición de la inflación” en la economía mundial.

Yolanda Gómez, directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), aseguró que los temas del informe son especialmente “oportunos” y que en esta edición se vuelve a “contenidos habituales anteriores a la pandemia”. En particular, destacó la encuesta de la calidad democrática, que ha tenido que lidiar con las “vicisitudes de las democracias en estos tiempos de desafíos económicos”, y el capítulo que analiza la eutanasia, muy oportuno, en su opinión, porque significa un “hito” en la consecución de derechos para los españoles.

Tras las presentaciones, también participaron, en un debate abierto, Sandra León, directora del Instituto Carlos III-Juan March, patrona de la Fundación Alternativas y autora del capítulo “Alternativas institucionales al encaje de Cataluña en España”; Dulce Manzano, científica titular del CSIC en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos, y miembro del Consejo Asesor del IDE; y Gumersindo Lafuente, director adjunto de elDiario.es, como moderador.

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27 junio 2022

Alternativas analiza la emergencia climática en la Vecindad Sur y Turquía

Alternativas analiza la emergencia climática en la Vecindad Sur y Turquía

La Fundación Alternativas organizó un debate para presentar un documento de trabajo titulado ‘Movilizaciones y Emergencia Climática en la Vecindad Sur y Turquía’, que pone el foco sobre dos de los fenómenos más relevantes y acuciantes en la Vecindad Sur de la Unión Europea (UE) y España: por una parte, el cambio climático como una de las mayores amenazas a la sostenibilidad sociopolítica y socioeconómica de los respetivos países y sociedades; por otra, las movilizaciones sociales como una de las principales manifestaciones del malestar de estas sociedades, patente en los levantamientos de la ‘Primavera Árabe’ de 2010-2011 y con carácter posterior. El documento analiza los casos de países tan relevantes para la UE como Marruecos, Túnez, Egipto y Líbano, además de Turquía.

En este sentido, el informe destaca las iniciativas por el clima en estos territorios, teniendo en cuenta sus contextos particulares, y centra su atención en el papel que el sistema político tiene en cada caso, en la existencia de movilizaciones en distintos niveles, y en qué forma se articulan cuestiones más allá de lo puramente medioambiental, como las que giran en torno al concepto de ‘justicia climática’. La próxima COP28 se celebrará en la ciudad egipcia de Sharm Al Shaikh, y los países árabes se enfrentan a un reto que necesariamente tendrá que implicar a sus respectivas poblaciones, así como centrar la cooperación transnacional en la región y con la UE.

En el evento participaron Irene Lozano, directora de Casa Árabe; Vicente Palacio, director de Política Exterior de Fundación Alternativas; Itxaso Domínguez de Olazábal, coordinadora de Oriente Medio y Magreb de Fundación Alternativas y coordinadora del documento; Ilgu Ozler, profesora en la SUNY New Paltz y coautora del informe; Adil Moustaoui, profesor en la UCM y coautor del documento; y Marc Español, corresponsal en El Cairo y coautor del informe.

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24 junio 2022

La Europa de la defensa y la defensa europea, en CESEDEN

La Europa de la defensa y la defensa europea, en CESEDEN

La Fundación Alternativas ha realizado este viernes un acto presencial en el CESEDEN – con posibilidad de seguimiento online – en el marco de la presentación de su nuevo Informe ‘La defensa europea y la Europa de la defensa’. Contando con numerosos expertos y académicos del sector, el coloquio esbozó las principales claves del contexto actual, siendo la construcción de un nuevo orden mundial con la guerra de Ucrania, y la creciente polarización entre las democracias liberales y las autocracias. Este contexto en el cual se encuentran la Unión Europea y sus Estados miembros, afirman los panelistas, pone a juego el papel de la organización en el escenario global, y demuestra que su capacidad para ser autónoma en diversos sectores, incluyendo la defensa, revestirá suma importancia.

Los ponentes analizaron a su vez la recién publicada Brújula Estratégica, como guía orientativa que enmarca los próximos pasos a seguir si los 27 quieren mantener su posición en los años venideros. En materia de defensa, el documento resalta la necesidad de invertir y desarrollar las industrias de I+D, estando Europa muy por detrás de EE. UU. Esto le permitirá a la Unión un mayor rendimiento en misiones exteriores, entre otras operaciones. Aparte, los panelistas abordaron las diversas temáticas de la Brújula relacionadas con la seguridad, que incluyen las guerras venideras, siendo las denominadas guerras híbridas, e incluso la cuestión de la defensa en el espacio, donde la Unión también debe de desarrollar mayores capacidades.

Por otro lado, los panelistas analizaron el actual gasto en defensa en el marco de la OTAN, y las posibilidades de aumentar el mismo entre los Estados miembros de cara al futuro. Sin embargo, advirtieron del peligro de “sacralizar” la cifra del 2% requerido por la Alianza, como objetivo meramente cuantitativo.  Por ello, los participantes recalcaron que los Estados europeos no deberían de aumentar el gasto de defensa solo para alcanzar la cifra fijada – gastar más -, sino gastar estratégicamente para mejorar la resiliencia de los sistemas de seguridad europeos – gastar mejor-.

Francisco de Paula Bisbal Pons, director del CESEDEN, inició la presentación del acto, junto con Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, y el Almirante Juan Francisco Martínez Núñez, secretario general de política de Defensa (SEGENPOL). El posterior coloquio contó con la participación de Constantino Méndez, exsecretario de Estado de Defensa; Carlos Martí Sempere, doctor en seguridad internacional; José Enrique de Ayala, miembro del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas; y Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. La moderación del evento corrió a cargo de Esther Rebollo, directora adjunta de ‘Público’.

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21 junio 2022

La cultura española recibe un aprobado raspado (5.02)

La cultura española recibe un aprobado raspado (5.02)

La Fundación Alternativas organizó este martes la presentación de su ‘Informe sobre el estado de la cultura 2022. El sector audiovisual’, en un evento celebrado en la Academia de Cine. Como viene siendo habitual en este documento, Alternativas lleva a cabo una encuesta entre profesionales del sector, de cara a tomar la temperatura sobre el estado de la cultura. En esta edición, la cultura española obtiene un aprobado muy raspado, ya que asciende a 5.02, lo que supone un 3.4 de decrecimiento porcentual si se contrasta con la nota del pasado año.

Cabe destacar ciertos aspectos que el estudio ha llevado a cabo en un año condicionado por la esperanza en la recuperación post pandemia, influenciada por la alta vacunación y los estímulos económicos de los fondos ‘Next Generation’ de la Unión Europea. Estos, a diferencia de la crisis de 2008, caracterizada por recortes brutales, han insuflado al sector cultural de un montante económico inédito y clave para la estimulación del sector, que en esta edición del informe se centra, de manera somera, en la Ley General de Comunicación Audiovisual, aprobada el 26 de mayo. Por otra parte, una vez superada las continuas incertidumbres de las sucesivas olas pandémicas, pero inmersos en un contexto de guerra en Europa, con una inflación desajustada que merma el poder adquisitivo de los españoles, las expectativas sobre la cultura en España aletean entre el pesimismo y el optimismo, o incluso el desánimo por un futuro incierto. Todo ello incide, aún más en un ámbito, la cultura, que está en crisis permanente.

La pregunta que tiene, al igual que el pasado año, una mayor puntuación de media respecto al resto, en concreto un 7.58, es la siguiente: ¿Los creadores se están aprovechando de las nuevas redes para conectar con sus públicos? Esto se puede interpretar en relación con el uso de la digitalización por parte de los artistas, lo cual se puede corroborar con la inercia pandémica de uso de las plataformas de reproducción y streaming, sobre todo en el sector musical y audiovisual y una optimización de la difusión. Por otro lado, la cuestión que menos puntuación media se lleva es la siguiente: Los creadores consiguen una remuneración justa para mantener su trabajo. En concreto, alcanza un 3.18, lo que indica y reitera la eterna visión precarizada en el sector cultural y creativo español.

Tomando de referencia los resultados de la pasada edición relativos a las principales fortalezas de la cultura en España, en esta ocasión se invierten los dos puntos más valorados de 2021; a saber, el potencial de la colaboración en red de los creadores es el elemento más valorado; en detalle, el ítem Los creadores se están aprovechando de las nuevas redes para conectar con sus públicos (7.58), seguido del papel de la tecnología en beneficio de los autores, materializado en Los creadores se están aprovechando de las nuevas tecnologías para aumentar su creatividad (6.94). Asimismo, y en relación con lo anterior, la innovación, tanto en la búsqueda de públicos como en el rol de las pequeñas y medianas empresas en la innovación, siguen siendo los hitos mejor valorados. En concreto, Las PYMES juegan un papel esencial como canteras de innovación (6.98) y Las corrientes y estilos innovadores pueden expresarse y buscar su público (6.71). Por debajo de los anteriores, ligeramente, se sitúa otro hito ligado a la tecnología y la búsqueda de los públicos: La creación cultural expresa el abanico de valores ideológicos presente en la sociedad española (6.60).

El siguiente punto mejor valorado tiene que ver con la diversidad cultural de España y su poso político, entendiéndose esto como riqueza creativa: Los productores-editores componen un abanico plural de voces e intereses (5.96) y La oferta cultural refleja la diversidad de nuestra identidad cultural (5.80). A continuación, se recalca el plano digital y de libre elección del usuario de cultura, que descansa sobre tres puntos: Los usuarios disponen en Internet de una gran libertad de elección (5.69); Los usuarios tienen una gran diversidad de oferta disponible (5.64), y Los usuarios tienen una gran libertad de elección cultural (5.59).

 

Precariedad del sector

Respecto a los ítems menos valorados destacan, en primer lugar, la precariedad del sector y, en segundo, dos bloques que tienen en común la proyección exterior y las políticas públicas. Así pues, la visión más pobre en el marco del estado de la cultura en España 2022 se fragua en la siguiente afirmación: Los creadores consiguen una remuneración justa para mantener su trabajo (3.18). Los posteriores ítems, como se ha reseñado, corresponden a otras familias, a saber: Las políticas públicas de cooperación exterior son suficientes y efectivas (3.69). Le sigue, en esta línea, Las políticas públicas de cooperación exterior son suficientes y efectivas (3.74); y se regresa al plano remunerativo, empatando con una cuestión relativa a la disciplina creativa de esta edición: Las políticas públicas para la industria audiovisual tienen una estrategia clara y coherente y Las PYMES de la edición/producción consiguen una remuneración suficiente para su sostenibilidad (4.01).

Tras esto, el informe incide en el impacto en el exterior con una crítica a los medios: Los medios de comunicación tradicionales promocionan la diversidad cultural (4.04); Los intercambios culturales con la UE son suficientes y equilibrados (4.18); y, por último, las siguientes tres cuestiones: Las políticas públicas de cooperación incentivan el intercambio y la diversidad intercultural (4.26). Este punto se hila a la interinidad y la cosa pública: Las políticas públicas defienden la remuneración justa del autor (4.28), y, por fin, y con la misma nota, Las políticas públicas de cooperación crean nuevos públicos para la cultura española.

En el evento participaron Fernando Méndez-Leite, director de la Academia de Cine; Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas; Inmaculada Ballesteros, directora del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas y coordinadora del ICE22; Cristina Andreu, presidenta de CIMA y autora del ICE22; Fernando Victoria de Lecea, presidente de Profilm; y Rosa Franquet, catedrática de Comunicación Audiovisual y Publicidad  en la UAB y autora del ICE22.

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14 junio 2022

Presentación del Informe Iberoamérica 2022: la digitalización iberoamericana

Presentación del Informe Iberoamérica 2022: la digitalización iberoamericana

La Fundación Alternativas ha realizado este martes la presentación on-line de su ‘Informe Iberoamérica 2022’, bajo el título ‘La Digitalización Iberoamericana’. Se trata de una región que promete grandes posibilidades en el mundo tecnológico, siempre y cuando se aproveche la transición digital para desarrollar el territorio económicamente, socialmente, y políticamente. Bajo esta premisa se realiza el Informe de Iberoamérica 2022, donde académicos y expertos de la región esbozan algunas claves del panorama actual de digitalización en Iberoamérica, prestando atención a los principales retos y oportunidades que presenta el salto tecnológico. A través de sus siete capítulos, el documento aborda las múltiples dimensiones del fenómeno en los países iberoamericanos, desde los desafíos de la digitalización en materia de ciberseguridad y ciberdefensa, hasta la persistente brecha social de la región en cuanto a acceso a la tecnología. Las contribuciones de los once autores ponen el foco en el impacto de la covid-19 como catalizador del proceso de digitalización, que no es exclusivo a la región iberoamericana.  La presentación del Informe corrió a cargo de Vicente Palacio, director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, y el coloquio posterior fue moderado por Erika Rodríguez, coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.

Juan Fernández Trigo, secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, detalló en el impacto de la pandemia, que no solo ha puesto a prueba la capacidad de digitalización de los países, sino que la ha acelerado, con el uso de servicios de comercio electrónico y banca on-line. Presenta también el balance negativo de la covid-19, al haber puesto de manifiesto el retraso de Latinoamérica. Las profundas desigualdades raciales y de género en el acceso a las tecnologías generan problemas para la digitalización. Por otro lado, ejemplos como el Programa Bella 2030, que cubre las necesidades de interconectividad latinoamericanas y europeas, ejemplifican el impacto positivo de una alianza entre Iberoamérica y Europa en materia digital.

Por su parte, Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, presenta la posición de la organización regional en materia de la digitalización. La transformación digital forma parte de los tres ejes de cooperación en la OEI, que incluyen cooperación en el ámbito de la salud, en el ámbito del medioambiente, y, por último, en el sector digital. Dentro del sector digital, afirma el secretario, se destacan tres fases que componen la digitalización, y que son prioritarias para la región en este proceso: asegurar la colectividad y el acceso generalizado de la tecnología para todas las personas de la región; promover y proteger la seguridad y defensa de los derechos de ciudadanos en el mundo digital; y, por último, desarrollar mejores sistemas tecnológicos, creando una gobernanza digital que preste mejores servicios a la ciudadanía.

LA IMPORTANCIA DE LA COOPERACIÓN

Lisset Medina, doctora en economía e investigadora asociada del ICEI, detalló en la importancia de la cooperación de los sectores científicos y tecnológicos como vía para fortalecer los países de la región. La escasa inversión de los países latinoamericanos en I+D+i esclarece de nuevo el largo camino a recorrer, pero también presenta las posibilidades de crecimiento, mediante alianzas estratégicas entre América Latina y Europa. Precisamente, los proyectos de financiación europeos han contado con una alta participación de países latinoamericanos. La experta esclareció también el mayor peso de lo público en el sector I+D+i, siendo el Gobierno el actor principal que invierte en investigación. Dicha situación, no obstante, ha disminuido el peso de otro actor relevante en la digitalización, el sector privado.

DIGITALIZACIÓN Y CIBERDEFENSA

Por último, Carlos Castañeda, investigador en ciberseguridad y ciberdefensa de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” de Colombia, explicó las claves de la ciberseguridad y la ciberdefensa en el proceso de digitalización. La ciberseguridad es la base que permite el desarrollo de las nuevas tecnologías, afirma el panelista. Si no hay ciberseguridad, el salto tecnológico se verá perjudicado, y resultará en una digitalización no eficiente, como ejemplifica el fenómeno de Big Data. El contexto actual, por tanto, exige a las naciones sistemas de ciberseguridad resilientes, que protejan los derechos de los ciudadanos y que protejan a su vez los intereses nacionales, explica Castañeda.

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10 junio 2022

La guerra de Ucrania y América Latina: una mirada desde Hungría y Visegrado

La guerra de Ucrania y América Latina: una mirada desde Hungría y Visegrado

La Fundación Alternativas ha participado el pasado 9 y 10 de junio en Budapest en un seminario organizado por la Academia Diplomática de Hungría perteneciente al Ministerio de Exteriores, y el Comité de Asuntos Latinoamericanos de la Academia Húngara de Ciencias Sociales. A lo largo de una mañana, Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación, dio una charla sobre las visiones alternativas desde Europa y América Latina sobre la guerra de Ucrania, que fue seguida de comentarios y preguntas por parte de un grupo de expertos y diplomáticos de dichas instituciones. Durante el evento se trataron diversos temas como: las respuestas de los distintos gobiernos y parlamentos latinoamericanos a la invasión de Putin; las consecuencias económicas y las crisis energética y alimentaria; los escenarios para América Latina tras el fin de la guerra; o los resultados de la Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles (EEUU) con la referencia puesta al conflicto de Ucrania y la presencia de Rusia y China en la región. La vista se completó con entrevistas a diplomáticos del Ministerio de Exteriores del ámbito de la política de seguridad europea para intercambiar puntos de vista acerca de los diferentes posicionamientos de España y Hungría y otros estados miembros en relación a Rusia y Ucrania.

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8 junio 2022

Gemma Pinyol-Jiménez: “El control de la frontera marítima distorsiona el impacto de la gobernanza migratoria”

Políticas públicas

Gemma Pinyol-Jiménez: “El control de la frontera marítima distorsiona el impacto de la gobernanza migratoria”

La Fundación Alternativas y la Fundación Fundipax organizaron este miércoles la presentación del documento ‘La inmigración en España hoy: reflexiones más allá de la pandemia’, con el objetivo de analizar la cuestión migratoria, un fenómeno que ha vuelto a resurgir en los últimos años como un tema de debate en la agenda pública y política. Sin duda, España es un país de inmigración, pero las cuestiones relacionadas con la gobernanza migratoria siguen fuera del debate público. Sin embargo, es fundamental preguntarse hasta qué punto los instrumentos disponibles están preparados para afrontar los retos de una nueva década de movilidad en el país, en pleno cambio del escenario internacional.

La gobernanza migratoria demanda, sin lugar a dudas, una reformulación de sus esquemas, teniendo en cuenta aspectos tan importantes como la aprobación de la nueva agenda europea en materia de inmigración y asilo, los impactos de la pandemia de Covid-19 o la puesta en marcha, por vez primera, de la directiva de protección temporal para dar respuesta a la diáspora ucraniana: son cuestiones clave que afectan a la movilidad y requieren nuevos enfoques para afrontar la problemática. El evento contó con la moderación de Gabriela Sánchez, jefa de la sección Desalambre de elDiario.es

Marta Pérez Ramírez, miembro de Diversit, experta del programa Intercultural Cities del Consejo de Europa y coautora del documento, comenzó su intervención recordando que España es un “país de inmigración”, porque “llevamos unos treinta años” de recorrido, en los que “hemos construido una política migratoria, con luces y sombras”, que pivota sobre cuatro ejes estratégicos: la regulación de flujos migratorios por motivos económicos; los instrumentos de políticas de frontera; el sistema de acogida de personas que necesitan protección internacional; y la integración e inclusión de las personas migrantes.

Según la experta, el momento y el entorno actual son “cambiantes” debido a la pandemia, con una nueva agenda sobre política de inmigración y asilo, y la invasión de Ucrania ha activado, por primera vez en veinte años, una directiva de protección temporal, con un importante “incremento de discursos abiertamente xenófobos”. Todo esto tiene un impacto en la movilidad, en “la convivencia y en la integración de las personas migrantes”.

Pérez Ramírez puntualizó que “necesitamos revisar si los instrumentos de gobernanza con los que contamos están preparados para hacer frente a estos retos y este entorno cambiante, ante esta nueva década que se abre de movilidad”. El Covid ha supuesto un “frenazo del 40%” a la tendencia expansiva de personas que llegaban a España, que comenzó hacia el 2014, cuando “empezamos a recuperarnos de la crisis financiera del 2008, y que llegó en 2019 a un máximo histórico con 119.000 solicitudes de asilo, siendo Marruecos, Colombia, Reino Unido y Venezuela los principales países de procedencia. Sin embargo, las llegadas irregulares a la frontera sur y las islas Canarias han “crecido un 30% en los últimos dos años”, con la llegada de unas “42.000 personas”, y en el primer semestre de 2022 se han “incrementado en un 50%”.

Gemma Pinyol-Jiménez, directora de Políticas Migratorias y Diversidad en Instrategies, investigadora asociada en el Interdisciplinary Research Group on Immigration de la UPF y coautora del documento, sostuvo que “estamos construyendo políticas migratorias en base a una obsesión en el control de la frontera marítima”, lo que “distorsiona” el impacto de la “gobernanza migratoria”, ya que no deja “pensar en otras cosas” y posiciona a España en una “situación de dependencia” en relación a terceros países, que se va a “incrementar” a medida que la situación en el Sahel se complique.

Pinyol-Jiménez aclaró que España, al ser frontera exterior de la UE, “tiene muchos retos por delante, y debemos cambiar la mirada y el marco conceptual”. La situación de pandemia ha propiciado “algunas reformas de carácter coyuntural” que han tenido “continuación estructural”, como la reforma del reglamento en relación a las personas menores extranjeras sin referentes familiares, lo que ha sido un “buen instrumento” que se ha aprovechado a través de “reales decretos”, pero luego ha habido una “reforma específica del reglamento que nos ha permitido avanzar de manera estructural”.

La investigadora precisó que las políticas públicas españolas “no estaban pensadas” para un sistema de acogida de “grandes volúmenes”, lo que ha generado un “colapso” que invita a “reflexionar” sobre su estructura, y “tenemos que mirar” a los países de nuestro entorno para saber si “lo que queremos es centrarnos en la exclusión de las personas refugiadas en grandes centros apartados de las realidades, o queremos un modelo más cercado en el día a día y en facilitar la inclusión”.

En este sentido, Pinyol-Jiménez recalcó la importancia de la “integración y la inclusión”, y apuntó que el imaginario de la población española sobre la migrante es un tanto “kafkiano” y no “responde a la realidad”. A su entender, la convivencia en las sociedades democráticas es de “respeto al pluralismo”, y hay que ponerlo “encima de la mesa” porque el escenario que uno no ocupa para “hablar de convivencia lo ocupan otros para hablar de odio y xenofobia”, y este es uno de los “retos que tenemos en la UE”, y es donde “nos jugamos la convivencia democrática”, porque hablar de “políticas de inmigración es hablar del modelo social que queremos tener”.

Estrella Galán, directora general de Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y patrona de la Fundación Alternativas, calificó el sistema de asilo por la guerra de Ucrania como “histórico”, ya que ha tenido una “respuesta inmediata y eficiente a nivel europeo y nacional”, y con una “magnífica respuesta de la sociedad civil en este momento de emergencia”, y a partir de ahora ya “nadie puede negar que somos capaces de afrontar este tipo de situaciones de manera satisfactoria, por lo que tenemos que incidir en todos los espacios, europeos y nacionales, para que el derecho a asilo no se ponga en riesgo”.

UCRANIA

Según Galán, la inmigración ucraniana ha generado un “régimen de doble velocidad”, entre un sistema de asilo que ya estaba en funcionamiento con ciertas dificultades y con un proceso de revisión interna en marcha y, por otro lado, con la apertura de centros específicos con sus propias particularidades para la acogida de los ucranianos. Cuando hay “voluntad política” se puede hacer de otra manera, y el trabajo coordinado desde las distintas partes “aporta riqueza” cuando se hace bien, pero el riesgo de que alguien no quiera colaborar, como puede ser el caso de alguna comunidad autónoma, “está siempre sobre la mesa”. En este sentido, Galán recordó que las autonomías “no responden todas a la misma velocidad ni al mismo nivel”, y cuando el asilo no está bien coordinado hay problemas, y puso el foco en las elecciones andaluzas del 19-J, ya que es una de las comunidades con mayor número de plazas de acogida, “y si entra Vox a gobernar puede ser perjudicial para el sistema”.

Nuria Moreno-Manzanaro, jefa del Área Social en la Dirección de Estudios y Análisis del CES, señaló la necesidad de acometer una “política estructural y con las luces largas” en materia de inmigración, y esto “sólo puede asentarse de manera adecuada sobre la base de un nivel muy alto de consenso”. Según la analista, la reforma del reglamento de extranjería está en una “fase embrionaria”, y puede haber muchos cambios, pero, históricamente, las reformas en materia de extranjería que han tenido un “gran nivel de consenso”, y cuando se han referido al “mercado de trabajo y han contado con el diálogo social han sido muy efectivas, y todos nos acordamos de la fructífera línea iniciada en 2004”

Moreno-Manzanaro concretó que “la nueva reforma quiere responder a los desajustes en el mercado de trabajo, pero es un tema muy complejo que no sólo incide en la vertiente migratoria, ya que también tiene que ver con el sistema de intermediación, el educativo o el de formación para el empleo”.

Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de Fundación Alternativas, comentó que el tema de la inmigración es una “preocupación mantenida en el tiempo” para la Fundación Alternativas, y es un asunto de “permanente actualidad” ya que vivimos en un “mundo peculiar”, donde hay una gran cantidad de ofertas de trabajo que “no se atienden” y, al mismo tiempo, una “tasa de paro del 13%”, y esta es una de las cuestiones que “afectan”0 a la población migrante. Estas “contradicciones del mercado laboral” son muy relevantes, y sería necesario “encontrar mecanismos” para intentar resolverlas, mientras que la invasión rusa de Ucrania “no ha hecho más que agravar la situación”.

Para Francisca Sauquillo, presidenta de la Fundación Fundipax y patrona de la Fundación Alternativas, el problema no es “sólo por los refugiados que llegan de Ucrania, porque ya tenemos una gran cantidad que ha llegado anteriormente de otros lugares y otras guerras, y el informe de Alternativas refleja la situación actual y analiza de forma profunda la problemática, ya que apunta a cómo debe ser la gobernanza en España para tener claridad a la hora de tratar el fenómeno de la inmigración”.

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6 junio 2022

Colombia: un nuevo Gobierno para un nuevo país

Colombia: un nuevo Gobierno para un nuevo país

La Fundación Alternativas ha organizado un debate online, bajo el título ‘Colombia: un nuevo Gobierno para un nuevo país’ analizando los resultados de la primera vuelta de las elecciones en Colombia, con la segunda ronda prevista para el próximo 19 de junio. Enmarcado dentro del Panel de Iberoamérica de la Fundación Alternativas, el evento ha contado con expertos en el continente latinoamericano del sector empresarial y académico.

Entre otras cuestiones, los panelistas abordaron las variables que han conducido al país hasta este resultado electoral inédito. El 2019 marcó el inicio de una movilización socio-política en el país que alertaría a la Presidencia del creciente descontento, y desconfianza, por parte de distintos sectores de la sociedad hacia los políticos tradicionales. Es en este terreno donde los posibles candidatos a la Presidencia, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, se enfrentan con distintas agendas a los retos que amenazan al país: abordar las crecientes desigualdades y la pobreza extrema en el país, además de la lucha contra el narcotráfico y contra el clima de inseguridad generalizado.

El evento fue presentado por Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación Alternativas; moderado por Erika Rodríguez, coordinadora de América Latina de la Fundación Alternativas; y participaron Rafael Grasa, doctor de la Universidad Autónoma de Barcelona y experto en estudios latinoamericanos, junto con Catalina Gil Pinzón, consultora en el Open Society en el programa especializado en Política de Drogas en América Latina.

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2 junio 2022

Jiménez Herrero: “Faltan instituciones sólidas para una gobernanza ambiental”

Sostenibilidad

Jiménez Herrero: “Faltan instituciones sólidas para una gobernanza ambiental”

La Fundación Alternativas organizó este jueves el debate on-line titulado ‘50 años de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, Estocolmo 1972: ¿Qué hemos aprendido?’, en formato de Diálogo abierto entre Luis M. Jiménez Herrero, presidente de la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades (ASYPS), profesor honorífico de la UCM y ex director del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), y José Luis de la Cruz Leiva, responsable del Área de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972, fue la primera conferencia mundial sobre medio ambiente. Asistieron a ella representantes de 113 Estados miembros de las Naciones Unidas, así como miembros de los organismos especializados de la Organización. Los documentos de la Conferencia se basaron en un gran número de informes presentados por gobiernos y organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, entre ellos 86 informes nacionales sobre problemas ambientales.

El desarrollo de esta conferencia marcó sin duda el inicio de la incorporación de la protección del medio ambiente en la agenda internacional. Uno de los principales resultados de la conferencia de Estocolmo fue la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), principal autoridad ambiental a nivel mundial encargada, que actúa como intermediario científico-normativo velando porque el conocimiento fluya desde la investigación básica y aplicada, y se traduzca en medidas normativas en beneficio de las sociedades entre otras cosas, de evaluar el estado del medio ambiente mundial y las causas de los impactos ambientales.

La Conferencia de 1972 marcó por tanto una nueva era para la cooperación internacional y la gobernanza ambiental. 50 años después, ¿qué repercusión podemos decir que tuvo en el desarrollo de la gobernanza ambiental? ¿Hemos cumplido los objetivos que se plantearon hace 50 años? ¿Qué retos quedan pendientes?

CRISIS SANITARIA

Según Jiménez Herrero, cincuenta años es un tiempo “muy corto” para haber conseguido la gran transformación que el mundo “necesita”, y las medidas han sido “insuficientes y no tan rápidas como las que el planeta demanda”. Por ello, su diagnóstico es pesimista: “Estamos en una situación grave, ya que a la crisis ecológica se ha unido la sanitaria del coronavirus”. La civilización vive una “crisis global” debido a una “insostenibilidad sistémica” de un modelo de producción, desarrollo y estilo de vida, y “necesitamos aspirar a un cambio hacia la resiliencia, el bienestar y la igualdad mundial”.

El experto sostuvo que “faltan instituciones fuertes y sólidas que puedan ejercer una gobernanza ambiental” para regular los bienes ambientales públicos a nivel mundial, y para ello “necesitamos una gran reforma institucional en Naciones Unidas y un pacto global supranacional”. A su juicio, la cumbre de Estocolmo “nos enseñó que hay que hablar de medioambiente y desarrollo”, pero en Naciones Unidas sigue habiendo una “dicotomía”, ya que tienen dos programas: el PNUMA y el PNUD, uno de medio ambiente y otro de desarrollo, “pero en el fondo son dos caras de la misma moneda, dos procesos indisolubles que deberían unirse para aunar fuerzas en beneficio del desarrollo sostenible”.

Jiménez Herrero recordó que “España tiene una estrategia de desarrollo sostenible que data de 2007, y la de la UE es de 2001, revisada en 2006 y 2009”. Por otro lado, los ODS de la Agenda 2030 son un “marco de referencia” para poder diseñar ese plan de desarrollo sostenible, tendiendo siempre en cuenta que el medio ambiente es un “factor de crecimiento positivo, pero también de justicia social, ya que genera empleos verdes y elimina desigualdades”. La transición ecológica ha de reconvertir el modelo productivo con “parámetros más respetuosos con el medio ambiente y hacia las energías renovables, la economía circular y la descarbonización”.

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31 mayo 2022

Presentación del informe 2022 Tendencias de EEUU y su impacto en Europa

Presentación del informe 2022 Tendencias de EEUU y su impacto en Europa

La Fundación Alternativas organizó este martes un acto presencial –con posibilidad de seguimiento online– con motivo de la publicación del Informe 2022 Tendencias de EEUU y su impacto en Europa: US Trends that matter for Europe Report 2022. Biden’s Social and Fiscal Plan: Domestic and International Implications and the EU response. La presentación del Informe y el coloquio posterior estuvieron moderados por Vicente Palacio, director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas. Miguel Ángel Aguilar, presidente de la Fundación Carlos de Amberes y secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos, fue el encargado de abrir y dar la bienvenida al acto. Además, el debate contó con la participación de José María de Areilza Carvajal, secretario General de Aspen Institute España y profesor ordinario de ESADE; Raquel Carretero Juárez, responsable de Comunicación y del Área de Políticas Públicas Digitales de Telefónica S.A.; Beatriz Camacho Ávila, directora de Ecosistema para Sur de Europa, RIS-EIT Climate-KIC; José Luis Escario, consultor y profesor en fiscalidad internacional; e Ignacio González, economista y profesor en American University (Washington DC).

El acto tenía como objetivo presentar el Informe EE.UU. 2022, donde se abordan algunas de las principales tendencias políticas, sociales, económicas, medioambientales o tecnológicas en EE.UU. durante la Administración Biden y sus impactos a nivel nacional  e internacional. El dossier recoge asimismo las respuestas que dichas tendencias y políticas están generando por parte de la Unión Europea y traza algunas líneas de desarrollo para el futuro inmediato.

Tras la bienvenida de Miguel Ángel Aguilar, Vicente Palacio subrayó que el informe es un intento por tomarle el pulso a la realidad de EE. UU. y que el objetivo del trabajo no es otro que contribuir a que EE. UU. y Europa, a pesar de sus divergencias, hagan converger sus visiones lo máximo posible. Para ello, el informe identifica seis tendencias relevantes en el primer periodo del mandato del presidente Joe Biden (enero 2021- junio 2022): la persistencia de una fuerte polarización social y política que genera graves disfuncionalidades y un escenario de gran incertidumbre; el intento de combate contra la desigualdad mediante una reforma fiscal nacional e internacional dirigida a las grandes fortunas y corporaciones; una cierta ralentización del momentum de esa reforma fiscal en EE. UU. y a nivel global debido a presiones internas y la guerra de Ucrania; avances simultáneos en EE. UU. y la UE para la financiación y regulación de la economía digital y la tecnología, y el proceso de digitalización; la continuación de políticas medioambientales inspiradas en un Pacto Verde; y, por último, un giro en la llamada “política exterior para la clase media” basada en una agenda social y fiscal, hacia una preeminencia de otras agendas, principalmente la militarización.

Ante la pregunta de en qué momento se encuentra la democracia norteamericana –a la sombra del golpe del 6 de enero y la volatilidad institucional– José María de Areilza Carvajal afirmó que esta se encuentra en el momento más frágil de sus últimos diez años. Existe un choque entre dos Américas y se prevé que las elecciones legislativas de noviembre nos den más pistas en este sentido. EE. UU. está en un momento muy delicado, lo que también se deja entrever en su estrategia de política exterior. La relación con China y la postura hacia el conflicto en Ucrania evidencian esa polarización ideológica entre republicanos y demócratas.

Asimismo, en lo relativo a la desigualdad y la reforma fiscal, Ignacio González aseveró que venimos de cuatro décadas de un crecimiento de la desigualdad del ingreso y de la riqueza en EE. UU. La riqueza financiera está muy concentrada y existe un gran desacople entre la economía de las finanzas y la economía de los hogares. Además, el aumento de la riqueza financiera no ha venido acompañado de inversión y dinamismo en la economía americana, lo que ha hecho que aumente la toma de conciencia de la dimensión de la desigualdad en el país.

COMPETENCIA FISCAL

Cuando José Luis Escario es preguntado sobre el impacto de la reforma fiscal en el ámbito internacional, su respuesta es tajante: “EE. UU. busca alcanzar un acuerdo internacional que establezca el global playing field. Biden quiere evitar una competencia fiscal que podría provocar que las empresas americanas trasladasen sus beneficios a paraísos fiscales y que se volviesen menos competitivas porque tendrían que pagar un impuesto mayor que el resto”.

Sobre la transición energética y el Pacto Verde Europeo, Beatriz Camacho Ávila valoró las convergencias y divergencias entre Washington y Bruselas en este sentido. En su opinión, la transición de ambas economías tiene que ser justa, lo que también implica asumir que va a haber perdedores, como, por ejemplo, los trabajadores de industrias que dependen de combustibles fósiles. Ante esta situación, es fundamental incrementar el gasto público y la capacidad interventora del sector público. Además, la despolitización de la cuestión de la transición energética es fundamental para implicar a todos los grupos sociales. No obstante, Camacho insistió en el hecho de que la burbuja transatlántica o europea contribuye al 10% de los gases de efecto invernadero, aproximadamente. Por eso, si se quiere alcanzar el 1,5% de los Acuerdos de París es necesario incluir a China, que emite el 24% del total de los gases de efecto invernadero, y a Rusia, el cuarto país más contaminante del mundo.

Por último, Raquel Carretero Juárez concluyó asegurando que tanto EE. UU. como la UE avanzan por caminos similares en lo relativo a cómo plantean recuperar sus economías en la época post-COVID. En este sentido, ambos actores apuestan por la transformación digital como palanca de cambio para generar empleo o digitalizar la administración pública, entre otras medidas. No obstante, la experta señala la laguna regulatoria que existe en lo relativo al mundo de los criptoactivos e insiste en la necesidad de regular este mercado, puesto que no existe una entidad financiera que se encargue de supervisar las transacciones del mundo cripto.

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25 mayo 2022

Expertos denuncian la falta de vacunación en África y los desequilibrios endémicos

Expertos denuncian la falta de vacunación en África y los desequilibrios endémicos

La Fundación Alternativas organizó este miércoles la presentación on-line de su ‘Informe África 2022’, que en esta edición lleva por título ‘África y Europa en un tiempo de crisis’. Ante un trasfondo de orden internacional de futuro y contornos inciertos, pero también de muy probable inestabilidad generalizada en gran parte del Sur Global, Europa y África se encuentran en un proceso de reconfiguración de sus relaciones. Es un proceso que requerirá tiempo, dada la larga trayectoria de relaciones entre los continentes y la impronta de jerarquías y desigualdades construidas históricamente, y es un proceso necesario precisamente para superar ese legado. Esta nueva edición del Informe África, a través de sus ocho capítulos, aborda diferentes temáticas centrales en esas relaciones: desde desafíos globales como son la lucha contra el cambio climático, la salud, o las relaciones económicas, hasta desafíos políticos a los que se enfrentan diferentes países y regiones, para resolver los conflictos que los atraviesan y consolidar procesos que reviertan en el bienestar del conjunto de la población. Las diferentes contribuciones de los nueve autores que participan en el informe ponen asimismo de manifiesto cómo las desigualdades siguen marcando los vínculos entre los dos continentes, y varios de ellos ponen además el foco específicamente en la región del Sahel. La presentación del evento corrió a cargo de Elsa Aimée González, coordinadora de África Subsahariana de la Fundación Alternativas, e Itxaso Domínguez de Olázabal, coordinadora de Oriente Medio y Magreb.

Aurora Moreno Alcojor, periodista especializada en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos, destacó en su intervención la importancia de acometer en el continente africano una transición ener­gética “justa y equitativa” que tenga en cuenta las “orientaciones específicas” y diversas de los países respecto al acceso a la electri­cidad y la transición ecológica, centrándose en la “creación de empleo, crecimiento sostenible, transporte, infraestructuras y movilidad”. La idea de trabajar en un partenariado para la transición verde y el acceso a la energía co­bra “especial importancia” en un momento en el que la UE ha apostado por luchar contra el cambio climático con la puesta en marcha de su Pacto Verde Europeo, y en el que África es consciente de que se enfrenta a grandes desafíos medioambientales.

El continente africano es uno de los más afectados por el impacto del cambio climático, a pesar de que apenas es responsable del 3,7% de los gases de efecto invernadero. África es especialmente vulnerable al cambio climático por varias ra­zones, entre las que destacan su dependencia de la climatología para la agricultura, las difi­cultades de acceso al agua, el aumento de las tierras áridas y la vulnerabilidad de las zonas costeras. A ello se suma la degradación medioambiental provocada por la acción del ser humano, la falta de recursos para llevar a cabo los procesos de adaptación que exige el cambio climático, el aumento de población y la rápida urbanización prevista para los próximos años.

Por su parte, José Luis de la Flor Gómez, doctor en Relaciones Internaciones e investigador en salud pública, criticó “las diferentes velocidades en el acceso a las vacunas” en función de los países, lo que supone una “ca­racterística de la pandemia” de Covid-19. Mientras que la población de los países con rentas altas está “accediendo a una tercera e incluso cuarta dosis de vacunación”, la mayoría de la pobla­ción africana “no ha sido todavía vacunada”.

En este sentido, el experto aclaró que el uso racional de los medica­mentos es clave para “reforzar la idea” de que el acceso a las vacunas contra la Covid-19 es un “bien público global”. Los ex­pertos en salud pública y los líderes mundia­les instan a considerar que las vacunas deben estar disponibles de manera justa y equitativa para cualquier población del mundo. Sin embargo, una de las desigualdades más características de la actual epidemia es la “falta de acceso” a estos me­dicamentos en África y su acaparamiento por los estados de mayor renta.

Dagauh Komenan, investigador en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sostuvo que la atmósfera política se ve enturbiada debido a las crisis alrededor de las elecciones, la represión de manifestaciones de la oposición social y los enfrentamientos ar­mados esporádicos en el marco de golpes de Estado. Sin embargo, la principal amenaza a la estabilidad regional es el “yihadismo”, ya que, desde principios de este siglo, los islamistas (muyahidines veteranos de Afganistán y Bos­nia) derrotados durante la guerra civil arge­lina se instalaron en el Sahel y lanzaron sus primeras acciones terroristas.

Sin embargo, el investigador comenta que la alternancia política es sinónimo de la “consolidación y madurez democrática”, pese a que no se puede establecer como un criterio fiable para determinar el carácter de­mocrático de un país. Botsuana, uno de los países citados como ejemplo de democracia y estabilidad en el continente africano, tiene al frente el mismo partido desde 1965, ganando elecciones de ma­nera democrática desde entonces. Esto muestra que el hecho de que un único partido domine la escena no pone en duda el carácter democrático de un país.

ESCLAVITUD Y RECURSOS NATURALES

Jokin Alberdi, profesor en la Universidad del País Vasco, denunció que la “esclavitud y la extracción de recursos naturales” han sido, históricamente, la fuente de riqueza de unos pocos, mientras que, para los sectores más desfavorecidos, estas actividades, junto con el trabajo agrícola de las mujeres, han sido las “únicas alternativas de supervivencia” a las hambrunas que han provocado las numerosas se­quías, ciclones y guerras en Mozambique durante los últimos siglos.

Según el experto, las grandes corporaciones y gobiernos extranje­ros, en connivencia con diferentes facciones de las élites políticas mozambiqueñas, “com­piten por los recursos de los territorios”, mientras, el sentimiento de “abandono” por parte del Estado, la corrupción y el enriquecimiento de algunos cargos gubernamentales, hacen aumentar el “descontento y la frustración” de amplios sectores populares. La puesta en marcha de varios “megaproyectos extractivos” de gas licuado en la costa norte, y de rubíes, oro y grafito en la zona interior-sur de Cabo Delgado en la última década, han “incrementado la violencia” en esta provincia, contribuyendo a la desestructuración de las débiles economías agrícolas familiares.

Sobre la complicada situación en Libia, Barah Mikail, director del programa de Ciencias Politicas y Relaciones Internacionales en el Campus de Madrid de la Universidad San Luis y director de Estractegia Consulting, comentó que la “fragmentación” de las instituciones nacionales, los sentimientos de pertenencia de la pobla­ción del país, arraigados en la localidad, y la “sed de poder” por parte de los principales re­presentantes políticos, hacen difícil creer que se vaya a alcanzar pronto una solución ins­titucional duradera.

Libia anunció elecciones presidenciales y legislativas para diciembre de 2021, pero acabaron aplazándose sin fecha. Mikail recordó que al mismo tiempo que el país carece de un jefe de Estado, es un Estado “dominado por muchos jefes”. Las instituciones son la cara visible del país, pero quienes detentan el poder en realidad son individuos que, en la mayoría de los casos, aprovechan las “oportu­nidades que les brinda” su cargo para cultivar su influencia. Poner en marcha un proceso que lleve a la consolidación de instituciones estables en un periodo de tiempo razonable parece algo “extremadamente difícil”. Sin embargo, las ex­pectativas y exigencias de la población libia son mayores cuanto más tiempo pasa. Los habitantes del país son unánimes en cuanto a sus necesidades y consideran que “la seguri­dad y las reivindicaciones socioeconómicas son prioritarias”.

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas: “El informe África que presentamos anualmente es una gran apuesta debido a la personalidad propia del continente y sus problemas transversales, con la especificidad de cada país y cada región. África presenta problemas como el de la demografía, ya que va a tener 2500 millones de habitantes a mitad de siglo, y va a ser el continente más joven del mundo; la inestabilidad política, con varios golpes de Estado en los últimos tiempos; y la inseguridad en el Sahel, así como la difícil situación en el Magreb. El modelo colonial, basado en la extracción de materias primas, ha dejado un continente poco industrializado. La personalidad de África plantea cuestiones que se deben abordar de manera global, como la pandemia que ha asolado al continente, mientras sólo el 18% de la población tiene la pauta completa de la vacuna, o el efecto de la guerra de Ucrania, con el elevado aumento de los precios de los alimentos”.

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19 mayo 2022

“A veces es tan importante hacer una reforma como implementarla a nivel político”

Políticas públicas

“A veces es tan importante hacer una reforma como implementarla a nivel político”

La Fundación Alternativas organizó este jueves la segunda entrega del debate titulado ‘Conversaciones en torno al Libro Blanco para la Reforma Tributaria’, en esta ocasión centrado en las nuevas formas de imposición y organizado en colaboración con la Fundación Ortega-Marañón. El volumen, que se presentó el pasado mes de marzo ante el Ministerio de Hacienda, ha sido elaborado por un Comité de Expertos, presidido por Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de la Fundación Alternativas y moderador del evento, tras trabajar durante casi un año con el fin de poner sobre la mesa una serie de propuestas para adaptar el sistema tributario a la realidad económica del siglo XXI. El informe, de 800 páginas, pretende garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y permitir al Estado ejercer sus funciones de estabilización, redistribución y provisión de los servicios públicos que demanda la sociedad, en base a los principios de equidad y eficiencia.

Olga Cantó, catedrática de Economía en la UAH y miembro del Comité, destacó la importancia de observar “las tendencias” para tener una perspectiva de lo que “está ocurriendo” en el sistema fiscal. La historia de la desigualdad en España “nos transmite que tenemos un país que tiene ciclos más amplios que la UE, por lo que, cuando ella crece, nosotros crecemos más, pero cuando decrece, nosotros decrecemos más”. En este sentido, la experta puntualizó que la desigualdad “crece más en las recesiones de lo que decrece en las expansiones”, siendo la débil capacidad estabilizadora de las políticas públicas lo que hace que España sea el país de la UE donde “más aumentaron las diferencias entre rentas altas y bajas” en el periodo 2008-2013.

Según Cantó, la brecha se “amplió más” en España que en el resto de países europeos en la crisis de 2008, cuya recesión “nos colocó en un nivel de clase media-baja”. Por otro lado, puntualizó que la riqueza se está “trasladando” a las generaciones más mayores, una deriva “preocupante”, advirtiendo de que el sistema tributario “no va a revertir” esta dinámica. El desequilibrio de las finanzas públicas, pues, favorece el “aumento” de la brecha. “España está en una posición distinta” del resto de los países europeos, destacó Cantó, pues, para el nivel de desarrollo económico nacional existente, “tenemos un tipo medio efectivo en renta particularmente bajo y nos encontramos peor en ingresos que en gastos: para redistribuir más necesitamos un sistema progresivo”.

Xavier Labandeira, catedrático de Economía en la Universidade de Vigo y miembro del Comité, subrayó que el capítulo del libro que ha elaborado es una “hoja de ruta para decisores políticos” que no se centra en “soluciones de corto plazo”. A su entender, minimizar los costes es “muy importante” en políticas energéticas o de agua. “Estamos ante una transición ecológica que va a desmontar todo y lo va a volver a montar en las economías de mercado”, declaró; “España está en el vagón de cola” en los problemas ambientales y, en la transición, los impuestos van a tener un “inserción destacada en el contexto regulatorio ambiental”.

Para Labandeira, la racionalidad ambiental es la “clave de bóveda” y la electrificación sostenible “fundamental” para llegar a una movilidad compatible con la transición ecológica, donde el “aumento de impuestos a los carburantes” va a ser crucial. España tiene uno de los “peores indicadores medioambientales” en el ámbito agrícola, por lo que en este sector es donde más hay que esforzarse a nivel de precios, así como “aumentar la electrificación” y reducir los combustibles fósiles para “bajar” las emisiones. En el proceso de transitar a una economía sostenible, “el gradualismo es fundamental, como las actuaciones prioritarias y la necesidad de una evaluación continua”. El economista se mostró partidario de “aplicar las ayudas a la transición ecológica en las rentas más bajas”, pese a dejar sin subvenciones a las “más altas”. En este aspecto, propuso que “en vez de subvencionar con 5.000 o 6.000 euros la compra de vehículos eléctricos, quizás haya que ofrecer 15.000 a las rentas más bajas y no dar nada a las más altas, que lo iban a adquirir en cualquier caso”.

En su posterior intervención, Santiago Díaz de Sarralde, profesor titular de Economía en la URJC, director de Estudios del CIAT y miembro del Comité, afirmó que “ningún libro blanco había tenido un capítulo de digitalización”, lo que ha supuesto un “reto para todo el Comité”. Sobre el nuevo desarrollo de la economía digital, el docente aclaró que los desafíos se van a centrar en la “competencia en igualdad de condiciones entre empresa residentes y no residentes, la soberanía fiscal y el fomento de la innovación y el emprendimiento”.

 

Fomento del emprendimiento

Entre las propuestas de fomento del emprendimiento e innovación, Díaz de Sarralde puntualizó que “nos centramos en algo tan importante como la reducción de la complejidad y la incertidumbre, porque no son lo mismo los primeros años de una empresa que los siguientes, y también en las medidas tributarias complementarias, porque en el mundo digital una de las preguntas que ponemos sobre la mesa es qué pasa con los impatriados o el teletrabajo”. El experto recordó que “el comercio electrónico se está comiendo a otros tipos de comercio” y que “el 50% de la publicidad ya es de tipo electrónico”. En este sentido, el libro hace propuestas sobre “nivelación de la tributación de las actividades digitales, el comercio electrónico transfronterizo, el IVA, la imposición directa o los modelos de negocio digitales por empresas no residentes que rentabilizan los datos de los usuarios locales”.

La discusión también contó con los comentarios de Carlos Martín Urriza, director del Gabinete Económico de CCOO y profesor asociado en la UAH, quien destacó que el libro señala una de las “grandes anomalías” del sistema fiscal español, que es la “baja contribución”, que provocará una importante deuda a las “generaciones venideras”, junto a una “alta tasa de desempleo y una elevada temporalidad”. Por otro lado, el experto aclaró que el volumen “busca más reducir la brecha fiscal por la vía de la imposición indirecta que por la directa” y sostuvo que en el campo medioambiental es importante una “regulación acompañada de una inversión pública”, con el objetivo de cambiar los consumos de las personas “hacia unos más sostenibles”.

Martín Urriza comentó que se trata, asimismo, de “cambiar los precios relativos” de los productos. En el caso del acceso a la vivienda, existe un “problema de rentismo”, ya que a la hora de alquilar el precio es “muy elevado”, y no parece que en los rendimientos de este sector “se pase a la tarifa del ahorro”; y en lo que se refiere a la energía, “nos movemos hacia precios cada vez más altos”.

Marta Suárez-Varela, economista, quien también aportó comentarios a las ponencias, aclaró que “el sistema redistributivo tiene una menor capacidad en España que el resto de países de nuestro entorno”. Según Suárez-Varela, “es difícil abordar el tema sólo desde el punto de vista de los impuestos, pero la eliminación de las deducciones por arrendamiento de vivienda es gratificante, porque puede mejorar el tipo medio efectivo. También convertir en deducción reembolsable la prestación por hijo a cargo o eliminar la ayuda fiscal por tributación conjunta en el IRPF. A veces es tan importante hacer una reforma como implementarla a nivel político”.

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17 mayo 2022

Alternativas y Fundación Foro del Sur analizan el impacto de la guerra de Ucrania en Latinoamérica

Alternativas y Fundación Foro del Sur analizan el impacto de la guerra de Ucrania en Latinoamérica

La Fundación Alternativas y la Fundación Foro del Sur (Argentina) organizaron un encuentro on-line para responder a los múltiples interrogantes que la guerra de Ucrania está planteando en el continente latinoamericano y en Europa. El evento contó con prestigiosos representantes académicos, así como del mundo de la empresa y las organizaciones civiles de los dos continentes.

Entre otras cuestiones, los participantes analizaron las posibles consecuencias del conflicto armado para el destino de Europa; los efectos de la nueva carrera armamentística; la efectividad de las sanciones a Rusia; el impacto del conflicto en la economía global; su influencia en la política de Latinoamérica; o el futuro energético del continente europeo y de su sistema alimentario ante el desafío de Putin.

En el debate participaron Vicente Palacio. director de Política Exterior de la Fundación Alternativas; Érika Rodriguez, coordinadora de América Latina de la Fundación Alternativas; Juan Moscoso del Prado, economista y patrono de la Fundación Alternativas; Andrés Serbin, antropólogo y presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES); Enrique Flaiban, CEO del Grupo Los Grobo; Diana Tussie, directora del Área de Relaciones Internacionales de FLACSO; Marina Cardelli, subsecretaria de Asuntos Nacionales del Ministerio de Relaciones y Culto de la República Argentina; Aníbal Jozami, presidente de la Fundación Foro del Sur; y Alicia Bárcena, ex secretaria ejecutiva de CEPAL.

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14 mayo 2022

La Feria del Libro de Granada acoge la presentación del ICE

La Feria del Libro de Granada acoge la presentación del ICE

El informe anual (desde el 2011) sobre el estado de la cultura en España, de la Fundación Alternativas, se caracteriza por estar elaborado con absoluta independencia de criterio, sin velados compromisos con creadores artísticos o gestores de derechos de autor, ni con iniciativas públicas de ejecutivos de ámbito nacional y local. Supone una nueva oportunidad para revisar los desafíos a los cuales nos enfrentamos en un momento de grandes transformaciones tecnológicas que afectan a nuestra manera de comunicarnos y de participar en la cultura. Este informe aborda de manera monográfica la industria editorial. En este sentido, Inma Ballesteros, directora de Cultura de la Fundación Alternativas, presentó el documento en el marco de la Feria del Libro de Granada.

También participaron Ana Gallego Cuiñas, catedrática de Literatura Latinoamericana en la Universidad de Granada y autora del capítulo “Políticas y valores de la edición independiente en España”; Ana del Arco, editora de Comares y presidenta de la Asociación de Editores Andaluces; Maribel Cabrera, editora de la EUG y presidenta de la Unión de Editoriales Universitarias españolas.

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5 mayo 2022

Alternativas recibe al embajador francés, Jean-Michel Casa

Otras áreas de trabajo

Alternativas recibe al embajador francés, Jean-Michel Casa

El equipo de la Fundación Alternativas, con Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo, al frente, recibió a una delegación de la embajada de Francia, con el embajador, Jean-Michel Casa a la cabeza. En nombre de Alternativas participaron Vicente Palacio, director de Política Exterior; Inma Ballesteros, directora de Cultura; Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio; Rodrigo Castellanos, coordinador de Política Exterior, y Youna Le Graet, asistente de Política Exterior.

Entre los asuntos que se trataron en la reunión, destacaron las recientes elecciones francesas; la importancia de las transiciones ecológica y digital para Europa; el fomento de la visión europea común a través de la cultura, los valores y la historia; o el futuro del proyecto comunitario y el auge de los populismos.

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4 mayo 2022

Inma Ballesteros presenta el Informe de Cultura en Valencia

Inma Ballesteros presenta el Informe de Cultura en Valencia

Inma Ballesteros, directora de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas, presentó en Valencia el Informe de Cultura que anualmente elabora este think tank progresista. El informe anual (desde 2011) de la Fundación Alternativas, se caracteriza por estar elaborado con absoluta independencia de criterio, sin velados compromisos con creadores artísticos o gestores de derechos de autor, ni con iniciativas públicas de ejecutivos de ámbito nacional y local. Supone una nueva oportunidad para revisar los desafíos a los que nos enfrentamos en un momento de grandes transformaciones tecnológicas que afectan a nuestra forma de comunicarnos y de participar en la cultura.

Este informe aborda de forma monográfica la industria editorial. Un momento muy oportuno para presentarlo en el marco de la Feria del Libro de Valencia, que como todas y todos, intenta recuperar su pulso después de la pandemia. El mundo del libro ha sido históricamente la vanguardia de los cambios culturales y su proyección y expansión en el consumo, o mejor en el disfrute de la capacidad creadora del ser humano. El libro, desde el relevo de la literatura oral a la escrita, ha sido un fin en sí mismo, y no un mero medio de entretenimiento.

El libro físico, formal, es diferente del libro “material”, con un contenido lo suficientemente denso y dinámico como para merecer tal nombre. Pues bien, ¿puede la transformación y el impulso tecnológico actual afectar al contenido concebido por quienes configuran un relato, y a su divulgación externa? Ésta es la pregunta imprescindible hoy. Es lo que interpela a las y los creadores ya la propia industria del libro. La repercusión en su cadena de valor es indudable, de principio a fin. La revolución digital abre una enorme variedad de técnicas de hacer llegar el libro al lector.

Nuevos retos que nos obligan a abrir nuevas vías para conectar a la creación literaria con el receptor del mensaje. Es el caso de los nuevos medios y plataformas de comunicación y de las trepidantes redes sociales. ¿Hay que apostar por un nuevo modelo en la industria editorial? Éste es uno de los objetivos de atención del presente Informe, que, junto a una visión necesaria de los diversos ámbitos de las industrias culturales, se centra especialmente en el sector editorial. Y lo hace teniendo muy presente la circunstancia disruptiva de la pandemia del virus COVID-19, que tan fuertemente ha golpeado –al tiempo que ha hecho crecer y evolucionar– en el mundo de la cultura, y en su interior en la literatura. Asimismo, ha planteado nuevos problemas legales como la propiedad intelectual en la era digital.

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28 abril 2022

El acoso escolar provoca la pérdida de hasta cinco meses de clase por curso

Políticas públicas

El acoso escolar provoca la pérdida de hasta cinco meses de clase por curso

La Fundación Alternativas organizó este jueves la presentación virtual del documento El impacto del acoso escolar en el rendimiento académico en España, de los investigadores Gisela Rusteholz, economista y doctoranda en la Universitat de València, y Mauro Mediavilla, profesor del departamento de Economía Aplicada en la UV. Jorge San Vicente Feduchi, subdirector del Laboratorio de la Fundación Alternativas, fue el encargado de presentar el debate, cuya moderación corrió a cargo de Andrea Ropero, periodista de La Sexta.

El acoso escolar o bullying es un fenómeno mucho más extendido en las aulas españolas de lo que la opinión pública percibe. Uno de cada cuatro estudiantes es víctima de agresiones (en una o más ocasiones) durante su vida escolar y “un 12% son víctimas de ciberbullying en Europa”, según la UNESCO. Asimismo, en España, durante el año 2021, la Fundación ANAR informó que “el 15,4% de los estudiantes denunciaban casos de acoso entre sus compañeros, y un 24% de los estudiantes aseguraba haber sido testigo de acoso en redes sociales a sus pares”. Estas cifras muestran que el fenómeno no debería subestimarse, ya que afecta a todos los estudiantes que participan, activa o pasivamente, pero especialmente a las víctimas, causando daños físicos, emocionales y relacionales que pueden tener consecuencias en toda su trayectoria educativa y laboral.

Asimismo, el acoso escolar deterioraría el desarrollo de habilidades sociales o relacionales de las personas involucradas, tales como “la asertividad, la empatía o la gestión del miedo o la ira”. A corto plazo, las consecuencias más habituales van desde el “temor a asistir a clase, la ansiedad y la depresión hasta las ideas suicidas”.

El documento de trabajo, que en el acto se ha encargado de presentar uno de sus autores, el profesor Mauro Mediavilla, analiza, por un lado, la prevalencia de casos de acoso escolar en España y su relación con variables como el género, el tipo de centro escolar y la comunidad autónoma en la que se localiza el alumno. Por otro lado, se realiza una cuantificación del impacto del acoso escolar sobre las puntuaciones de la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) del año 2018 en Matemáticas, Comprensión Lectora y Ciencias. Para ello, se analiza una muestra de casi 36.000 estudiantes de 15 años (la mayoría en 4º de la ESO) que estudiaban en centros de todo el territorio.

Para identificar el efecto del acoso escolar sobre el rendimiento académico se aplicó la metodología Propensity score matching. La estrategia para implementar esta metodología consiste en dos fases. En la primera, se estima la puntuación de la propensión (PS) que indica la probabilidad de ser acosado en base a diferentes variables personales y de contexto. En la segunda, se aplican diferentes algoritmos de emparejamiento con el objetivo de observar las diferencias en las variables de resultado (puntuación en Matemáticas, Ciencias y Lectura) entre el grupo victimizado (tratado) y no victimizado (control).

Según ha comentado Mediavilla, el acoso en el ámbito escolar tiene distintos apartados. De esta forma, en el último año un 15,03% del alumnado ha sufrido exclusión, un 29,17% burlas, un 11,94% amenazas, un 17,79% destrucción de propiedad, un 13,33% agresiones físicas y un 22,36% rumores sobre su persona.

Los resultados indican que el acoso tiene un “impacto negativo” en todas las habilidades evaluadas y que este efecto negativo equivaldría a la “pérdida de 3-5 meses” de educación formal para los estudiantes victimizados, en comparación con sus compañeros no victimizados. Esto representa entre “un 30% y un 50% menos de educación” en el año escolar de diez meses respecto de sus compañeros.

La prevalencia del acoso escolar en España es del “16,8% entre los estudiantes de 15 años”, según el índice que elabora la OCDE. No hay diferencias significativas “por género ni por tipo de centro escolar” (público, privado y concertados), pero sí que existen “diferencias menores” cuando se considera la comunidad autónoma de residencia del estudiante o entre los tipos de acoso —los chicos son más propensos a sufrir burlas (la forma de violencia más común en el ámbito escolar), agresión física, destrucción de objetos de los compañeros y amenazas, mientras que entre las chicas predominan los rumores—.

También existen diferencias por sexo en la frecuencia del acoso, ya que en la mayoría de secciones los chicos registran porcentajes superiores, Así, en exclusión llegan al 15,84% frente al 14,58% de las chicas; en burlas se sitúan en el 31,90% por 26,39%; en amenazas 15,32 por 8,52%; en destrucción de propiedad 20,66% por 14,89%; y en agresiones físicas 17,86% por 8,75%. Sólo en el capítulo de rumores las chicas están por delante, con un 23,02% frente al 21,69 de los chicos.

PÉRDIDAS EDUCATIVAS Y LABORALES

El trabajo destaca que el acoso escolar se erige como un “obstáculo más en el proceso de enseñanza-aprendizaje”, que puede generar un rendimiento académico “más pobre” y conducir, a corto plazo, al incremento en las tasas de “absentismo escolar, fracaso escolar o abandono escolar prematuro”. A largo plazo, los efectos del bullying pueden llegar a provocar “potenciales pérdidas de oportunidades educativas y laborales”.

Los autores consideran “imprescindible” no ignorar ni subestimar el problema, así como dedicar “mayores esfuerzos” a diseñar políticas que permitan la detección precoz de este fenómeno y que “mitiguen” de forma eficaz sus efectos. Asimismo, es necesaria la “realización de estudios complementarios” que combinen las aproximaciones “cuantitativas con las cualitativas al fenómeno”, así como estudios comparados que permitan “conocer políticas exitosas en otros países de nuestro entorno”.

En la mesa de debate que ha seguido a la presentación, José Antonio Luengo Latorre, decano del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, advirtió que “probablemente, las cifras reales de acoso escolar estén en prevalencia un poco por debajo de los que el estudio muestra, porque hay muchos jóvenes que están en conflicto con otros compañeros y se sienten acosados y, si se analiza esto desde un punto de vista objetivo, se puede ver cierta reciprocidad en los comportamientos violentos”. A su juicio, el informe “marca un espacio que es necesario explorar y ahondar”, ya que “llevamos mucho tiempo sabiendo las consecuencias de esta problemática y no estamos dando con la clave para erradicarla”.

Por su parte, Purificación Llaquet Baldellou, subdirectora general de Cooperación Territorial e Innovación Educativa en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, subrayó que uno de los síntomas que deben alertar al profesorado es cuando un alumno tiene “un bajón académico”, ya que puede ser consecuencia directa del acoso, porque el agredido “tiene que dirigir sus energías a lo que le está pasando”, afectando a su “ánimo, autoestima y generando soledad”. Llaquet alertó de que “normalmente el alumno acosado se siente culpable de lo que le está ocurriendo, y no es capaz de exteriorizarlo”, por lo que desde el ministerio están promoviendo que el acosado consiga “dar a conocer su problema para poder ayudarle”.

Cristina Sanjuán, técnica de Sensibilización y Políticas de Infancia en Save the Children España, advirtió que el acoso escolar y el ciberacoso en España “no es un juego típico de los niños”, sino que es un “problema real y una forma de violencia contra la infancia”, y detrás de la pérdida de “meses de estudio”, aparecen cuadros de “ansiedad, depresión y aislamiento social”, que son “síntomas y consecuencias” del problema. Según Sanjuán, existe una “ley del silencio” que dificulta enormemente que el alumno acosado sea capaz de llegar a “pedir ayuda”.

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26 abril 2022

Digitalizar las pymes: el gran reto de la economía española

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Digitalizar las pymes: el gran reto de la economía española

La Fundación Alternativas organizó el debate on-line titulado ‘La digitalización de las pymes’, con el objetivo de analizar este complejo proceso que se ha convertido en uno de los mayores retos de la economía española, junto a la transición ecológica. La aceleración de la digitalización supondría para España un incremento continuado del potencial de crecimiento del PIB, aumentando asimismo el bienestar social y la capacidad de adaptación ante entornos disruptivos como la crisis sanitaria. En términos empresariales, las compañías más digitalizadas son más productivas, sostenibles, internacionalizadas y competitivas, además de dinámicas en la creación de empleo.

Si bien los niveles de conectividad y equipamiento son altos, nuestro tejido productivo aún presenta margen de mejora, por ejemplo, en cuestiones relacionadas con la integración tecnológica de mayor complejidad, especialmente entre las pymes y microempresas. Esta brecha digital representa un lastre para que España aproveche las ventajas que la transformación digital ofrece. En el debate se presentó el documento ‘¿Cómo abordar la cuestión de la digitalización de las pymes y microempresas españolas? Diagnóstico de situación, recursos y propuestas’, de Raúl Minguez, director del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio de España.

El informe destaca la importancia de “sensibilizar” a las pymes sobre la digitalización y las implicaciones de la misma para su futuro. Para ello, es necesario “realizar campañas masivas de concienciación” sobre los beneficios de la transformación digital, explicando por qué es necesaria, en qué consiste, sus ventajas y beneficios, qué pasos concretos deberían dar las empresas para ser más digitales y los recursos públicos actualmente disponibles para ello. En este sentido, es fundamental acompañar cualquier intervención de apoyo con una “estrategia de alcance integral y diferenciada” según el sector, y cobra especial relevancia la “evaluación de la madurez digital” como una parte integral e inicial del proceso de transformación digital.

Según Mínguez estas herramientas de evaluación han de ser “homogéneas en todo el territorio español”, y valorar la utilidad de que sean también proporcionadas de manera “gratuita y online” por entidades intermedias como Cámaras de Comercio, asociaciones sectoriales de empresas o centros de innovación digital (DIH). Asimismo, estas evaluaciones de madurez digital contribuirán a tener un “mayor conocimiento global de las carencias de nuestras pymes y en particular de las rurales, en términos del tipo de transformación digital y el tipo de apoyo específico requerido”. La información proporcionada por las evaluaciones en todo el sector podría ayudar a comprender las barreras, las “oportunidades inexploradas” impulsadas digitalmente y el apoyo más adecuado para “categorías específicas de pymes, como las que pertenecen a los sectores más tradicionales”.

El autor también destacó la necesidad de “impulsar de manera decida y con ánimos de consolidación en el tiempo” la colaboración multidisciplinar para la digitalización, tanto en el seno de las “compañías como con entornos y plataformas que faciliten la interacción empresarial”, así como promover las “infraestructuras físicas” de apoyo a la digitalización empresarial, tales como “incubadoras tecnológicas o aceleradoras, viveros empresariales, hubs digitales, centros de coworking o laboratorios compartidos”.

INNOVACIÓN DIGITAL

Otro aspecto que el informe pone de relieve es el de aprovechar el “efecto palanca” de las empresas TIC para impulsar los inicios de la “transición digital en las pymes”, promoviendo la creación de mercados tecnológicos físicos y virtuales que utilicen la innovación digital como servicio. También se recomienda “fomentar la creación a nivel regional de ecosistemas de innovación digital colaborativos e integrados, aprovechando la dotación de proveedores de conocimiento, centros de investigación, grupos temáticos y similares, existentes en cada región”.

Mínguez aclaró que es también sustancial “promover el papel de los organismos intermedios” como agentes de apoyo para la “transición de los modelos de negocio” hacia nuevos paradigmas que incorporen los cambios digitales, y “establecer un marco normativo estable y armonizado”, de modo que el mismo, y la incertidumbre sobre cambios futuros, “no supongan una barrera más para las decisiones de inversión en digitalización”.

El experto también recomendó “simplificar el entorno regulatorio”, promoviendo la eliminación de barreras regulatorias, administrativas y de comercio transfronterizo, así como “impulsar la difusión del Open Data” e incentivar la participación activa de las Administraciones Públicas y empresas en el proceso. El aprovechamiento productivo de la información disponible que permite la tecnología exige “avanzar en el establecimiento” de una regulación específica que garantice el “diseño y aplicación de un plan de trabajo” concreto en materia de Open Data. En particular, a través del “compromiso de disposición en abierto” de la nueva información generada en el sector público, y la “incorporación gradual” de los registros públicos del pasado en un plazo determinado.

También participaron en el debate Paloma Cañete, coordinadora de la Mesa Digital de Madrid Foro Empresarial; Alberto Martínez Lacambra, director general de Red.es; Gonzalo Valdés, director de Estrategia y Consultoría de Making Science; y Nicolás Sartorius, presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas.

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25 abril 2022

Alternativas y Casa América analizan el “build back better” de Biden

Alternativas y Casa América analizan el “build back better” de Biden

Casa de América y Fundación Alternativas organizaron el coloquio titulado ‘El build back better y la política exterior de Biden’, con el objetivo de reflexionar sobre el estado actual de la agenda social y fiscal y de la democracia en Estados Unidos. El paquete de medidas de la Administración estadounidense incluye varias iniciativas para ampliar la cobertura sanitaria de los norteamericanos con menos recursos, ayudas para el cuidado de los niños, y también inversiones para impulsar la transformación energética que tiene que reducir al 55% las emisiones de gases de efecto invernadero en el país en los próximos diez años.

El objetivo de la Casa Blanca es poner a los Estados Unidos en el camino para cumplir sus objetivos en materia climática, crear millones de empleos bien remunerados, permitir que más estadounidenses entren y permanezcan en el mercado laboral, y conseguir un crecimiento sostenido de la economía.

En el debate también se analizó la política exterior del presidente Biden en varios frentes: económico, tecnológico, fiscal, político, seguridad, democracia y derechos humanos. En particular, los participantes profundizaron acerca de los posibles cambios de prioridades y de dirección que la guerra de Ucrania podría tener sobre la agenda doméstica y exterior de EEUU, y reflexionaron sobre los impactos en Europa y América Latina del conflicto bélico.

La bienvenida corrió a cargo de Enrique Ojeda, director general de Casa América, y Vicente Palacio, director Política Exterior de la Fundación Alternativas se encargó de la presentación y moderación del evento. Participaron Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Internacional; José María Lassalle, director del Foro de Humanismo Tecnológico de ESADE; Amanda Mars, corresponsal de El Pais en Washington (on-line); y José Antonio Ocampo, ex secretario Ejecutivo CEPAL (on-line).

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21 abril 2022

Alternativas para modernizar el sistema tributario español, asegurar su sostenibilidad y financiar el Estado de bienestar

Políticas públicas

Alternativas para modernizar el sistema tributario español, asegurar su sostenibilidad y financiar el Estado de bienestar

La Fundación Alternativas organizó este jueves el debate titulado ‘Conversaciones en torno al Libro Blanco para la Reforma Tributaria’. El volumen, que se presentó el pasado mes de marzo ante el Ministerio de Hacienda, ha sido elaborado por un Comité de Expertos, presidido por Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de la Fundación Alternativas, tras trabajar durante casi un año con el fin de poner sobre la mesa una serie de propuestas para adaptar el sistema tributario a la realidad económica del siglo XXI. El informe, de 800 páginas, pretende garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y permitir al Estado ejercer sus funciones de estabilización, redistribución y provisión de los servicios públicos que demanda la sociedad, en base a los principios de equidad y eficiencia.

Este primer seminario, centrado en los primeros capítulos del trabajo —diagnóstico general del sistema tributario, análisis de la imposición societaria y nuevos retos en la imposición patrimonial—, contó con la moderación del propio Ruiz-Huerta y con la participación de destacados expertos en materia tributaria del país.

Ruiz-Huerta inició el debate comentando que el libro tiene su origen en el “Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia” como respuesta española al programa Next Generation. El componente 28 del libro se refiere expresamente a una “reforma fiscal” que permita que a medio y largo plazo se “modernice y aumente” la eficiencia del sistema tributario de “nuestro país”. Por lo tanto, no se trata de ofrecer respuestas inmediatas, sino de “sugerir vías estructurales de reforma” para un sistema tributario en el nuevo escenario que vivimos. El libro cuenta con 118 propuestas, entre las que destacan “la imposición medioambiental, la societaria, la tributación de la economía digitalizada, la fiscalidad de las actividades económicas emergentes y la armonización de la tributación patrimonial”.

David López, economista senior en la división de Análisis Estructural del Banco de España y miembro del Comité de Expertos, fue el encargado de presentar el apartado de retos y diagnóstico del sistema tributario español del informe. López aclaró que el “valor añadido” del Libro Blanco se centra precisamente en este “diagnóstico”, realizado con el objetivo de dar una “visión integrada del sistema” que detectara los “problemas y sus alternativas”, antes que dar una “articulación de medidas”. De esta forma, el trabajo conlleva un destacado “esfuerzo pedagógico” en número de datos, intentando unir las culturas “jurídica y económica” para el análisis tributario, en base a la literatura y las evidencias “siempre que fuera posible”.

En este sentido, el propósito del Comité era el de apuntar los “retos” a los que se enfrenta en la “actualidad y en los próximos años” el sistema tributario español, llegando a la conclusión de que eran tres: “Garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, el reto medioambiental y garantizar la equidad en un contexto de mayor desigualdad y de concentración de la riqueza”. Según López, “los beneficios fiscales son una erosión importante del sistema tributario, de unos seis o siete puntos del PIB, mientras que la digitalización es un importante desafío para la tributación, así como el envejecimiento de la población”.

El experto puntualizó que los ingresos públicos están sujetos a una “presión de bases y, si queremos mantener este nivel de ingresos sin mayor crecimiento económico, se tendrían que aumentar los tipos, por lo que nos decantamos por un sistema más eficiente que amplíe bases y la posible solución está más en el ámbito internacional”. Sobre el reto de la fiscalidad medioambiental, López reconoció que “no hemos hecho los deberes en los últimos quince años” y que se trata del “mayor desafío a corto plazo”, ya que el contexto actual de crisis climática es imparable.

López sostuvo asimismo que el Libro Blanco pretende valorar la “equidad horizontal y vertical” del conjunto del sistema tributario, haciendo mucho énfasis en su “análisis distributivo” y en qué “paquetes compensatorios” se podrían articular. La reforma es “necesaria” por la relación con el gasto público, ya que el gasto es el “objetivo y los impuestos el instrumento”, y que este ha de realizarse con “criterios de eficiencia”.  Por otro lado, es imprescindible una “mejor integración” de las políticas de ingreso y de gasto, además de que los principios “asignativos y redistributivos” de estabilización deban estar presentes en el diseño del conjunto del sistema. En cuanto al papel del legislador, este ha de tener en cuenta “cuáles son sus objetivos para diseñar el sistema”.

Jorge Onrubia, profesor titular de Economía Pública en la Universidad Complutense de Madrid e investigador asociado de FEDEA, abogó por una “reforma integral” del sistema fiscal, algo que incluso sobrepasa el alcance del Libro Blanco. El analista también echó en falta un capítulo sobre la “economía política de las reformas fiscales”, puesto que, a pesar de que hay que “dejar en manos de los políticos las decisiones que implican valoraciones”, dentro de la realidad de los procesos en los que se realizan las reformas fiscales, mostró su preocupación por el “rechazo creciente a la aceptación social de los impuestos”, que dura ya “más de dos décadas”. Onrubia lamentó que “hablar de impuestos se haya convertido en una estrategia de cálculo electoral”. A su juicio, “nuestro país tiene un problema de déficit estructural, ya que le faltan entre 40.000 y 60.000 millones de forma permanente, y tenemos un problema cuando en 25 años hemos sido incapaces de rediseñar esa brecha”.

 

Desigualdad y pobreza

Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Internacional, destacó el “impacto de la fiscalidad en la desigualdad” que revela el informe, porque “este tiene que ser el debate en este momento”, ya que no se trata de “subir o bajar impuestos”, sino de entender qué “medidas fiscales” son aquellas que van a tener un “impacto en la reducción de la desigualdad y de la pobreza”. Celebró, precisamente, que estos volvieran a ser “temas centrales” tras dos años de pandemia. La evolución desde los años ochenta, no obstante, es “negativa”, porque “nuestro sistema tributario no ha contribuido a reducir la desigualdad, lo que delata que no hemos hecho bien las cosas con la utilización del sistema tributario y que puede responder a muchas razones, pero entre otras está la economía política”.

Ruiz recordó que, según el FMI y el Banco Mundial, que se reúnen esta semana, queda claro que “no es el momento de bajar los impuestos” y que no es adecuado en este contexto de inflación ir hacia “medidas de subsidios generalizadas”, sino que hay que ir a medidas mucho más “enfocadas”, ya que las generalizadas “no son sostenibles en el tiempo ni van a tener efecto en la inflación a medio plazo”.

Por su parte, María Teresa Soler, catedrática emérita de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Alicante y miembro del Comité de Expertos, centró su exposición en las reformas del impuesto de sociedades: “El Artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades es el causante de uno de los agujeros negros de la tributación de las multinacionales, cuyo marco global hay que tener en cuenta que no es estrictamente jurídico. Para Soler, “los Estados se han convertido en competidores dentro de un mercado, lo que tiene un efecto negativo sobre la justicia tributaria y el poder tributario”. Por otro lado, destacó que “una serie de normas impuestas desde la UE influyen en el Impuesto sobre Sociedades, probablemente mejorando el diseño, como son las reglas GloBE en tributación mínima efectiva de las multinacionales; la propuesta directiva DEBRA con el sesgo de endeudamiento; la directiva ATAD 3 sobre la utilización de sociedades fantasmas y, a medio plazo, la propuesta BAFIT, una especie de base imponible común del Impuesto sobre Sociedades en la UE”.

En la discusión final se han tratado otros temas que también se analizan en el Libro Blanco, como el alcance y posibilidades de la imposición patrimonial, dejando para un segundo seminario, que se desarrollará en el mes de mayo, cuestiones como la fiscalidad medioambiental y los impuestos a la economía digital y al emprendimiento y la innovación.

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Fundación Alternativas reivindica la igualdad de género en la presentación de su Libro Violeta

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Fundación Alternativas reivindica la igualdad de género en la presentación de su Libro Violeta

La Fundación Alternativas organizó este jueves la presentación de su Libro Violeta, titulado ‘Soy Mujer, Soy Alternativa’, editado dentro del marco de celebración del Día de la Mujer Trabajadora, que se conmemoró el pasado 8 de marzo. El volumen recoge las ideas de una serie de mujeres vinculadas, de una u otra forma, a la Fundación Alternativas, y en él han plasmado sus reflexiones sobre el papel de la mujer en la sociedad actual, desde la perspectiva de su propia experiencia. El evento, celebrado en el Ateneo de Madrid, contó con la presencia de varias autoras: Estrella Galán, directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR); Esther Rebollo, directora adjunta de Público; Elena Valenciano, presidenta de la Fundación Mujeres y ex diputada del Parlamento Europeo; Inma Ballesteros, directora de Cultura de la Fundación Alternativas; y Sandra León, profesora titular de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid y directora del Instituto Carlos III-Juan March.

Los retos en materia de igualdad que la sociedad española tiene por delante son aún muy destacables, y a pesar de las conquistas de los últimos años, el país está todavía lejos de situarse en plena igualdad entre hombres y mujeres, y son varios los obstáculos que quedan por superar, como una mayor incorporación de la mujer en puestos de poder; más igualdad de oportunidades y menos estereotipos; y la mejora de la conciliación laboral y familiar.

Los roles de género que tradicionalmente relegaban a la mujer al cuidado de los hijos y del hogar están cambiando. De todos modos, las desigualdades de género siguen siendo persistentes: las mujeres ganan menos que los hombres por el mismo trabajo; su representación en las instituciones públicas también es menor; la violencia machista sigue cobrándose vidas; y son ellas las que sufren en mayor medida la pobreza, la discriminación y la explotación.

La palabra «feminismo» cada vez está más presente en la esfera pública, pero la visibilización de la desigualdad de género es una tarea ardua, y no existen ningún país del mundo donde la igualdad sea plena entre hombres y mujeres. En España, ningún indicador establece una igualdad real, salvo el del número de mujeres en las universidades, pese a que su distribución en las distintas facultades tampoco es homogénea. En lo que se refiere al resto de indicadores -salarios, paridad en la toma de decisiones, asuntos económicos- la desigualdad sigue siendo palmaria.

Inmaculada Ballesteros destacó que en el libro participan mujeres de distintas generaciones y con experiencias vitales diversas, pero con “muchos puntos en común que vamos compartiendo a lo largo de la vida”. Ya desde niñas “percibimos las desigualdades y a muchas no hubiera gustado ser niños”, y cuando un hombre lee “nuestras experiencias le suenan como algo extraño”. Estrella Galán denunció que “la violencia de género no se puede llamar intrafamiliar, y no podemos perder las conquistas que tanto les costaron a nuestras madres en materia de igualdad. En cualquier caso, esta lucha sin los hombres no es posible”.

INMIGRANTES Y REFUGIADOS

Por su parte, Esther Rebollo sostuvo que se siente “afortunada” por todos los avances de los últimos años en igualdad entre mujeres y hombres, pero la sociedad española enfrenta “nuevos problemas” con la llegada de inmigrantes y refugiados, y queda mucho por hacer para conseguir unas “igualdades más transversales”, ya que “tenemos nuevos retos de género y raza por delante”. La periodista afirmó asimismo que “muchos hombres se creen que el feminismo es sólo cosa de mujeres”, mientras que en los medios de comunicación “hay más mujeres, pero las jefaturas están ocupadas por hombres, por lo que la mirada que se trasmite a la sociedad es masculina”.

Elena Valenciano aclaró que “las mujeres somos muy diversas y vivimos situaciones diferentes dependiendo de donde hayamos vivido, pero todas somos iguales y vivimos situaciones muy parecidas independientemente de dónde hayamos nacido”. La política recordó los años ochenta, cuando el ocho de marzo “apenas éramos 300 con una pequeña pancarta, y cuando las feministas jóvenes estábamos muy solas porque las organizaciones juveniles eran muy machistas, y las organizaciones feministas estaban integradas por personas muy mayores”. A día de hoy, todo eso ha cambiado mucho, pero es fundamental “seguir trabajando juntas, porque la lucha por la igualdad no es un camino consolidado, puede haber retrocesos. Y la unidad entre mujeres no es una virtud, es una necesidad absoluta”.

Sandra León: “Desde mi puesto docente me encuentro constantemente con sesgos de género. Es una batalla continua con un mundo patriarcal: en mi carrera profesional he encontrado muchas limitaciones, con profundas situaciones de desigualdad”. Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, puntualizó que el Libro Violeta cuenta con “miradas distintas con perspectivas diferentes, aunque con elementos muy comunes. La invisibilidad de la mujer, expresada por las autoras, se siente y se sufre a lo largo del volumen”.

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12 abril 2022

Convenio con la Fundación Cousteau para preservar los océanos

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Convenio con la Fundación Cousteau para preservar los océanos

Las fundaciones Alternativas y Philippe Cousteau “Unión de los océanos”, han sellado y ratificado por medio de un convenio, no solo sus coincidencias y amistad, sino sus compromisos mutuos de hacer llegar la Constitución y democracia a la mar y sus gentes, por medio de un proceso de racionalización de las estructuras operativas destinadas a proteger la vida en los océanos, la sensibilidad y el compromiso conjunto que pretende situar a España entre los modelos humanitarios más responsables, sostenibles y eficaces frente a los retos globales y el cumplimiento de los objetivos que la Agenda 2030 nos demanda. Conseguir un futuro sostenible y responsable en los océanos para 45 millones de ciudadanos españoles, 85 millones de turistas y un número incalculable de inmigrantes indefensos, entre ellos mujeres y niños, son el objetivo principal de acción conjunta de Fundación Alternativas y Philippe Cousteau “Unión de los océanos”.

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4 abril 2022

Declaración-Memorando de la Fundación Alternativas sobre la guerra de Ucrania y el futuro de la Unión Europea

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Declaración-Memorando de la Fundación Alternativas sobre la guerra de Ucrania y el futuro de la Unión Europea

Condena de la invasión rusa de Ucrania

La invasión rusa del territorio ucraniano del pasado 24 febrero es injustificable y condenable desde todos los puntos de vista. Supone una violación flagrante del derecho internacional y de los derechos humanos, al tiempo que un gran error político del mayor responsable del inicio de esta contienda: Vladimir Putin y su gobierno. Los europeos repudiamos dicha acción y confiamos en que gobiernos y sociedades europeas contribuyan con sus acciones y demandas a poner fin a la guerra cuanto antes.

Numerosos hitos están configurando nuestro presente inmediato y los sucesivos posicionamientos respecto al conflicto. Por ejemplo, la Reunión informal de los jefes de Estado o de Gobierno de Versalles, 10 y 11 de marzo; el Consejo Europeo de 23 y 24 marzo; la puesta en marcha de la brújula estratégica; las elecciones de abril en Francia y la presidencia francesa de la UE; o la cumbre de la OTAN de junio en Madrid.

La invasión rusa y la guerra tienen causas -que no justificación- que vienen de lejos. La guerra es expresión de una doble colisión de fondo: geopolítica e ideológica. De un lado, la posibilidad de una expansión de la OTAN a países ex soviéticos (Georgia, Ucrania) generó una reacción de la parte rusa, que siempre ha exigido una neutralidad. De otro lado, refleja el choque en suelo ucraniano entre dos visiones en conflicto: una democrática y europea, y otra de sesgo autoritario encarnada por el régimen de Putin.

En ambos niveles, geopolítico e ideológico, la UE no ha sabido gestionar del todo bien en los años recientes el giro de parte de la sociedad y la política ucraniana hacia Europa. Unas veces se ha incomodado innecesariamente a Rusia o no se le ha escuchado lo suficiente. Otras veces se han hecho demasiadas promesas imposibles de cumplir a Ucrania. Todos estas circunstancias han de tenerse muy en cuenta para nuestras decisiones en el futuro inmediato.

 

La reacción de la UE

La posición de España y de la UE, hasta este momento, es esencialmente correcta. Es muy de celebrar la unidad transatlántica y la cooperación generada en torno a la guerra junto a la administración de EEUU de Joe Biden.

Europa ha reaccionado en varios frentes: económico (sanciones financieras y comerciales, a oligarcas y sectores económicos); militar (envío de armas a través del Fondo Europeo para la Paz y de los EEMM); humanitario (acogida exprès de refugiados); comunicacional (censura de la desinformación); y diplomática: Resolución de condena en la Asamblea General de Naciones Unidas y mantenimiento de una interlocución con Rusia, a pesar de todo.

Posiblemente el conflicto y la negociación se prolongarán en el tiempo. La capacidad de unidad y resistencia interna de Europa (nuestras economías, pero también nuestros valores) se verá puesta a prueba.

Europa será capaz de salir reforzada de esta crisis si adopta una posición basada en:

1. Mantener la unidad política, especialmente en cuanto a las sanciones y la ayuda a Ucrania.

  • En cuanto a la ayuda militar europea, en una primera fase ha resultado crucial para nivelar mínimamente la correlación de fuerzas y para que Ucrania resista lo suficiente como para poder plantearse una negociación, y no una total imposición de parte de Putin.
  • En cuanto a las sanciones: es preciso recordar que es fundamental mantener la unidad de acción. Pero también que van a perjudicar al pueblo ruso
    y dañar las economías europeas.

2. Tratar de influir en la resolución del conflicto. Ello es difícil dado que Putin no reconoce como interlocutor a la UE. Pero Macron o Scholz, al menos, conservan interlocución. En todo caso, hay que evitar que la guerra produzca una metástasis o que se cronifique. El apoyo en la mediación de China y de democracias como la India, o la implicación activa del SG de NNUU, sería muy deseable.

3. Tener un papel activo en la “post-guerra” en cuanto a la reconstrucción de Ucrania (política, material, humanitaria).

4. Plantear las bases para la post-guerra: una nueva arquitectura de seguridad en Europa que no excluya a Rusia.

 

Hacia un orden internacional polarizado

Hay algo geopolíticamente nuevo que surge de la invasión de Ucrania y sus inmediatas consecuencias. El orden internacional posterior a la II Guerra Mundial (bipolar en el enfrentamiento entre EE.UU. y Rusia) y que es revisado tras la caída de la URSS (hegemonía de EE.UU.), podría transformarse hacia uno de estos dos escenarios. El primero, la cristalización de dos bloques nítidos confrontados. De un lado, el occidental, liderado por EE.UU. en lo político, económico y tecnológico, y por la OTAN en lo defensivo. Destacarían en ese bloque la Unión Europea, el Reino Unido, Japón, Canadá y Australia. De otro lado, la consolidación de un bloque de países de historia y realidad autoritaria dirigido por China, en alianza con Putin y quizá otros países asiáticos y africanos.

La competencia, que ya se ha abierto, se expresa, por ejemplo, en la lucha por la influencia en África y Latinoamérica. Y también en el continente europeo. De hecho, EE.UU. parece haber complementado su estrategia hacia el Índico-Pacífico con una mayor presencia en Europa.

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29 marzo 2022

Estrella Galán: “Las políticas que garantizan el poder del hombre frente a la mujer se perpetúan”

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Estrella Galán: “Las políticas que garantizan el poder del hombre frente a la mujer se perpetúan”

La Fundación Alternativas organizó este martes el debate on-line titulado ‘La mujer y el poder’, con el objetivo de analizar la evolución la mujer en su vida personal, profesional, familiar social y política respecto al hombre. La sociedad europea actual tiene por delante distintos retos que afrontar, tanto por hombres como por mujeres, en la lucha por la no discriminación, y hacer frente a problemas tan importantes como la desigualdad laboral, la violencia o las relaciones familiares desequilibradas, que lastran el desarrollo de la personalidad de la mujer.

Asimismo, dentro del marco de celebración del Día de la Mujer Trabajadora, que se conmemoró el pasado 8 de marzo, la Fundación Alternativas ha editado un pequeño libro que expresa las ideas de diversas mujeres vinculadas, de una u otra forma, con este think tank progresista. Patronas, trabajadoras, colaboradoras, amigas de Alternativas han escrito breves palabras sobre el papel de la mujer en la sociedad actual, desde la perspectiva de su propia experiencia. El volumen, titulado ‘Soy mujer, soy alternativa’, se presentó también durante el debate, moderado por Esther Rebollo, directora adjunta de ‘Público’.

Inmaculada Ballesteros, directora de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas, sostuvo durante el debate que existe una “manera femenina de entender el mundo”, vinculada a lo que “somos biológicamente y a nuestras trayectorias en la sociedad”. Ballesteros recordó que la mujer, históricamente, ha sido abocada a encargarse de los “cuidados” de terceras personas y a “buscar consensos en el ámbito privado”, por lo que la presencia de la mujer en los espacios públicos se ha visto “condicionada”.

Anaïs Pérez Figueras, directora de Comunicación de Google España y Portugal, aseguró que para “cambiar las estructuras de poder” hace falta llevar a cabo un “trabajo global”, ya que “unilateralmente” es muy complicado hacerlo, al igual que “es un esfuerzo muy exhausto tener que involucrar a toda esa globalidad para hacer el cambio”. En este sentido, Pérez Figueras aclaró que “la lucha por el feminismo también agota”, porque estar explicando y reivindicando lo mismo, una y otra vez, es un “trabajo muy arduo”. El consenso no tiene que ser unánime, pero tiene que “existir una línea de acción” en la que no sólo estén involucradas las mujeres, sino que “es necesario el acompañamiento de los hombres y de la diversidad”.

La periodista y crítica cultural María Guerra comentó que el poder, dentro del mundo de la comunicación en el que se mueve, es la “credibilidad”, pero cuando empezó en el periodismo, hace 29 años, se dio cuenta que “las mujeres hacían información, mientras que la opinión política y cultural estaba controlada por los hombres”. Sin embargo, en la actualidad las mujeres periodistas están “conquistando” espacios a los que antes no llegaban, como las tertulias y coloquios, coyuntura que “cabrea” a muchos hombres porque están perdiendo su cuota de poder. Respecto a la bofetada de Will Smith en la ceremonia de los Oscar, Guerra aseguró que le recordó a la película ‘Sin perdón’, de Clint Eastwood, un cineasta “incuestionado por la izquierda”. Sin embargo, la experta puntualizó que el machismo se está “revisando y nos encontramos en un momento interesante en el que los hombres ven que las mujeres ya no son sus coches ni sus caballos”.

Estrella Galán, directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y patrona de la Fundación Alternativas: “El planeta va a dos velocidades. Tenemos la realidad del Primer Mundo, y otra mucho menos visible donde las mujeres luchan contra un heteropatriarcado en un contexto en contra de sus derechos. En la mayoría de países las mujeres tienen menos poder que los hombres en términos generales, y vemos cómo se perpetúan políticas y marcos legislativos que siguen garantizando el poder de los hombres frente a las mujeres, y convirtiéndolas en ciudadanas de segunda. El heteropatriarcado está muy presente a nivel cultural, cosificando a las mujeres y convirtiéndolas en soldados para las guerras o mercancías en matrimonios forzosos”.

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24 marzo 2022

Alternativas analiza la incorporación del capital natural a la empresa

Sostenibilidad

Alternativas analiza la incorporación del capital natural a la empresa

La Fundación Alternativas organizó el debate on-line titulado ‘Los retos de la incorporación del capital natural en la empresa’. El notable crecimiento y prosperidad que ha tenido lugar en los últimos cincuenta años, se ha producido a expensas de un alto costo para los sistemas naturales. Las actividades humanas ya han alterado severamente el 75% de los ecosistemas terrestres y el 66% de los marinos. La naturaleza está disminuyendo a un ritmo sin precedentes, con casi un millón de especies en riesgo de extinción debido a la actividad humana.

Desde el punto de vista socioeconómico, los sistemas naturales representan más de un tercio de la economía mundial y proporcionan hasta dos tercios de todos los trabajos. La biodiversidad, además de suministrar alimentos, madera y sustancias para medicamentos, también proporciona agua limpia, suelos saludables y bienes culturales indispensables para el desarrollo de la economía.

Las compañías necesitan producir información confiable, relevante y adecuada para informar con rigor y garantizar una divulgación significativa y creíble sobre las métricas ambientales a sus stakeholders. Para ayudar a este cometido, en los últimos años han surgido distintas iniciativas dirigidas al sector empresarial para facilitar marcos estandarizados de medición, valoración y gestión del capital natural, como el Protocolo del Capital Natural, desarrollado por la Natural Capital Coalition

El debate profundizó en las distintas iniciativas puestas en marcha para facilitar a las empresas herramientas prácticas que les permitan conocer mejor las dependencias que sus operaciones tienen del capital natural, así como los impactos que producen sobre él para una toma de decisiones informada.

David Álvarez García, director Ejecutivo y Fundador en Ecoacsa, presentó las principales conclusiones del curso Nature-Incore, un proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, centrado en impulsar el empleo, el emprendimiento y el medio ambiente. Según Álvarez, el objetivo es “dar respuesta a las crisis interconectadas de pérdida de biodiversidad y climática, de contaminación y desigualdad social”. Esta coyuntura debe “impulsar” a las empresas a contar con perfiles que tengan una amplia y correcta comprensión de la “relación que sus organizaciones” tienen con la naturaleza y el capital natural, para incorporarlos a todos los “procesos de toma de decisiones”. A lo largo del curso, los alumnos han ido aprendiendo cómo aplicar las “evaluaciones de capital natural” y el enfoque de capitales desde una perspectiva más amplia, y las herramientas necesarias para “acelerar la transición” hacia una forma de hacer negocios y desarrollo de las empresas desde un punto de vista sostenible, y en alineación con las “necesidades de la sociedad civil y el sector empresarial”.

Luis M. Jiménez Herrero, presidente de ASYPS, recordó que el capital natural es la “aproximación económica a la naturaleza”, y tiene que ver con una “revisión en profundidad” de muchas cuestiones y conceptos en las relaciones de la economía con el medio ambiente. Es importante entender el sistema económico como un “subsistema dentro del medio ambiente, y nos recuerda que las leyes del mercado no pueden estar por encima de las leyes de la naturaleza”. Por lo tanto, la cuestión fundamental es “entender que la economía está en el medio ambiente”.

Isabel Tomé, responsable de Biodiversidad de Iberdrola, sostuvo que el capital natural ha vivido un “gran impulso” con la pandemia, desde las empresas y los gobiernos. No obstante, hay que seguir en la idea de “acelerar los mecanismos de inversión”, siendo “siempre conscientes de que la salud humana está por encima de todo y que dependerá del estado de la naturaleza”. El modelo económico actual es “insostenible si no se respeta el medio ambiente”, y la Comisión Europea está impulsando muchos proyectos para “implementar” el capital natural, y desde el Gobierno de España se ha puesto en marcha una “estrategia” que mejora las condiciones actuales. Pero todavía queda camino por recorrer para “conseguir una transformación empresarial y de toda la sociedad”.

 

Estrategia de Biodiversidad

Julieta Valls, responsable de Alianzas Corporativas de SEO/BirdLife, afirmó que “se ha avanzado mucho con el pacto europeo, pero la guerra de Ucrania va a retrasar la aprobación de la Ley de Restauración Natural, por lo que no estamos priorizando lo que realmente importa”. Con la pandemia ha quedado demostrado que la economía y la salud de las personas “dependen de la salud del planeta”. No se puede retrasar la directiva para “restaurar la naturaleza”, que va ligada a la estrategia de biodiversidad, porque está en juego el “futuro económico del planeta”. “Si no solucionamos la pérdida de biodiversidad y cambio climático en los próximos diez años, vamos a llegar a un punto de no retorno”, advirtió la experta.

José Antonio Barberá, responsable de Sostenibilidad en Bankinter: “Son muchos los retos que tenemos por delante, y el de la sensibilización es uno de los más importantes. Necesitamos generar una cultura del capital natural, y luchar contra la falta de información. Financiamos a empresas que generan CO2, y nos encontramos con una gran falta de información porque sólo determinadas empresas de determinado tamaño están obligadas a publicar información sobre sus emisiones, y estamos trabajando para conseguir esos datos que son fundamentales para en lo que respecta al capital natural”.

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22 marzo 2022

Alternativas recuerda la importancia de defender los ecosistemas en el Día Mundial del Agua

Sostenibilidad

Alternativas recuerda la importancia de defender los ecosistemas en el Día Mundial del Agua

La Fundación Alternativas organizó este martes el debate on-line titulado ‘El reto del agua en España. De la planificación hidráulica a la planificación hidrológica’, con motivo del Día Mundial del Agua. Se necesita agua en todos los sectores de la sociedad para producir alimentos, energía, bienes y servicios. En el curso de este siglo, el uso de agua en todo el mundo ha aumentado a más del doble de la tasa de crecimiento de la población. Muchas fuentes de agua se están secando, están más contaminadas o sufren ambos problemas. Además del estrés por la escasez de agua y de su contaminación, los países se enfrentan a crecientes desafíos relacionados con la degradación de los ecosistemas relacionados con el agua, la escasez de agua causada por el cambio climático, la falta de inversión en agua y saneamiento, y la cooperación insuficiente en materia de aguas transfronterizas.

Según el último informe de Naciones Unidas sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el mundo no está bien encauzado para alcanzar el Objetivo 6, que establece garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. En este sentido, quedó de manifiesto en el debate la preocupante situación de España, que requiere una aceleración drástica de sus políticas, desde enfoques integrados y holísticos de la gestión del agua.

José Luis de la Cruz Leiva, responsable del Área de sostenibilidad de la Fundación Alternativas, recordó que el agua es “patrimonio de la Humanidad” y un bien “fundamental” para la vida y “necesario” para todos los sectores de la sociedad, para producir “alimentos, energía, bienes y servicios”. Sin embargo, el uso actual del agua no es el adecuado, ya que en el curso de este siglo “hemos aumentado más de el doble la tasa de uso del agua con respecto al crecimiento de la población, y muchas de las fuentes se están secando y cada vez están más contaminadas”.

Julia Martínez, Executive Director New Water Culture Foundation, subrayó que el agua no es sólo un “recurso para las actividades productivas”, sino que tiene un gran “valor patrimonial, ambiental y cultural”, pero también a nivel “emocional, estético y lúdico”. Es un “patrimonio de los ciudadanos”, y desde el año 2010 Naciones Unidas ha reconocido y promulgado los “derechos humanos al agua y al saneamiento, aspectos esenciales para la nueva cultura del agua que promovemos desde nuestra fundación”.

Según la experta, en España el abastecimiento de agua está “garantizado en términos generales”, y el agua del grifo es de “buena calidad”, pero son necesarios más pasos para que haya una “garantía efectiva” de los derechos al agua y al saneamiento, porque se siguen produciendo “cortes a personas o colectivos” en situación económica precaria que “vulneran el derecho al agua”. Por ejemplo, en plena pandemia se tuvo conocimiento de que los asentamientos de migrantes que trabajaban en los invernaderos de Huelva “no tenían suministro de agua”.

Martínez aclaró que la transición ecológica tiene un “papel muy claro”, que no es otro que el de la “transición hídrica”, pero “no podemos seguir por el camino actual porque necesitamos recuperar unos ecosistemas que están incumpliendo la directiva marco del agua, ya que su estado no es el adecuado, y desde el año 2015 no estamos alcanzando los objetivos de una directiva europea que es de obligado cumplimiento”. Se trata de la mitad de los ríos, acuíferos, lagos, lagunas y zonas costeras que necesitan un “proceso de recuperación” a través de una “transición hídrica” que ponga a estas zonas como el “objetivo primario de las políticas de gestión del agua”.

Martínez sostuvo que no se trata sólo de “cumplir las leyes”, sino de tener claro que el agua es una “necesidad prioritaria” para el abastecimiento humano, mientras que la contaminación de las aguas por nitratos de origen agrícola y ganadero intensivo “sigue aumentando”. A su juicio, es fundamental “aplicar la nueva directiva” de agua potable aprobada por la UE en diciembre de 2020, que establece que “no puede haber agua potable en cantidad y calidad si no se protegen las fuentes de origen; y proteger las fuentes no es otra cosa que proteger los ecosistemas”.

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15 marzo 2022

Alternativas analiza en Bruselas los avances de la Ley de Mercados Digitales

Alternativas analiza en Bruselas los avances de la Ley de Mercados Digitales

La Fundación Alternativas organizó este martes el debate on-line titulado ‘Avances en la negociación de la Ley de Mercados Digitales’. Esta normativa tiene como objetivo promover mercados justos y competitivos en el sector digital. Concretamente, pretende establecer normas armonizadas en toda la UE y nuevas obligaciones a las plataformas digitales. Estas plataformas son elementos vertebradores clave para la economía digital actual, siendo el intermediario en la mayoría de las transacciones entre usuarios finales y usuarios profesionales.

El ámbito de aplicación de la Ley de Mercados Digitales se limita al sector digital, donde se identifican problemas apremiantes desde la perspectiva del mercado interior. Además, la propuesta se centra en una serie de servicios de plataformas básicas, las cuales son un número limitado, y cuyo papel de puertas de acceso al mercado puede provocar una menor disputabilidad de los servicios y de los mercados en los que intervienen.

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, encargado de moderar el debate, aclaró que el objetivo del  nuevo reglamento, que la Comisión presentó en diciembre del año pasado, es “adaptar la legislación” sobre competencia, y ante la irrupción de grandes empresas tecnológicas, que acaparan el mercado y dificultan la entrada de nuevos sujetos, “se pretende hacer una regulación estableciendo obligaciones en el mercado digital”. La normativa busca definir “qué se entiende por un servicio básico de plataformas, por su impacto en el mercado y por la relación con los consumidores”.

Adriana Maldonado, europarlamentaria socialista, afirmó que el reglamento va a marcar un “antes y un después” en la política digital mundial. La Unión Europea va a ser el “primer continente” del mundo en regular las grandes plataformas y “vamos a ser pioneros” a nivel mundial, regulando la innovación y la protección de los consumidores. La política avanzó que “estamos en los últimos coletazos de la negociación, y tenemos mucha más información que antes, por lo que vamos a ser capaces de aprobar esta Ley de Mercados Digitales en el plazo de año y medio, y en el contexto de una pandemia, y todo apunta a que el próximo día 24 se va a celebrar la última negociación entre Parlamento, Consejo y Parlamento, y en mayo se aprobaría definitivamente el texto”.

 

Marco igualitario

Paloma Lantero, Case Handler en la Dirección General de Competencia de la Unión Europea, recordó que la Comisión Europea ha tenido siempre la Ley de Mercados Digitales entre sus “prioridades”, y puntualizó que las grandes empresas digitales cuentan con una “posición muy fuerte” en los mercados, por lo que es “muy difícil competir” con ellas, ya que controlan las plataformas en las que ellas mismas compiten con otras empresas. La intención es que estos mercados digitales sean “más equitativos”, y crear un “marco igualitario” para que todas las empresas se sientan en capacidad de competir en “función de sus méritos y la calidad de sus servicios”, evitando los abusos de las grandes corporaciones.

Francisco Mingorance, socio fundador de Europa Insights, sostuvo que algunos proveedores de competencia en la nube están desarrollando “prácticas desleales”, al dominar segmentos del mercado y “controlarlo completamente”. Las cifras son muy claras: se trata de un mercado que cada año “dobla su presupuesto”, y para 2030 será superior a todo el mercado de las operadoras telecom en Europa, pero “la cuota de los proveedores europeos ha pasado de un 27% a un 16%, mientras que algunos de los grandes guardianes de acceso (gate keepers) han multiplicado su cuota de mercado por ocho”.

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12 marzo 2022

Alternativas, en el War and Peace de CIDOB sobre Ucrania

Alternativas, en el War and Peace de CIDOB sobre Ucrania

Fundación Alternativas estuvo presente en el coloquio organizado por el think tank CIDOB de Barcelona, y titulado “War and Peace in the 21st Century. A New Era of Geopolitics in Europe: How Can the EU Secure a New Peace in Ukraine?”.

En el seminario se debatió la arquitectura de seguridad en Europa tras la agresión de Rusia en Ucrania, la nueva arquitectura de seguridad en el continente, la autonomía estratégica europea o el rol de EEUU y China. Entre otros participantes, el seminario contó con figuras de primera línea como Javier Solana -patrono de la Fundación Alternativas-, François Heisbourg, André Sapir, John Ikenberry, Andrey Makarychev, Lanxin Xiang, y con la intervención especial de Pol Morillas, director de CIDOB.

En su pregunta dirigida a los ponentes, Vicente Palacio, director de política exterior de Alternativas, se refirió a la cuestión de la compatibilidad entre el orden multipolar que demandan potencias como China o Rusia, y un orden liberal internacional en aparente declive, lo que apuntaría a la necesidad de repensar un nuevo paradigma para después de la guerra de Ucrania.

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11 marzo 2022

Expertos reclaman fomentar la inclusión contra la desigualdad de la brecha digital

Políticas públicas

Expertos reclaman fomentar la inclusión contra la desigualdad de la brecha digital

La Fundación Alternativas organizó este viernes el debate on-line titulado ‘Mayores y brecha digital, con el objetivo de analizar la situación de este colectivo en la utilización de las nuevas tecnologías, que se han revelado como auténticos calvarios para los ancianos en su día a día, en cuestiones tan cotidianas como la utilización de los servicios financieros o las relaciones con la Administración Pública. La pandemia ha puesto de manifiesto los graves problemas que sufren los mayores por la falta de acceso a dispositivos digitales o a Internet, y cuando se plantea la cuestión de la brecha digital y la Tercera Edad, lo primero que viene a la cabeza es la retirada de dinero con cartilla y la utilización de los cajeros automáticos, pero la discriminación tecnológica es mucho más extensa y muy anterior a la llegada del Covid-19.

Pablo de Ramón-Laca, director General del Tesoro, destacó que el sentimiento de “impotencia” al no poder acceder a los servicios digitales ha “calado especialmente” en la sociedad. La reducción drástica del número de sucursales de los últimos años, con un 50% de oficinas cerradas y una pérdida del 30% de empleados, “ha impactado sobre todo en los pueblos”. No obstante, “la banca siempre ha mirado por sus clientes, porque de ello depende su cuenta de resultados”.

Según el economista, la digitalización es “inevitable”, y se puede gestionar para “evitar que nadie se quede atrás”, pero “a veces puede ser dolorosa: hace cien años, las llamadas telefónicas eran intermediadas y bastaba con cuatro números, pero después cambió y tenías que memorizar números más largos y usar las guías telefónicas. Y hace unos años, el equivalente a un mensaje de whatsapp era ir a Correos y poner un telegrama. Por ello, el cambio tecnológico es dramático tanto para el usuario como para los profesionales que pierden sus puestos de trabajo”.

No obstante, Ramón-Laca advirtió del error de “caer en la nostalgia de volver a un pasado que ya se fue”, y lo importante ahora es “asegurarse de que nadie se queda atrás”, por lo que es necesario “identificar” aquellos segmentos de la población más “vulnerables” ante la transición digital. Un millón y medio de españoles viven en municipios “sin sucursal bancaria”, con 233.000 con más de 75 años, “mientras que en el segmento de 25 a 44 años el uso de la banca on-line se acerca al 80%, en los mayores de 65 está por debajo del 40% y en los mayores de 75 está por debajo del 20%”.

Sergio Alejandro D’Antonio Maceiras, profesor en la ETS de Ingeniería de Sistemas Informáticos de la UPM, aclaró que es importante “incorporar a las políticas públicas un desarrollo inclusivo de las distintas tecnologías”, para que no se queden fuera sectores concretos de la población en función de su accesibilidad. El 40% de las personas mayores no accede a Internet a día de hoy, y mientras no exista una “inclusión real se van a seguir produciendo brechas”. En este sentido, para paliar el problema sería importante establecer “regulaciones e incentivos”, para que desde el ámbito privado y las empresas se tenga en cuenta las “posibles brechas” que se pueden generar.

El experto puntualizó que, dentro de la campaña ‘Soy mayor, no idiota’, “el primer incentivo que se puede destacar es el de no forzar a una digitalización que no se desea”, porque hay ciudadanos que, legítimamente, no desean conectarse a Internet: existen perfiles dentro de la población que “no ven un beneficio” en ello. La digitalización debe ser “inclusiva” y ha de empatizar con las formas de vida del público objetivo. La “relación con la Administración y con la banca, y las compras on-line” son los tres aspectos que más “dificultades” plantean a los colectivos que no dominan el mundo digital.

FORMACIÓN

María Abascal, de la Asociación Española de la Banca, afirmó que el problema de la brecha digital “no se puede negar”, y debe abordarse de “forma colectiva”. Se trata de un asunto “muy complejo” y requiere de la colaboración público-privada, ya que “la tecnología está presente” en multitud de facetas de la vida y en todo tipo de gestiones y servicios. La pandemia “nos ha obligado a apoyarnos en la tecnología para mantener nuestra cotidianeidad y contacto humano, aunque sea a través de pantallas”. La digitalización “ha de ser una opción, pero no una imposición”, y la “formación debe reforzarse en las empresas para reducir al máximo la brecha digital, pero también hacia los clientes”.

Abascal precisó que las medidas para abordar la inclusión financiera de colectivos vulnerables “ya están en marcha”, y la banca es muy consciente de que “la digitalización se produce a distintos ritmos y con distinta intensidad. Hemos presentado un paquete de medidas eficaz para abordar la situación en lo que se refiere a formación, pero también para los clientes que no desean digitalizarse, reforzando la atención personalizada”.

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas: “El envejecimiento de la población es muy claro en España, y es uno de los países donde este fenómeno se está dando de manera más rápida, influido, entre otras cosas, por un factor positivo como es la mayor esperanza de vida. Por otro lado, el desarrollo vertiginoso de la digitalización en todos los ámbitos ha dado como resultado una gran disrupción, porque los mayores quedan, de alguna manera, relegados y se convierten en víctimas de la brecha digital”.

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10 marzo 2022

Los retos del Gobierno de Boric, en Casa América

Los retos del Gobierno de Boric, en Casa América

Vicente Palacio, director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, ha moderado una conferencia organizada por Casa América, donde se ha hablado de los retos que enfrentará Gabriel Boric, que mañana toma posesión como presidente de Chile.

La conferencia ha contado con la participación de Heraldo Muñoz, canciller de Chile; Javiera Parada, gestora cultural; Leónidas Montes, director del Centro de Estudios Públicos (CEP); y María de los Ángeles Fernández, presidenta de Fundación Hay Mujeres.

En el acto se ha debatido sobre las propuestas de la nueva presidencia de Boric, que ya ha formado su gabinete ministerial, y los efectos que tendrá la llegada al gobierno de una nueva generación de políticos que procede de fuera de los partidos tradicionales. Los mayores retos en el horizonte serán el desenlace del proceso constituyente y la creación de un nuevo contrato que acometa el descontento de la ciudadanía con la desigualdad socioeconómica en Chile.

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2 marzo 2022

Primer Libro Blanco de la Alimentación sostenible en España: enfoque global y medidas concretas

Sostenibilidad

Primer Libro Blanco de la Alimentación sostenible en España: enfoque global y medidas concretas

La Fundación Alternativas y la Fundación Daniel y Nina Carasso presentaron este miércoles, en el Real Jardín Botánico de Madrid, su ‘Libro Blanco de la Alimentación Sostenible en España’. El volumen, en el que han participado más de 50 investigadores y profesionales del tercer sector, identifica y propone las principales claves para lograr una transición hacia sistemas alimentarios sostenibles y resilientes. Este objetivo se plasma en cada uno de los 13 capítulos temáticos que componen el tomo, a través de una serie de propuestas con el propósito de conciliar el sistema alimentario con las necesidades del planeta y responder positivamente a la demanda de los españoles de una alimentación saludable, equitativa y respetuosa con el medioambiente.

Entre las recomendaciones que propone el Libro Blanco de la Alimentación Sostenible en España para acometer una transición justa y ecológica hacia sistemas alimentarios sostenibles y resilientes, destaca la necesidad de que la ciudadanía esté “bien informada y sea capaz de tomar decisiones de consumo conscientes, adoptando un papel de agente activo en el proceso, obteniendo la información necesaria desde las etapas educativas y practicando hábitos alimentarios sostenibles en los comedores escolares”. Una correcta educación alimentaria, que llegue a toda la ciudadanía mediante estrategias de comunicación eficientes, debe contar, como requisito esencial, con una adecuada transparencia informativa para facilitar la toma de decisiones, guías alimentarias eficaces y una correcta caracterización y etiquetado de los alimentos.

Un cambio en los marcos políticos e institucionales es otro requisito que el libro plantea para transitar hacia una alimentación sostenible. Sobre este punto, la compra pública de alimentos sostenibles puede generar un importante crecimiento de su demanda y redundar en potenciar unas relaciones económicas y laborales justas y transparentes para obtener alimentos de manera respetuosa con el medio ambiente. Asimismo, permitiría ofrecer alimentos más saludables a colectivos especialmente sensibles, como son los centros educativos, sociosanitarios o penitenciarios. Sin embargo, para avanzar en ello es necesario que la compra pública cuente con una legislación más adecuada que estimule su efectividad, mejorando la coordinación entre las distintas administraciones y reforzando la formación y capacitación del personal técnico y del liderazgo político.

El Libro Blanco también sugiere corregir las disfunciones del sistema alimentario, derivadas en muchas ocasiones de la falta de consideración de las externalidades negativas ambientales y sobre la salud que provoca el diseño inadecuado de los instrumentos financieros de las políticas públicas, o de una desigual distribución de los beneficios y costes del funcionamiento del sistema. En este sentido, es necesario “modificar la fiscalidad que se aplica a ciertas actividades productivas y a los propios alimentos” para mitigar los efectos externos negativos sobre el medio ambiente o la salud. También es importante “modificar los sistemas de ayudas, como los de la Política Agraria Común (PAC), y reorientarlos hacia modelos de producción respetuosos con la naturaleza, ya que no responden a las necesidades de unos sistemas alimentarios sostenibles y son nocivos para la salud de personas, animales y ecosistemas».

 

Cadena de valor

En lo que se refiere a la cadena de valor, esta ha de ser equilibrada, transparente, inclusiva y resiliente. Para ello, los actores implicados han de tener un reparto equitativo que permita cumplir con los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) y conseguir una economía circular que integre a las explotaciones familiares, basada en la investigación e innovación, favoreciendo los productos locales y de temporada, los mercados campesinos y la agroecología. El suelo agrícola debe ser protegido, sobre todo en las zonas periurbanas y los seguros agrarios deben ser potenciados, así como el ahorro energético y las energías renovables.

Por otro lado, la producción alimentaria debe estar en equilibrio con la naturaleza. Desde una posición de respeto hacia el medio ambiente, la resiliencia y el empoderamiento de las personas que se dedican al sector agroalimentario cobran un papel primordial frente a un mundo globalizado y sometido al cambio climático. El modelo productivo debe ser capaz de generar rentas dignas y unas adecuadas condiciones de trabajo, incorporando a las mujeres al sector y protegiendo a los trabajadores frente a los elementos tóxicos y contaminantes empleados en la producción. A este respecto, el conocimiento científico, la innovación y el acceso a la digitalización deben ser herramientas básicas para el desarrollo del marco productivo que propone el Libro Blanco de la Alimentación Sostenible en España, además de una profunda consideración por la agroecología y la pesca sostenible.

Este primer Libro Blanco sobre la alimentación sostenible en España no tiene todas las soluciones pero sí es un punto de partida para lanzar un debate sobre cómo debería ser la alimentación en 2030. Medidas concretas dirigidas a facilitar la transición hacia un sistema alimentario sostenible desde un punto de vista sistémico. Es parte de la solución porque la alimentación es mucho más que alimentos, es un todo vista con el prisma filosófico del desafío de la reflexión y de no quedarse en el aspecto más cotidiano que encierra. Es también salud, agua, ciudades, ecosistemas, terrestres, clima, educación, empleo, industria, igualdad y el resto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esta dimensión múltiple de la alimentación la convierte en un eje estratégico para trabajar de manera sistémica todos los ámbitos de la sostenibilidad. También, eje transversal de trabajo y de ideación de un nuevo habitar.

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25 febrero 2022

Delegación chilena de centro-izquierda visita Alternativas

Delegación chilena de centro-izquierda visita Alternativas

La Fundación Alternativas ha recibido a una delegación chilena compuesta por miembros de diversos partidos políticos del centro-izquierda, próximos al nuevo Gobierno del presidente Gabriel Boric, y que se encuentra en España para conversar con diferentes fuerzas y entidades del espacio progresista. El Gobierno chileno enfrenta numerosos retos en su mandato, como el desarrollo de la nueva Constitución que está siendo debatida actualmente en la Asamblea Constituyente, la puesta en marcha de transformaciones económicas y sociales para reformar el estado del bienestar, y la definición de una política exterior que vuelva a posicionar a Chile en el centro del multilateralismo latinoamericano.

En el encuentro, la delegación ha debatido con miembros de la Fundación sobre la situación política y social española y chilena, analizando retos comunes. Entre los temas que más interés han generado, destaca la cuestión de la reforma fiscal, que está presente en el horizonte de ambos países. En el caso de España, en el marco de los fondos Next Generation de la Unión Europea, y en el caso de Chile, como parte de los objetivos del nuevo ejecutivo para avanzar en la justicia social. También se ha comentado la cuestión de la sostenibilidad medioambiental, que es uno de los ejes del trabajo de la Fundación, y está en el horizonte político para ambos países, junto con otras cuestiones como la agenda cultural, las relaciones exteriores España-Chile y la cuestión de la descentralización en los casos español y chileno.

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24 febrero 2022

Alternativas y CEAR presentan el ‘Libro Blanco del Sistema de Protección en España’

Otras áreas de trabajo

Alternativas y CEAR presentan el ‘Libro Blanco del Sistema de Protección en España’

CEAR y la Fundación Alternativas presentaron el ‘Libro Blanco del Sistema de Protección Internacional en España’, en el que se analiza el modelo existente y se plantean una serie de propuestas a la reforma anunciada por el Ministerio de Inclusión hace unos meses.

Según CEAR, es fundamental mejorar el sistema de protección internacional ante las “situaciones de tensión y desbordamiento” que se han dado en los últimos años tras el aumento exponencial de las solicitudes. Esto provocó disfunciones en el procedimiento de asilo, así como en el proceso de acogida e inclusión social, rigidez en la asignación de plazas, una planificación mejorable y descoordinación entre las administraciones implicadas. “Hoy más que nunca es necesario defender el derecho de asilo y construir un sistema de protección internacional inclusivo, eficaz, equitativo, humanizador, no discriminatorio y respetuoso con la diversidad cultural”, manifiestó Carlos Berzosa, presidente de CEAR.

Por todo ello, apunta a que «el sistema de acogida precisa de una necesaria actualización debido al crecimiento del flujo de personas que solicitan asilo en España, la adaptación al Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) y a la Directiva de Acogida». Pero sin ignorar los puntos fuertes del actual modelo: «La integración social desde sus primeras fases, la atención integral y profesionalizada y la colaboración con organizaciones especializadas que cuentan con una larga experiencia en la atención a personas solicitantes de asilo, garantizando así la participación ciudadana en esta responsabilidad de los estados y, por tanto, un mayor éxito en la necesaria cohesión social».

“Lo que proponemos es un modelo flexible con capacidad de adaptarse a los cambios, ya que la situación del desplazamiento forzado es siempre inestable y, la mayoría de las veces, poco predecible. Es necesario que exista un consenso amplio, que incluya las propuestas de las organizaciones especializadas y participantes del sistema, para proteger al nuevo modelo de asilo de coyunturas y vaivenes políticos”, destacó Estrella Galán, directora general de CEAR.

Por este motivo, CEAR reclama al Gobierno que el nuevo sistema de protección internacional tenga en cuenta las siguientes propuestas recogidas en el volumen:

  • Crear una Agencia gubernamental autónoma responsable de las políticas estatales de acogida e integración de personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, así como órganos autonómicos de gobernanza, coordinación y gestión, potenciando las mesas técnicas de coordinación con las administraciones públicas y las entidades especializadas que participan en el sistema de acogida.
  • Articular el sistema de acogida con una primera fase centrada en proporcionar una recepción y acompañamiento inicial de responsabilidad estatal, mientras la solicitud de asilo de la persona es evaluada; y una segunda fase de inclusión y autonomía de responsabilidad compartida, estatal y autonómica, una vez se resuelve su petición.
  • Mantener el carácter inclusivo y garantista actual, cuyos principios básicos son la integración y la inclusión social desde el primer día que la persona comienza su proceso de acogida, independientemente de la previsión que pueda existir respecto a su resolución favorable o denegación.
  • Potenciar la responsabilidad y solidaridad compartida entre territorios, a través de una serie de requisitos mínimos de distribución y criterios equitativos en la asignación de plazas para que no existan diferencias ni arbitrariedades en la atención jurídica, social, laboral o psicológica según el lugar donde residan quienes buscan protección.
  • Aportar sostenibilidad al sistema dotándole de recursos y medios suficientes, y desarrollando un plan formativo dirigido a todo el personal de las administraciones públicas.
  • Priorizar la experiencia de las entidades sociales especializadas y de la propia administración en la gestión del sistema, frente a criterios meramente económicos que podrían poner en riesgo la sostenibilidad del mismo evitando así el riesgo que supone la entrada de nuevos proveedores de servicios con un exclusivo ánimo de lucro y/o sin experiencia en esta delicada materia.

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18 febrero 2022

Alternativas reclama el apoyo político para que los jóvenes artistas accedan al mercado laboral

Alternativas reclama el apoyo político para que los jóvenes artistas accedan al mercado laboral

La Fundación Alternativas organizó este viernes la presentación on-line del documento ‘Plan de acceso al mercado laboral en las profesiones artísticas’, elaborado por Ángel Martínez Roger, director cultural de la Biblioteca Nacional de España. Entre los puntos más relevantes del documento, Martínez Roger destacó la importancia de una “decidida voluntad política” para mejorar el empleo y la empleabilidad de los jóvenes artistas. En este sentido, la inversión en enseñanzas artísticas debe “ir acompañada de una acción de gobierno” para implantar una “red profesional y social en beneficio de todos”. De esta forma, se “abaratan” los costes de producción, porque se “genera” tejido productivo y porque garantiza el “relevo generacional” de profesionales de las artes escénicas, audiovisuales, plásticas y de diseño.

Según el experto, ni el Estado ni las distintas administraciones se han “implicado” nunca seriamente en el desarrollo de una iniciativa clara para ayudar a los jóvenes artistas, pero, paradójicamente, el Estado sí ha sido responsable, a través de sus distintas administraciones públicas, de “generar” un entramado de teatros, centros culturales y bibliotecas (financiados también con dinero público) que no han recibido “el fluir de la producción artística de las escuelas y centros superiores de enseñanza públicos”. Por ello, el salto de los “egresados de las artes desde los conservatorios y escuelas al mundo laboral, ha sido y es un salto a un abismo sin ninguna articulación coherente”.

Sobre este punto, Martínez Roger reclamó “el apoyo a los artistas emergentes desde las administraciones, apostando por espectáculos, conciertos y productos artísticos en general pilotados por ellos y enfocados a un público joven. Para ello, es necesario apostar más decididamente por los viveros de empresas y residencias artísticas, gracias a una iniciativa público-privada, con resultados en un nuevo tejido, generando un nuevo público infantil y juvenil”.

En el caso concreto del teatro lírico y la música clásica, el autor propuso la puesta en marcha de “agrupaciones camerísticas y de pequeño formato, derivadas de las asignaturas de cámara: dúos y cuartetos”. La ópera en Madrid es “casi exclusiva del Teatro Real, con algunas honrosas excepciones”. Podría popularizarse con “pequeños formatos en lugares que ya se esfuerzan por programar espectáculos de música clásica”. En lo que se refiere a las bibliotecas, Martínez Roger sugirió una serie de acciones “para destinarlas a usos más amplios, convirtiéndolas en espacios de encuentro para conciertos, exposiciones, narraciones, cuenta-cuentos o lecturas dramatizadas”.

El informe de Martínez Roger también subraya la importancia de establecer “sistemas de cooperación y colaboración” entre instituciones, empresas y artistas de diversas disciplinas, tejiendo redes estables y acercando servicios artísticos de proximidad al territorio “local y rural”. La digitalización, acelerada la pandemia, “nos permite abrir la periferia al centro y viceversa, planteando el reto de generar nuevos espectáculos y encuentros que no son en vivo, ayudando a encontrar nuevos públicos. Hay que atraer talento, de forma descentralizada, partiendo de lo que ya existe en los espacios de la periferia, implicando a los actores locales y territoriales en cooperación”.

Por otro lado, “el Ministerio de Hacienda debe comprender lo crucial de la redacción de la futura Ley de Mecenazgo para el sector de la cultura, que deberá tener altura de miras en su redacción, facilitando los microcréditos para financiar de manera específica proyectos concomitantes y consecutivos del proyecto general”.

También participaron en el debate Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas; Arturo Rubio Arostegui, director de la Escuela de Doctorado de la Universidad Antonio de Nebrija; Raquel Caerols, profesora en la facultad de Ciencias de la Información de la UCM; Sergio Toyos, coreógrafo y estudiente de dramaturgia de la RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático); Iris Hernández Gómez, gestora cultural y politóloga, miembro del equipo motor de Galaxxia y Locus; e Inmaculada Ballesteros, directora del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas.

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16 febrero 2022

El Gobierno anuncia un plan integral y multidisciplinar para prevenir las patologías cardiovasculares

Políticas públicas

El Gobierno anuncia un plan integral y multidisciplinar para prevenir las patologías cardiovasculares

La Fundación Alternativas ha organizado este miércoles la presentación del documento La situación de las enfermedades cardiovasculares en España. Principales factores de riesgo e impacto en la gestión de las enfermedades crónicas. Tras dos años de convivencia con el coronavirus, las enfermedades cardio-metabólicas (ECV) siguen representando la principal causa de mortalidad en España, y el progresivo envejecimiento de la población en España empeorará los datos en el futuro, por lo que el informe trata de ofrecer datos para evaluar la situación de la enfermedad en España, así como recomendaciones para su correcto abordaje.

Tal y como recoge el informe, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2018 —último año con datos oficiales— fallecieron en España 120.859 personas (el 53,7% mujeres y el 46,3% hombres) como consecuencia de las ECV, lo que supone una mortalidad de 230,5 por cada 100.000 habitantes. Asimismo, la edad media de la muerte en hombres fue de 78 años, mientras que en mujeres se situó en 84 años. La cardiopatía isquémica lidera el cómputo de las muertes por ECV en los hombres; el ictus, en las mujeres. Todo ello hace que las ECV sean la principal causa de muerte en España (28,3%), seguida del cáncer (26,4%) y de las enfermedades respiratorias (12,6%). Por comunidades, Andalucía, con una tasa del 300,4, seguida de Melilla (277,9) Ceuta (273,5), Canarias (265,5) y Murcia (254) muestran la mortalidad cardiovascular más elevada. Por el contrario, Madrid (168,8), Navarra (195,6) y Castilla y León (199,8) son las que muestran las tasas más bajas de España.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, destacó la “relevancia del estudio” y apuntó a los “retos” que se presentan como consecuencia de las enfermedades cardiovasculares. “Hemos tenido muchos avances sanitarios y somos líderes en muchos apartados, pero la cronicidad de las enfermedades cardiovasculares es una de las prevalencias mayores en nuestro sistema de salud”, indicó la titular de Sanidad, quien subrayó que la esperanza de vida española “muestra que tenemos un gran sistema sanitario, pero la cronicidad a partir de los 60 o 65 años nos lleva al reto de no sólo vivir más, sino vivir mejor”.

En este sentido, Darias puntualizó que “debemos replantearnos el abordaje de las enfermedades cardiovasculares, ampliando la perspectiva para contemplarlas desde la óptica integral de la salud pública. No se trata sólo de plantear la atención a estas patologías, sino de la salud en su conjunto, para evitar los factores que predisponen su desarrollo”. La ministra recordó que la estrategia de salud cardiovascular contempla un “enfoque integral y multidisciplinar”, que “vamos a aprobar en breve”. “En esta Legislatura”, anunció, “vamos a mejorar y ampliar la capacidad del Sistema Nacional de Salud en su vertiente preventiva, que es clave contra las patologías cardiovasculares, en lo que se refiere a los factores de riesgo como el tabaquismo, sedentarismo, alcoholismo o la mala alimentación”.

Por otro lado, la ministra recalcó que “la implantación de las nuevas tecnologías en sanidad es fundamental” y que la estrategia de “salud digital va a tener una inversión de 700 millones de euros, lo que supone un salto cualitativo y cuantitativo en la lucha contra la cronicidad”. En los últimos dos años, “nos hemos dedicado a luchar contra la pandemia, lo que ha generado una desatención de otras patologías, por lo que son muchos los retos que tenemos por delante, y el documento de la Fundación Alternativas nos permite seguir focalizando en las respuestas que tenemos que dar”.

El informe, cuyos autores son Rafael Gabriel, profesor en la Escuela Nacional de Sanidad, y Rafael Bengoa y Patricia Arratibel, directores de SI-Health, tiene como objetivo realizar un “análisis actualizado de la información epidemiológica y estadística” sobre las enfermedades cardiovasculares y sus principales factores de riesgo en España, en comparación con el entorno europeo. Tras el estudio realizado, se puede afirmar que, en España —donde, no hay que olvidar, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de mortalidad— existe una “disminución de la mortalidad” por las principales ECV de tipo isquémico (tanto coronaria como ictus), que viene produciéndose de forma paulatina desde hace 50 años. No obstante, en la última década se está registrando un “aumento preocupante de la mortalidad prematura” en menores de 70 años, lo que, unido a una mayor supervivencia de los pacientes cardiovasculares, podría producir una “estabilización de la mortalidad” en los próximos años.

Por otro lado, se observa también un aumento preocupante de la prevalencia de “obesidad y de diabetes”, así como unos altos niveles de presión arterial y de colesterol —principales factores de riesgo de infarto o un ictus cerebral—, lo que representa el “mayor desafío actual para lograr los objetivos de la OMS de 2025”. Según Gabriel, tanto obesidad como diabetes son “dos grandes pandemias, no reconocidas y silenciosas, que no reciben la atención necesaria”. Por otro lado, siguen existiendo “grandes brechas de desigualdad de género, social y situación geográfica en la distribución de la carga de las enfermedades”.

Las desigualdades en la carga de morbilidad plantean “retos adicionales” que requieren la “intensificación de las iniciativas políticas” para reducir el riesgo de la población y priorizar la prestación de atención de salud cardiovascular, con especial énfasis en la “prevención secundaria”, particularmente en los grupos de población más vulnerables y en las regiones españolas más desfavorecidas.

El profesor Gabriel recordó que “todavía no hemos conseguido erradicar el tabaquismo”, ya que uno de cada cinco adultos fuma —44% en hombres y 11% en mujeres—, mientras que uno de cada quince adultos sufre diabetes y uno de cada cuatro tiene obesidad. El consumo de alcohol es “el doble en España que Europa y tres veces mayor en hombres que en mujeres”, como ya destacaba otro reciente documento de la Fundación Alternativas. A su juicio, “la pandemia debería ser vista como una oportunidad para abordar de manera integral la evaluación y prevención del riesgo cardiovascular”.

ENORMES CAMBIOS DEMOGRÁFICOS

Según los últimos datos de 2019 del proyecto Global Burden of Disease (GBD), del Institute for Health Metrics and Evaluation, calculados a partir de los resultados de la carga mundial de morbimortalidad en 2017, en España se esperan “enormes cambios en los patrones demográficos” a lo largo de este siglo, con un gran aumento del número de personas ancianas en comparación con los jóvenes y una “reducción muy significativa” de la población total (sólo 23 millones de personas a finales del siglo XXI). Por otro lado, la esperanza de vida al nacer pasará en treinta años de los “85,8 años actuales a los 88,6 en las mujeres, y de los 80,2 años actuales a los 85,4 en los hombres”.

Por su parte, Bengoa recordó que el “85% de las enfermedades cardiovasculares son prevenibles”, pero es necesario “actuar urgentemente” sobre los factores de riesgo, ya que “no lo estamos haciendo con suficiente energía”. Según el experto, las enfermedades crónicas desestabilizan el sistema de salud, ya que “el 70% del gasto y el 91% de la mortalidad están vinculados a esa cronicidad, lo que además ha creado un entorno favorecedor para la pandemia”. En este sentido, son necesarias “políticas activas”, ya que el sistema de salud no tiene la capacidad de “autoorganizarse”.

Entre las recomendaciones del informe, destaca la importancia de “implantar sistemas de vigilancia epidemiológica; adecuar los registros epidemiológicos y encuestas de salud al COVID-19, diabetes o cáncer; promocionar estudios y mega ensayos clínicos para conocer mejor la distribución de las ECV y la efectividad de las medidas de prevención primaria; implantar las nuevas tecnologías para mejorar el acceso a los datos clínicos de los pacientes; emplear criterios clínicos y epidemiológicos para facilitar la evaluación y los estudios poblacionales; y poner en marcha programas armonizados entre comunidades autónomas de cribado de los principales factores de riesgo cardio-metabólicos”.

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, que dio la bienvenida al acto, aclaró que, dada la importancia de la Sanidad en España, que “dedica a Sanidad el 10% del PIB y cuya carga económica va en aumento”, la Fundación Alternativas está haciendo un especial esfuerzo en ofrecer propuestas de mejora para el Sistema Nacional de Salud. “Este documento”, observó, “está dirigido a las autoridades médicas, pero también a las autoridades públicas y al Gobierno, para ayudarle en su estrategia sobre salud cardiovascular y sobre la gestión de la Sanidad en su conjunto”.

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10 febrero 2022

Pere Portabella recibe el Honoris Causa por la Universidad de Girona

Otras áreas de trabajo

Pere Portabella recibe el Honoris Causa por la Universidad de Girona

Pere Portabella, presidente de la Fundación Alternativas, fue investido Doctor Honoris Causa por la Universitat de Girona, en un acto celebrado en el Aula Magna de la Facultat de Lletres, la iglesia de Sant Domènec.

Con esta distinción, la Universitat de Girona quiere reconocer la trayectoria de Portabella, “tanto en el campo cinematográfico y cultural como en la esfera social y política, en la que se ha significado por su compromiso por la libertades y las prácticas artísticas ligadas a las vanguardias”.

La investidura fue propuesta por el Decanato de la Facultat de Lletres y el decano, Àngel Quintana, fue el padrino del doctorando.

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3 febrero 2022

El Gobierno anuncia un plan de 130 medidas en la lucha contra la España vaciada

Sostenibilidad

El Gobierno anuncia un plan de 130 medidas en la lucha contra la España vaciada

La Fundación Alternativas y la Fundación Repsol organizaron el debate on-line titulado ‘El papel del capital natural en la transición justa y el reto demográfico’, con el objetivo de abordar cuestiones de primera magnitud para el medio ambiente y la sostenibilidad, como la puesta en valor del patrimonio y la riqueza natural para ser un activo para la generación de oportunidad en la España vaciada, que permita al país cumplir los objetivos del reto demográfico.

La Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de cara al 2030 considera la silvicultura un factor importante de la sociedad europea, ya que contribuye a la viabilidad de las zonas rurales en cuanto a preservación del empleo, oportunidades económicas, calidad de vida y medio ambiente. Por otro lado, el Plan de Recuperación ‘130 Medidas frente al reto demográfico’ considera que el fomento de la bioeconomía y la conservación de la biodiversidad son esenciales para revitalizar, generar oportunidades de desarrollo y mayor calidad de vida de la población de los pequeños municipios y las zonas rurales, contribuyendo además con los objetivos globales sobre cambio climático y biodiversidad.

En este sentido, Juana López Pagán, directora general de Políticas contra la Despoblación, destacó que “contamos con una cohesión con las políticas de cambio climático y transición justa, de fomento de la biodiversidad y de la gestión forestal que son clave para la revitalización de nuestro territorio y de nuestro mundo rural, así como de los espacios intermedios, que son absolutamente esenciales en la lucha contra la despoblación, la desigualdad y las vulnerabilidades territoriales y sociales”.

Según López Pagán, el “salto cualitativo que estamos dando” en políticas públicas respecto al reto demográfico y la lucha contra la despoblación, conlleva un “ejercicio de transversalidad donde queremos integran otras muchas iniciativas públicas” que se están desarrollando en el marco del Gobierno. Cuando arrancó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico puso también en marcha un “programa de medidas demográficas” que actuase sobre el territorio y que pusiera sobre la mesa que “hay vida más allá de lo urbano, con la idea de construir un círculo virtuoso entre lo rural, lo intermedio y lo urbano”.

La cohesión socio-territorial es una “prioridad” del Gobierno, afirmó la directora general, por lo que “hemos creado un plan de 130 medidas y un presupuesto de más de 10.000 millones, apoyado en una comisión delegada contra el reto demográfico. En este contexto de pandemia hemos aprendido la importancia que tiene cuidar de nuestro patrimonio y biodiversidad, así como generar un modelo de desarrollo sostenible, porque el que tenemos ahora es insostenible y tenemos que actuar de manera certera. Estamos trabajando en la inversión público-privada, generando convocatorias y llegando a acuerdos en conferencias sectoriales” para cambiar el sistema.

 

Medición y diagnóstico

Entre otros asuntos, el plan del Gobierno abarca la “rehabilitación de viviendas, la movilidad, el emprendimiento o la conectividad digital”, con un intento de diseño que «impacte en el territorio y trascienda más allá del sector para integrar una política pública que tenga una perspectiva trasversal”, para impactar en los territorios y transformarlos, “pero necesitamos hacerlo de la mano de esos territorios, aplicando diferentes recetas para los diferentes contextos”. El desafío es la medición y el diagnóstico certero para pasar a la acción, por lo que “estamos trabajando en un indicador multidimensional, que llamamos ‘Insiste’, para conocer de cerca lo que está sucediendo en el territorio cuando hablamos de la España despoblada”.

López Pagán aclaró que las zonas “especialmente despobladas” son la que cuentan con “menos de 8,5 habitantes por km2”, y “estamos haciendo una labor de recolección de datos que sirva para construir proyectos desde los sectores públicos y privados”, basados en el “Fondo de Cohesión y Transformación Territorial” para identificar las vulnerabilidades territoriales y generar un mapa de la cohesión territorial acompañado de un cierto músculo económico, que permita “impulsar proyectos” en todo el territorio nacional, con un “componente de disrupción e innovación y la capacidad de integran diferentes políticas públicas”.

También participaron en el debate María del Mar de Andrés, directora del área Social y Voluntariado de la Fundación Repsol; Ana María Rabadán Jiménez, responsable técnica de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR); Begoña María-Tomé Gil, coordinadora de Convenios del Instituto de Transición Justa; y José Luis de la Cruz, coordinador de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.

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28 enero 2022

Palestinos e israelíes debaten sobre el panorama político en 2022 convocados por Alternativas y CITpax

Palestinos e israelíes debaten sobre el panorama político en 2022 convocados por Alternativas y CITpax

La Fundación Alternativas organizó el pasado viernes un acto virtual sobre el estado de la cuestión del conflicto palestino-israelí, titulado ‘Another year without peace? The politics of Israel and Palestine’. El debate estuvo moderado por Vicente Palacio, director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, y contó con la participación de Shlomo Ben Ami, vicepresidente de CITpax y ex ministro de Asuntos Exteriores de Israel; Polly Bronstein, fundadora de Darkenu e impulsora de One Hundred Initiative; Dalal Iriqat, vicepresidenta de la Universidad Árabe-Americana de Palestina; y Sami Abu Shehadeh, miembro del Knéset por la alianza Lista Conjunta. Las conclusiones del acto estuvieron a cargo de Itxaso Domínguez de Olazábal, coordinadora del Panel Oriente Próximo y Norte de África de la Fundación Alternativas, y por Emilio Cassinello, director general de CITpax.

Este debate tenía como objetivo analizar la situación actual del conflicto y sus posibilidades de desarrollo durante 2022. Como afirmó Vicente Palacio, el nuevo Gobierno israelí no ha hecho avances significativos hacia las negociaciones de paz y, además, enfrenta una serie de acusaciones sobre las políticas de los asentamientos israelíes, la violación de derechos humanos y la posible existencia de un estado de apartheid de facto dentro de Israel, apoyadas por diversos informes de instituciones internacionales. Esto, sumado a escalada de la violencia en Gaza y a cierta ausencia de representatividad en la política palestina alejan la posibilidad de una solución a corto plazo. Por ello, en el debate los participantes trataron de analizar por qué estas ventanas de oportunidad hacia una paz negociada se están cerrando, cuáles son los principales obstáculos para la consecución de la paz por ambas partes, y cuáles son las oportunidades aún abiertas para una negociación en el medio y largo plazo.

Shlomo Ben Ami afirmó que las opciones de paz son muy reducidas, y más aún con el Gobierno actual, teniendo en cuenta que las coaliciones tan amplias suelen ser una condición para que se produzca una parálisis en el Gobierno respecto al conflicto. En su opinión, no existe un clima político dentro de Israel que pueda favorecer institucionalmente la búsqueda de una solución negociada con Palestina, fundamentalmente porque la opinión pública ha virado hacia la derecha en los últimos años, mientras que, en las coaliciones de izquierda como la Lista Conjunta, se ha abandonado parcialmente la causa palestina para centrar sus demandas en derechos económicos y sociales para las minorías árabes dentro de Israel. En este sentido apuntó también Polly Bronstein, que aseguró que este Gobierno tiene más posibilidades de tender hacia la paz que sus predecesores, ya que es mucho más moderado e incluye a representantes del centro-izquierda. Sin embargo, también hay un importante bloque en la coalición del ala derecha del Knéset, que, junto con el propio contexto internacional, obstaculizan un acercamiento pacífico hacia Palestina. Por ello, ambos convergieron en que no se producirán grandes cambios en las negociaciones por el momento: Israel está en un período de transición, pero el Gobierno no tiene la fuerza como para realizar cambios profundos en el estado del conflicto.

Por su parte, Dalal Iriqat respondió a las críticas sobre la falta de representación y legitimidad de los líderes palestinos, argumentando que no hay correlación entre los procesos internos en territorio palestino y las negociaciones de paz, que están obstaculizadas por una serie de políticas estructurales de los Gobiernos israelíes, como la cuestión de los asentamientos. Aun así, esto no implica que la población palestina no deba renunciar a un liderazgo democrático. Pero para Sami Abu Shehadeh no existe un movimiento político dentro de Israel y con cierto arraigo en su población que defienda la llamada “solución de dos Estados” de la forma que reclama la población palestina (es decir, incluyendo el derecho a la autodeterminación o soluciones para los refugiados, entre otras cosas). De esta manera, existe una imposibilidad para el cambio, debido a que no hay un aliado de la causa palestina dentro de Israel que pueda facilitar las negociaciones por la paz.

Dada esta situación, como concluyó Itxaso Domínguez de Olazábal, la comunidad internacional es esencial, ya que sin su presión no se puede lograr ningún cambio. Según explicó, es interesante hablar, al margen de las sanciones como mecanismo de presión, sobre la justicia internacional y el caso ante la Corte Penal Internacional, que es la otra institución donde los actores internacionales pueden desempeñar un papel en la resolución del conflicto. No obstante, no está siendo un instrumento para su solución porque muchos países, entre ellos miembros de la Unión Europea, están obstaculizando cualquier avance.

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25 enero 2022

Los españoles apuntan a las enfermedades infecciosas y el terrorismo internacional como las principales amenazas para su seguridad

Los españoles apuntan a las enfermedades infecciosas y el terrorismo internacional como las principales amenazas para su seguridad

La Fundación Alternativas organizó este martes la presentación on-line de la encuesta ‘¿Qué amenazas enfrenta la seguridad de España y quién la protege? Cultura de la defensa en España’, elaborada por 40dB para Alternativas con el apoyo de la Secretaría General de Política de Defensa (SEGENPOL).  El evento sirvió para repasar las claves de la percepción ciudadana sobre las amenazas que enfrenta la seguridad y defensa de España, y qué instituciones están más capacitadas para protegerla, y conocer en profundidad la cultura de defensa en la población española.

Uno de los asuntos más relevantes de la investigación es que seis de cada diez españoles se consideran poco o nada informados sobre asuntos de defensa y de seguridad nacional. Este grupo poblacional representa el 61,4% de la ciudadanía, mientras que el 36,7% opina estar bastante (31,2%) o muy (5,5%) informado en este apartado.

En lo que respecta a los actores internacionales, más de la mitad de los encuestados, el 53,5%, cree que el ISIS y los grupos yihadistas del Sahel representan un riesgo alto para España; el 26,5% considera que el riesgo es medio; el 8,6% ve un riesgo bajo-23,9% entre los mayores de 64 años y 27,4% entre los votantes de Vox-, y un 11,4% no contesta. Sobre una hipotética amenaza de China, el 20,2% ve un riesgo alto; el 33,9% medio; el 33,3% bajo -23,9% entre los mayores de 64 años y 27,4% entre los votantes de Vox-; y un 12,6% no tiene opinión sobre este particular. Acerca de los países del norte de África, el 40,6% de los encuestados cree que el riesgo de sufrir un ataque procedente de esa zona es medio; el 25,5% bajo y el 21,4% alto -27,0% entre los hombres, 29,9% entre los votantes del PP y 41,0% entre los de Vox-. Si la ofensiva llegara desde Rusia, el 37,4% ve un riesgo medio, mientras que un 19,7% opina que es alto y un 29,1% bajo -36,7% entre los hombres y 44,6% entre los votantes de UP-. Por el contrario, un supuesto ataque de Estados Unidos a España se valora en la encuesta con 55,3% de riesgo bajo, 22,8% medio, y tan sólo el 9,5% ve un riesgo alto -19,2% entre los jóvenes de 18 a 24 años y 17,6 %entre los votantes de UP-.

En otro orden de cosas, entre las principales amenazas para la seguridad de España la propagación de enfermedades infecciosas ocupa el primer lugar, con un 44,4%, seguida del terrorismo internacional (42%); el cambio climático y los desastres naturales (40,8) -en este apartado un 56,8% son votantes de UP, mientras que el 19,2% son de Vox-; los ciberataques a sistemas (32,8%); los flujos migratorios (31%) -en este capítulo el 58,8% son votantes de Vox, el 22,8% del PSOE y el 14,4% de UP-; y la desinformación y la polarización política a nivel nacional.

Sin embargo, el poder y la influencia de Rusia y Estados Unidos no son percibidos por los españoles como una amenaza, ya que menos del 6% así lo considera, mientras que las crisis de suministros alcanzan un 23,3% -con un 46,6% entre los jóvenes de 18 a 24 años-; la inestabilidad en el norte de África y el África subsahariana (17,3%) -23,9% entre los mayores de 64 años y 27,4% entre los votantes de Vox-; la proliferación de armas de destrucción masiva (13,7%); el poder y la influencia de China (10,3%); y los conflictos armados (7,7%).

PODER E INFLUENCIA DE CHINA

Los conflictos armados es la amenaza frente a la que más protegidos se sienten los ciudadanos, con un 46% entre bastante y muy protegidos; y el terrorismo internacional con un 43,1%. Por el contrario, ante el poder y la influencia de China, un 66,8% de encuestados se sienten poco o nada protegidos, mientras que la propagación de enfermedades infecciosas alcanza un 68,8%. Asimismo, dos de cada tres participantes en la encuesta se consideran poco o nada seguros ante la inestabilidad en el norte de África y el África subsahariana, y los ciberataques a sistemas clave, mientras que sólo un 17,9% se siente protegido ante el cambio climático y los desastres naturales.

En lo que se refiere a las instituciones, una cuarta parte de los ciudadanos (24,9%) opina que la UE es el organismo con más capacidad de protección frente a las amenazas, con un 39% ente los jóvenes de 18 a 24 años y un 34,7% entre los de 25 a 34 años; mientras que el Estado español alcanza un 12,6% y la OTAN un 17,8%.

Sobre la Brigada de Defensa Europea, dos de cada tres participantes en la encuesta estarían de acuerdo en que España se sumase al contingente de Estados miembros de la UE, y un porcentaje levemente mayor apoya una mayor coordinación entre los Estados miembros y una mayor autonomía respecto a EEUU en materia de seguridad, mientras que Alemania es el país de la OTAN que más confianza genera, con un 44%, seguido de Francia (37,8%); Italia (32,9%); EEUU (28,5%). En el otro extremo se sitúa Turquía, ya que un 62,8% afirma tener poca confianza en este país.    

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24 enero 2022

Alternativas participa en el izado de bandera de la Presidencia francesa de la UE

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Alternativas participa en el izado de bandera de la Presidencia francesa de la UE

La Fundación Alternativas, representada por su vicepresidente ejecutivo, Diego López Garrido, participó en el izado de bandera con motivo de la Presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea durante el primer semestre de 2022. El acto tuvo lugar en la sede de la Comisión Europea en Madrid, en el Paseo de la Castellana 46.

En el acto participaron el embajador de la presidencia saliente, Eslovenia, Robert Krmelj; el embajador de Francia, Jean-Michel Casa; la directora de la Representación de la Comisión Europea en España, María Ángeles Benítez; la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés; y la secretaria general de la Unión Europea, María Lledó.

Francia ha fijado en tres las prioridades de la Presidencia del Consejo: recuperación para que Europa pueda apoyar las transiciones ecológica y digital; fuerza para defender y promover los valores e intereses europeos; y pertenencia para construir y desarrollar una visión europea común a través de la cultura, los valores y la historia común.

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20 enero 2022

El Gobierno anuncia que las autonomías tendrán sus planes de Infraestructura Verde en 2024

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El Gobierno anuncia que las autonomías tendrán sus planes de Infraestructura Verde en 2024

La Fundación Alternativas y la Fundación Repsol organizaron este jueves el debate on-line titulado ‘El nuevo paradigma de la reforestación: de la plantación a la recuperación de los servicios ecosistémicos’, dentro de un ciclo de talleres con el objetivo de profundizar en las estrategias y esfuerzos para alcanzar los objetivos establecidos en los acuerdos de París. José Luis de la Cruz, coordinador de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas, fue el encargado de moderar la sesión.

 El debate abordó la planificación de proyectos basados en la naturaleza y cómo su implantación puede ser la fórmula más adecuada para la búsqueda de la adaptación al cambio climático, involucrando desde el primer momento a todos los actores relacionados: administración pública, ciudadanos, científicos, universidades, ONGs y empresas.

 Manuel Oñorbe, jefe del Servicio de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, presentó la ‘Estrategia Nacional de Infraestructura Verde de la Conectividad y Restauración Ecológicas’. El plan del Gobierno pretende elaborar una red “ecológicamente coherente y estratégicamente planificada”, que incluye espacios muy valiosos por la biodiversidad que “albergan o pueden llegar a albergar, así como por los servicios ecosistémicos que proveen”. Se trata de espacios que se encuentran en buen estado de conservación, y otros espacios “cualificados” para ser incorporados a la infraestructura verde y que demandan una “restauración ecológica en el momento actual”.

 Oñorbe recordó la importancia de poner en valor la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que “marca las directrices para la identificación y conservación de los elementos del territorio que componen la infraestructura verde, y para que la planificación territorial y sectorial que realicen las administraciones públicas permita y asegure la conectividad ecológica y la funcionalidad de los ecosistemas”. En este sentido, puntualizó que el “primer borrador” de la Estrategia Nacional data de 2018 -fue aprobada definitivamente el pasado año-, mientras que la Estrategia de Biodiversidad de la UE es de 2020, y el objetivo es que “para 2024 estén en marcha los planes de las comunidades autónomas”.

La Estrategia Nacional de Infraestructura Verde tiene un carácter “multifuncional”, ya que se centra en aspectos como la “mitigación y adaptación” al cambio climático; la “protección” frente a los desastres naturales; la “mejora de la calidad de vida”, salud y bienestar; la productividad y el crecimiento económico; el “incremento en el valor de las propiedades”, o la producción de bienes y el establecimiento de un turismo sostenible.

A largo plazo, la iniciativa gubernamental pretende identificar y delimitar espacialmente la red básica, a diferentes escalas, de la infraestructura verde en España; reducir los efectos de la fragmentación y de la pérdida de conectividad ecológica ocasionados por cambios en los usos del suelo o por la presencia de infraestructuras; restaurar los hábitats y ecosistemas de áreas clave para favorecer la biodiversidad; mantener y mejorar la provisión de servicios de los ecosistemas y mejorar su resiliencia; garantizar la coherencia territorial mediante la definición de un modelo de gobernanza que asegure la coordinación entre las diferentes escalas administrativas e instituciones implicadas; mejorar la conectividad ecológica en las políticas sectoriales; y asegurar la comunicación, educación y participación de los grupos de interés y la sociedad en el desarrollo de la infraestructura verde.

También participaron en el simposio Andrés F. Alcántara Valero, del Departamento de Desarrollo Corporativo del Centro de Cooperación del Mediterráneo de UICN; Enrique Enciso Encinas, CEO y socio fundador de Sylvestris; Gabriel Antonio Dorado Martín, profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y Medio Natural en UPM; y Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas.

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19 enero 2022

Alternativas y Casa de América debaten sobre la reforma fiscal de Biden contra la pandemia y la desigualdad

Alternativas y Casa de América debaten sobre la reforma fiscal de Biden contra la pandemia y la desigualdad

La Fundación Alternativas, en colaboración con la Casa de América, organizó este miércoles el debate on-line titulado ‘La revolución fiscal de Biden ¿Qué consecuencias para Europa y América Latina?’, con el objetivo de analizar las importantes iniciativas que la Administración Biden ha puesto en marcha con nuevos impuestos a la riqueza, a los grandes patrimonios y a las compañías multinacionales, para afrontar los estragos de la pandemia y reducir la desigualdad. El nuevo proyecto impositivo del presidente estadounidense, que mañana cumple un año en la Casa Blanca, está impulsando cambios y acelerando procesos de reforma tributaria internacional y nacional en la Unión Europea y América Latina. La llamada «revolución fiscal» vendría asociada a un nuevo paradigma económico y social que pretende dejar atrás el neoliberalismo, y avanzar hacia nuevos impuestos para sostener paquetes millonarios de gasto en servicios públicos como sanidad, educación, innovación digital y medioambiental. El debate fue moderado por Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación Alternativas.

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, afirmó que las nuevas medidas de Biden llevan a “cambios estructurales de gran importancia para Estados Unidos”, pero también a nivel “internacional”. Según la experta, las asimetrías entre los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo se han “profundizado” a causa de la pandemia. La comunidad internacional se encuentra en plena “divergencia económica” por el virus, y América Latina es una de las regiones donde mayor impacto ha causado la crisis sanitaria. Estados Unidos ha dado muestras de una gran “heterodoxia económica”, con el impulso de paquetes de gran calado, mientras que Latinoamérica se ha “estancado en la ortodoxia”. Las “medidas keynesianas” de la Casa Blanca han puesto a Norteamérica en otro nivel.

Por su parte, Ignacio González, profesor del Departamento de Economía de la American University, aclaró que, en primer lugar, es necesario hablar de la “trayectoria” de la economía americana en las últimas décadas, con un crecimiento muy “desigual” y que ha causado un “cambio en la visión” de muchos economistas. Desde los años ochenta el salario medio se ha “estancado”, mientras que la economía ha crecido, lo que implica que las ganancias de crecimiento y productividad “han ido a los propietarios de capital y a los salarios más altos”. En este periodo, los impuestos “tenían que haber evolucionado para compensar el incremento de la desigualdad, pero esto no ha ocurrido, sino que se ha producido una caída del gravamen sobre el capital”. La narrativa de los ochenta y noventa que decía que “bajando impuestos iba a crecer la economía no ha sido respaldada por los datos”.

La responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Internacional, Susana Ruiz, sostuvo que la Administración Trump quiso “exportar” el modelo estadounidense de intensificar la competencia fiscal entre estados al resto de países, lo que provocó un “cambio de paradigma” en la respuesta de la UE, que bloqueó el proceso, ya que no se alcanzó un acuerdo en el “modelo de tributación” de la economía digital. En este sentido, se plantearon alternativas que defendieran los “intereses de países emergentes”, y no sólo de las grandes economías. Con la llegada de Biden se pone sobre la mesa un “cambio de perspectiva” y la necesidad de que las empresas más rentables y las grandes fortunas tienen que aportar más para relanzar la economía. El impulso político del nuevo presidente pretende alcanzar un “consenso más amplio” que el de Trump, y el nivel de ambición del tipo mínimo del 21% sigue siendo un “modelo de reforma tributaria de grandes corporaciones que se diseña para proteger los intereses de grandes multinacionales”, por lo que no resuelve los “problemas de fondo”.

REVOLUCIÓN O CONTRARREFORMA

Dalmiro Morán, consultor internacional especializado en Reforma Tributaria en América Latina: “América Latina nunca ha estado fuera de las tendencias tributarias internacionales, y en esta reforma no puede quedarse al margen. En el pasado, las reformas tributarias han seguido lo que ha ocurrido en el mundo desarrollado. No sé si la iniciativa de Biden es una revolución o una contrarreforma, porque el énfasis en volver a reforzar los impuestos directos sobre las empresas, y también sobre personas físicas con altos ingresos, viene a torcer una tendencia a la baja que se daba en el panorama internacional, y por su puesto en Estados Unidos, agravada en la gestión del gobierno de Trump. América Latina ha ido viendo cómo se sucedían esas tendencias y se ha acomodado de la mejor manera que ha podido, teniendo en cuenta la orientación política de cada gobierno. A día de hoy, la región sufre un estancamiento de la inversión, debido en parte a las debilidades estructurales de seguridad jurídica o desconfianza en las instituciones”.

Enrique Ojeda, director de Casa de América recordó que la nueva agenda de Biden es muy “ambiciosa” y está decidida a abordar las “carencias del estado del bienestar en el seno del G-7, del G-20 y de la OCDE”, con el establecimiento, entre otras medidas, de un tipo impositivo mínimo que las empresas deberían pagar “del 15%”.

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18 enero 2022

Marruecos inicia un nuevo ciclo político, que tendrá importantes efectos en la región y en sus relaciones con España

Marruecos inicia un nuevo ciclo político, que tendrá importantes efectos en la región y en sus relaciones con España

La Fundación Alternativas organizó este martes un acto virtual con motivo de la publicación del documento ‘Marruecos y el cambio de ciclo: en busca de un nuevo pacto social y de nuevas legitimidades’. El debate estuvo presentado por Vicente Palacio, director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, y dirigido por Itxaso Domínguez de Olazábal, coordinadora del Panel Oriente Próximo y Norte de África de la Fundación. Además, el coloquio contó con la participación de Beatriz Tomé Alonso (UNED) y Alfonso Casani (UCM), coautores del documento, y de Irene Fernández-Molina (Universidad de Exeter).

Tras la crisis diplomática entre Marruecos y España durante 2021, y a la luz de importantes cambios en la política interna marroquí, resulta interesante analizar la posibilidad de un nuevo ciclo político para Marruecos y sus posibles implicaciones en la política exterior española. En la presentación del acto, Vicente Palacio resaltó algunas de las claves en las relaciones entre ambos países. En primer lugar, la interdependencia existente entre los dos Estados, causada por unas relaciones históricas y multidimensionales, que afectan a áreas estratégicas como la energía o la seguridad. A ello se suman las tensiones por la cuestión del Sáhara, que fue lo que dinamitó la crisis del año pasado. Por último, existen terceros actores con intereses cruzados; desde Argelia, también importante para la seguridad energética española, hasta aliados europeos como Francia y Alemania, con sus distintas posiciones respecto a Marruecos.

Para Itxaso Domínguez de Olazábal, es esencial conocer la situación interna marroquí para analizar el futuro de sus relaciones con España. Marruecos se encuentra en el inicio de un nuevo ciclo político, impulsado fundamentalmente por dos causas: la primera es la derrota del PJD, que ha gobernado en Marruecos durante la última década, y la vuelta de los partidos tradicionales; y, en segundo lugar, una tendencia involucionista en cuanto a derechos y libertades fundamentales, en un giro hacia el autoritarismo por parte del régimen marroquí. A ello hay que añadir la falta de coherencia de la Unión Europea, con posiciones dispares en torno al Sáhara entre sus Estados miembros. Esto hace que Marruecos acepte también un rol más geopolítico y tenga una política exterior mucho más activa y directa, sobre todo desde la declaración de Donald Trump reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sáhara, pero también a través de la normalización de relaciones con Israel o de la firma de acuerdos con China para incluir a Marruecos en la Nueva Ruta de la Seda.

Alfonso Casani destacó que, en este nuevo ciclo, la situación para el régimen marroquí es estable, superadas ya las protestas iniciadas en 2011 con las llamadas “Primaveras Árabes”, y debido a la ausencia de un movimiento aglutinador de todas las fuerzas de oposición al régimen. La existencia de una fuerza en la que converjan partidos islamistas, partidos de la izquierda política y movimientos sociales será clave para presionar con mayor eficacia a la monarquía. Sin embargo, los participantes estuvieron de acuerdo en que, en el corto plazo, esta posibilidad es aún remota.

 

Giro autoritario

Con esta posición de fuerza de Palacio frente al Parlamento, y unido al regreso de los partidos tradicionales, se consolidará la centralidad de la Corona con un giro autoritario y un cierre de filas del régimen, como afirmó Beatriz Tomé Alonso. Según explicó, esto es también gracias a una estabilidad del pacto social en Marruecos, donde se han sofocado aquellas cuestiones que llevaron a descontento en 2011. Ese ciclo está ya cerrado, y la posibilidad de un cambio político es menor, en gran medida porque los actores internacionales priman ahora esa estabilidad y por la vuelta a una estigmatización del islamismo desde el golpe de Estado de Al-Sisi en 2013 en Egipto.

Esta centralidad ha derivado en los últimos años, tal y como señalaron los participantes, en un recrudecimiento de la represión, ataques a derechos como el de reunión o la libertad de prensa, y un agravamiento de las penas impuestas a determinados activistas de la oposición. Casani mencionó, en concreto, la existencia de un modelo de “represión quirúrgica”, basado en neutralizar voces clave de la oposición, en lugar de hacer campañas masivas de represión en las calles.

Con todo, las interdependencias entre España y Marruecos siguen presentes y limitan en gran medida el margen de actuación de cada uno de los Estados. Sin duda, la cuestión del Sáhara, los flujos migratorios y las tensiones entre Marruecos y Argelia serán los vectores clave para las relaciones entre ambos países en este nuevo ciclo para la política interna marroquí. Irene Fernández-Molina, además de ello, destacó otro elemento determinante, como serán las resoluciones que tome el Tribunal de Justicia de la UE en torno a la no inclusión del territorio del Sáhara en los acuerdos de cooperación entre Marruecos y la Unión. Esto es un aspecto clave para el régimen marroquí, tanto para demostrar su fuerza externamente como para su legitimidad interna, lo que tensiona aún más sus relaciones con Argelia, defensora de la independencia del Sáhara occidental.

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13 enero 2022

Biden trata de reconstruir las relaciones transatlánticas que Trump voló por los aires

Biden trata de reconstruir las relaciones transatlánticas que Trump voló por los aires

La Fundación Alternativas organizó este jueves un acto virtual con motivo de la publicación del documento ‘La administración Biden: impacto en la defensa y seguridad de Europa’. El debate contó con la exposición de las principales conclusiones del texto por parte de su autor, José Enrique de Ayala, miembro del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas, en conversación con Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, y con la participación de José Luis Calvo Albero, director de la División de Coordinación y Estudios de la Secretaría General de Política de Defensa (SEGENPOL).

El contexto actual ofrece muchas oportunidades de análisis. En primer lugar, el presidente Joe Biden cumple su primer año de mandato, en el que ya ha marcado sus prioridades en política exterior, revirtiendo muchas de las decisiones y estrategias de su predecesor, Donald Trump. En segundo lugar, la reciente crisis entre Rusia y Ucrania, que tensionó las relaciones entre Moscú y la OTAN, ha derivado en una serie de conversaciones entre Rusia y los miembros de la Alianza Atlántica, liderados por Estados Unidos, con el fin de desescalar la situación en torno a Ucrania. En este escenario, resulta esencial un análisis sobre el estado de la cuestión de la defensa europea durante la administración Biden, como el que ofrece José Enrique de Ayala.

La administración Trump puso en tensión las relaciones transatlánticas mediante una estrategia aislacionista, unilateral y centrada en los intereses nacionales estadounidenses. Esto deterioró gravemente el bienestar de la OTAN: Trump castigó con sanciones económicas a sus socios europeos, presionó a Alemania oponiéndose a la construcción del Nord Stream 2, y trató de empujar a los miembros de la Alianza a cumplir su obligación de dedicar un 2% del PIB al presupuesto de defensa. Esto hizo que algunos líderes europeos, con la iniciativa de Macron —que llegó a hablar de una “muerte cerebral” de la OTAN—, comenzaran a buscar una mayor independencia de la Unión Europea en materia de seguridad y defensa. Mediante el término “autonomía estratégica”, el propio Macron, apoyado por la Alemania de Merkel y por otros países de tendencia europeísta, como España o Italia, empezó a abogar por una relación diferente con la OTAN y por la existencia de una defensa europea propia que le diera más independencia como actor internacional.

La llegada de Biden ha supuesto una ruptura con las tesis de Trump. El actual presidente ha tratado de reconstruir las relaciones transatlánticas, eliminando las tensiones con sus socios europeos. Sin embargo, esto no implica que los intereses estadounidenses hayan cambiado. José Enrique de Ayala señala que hay que tener en cuenta dos factores. Por un lado, la situación interna con la que cuenta Biden es inestable, sobre todo ahora que se acercan las elecciones de mitad de mandato y puede perder su mayoría en las cámaras, lo que pondría en jaque su capacidad para sacar adelante políticas que no estén consensuadas con el Partido Republicano. Por otro, el eje geopolítico global ha cambiado, y el interés de Estados Unidos está ya en el Indo-Pacífico y en la competición con China. Esto pone a Europa en un segundo plano, y a la Unión Europea en un aliado no tan esencial como lo fue durante la Guerra Fría, lo que hace que los líderes europeos sigan viendo la necesidad de buscar mayor autonomía.

 

Una defensa europea propia

No obstante, la autonomía estratégica tiene aún un gran obstáculo: la falta de coherencia y unidad entre los Estados miembros. Pese al impulso de Francia y sus aliados, existe también una gran resistencia de los países del este a apoyar una defensa europea. Estos países temen que una defensa europea conlleve una desvinculación de la OTAN que, en la actualidad, es el garante de su defensa frente a sus temores hacia a Rusia. Los ponentes han dado las claves.

José Luis Calvo Albero ha asegurado que si la Unión quiere ser un actor internacional sólido necesita de una defensa europea propia, que será la única forma de conseguir una soberanía real. De lo contrario, seguirá necesitando recurrir a Estados Unidos cada vez que tenga problemas de seguridad con los países vecinos. Por su parte, José Enrique de Ayala ha defendido que, sin esta autonomía, la UE se encuentra en una posición de debilidad respecto a otras grandes potencias regionales y mundiales. Además, la defensa europea no significaría renunciar a la OTAN, pero permitiría crear una alianza entre dos actores en igualdad de condiciones, y no de forma que uno dependa irremediablemente del otro.

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16 diciembre 2021

El Gobierno rehabilitará 300.000 edificios antes de 2030

Políticas públicas

El Gobierno rehabilitará 300.000 edificios antes de 2030

La Fundación Alternativas organizó este jueves el debate on-line titulado ‘Eficiencia energética y rehabilitación de edificios’. Según el programa de Naciones Unidas para el medio ambiente, la industria de la construcción, junto a los consumos necesarios para mantener operativos los edificios, son responsables del 38% de las emisiones globales de CO2 relacionadas con la energía. En este contexto, la intervención sobre nuestro entorno edificado se presenta como un gran reto y una gran oportunidad. Un gran reto porque el patrimonio edificado español es enorme, asciende a 35.470.051 edificios, de los cuales el 67% (23.525.296) son viviendas con más de 40 años de antigüedad; y una gran oportunidad porque, si España es capaz de realizar una reflexión colectiva que se preocupe de asignar recursos de forma estratégica de acuerdo a los principios de la nueva Bauhaus Europea (inclusiva, sostenible y bella), no sólo se reducirán las emisiones, sino que será posible generar economía y calidad de vida en los entornos construidos, de forma que la ciudadanía disfrute no sólo de mejores prestaciones energéticas o de accesibilidad, sino que la mejora se extienda a aquellos aspectos culturales que favorecen el desarrollo integral de las sociedades. Moderado por Eduardo Pesquera, arquitecto y codirector de Pesquera y Asociados, el evento contó con la participación de varios expertos en la materia.

  • Luis Vega
    Coordinador de la Dirección General de Vivienda y Suelo, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, destacó que la problemática es “muy global y hay que abordarla como tal”. La tasa de actuación actualmente en España es “muy baja”, ronda los “30.000 edificios” al año, y el componente energético en rehabilitación es “escaso”. Las intervenciones son más de “conservación”, por lo que uno de nuestros objetivos es el de multiplicar por diez esas tasas de rehabilitación, “para llegar en 2030 a los 300.000 edificios”.

Por otro lado, Vega destacó la importancia de “profundizar” en las intervenciones, y ser “ambiciosos” para, en 2050, conseguir la “descarbonización” del parque edificado, lo que implica “reducir las emisiones desde ahora”. Una de las ventajas de la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España es la de “modular las ayudas en función de los objetivos” que se consigan: las intervenciones ambiciosas van a ser “fuertemente financiadas”, por lo que es el momento de apostar por “mucha intervención y de mucha profundidad”.

Según el coordinador, el plan nace de un análisis “muy certero” que ha identificado un conjunto de barreras, y “entendimos que no sólo era un problema de dar ayudas directas”, sino que había que acometer otra serie de “problemáticas”, como modificaciones en el ámbito “normativo y fiscal”, o la introducción de una línea de avales para que los bancos tengan “mayor disposición al otorgamiento de créditos a las comunidades de propietarios”. El plan, de carácter “integral”, da una “repuesta al ciudadano ante lo que realmente le importa, que no es sólo la energía, sino también el confort”.

 

Jóvenes y acceso a la vivienda

  • Ángela Baldellou
    Directora del Gabinete de Presidencia del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), destacó el papel “muy activo” de los arquitectos en colaboración con el ministerio para dar forma a todas las “herramientas” que puedan ayudar a implementar adecuadamente los fondos de recuperación europeos, con el trasfondo del “Green Deal para impulsar tres sectores estratégicos” para poner a la economía europea en vanguardia: “Transportes y energía, agroalimentación y housing”. A su juicio, la crisis climática “justifica” las rehabilitaciones, y “la regeneración urbana nos puede servir para mejorar la calidad de vida de las personas”, que enlaza con la Ley de Arquitectura y la Ley de Vivienda, que “nos recuerdan apostar por la calidad y por dar respuesta a las necesidades reales de la población” que está envejeciendo, pero también de los jóvenes españoles, que “son los que más tarde se emancipan en la UE porque no tienen acceso a la vivienda”.
  • Juan Carlos Delrieu
    Director de Estrategia y Sostenibilidad Finanzas Sostenibles de la Asociación Española de la Banca (AEB), aclaró que “la banca está saliendo del banquillo para jugar un partido largo que, seguramente, tendrá prórroga más allá del 2026, y está muy preparada e involucrada”. El sector bancario se ha dado cuenta de la “oportunidad”, porque “el ‘momentum’ es inmejorable y responde a una necesidad” nacional para mejorar la calidad del parque de vivienda. El plan está “muy bien diseñado” porque se basa en el Plan Nacional del Adaptación al Cambio Climático, y España se coloca a la “vanguardia de Europa” para afrontar el “desafío” y movilizar el capital necesario. Es cierto que la banca está entrando de forma “tímida” en este sector de la energía y los edificios, pero “con el firme propósito de avanzar con fórmulas innovadoras de financiación”.
  • Diego López Garrido
    Vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, afirmó que “la actuación sobre la energía consumida por las viviendas en fundamental”. En España “nunca ha existido una preocupación” por la rehabilitación energética de los edificios, y esto es una “asignatura pendiente”, y hay que lamentar que la inversión haya sido “muy baja”. Sin embargo, López Garrido anunció que a partir de enero “van a salir proyectos para rehabilitar edificios energéticamente, y será el momento en el que los diversos actores -agentes rehabilitadores, entidades financieras, comunidades de propietarios- puedan aprovechar la oportunidad”.

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14 diciembre 2021

Alternativas y Ecoembes reclaman una transición ecológica justa del sistema productivo español

Sostenibilidad

Alternativas y Ecoembes reclaman una transición ecológica justa del sistema productivo español

La Fundación Alternativas, en colaboración con Ecoembes, organizó este martes la presentación on-line de su ‘Informe de Sostenibilidad 2021’, documento en el que se incide en la importancia de acometer una transición ecológica justa del sistema productivo español. Para ello, es necesario replantearse, aprovechando el desarrollo de las tecnologías digitales en los procesos de producción, los patrones de consumo y los modos de vida, y generar un sistema en donde nada se desperdicia y en el que los recursos naturales se gestionan de manera sostenible, y la biodiversidad se protege, valora y restaura, así como se mantienen el bienestar y la calidad de vida, sin dejar a nadie atrás.

El informe, coordinado por José Luis de la Cruz, responsable de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas y conductor del evento, ofrece una evaluación exhaustiva de las principales medidas que se han de desarrollar para generar un sistema productivo, educativo y de gobernanza que garantice la sostenibilidad ambiental en España. El Pacto Verde Europeo presenta una hoja de ruta para una economía sostenible de la UE, traduciendo los desafíos climáticos y ambientales en oportunidades en todas las esferas de la política. Se trata de una nueva estrategia más ambiciosa sobre la adaptación de la UE al cambio climático, que contribuya asimismo a la recuperación de los daños causados por la pandemia de la Covid-19, fortaleciendo la resiliencia de los sistemas socioeconómico. Por otro lado, la transición digital mejorará los procesos productivos, aumentará la competitividad y, en definitiva, modernizará el país. La transición ecológica es inevitable y necesaria.

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, inició su alocución destacando que, en el siglo XXI, la sostenibilidad “se ha convertido en el concepto central en la política y en el conjunto de la sociedad”. Los acuerdos de París pusieron a la sostenibilidad en la “agenda internacional”, y en la reciente COP26 de Glasgow, con la participación de 190 países, se dieron “algunos avances”, aunque no los “suficientes”, para conseguir que “la temperatura no aumente en más de 1,5ºC para 2050”. La descarbonización de la economía es el “objetivo principal”, junto al “reciclaje de los residuos” y la “preservación de la biodiversidad”, con la “lucha contra el cambio climático como eje primordial”.

Begoña de Benito, Relaciones Externas y RSC de Ecoembes, destacó que el informe de Alternativas es un “documento imprescindible” para interpretar lo que “nos pasa” y para proponer líneas de “transformación”. A partir de este año “tenemos que dedicar el esfuerzo a la acción política”, reforzando mucho el concepto de colaboración público-privada, y con una “actividad social determinante”. No hay que “perder más tiempo” ante esta “multi crisis ambiental y social”, mientras que la pandemia de Covid-19 se ha convertido en un espejo que “refleja nuestras contradicciones como sociedad”. El crecimiento insostenible “nos lleva a la degradación ambiental, pérdida de biodiversidad y a una vergonzosa brecha social con una desigualdad creciente a nivel global”.

Ignasi Puig Ventosa, responsable de proyectos de ENT Medio Ambiente y Gestión, y autor del capítulo ‘Necesidades fiscales de la transición ecológica’, denunció la “contradicción” entre el mensaje ambiental y económico, y que las consecuencias de “impacto ecológico” no son “asumidas por el causante, sino por el conjunto de la sociedad”. Estas acciones contaminantes, denominadas “externalidades”, se adecúan perfectamente a la lógica del sistema económico en el que se prima la competencia, “y si fuéramos capaces de corregirlas la mejora ambiental sería una realidad”. Cada actor del mercado “tiene que asumir sus beneficios, pero también sus costes”. El experto recordó que la fiscalidad ambiental tiene como objetivo principal “internalizar costes, incentivar cambios de comportamiento e implicar a todos los niveles de la administración”, y puntualizó que “los impuestos son herramientas eficientes de política ambiental”, mientras que “España está a la cola de Europa en materia de fiscalidad ambiental, por lo que el margen de mejora es amplio”.

DEPENDENCIA HUMANA

Luis Jiménez Herrero, profesor honorífico del Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia la UCM, presidente de la Asociación para la Sostenibilidad y el Progreso de las Sociedades (ASYPS), y autor del capítulo ‘Recuperación postpandemia y transición sostenible en base al capital natural’, subrayó la importancia de “aprender las lecciones que nos ha dejado la pandemia en materia de transición ecológica”, ya que se ha puesto de manifiesto “la dependencia humana del medio ambiente y las nefastas consecuencias de su sobreexplotación”, y en el escenario post pandémico la naturaleza es un “aliado vital” que aporta un acervo “inconmensurable” en forma de “patrimonio y capital natural”. En este sentido, el docente exhortó a reconsiderar las “razones estratégicas para invertir” en los ecosistemas, tan importantes “para la vida humana y la prosperidad económica”, y resaltó su positiva trascendencia “en la sostenibilidad y resiliencia a largo plazo”.

María Peñahora Garcia Sanz, consejera de la oficina de la OIT para España y autora del capítulo ‘Oportunidades y desafíos para el empleo de la transición ecológica y energética’: “Estamos ante un escenario prometedor. La pandemia ha tenido para España consecuencias dramáticas en términos económicos y de empleo en el año 2020, pero el impacto podría haber sido mucho mayor, y gracias a los Erte y las medidas de apoyo a las empresas y los trabajadores se ha mitigado el efecto de la crisis sanitaria. En 2021 se observa un cambio de tendencia, ya que ha aumentado el número de ocupados y ha bajado el paro, y las previsiones para 2022 son positivas en términos de recuperación de empleo. Por otro lado, se está generando un impulso europeo para la recuperación y la transición ecológica”.

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10 diciembre 2021

Alternativas y Repsol desarrollan un ciclo de talleres para impulsar la forestación y la descarbonización

Sostenibilidad

Alternativas y Repsol desarrollan un ciclo de talleres para impulsar la forestación y la descarbonización

La Fundación Alternativas y la Fundación Repsol organizaron este viernes el debate on-line titulado ‘Objetivo emisiones netas cero: El papel de la reforestación’, dentro de un ciclo de talleres con el objetivo de profundizar en las estrategias y esfuerzos para alcanzar los objetivos de descarbonización establecidos en los acuerdos de París, generando a la vez tejido productivo que cree empleo y frene el despoblamiento rural. José Luis de la Cruz, coordinador de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas, fue el encargado de moderar la sesión.

El Parlamento Europeo ha reconocido el papel vital de los bosques para la Unión Europea por los bienes y servicios ambientales que presta, por su contribución significativa a la bioeconomía, a la conservación de la biodiversidad y a la lucha contra el cambio climático.  De este modo la silvicultura debe jugar un papel fundamental en la transición hacia una economía climáticamente neutra donde es necesario desarrollar un enfoque coherente para combinar la protección de la biodiversidad y la protección del clima en un sector forestal y una bioeconomía próspera.

El Plan de Recuperación y Resiliencia proporciona una oportunidad única para España para reforzar el papel de sus bosques, apostando por un modelo que ponga en valor la gestión forestal y que incremente la superficie forestal arbolada. Existe una oportunidad de reforestar 9,5 millones de hectáreas que podría representar una absorción potencial de en torno a 50 millones de toneladas al año y un beneficio potencial anual para sus propietarios de ente 250 y 1500 millones al año. Además, la forestación total de los montes desarbolados, sin establecer una necesaria priorización (corredores ecológicos, áreas prioritarias…) supondría la creación de 200.000 puestos de trabajo.

Antonio Calçada, vicepresidente de la Fundación Repsol, destacó en la presentación que la transición energética y el cambio climático representan uno de los “mayores retos a los que se enfrenta la Humanidad”. Se trata de un debate “global y complejo” que exige “respuestas concretas” desde el sector público y desde el privado, y que “involucre” a las empresas, la ciudadanía y la gobernanza mundial. Es necesario el cumplimiento del Acuerdo de París, pero la transición energética “conlleva unos tiempos y unos costes que no debemos ignorar”, y debe ser “justa e inclusiva”, teniendo en cuenta al “consumidor, la economía y el empleo, apoyándonos en las nuevas tecnologías”.

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, recordó que el acuerdo climático de 2015 hizo un “llamamiento” al mundo para preservar los bosques y otros ecosistemas que almacenan carbón, “pero los bosques continúan desapareciendo y no podemos considerar que el mundo será sostenible en el futuro”. A su juicio, “estamos en un momento clave de la crisis climática, relacionada con el problema de la reforestación”. Un reciente artículo en el New York Times decía que “estamos perdiendo la batalla de los bosques, pero podemos ganarla finalmente si mantenemos nuestros árboles”. En este sentido, el Plan de Recuperación y Resiliencia es una “oportunidad para reforzar el papel de los bosques y para que se incremente la superficie forestal”.

FIN A LOS SUBSIDIOS FÓSILES

Iván Martínez, consejero de la Oficina Española de Cambio Climático, recalcó los progresos de la COP26 de Glasgow “en la buena dirección”, ya que se ha “avanzado bastante más de lo que parece desde fuera” para hacer posible el cumplimiento del objetivo de reducir la temperatura en 1,5 grados y para reforzar la agenda de solidaridad con los más vulnerables. También destacan en el acuerdo la “reducción del uso de carbón y metano, y se pone fin a los subsidios fósiles”. Esto proyecta un “entendimiento común” entre todos los países firmantes del convenio, con el foco en la “agenda de Recuperación y Resiliencia”, y en nuevas “fórmulas de financiación” más allá de los presupuestos públicos.

Según Martínez, “tenemos mucho trabajo que hacer, tanto en los gobiernos como en las empresas para reducir emisiones, y en materia de transparencia para poder ganar en credibilidad, y todos los pasos que se han dado en Glasgow van en este sentido”. En lo que se refiere a la “acción en materia de bosques y uso de suelo”, se celebró una reunión “al máximo nivel” para obtener resultados claros para el clima, el entorno rural, el desarrollo económico y la biodiversidad. En las conclusiones se puso de manifiesto que “tomar medidas favorables para los bosques y el uso del suelo, que representan el 23% de las emisiones, puede contribuir a alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, apoyar unas formas de vida sostenibles y cumplir las promesas compartidas sobre adaptación y financiación”.

También participaron en el debate Mariano Marzo, catedrático emérito de la Universidad de Barcelona y director de la Cátedra de Transición Energética Fundación Repsol en la Universidad de Barcelona; David Álvarez, director ejecutivo y fundador de ECOACSA; y Olga González. gerente de FAFCYLE, Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León.

 

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3 diciembre 2021

Vicente Palacio analiza en el Canal 5 de Argentina el auge de la ultraderecha en América Latina

Vicente Palacio analiza en el Canal 5 de Argentina el auge de la ultraderecha en América Latina

Vicente Palacio, director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, fue entrevistado en el Canal 5 de la televisión argentina sobre el surgimiento de la ultraderecha en América Latina y Chile, y la respuesta que el progresismo está dando en Europa a estas tendencias populistas.

El avance de la extrema derecha es un fenómeno que ha tomado unas dimensiones preocupantes en los últimos años, con las políticas conservadoras y proteccionistas de Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Urban en Hungría o Duda en Polonia, y con el surgimiento de partidos radicales en Europa, como Vox en España. Este avance de la ultraderecha ha sido interpretado como un debilitamiento de la democracia y del Estado de Bienestar, así como de los derechos civiles. 

La participación de Palacio en Canal 5 se integró en la gira que hizo recientemente en Argentina y Chile, dentro del proyecto 'Acompañamiento del proceso constitucional, político y social de Chile'.

 

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Alternativas se reúne con estudiantes de la Universidad Nacional de Tres de Febrero

Alternativas se reúne con estudiantes de la Universidad Nacional de Tres de Febrero

En el marco del proyecto ‘Acompañamiento del proceso constitucional, político y social de Chile’ que está desarrollando la Fundación Alternativas en colaboración con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), la Fundación Alternativas mantuvo un encuentro con el centro de estudiantes de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, ubicada en Buenos Aires.

La sesión académica, titulada ‘Nuevos actores, dinámicas y procesos constituyentes en América Latina. El caso de Chile en perspectiva regional y bi-regional America Latina-Europa’, corrió a cargo del director de política exterior de la Fundación, Vicente Palacio.

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2 diciembre 2021

Alternativas debate con el CARI sobre las perspectivas de Europa y América Latina

Alternativas debate con el CARI sobre las perspectivas de Europa y América Latina

En el marco del proyecto ‘Acompañamiento del proceso constitucional, político y social de Chile’ que está desarrollando la Fundación Alternativas en colaboración con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), la Fundación Alternativas mantuvo un encuentro con el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), think tank de referencia en América Latina.

En una sesión académica titulada “La Unión Europea y América Latina: salir de la pandemia, pero ¿de qué modo?”, expertos de ambas instituciones intercambiaron análisis sobre la situación social, política y económica de sendas regiones. El director de política exterior de Fundación Alternativas, Vicente Palacio, hizo un repaso a las principales cuestiones de la agenda europea. También intervino Juan Moscoso del Prado, miembro del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación.  

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Expertos reclaman una normativa integral que proteja a los menores ante el consumo de alcohol

Políticas públicas

Expertos reclaman una normativa integral que proteja a los menores ante el consumo de alcohol

La Fundación Alternativas organizó este jueves la presentación virtual de un decálogo y un documento de trabajo bajo el título Menores y adolescentes sin alcohol: una perspectiva epidemiológica, económica y jurídica, elaborado por las investigadoras Francisca Sureda, profesora de Epidemiología y Salud Pública en la Universidad de Alcalá; Josefa Cantero, profesora titular de Derecho Administrativo en la UCLM; y Marta Trapero, economista y profesora titular en la Universidad Internacional de Catalunya. El evento contó con la participación de Joan Ramón Villalbí, delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, que destacó la importancia del estudio para el trabajo realizado en su delegación, y con una mesa redonda moderada por Remedios Villa, periodista experta en salud pública y comunicación, en la que participaron tanto las autoras como algunas asociaciones de la sociedad civil que abordan la prevención del consumo de alcohol entre menores.

El objetivo principal del trabajo es abordar el consumo de alcohol en menores de edad, aportando soluciones interdisciplinares para disminuir el impacto de esta sustancia adictiva que representa un auténtico problema de salud pública. El alcohol es la sustancia más consumida entre jóvenes de 14 a 18 años, y la aparición de la práctica conocida como “binge drinking” —ingesta de la mayor cantidad posible de alcohol en el menor tiempo posible— no ha hecho más que empeorar el problema. Su consumo está considerado como una actividad social, algo a lo que contribuye la publicidad de bebidas alcohólicas, que proyecta una imagen distorsionada de su riesgo al relacionar la bebida con momentos de bienestar y disfrute.

Las muertes atribuibles al alcohol en población joven consumidora son mucho mayores que en los consumidores de alcohol en edad adulta, mientras que su consumo se asocia con el fracaso académico, así como con más de 200 problemas de salud, entre los que destacan el incremento de las lesiones, accidentes de tráfico, conductas sexuales sin protección, aumento de embarazos no deseados o mayor riesgo de enfermedades de transmisión sexual. En este sentido, el documento destaca el papel prioritario que debe tener el legislador al abordar la problemática y, por ello, pretende dar una serie de orientaciones y propuestas, resumidas en el decálogo, para afrontar los nuevos desafíos que encuentra el menor frente a los riesgos derivados del consumo de bebidas alcohólicas.

Entre los puntos más relevantes, el trabajo recuerda que el consumo excesivo de alcohol —una sustancia psicoactiva con propiedades causantes de dependencia, según la OMS— es uno de los principales problemas de salud pública en España y de especial gravedad en los menores y recuerda que corresponde al Estado la protección legal de los niños y adolescentes cuando otras medidas son insuficientes. Por ello, urge la elaboración de una normativa integral en relación con el alcohol y los menores, una medida incluida en los objetivos esenciales de la Estrategia Nacional de Adicciones 2017-2022. La protección del menor, según las autoras, nunca ha sido abordada como un verdadero problema de salud pública, sino como de orden público, seguridad vial, convivencia en la vía pública o de ruido y destrozos de mobiliario urbano y limpieza viaria.

Además, la falta de información adecuada sobre los riesgos que provoca el alcohol favorece su aceptación social y la normalización de su consumo entre los jóvenes, por lo que el documento recomienda realizar intervenciones específicas que adviertan de los daños que provoca el alcohol.

El informe también advierte de que las diferencias de género en el consumo de alcohol —en la mayoría de los países europeos, las adolescentes han consumido alcohol en menor frecuencia y cantidad que los chicos— están disminuyendo e incluso se observa una reversión de las tendencias en los últimos años, toda vez que las mujeres comienzan a exhibir patrones de consumo cada vez más nocivos, algo a tener en cuenta en el diseño de políticas públicas para prevenir este aumento en el consumo de alcohol entre mujeres.

Por todo ello, es imprescindible que exista una buena coordinación entre las políticas sanitarias y educativas. Desde un punto de vista sanitario, es cuestionable hablar de “consumo responsable” de alcohol. No existe ningún nivel de consumo de alcohol que sea totalmente seguro para la salud, menos aún para los jóvenes. Sólo un nivel de consumo cero evitaría los riesgos.

El decálogo publicado por la Fundación Alternativas ha recibido el apoyo de diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la prevención del consumo de alcohol, especialmente entre los jóvenes, entre las que se encuentran: el Consejo de la Juventud de España (CJE), la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos (FEDADi), la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP), la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), la Fundación EDEX, el Programa de Actividades Preventivas y de Promoción de la Salud (PAPPS) de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFyC) y la Sociedad Científica de Estudios sobre el Alcohol  (Socidrogalcohol).

En el acto de presentación de los documentos, Joan Ramón Villalbí, delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, destacó que existe un “patrón de consumo dual”, protagonizado por personas mayores que beben alcohol “a diario” y, por otro lado, los jóvenes que no beben entre semana pero que durante los fines de semana llevan a cabo un consumo “intensivo” y se “intoxican”. Según Villalbí, la regulación sobre el alcohol “no es tan fácil de adoptar como con otras sustancias”, cuyas consecuencias negativas quedan muy en evidencia. Los efectos en la salud que provoca el alcohol son “complejos”, ya que una minoría “desarrolla dependencia”, que es “muy grave y destructiva”, a nivel “personal y familiar”, y la mayoría tarda años en “buscar ayuda profesional”.

El delegado subrayó que “el alcohol es un gran amplificador de las desigualdades sociales”. Su consumo es “más elevado” en las capas de mayor nivel socioeconómico y “mejor instruidas”, pero los “efectos negativos” son “muy superiores” en las capas menos favorecidas. En lo que se refiere a menores, Villalbí recordó que el alcohol afecta de manera más negativa a “su sistema nervioso”, y el consumo se mantiene “más allá de la mayoría legal”.

La prohibición de vender alcohol a menores es una normativa “relativamente nueva”, por lo que no tiene aún demasiado recorrido, y los consumos en menores siguen siendo “frecuentes” y, en gran medida, “problemáticos”. Esto puede suceder porque la “percepción de riesgo” que tienen los menores con respecto al alcohol “es muy baja, muy inferior al tabaco”. Por otro lado, la “disponibilidad” es alta y las encuestas revelan que la sustancia adictiva “más consumida” entre jóvenes es el alcohol. En el último año, el “70% de adolescentes entre 14 y 18 años” ha consumido alcohol, mientras que la “asociación” con salir por la noche es “muy alta”, con riesgo de “consumos intensivos y de intoxicación”, incluso de “fumar cannabis o de probar la cocaína”. 

“Socialización y diversión”

Josefa Cantero reclamó la “elaboración de una norma integral de salud pública sobre el menor por parte del poder legislativo”. La experta puntualizó que “no existe una legislación básica estatal sobre el consumo de alcohol. Nuestro régimen jurídico es muy complejo y está completamente disperso y compartimentado en diversos ordenamientos sectoriales con diversos intereses a proteger”. Por su parte, Francisca Sureda aclaró que no es un “tema fácil” porque el alcohol está muy “arraigado” y “totalmente normalizado” en la cultura española y se vincula a la “socialización y diversión”. A su juicio, no existe “ningún nivel de consumo de alcohol que sea seguro para el bebedor” y precisó que en menores se asocia a “accidentes de tráfico, conductas sexuales sin protección, embarazos no deseados y fracaso académico”.

Según Ricardo Blázquez, responsable de Salud del Consejo de la Juventud de España (CJE), el alcohol “no es el problema”, sino una “consecuencia” de un problema “multifactorial” que, sobre todo, tiene su raíz en el “modelo actual de socialización” que tiene este país “en base a la bebida”. Las preocupaciones de una persona de cuarenta años “no son las mismas que las de un adolescente de quince”. Hay que preguntar a la juventud “cuáles son sus preocupaciones y por qué beben”. Los adolescentes y jóvenes “tenemos que tener un buen modelo a seguir”.

Por su parte, Elena Ares, coordinadora del Servicio de Información y Orientación de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), afirmó: “Me llama la atención que los padres no nos llaman por el consumo de alcohol de lo hijos, sino por el de cannabis. Me preocupa, porque demuestra que los progenitores normalizan el alcohol. Los jóvenes beben por multitud de motivos, pero quieren sobre todo experimentar. Hay que hablar con nuestros hijos y darles ejemplo, no se pueden normalizar la bebida. Los chicos tienen que experimentar y como madre lo tengo claro, pero no puede ser algo habitual. La clave es que no utilicen el alcohol como una forma de integrarse en el grupo; hay que acompañar a los jóvenes en su crecimiento y desarrollo”.

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1 diciembre 2021

Alternativas y Horizonte Ciudadano dialogan sobre el proceso constituyente chileno

Alternativas y Horizonte Ciudadano dialogan sobre el proceso constituyente chileno

En el marco del proyecto ‘Acompañamiento del proceso constitucional, político y social de Chile’ que está desarrollando la Fundación Alternativas en colaboración con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), el director del Observatorio de Política Exterior, Vicente Palacio, visitó la sede de Horizonte Ciudadano, fundación creada en 2018 por la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet.

En el encuentro participó Paulina Vodanovic, directora de Horizonte Ciudadano, así como el equipo de investigadores de la institución. Durante la reunión se abordaron varios asuntos relacionados con el proceso constituyente chileno.

El proyecto que realiza Fundación Alternativas con el apoyo del CEPC tiene como objetivos monitorizar el proceso constituyente chileno y contribuir al mismo con ideas desde el ámbito español y europeo.

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30 noviembre 2021

Las empresas culturales deberán digitalizarse para adaptarse al nuevo contexto económico y social

Las empresas culturales deberán digitalizarse para adaptarse al nuevo contexto económico y social

La Fundación Alternativas organizó este martes su Foro de Industrias Culturales, en el auditorio de la Fundación Telefónica. Moderado por el periodista Jon Ariztimuño, el encuentro contó con un gran número de expertos en la materia. El consumo cultural en el entorno digital ha crecido significativamente en los dos últimos años. Un 94,8 % de la población española tiene acceso a Internet y un 82,2% consume contenidos culturales en la Red. La música, las películas y los libros son más accesibles que nunca. Este crecimiento supone una oportunidad para el sector, pero también implica una serie de desafíos que es necesario explorar. ¿Qué significa esta transición digital de las Industrias Culturales y Creativas? ¿Cómo va a afectar a los perfiles profesionales y a los modelos de negocio? ¿Mantendremos el contacto con los creadores y sus obras? ¿Se podrán proteger los derechos de propiedad intelectual de los creadores? ¿El incremento de la oferta en Internet contribuye a garantizar los derechos culturales? Estas fueron algunas de las cuestiones que los profesionales del sector plantearon y debatieron, compartiendo su experiencia para dar luz a unas industrias culturales que contribuyen a la economía y desarrollo del país, pero no siempre están en primera fila del debate político y social.

Carmen Morenés, de Fundación Telefónica, afirmó que su organización está plenamente “involucrada” en la transformación digital de la cultura, y con la pandemia la digitalización ha vivido una “aceleración” de la que la cultura ha sacado provecho. Según Morenés, “vivimos un momento de oportunidad muy relevante”, que hay que “aprovechar” para llegar a un público más amplio y poder “avanzar entre todos” e incorporar las “oportunidades de la digitalización” en el mundo de la cultura.

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, recordó que el Foro de Industrias Culturales cuenta ya con “más de una década” de recorrido, y aclaró que los fondos europeos de recuperación van a ser “fundamentales” en el proceso de digitalización, aunque faltan proyectos en transferencia de conocimiento e investigación. El veterano político también puntualizó que “cuando se habla de la cultura se piensa más en los creadores, pero la base es la industria: sin un desarrollo de las industrias culturales no habría cultura, y es necesaria una infraestructura económica y social”.

Adriana Moscoso del Prado, directora general de Industrias Culturales y Cooperación en el Ministerio de Cultura y Deporte, aclaró que “después de las crisis siempre hay oportunidades, y estamos en un momento de resurgimiento”. El proceso de digitalización conlleva una “oportunidad única” para España y la UE, y “tenemos la responsabilidad” de responder a desafíos como el “cambio climático y la sostenibilidad”, y la cultura es un eje fundamental que “nos da la oportunidad de crecer”. El gobierno pone la cultura en el centro del tablero político como una de las soluciones, pero “nos falta un tejido empresarial que se consolide y crezca”.

Chema Alonso, jefe del Área Digital de Telefónica, señaló a la inteligencia artificial como una de las tecnologías más “destacadas y con mayor proyección”, con la que se pueden contar historias y abre toda una “industria de entretenimiento” de una manera distinta. Según Alonso, en el mundo digital “lo importante no es tener una idea, sino llevarla a cabo”, y el confinamiento “nos ha dado la oportunidad” de desarrollar fantásticos proyectos en inteligencia artificial, ya que “no está todo inventado, siempre hay una vuelta de tuerca”.  

Adrián Guerra, presidente de Profilm, subrayó que “gracias a la tecnología en tiempo real se está democratizando la producción de contenido visual”. El experto puso el ejemplo de las series y películas que se realizan en digital, sin tener que “intervenir las calles o viajar a sitios remotos”, por lo que las producciones se convierten en mucho más sostenibles: “Puedes estar en el océano o el desierto sin moverte de Los Ángeles”. Guerra comentó que el lenguaje castellano es el “mercado del futuro”, pero hacen falta las bases para que “el crecimiento sea real”, y recordó el caso de Corea, que sin tener un idioma global “está presente en la industria audiovisual, llegando a ganar premios Oscar recientemente, gracias a una política gubernamental adecuada”.

"SUSTITUIR EL MUNDO REAL"

Eduardo Pesquera, arquitecto y codirector de Pesquera y Asociados, sostuvo que la arquitectura es una disciplina que se nutre de la "transformación digital", ya que las nuevas herramientas “permiten producir y difundir lo que haces”, y casi "nos dan la posibilidad de sustituir el mundo real” a la hora de diseñar un proyecto. La arquitectura española ha “mejorado mucho” en los últimos cuarenta años, y muchas universidades en Estados Unidos y México cuentan con españoles en sus plantillas, pero a nivel institucional “nos lo tenemos que creer y confiar en los propios arquitectos nacionales, y desde la Administración se debe fomentar la arquitectura de aquí, y para ello debemos cambiar el chip”.

Nacho Ruiz, director de Galería T20 de Murcia, matizó que “después de la pandemia nos hemos tenido que reformular la manera de trabajar en lo digital. La alternativa digital no ha funcionado frente a las ferias físicas, porque el arte no se compra como un jersey. El aislamiento puso de manifiesto que este país es profundamente centralista, Madrid lo fagocita todo, y las redes han servido para que los que estamos en las periferias podamos contar un relato de nuestra industria cultural. La red nos aproxima competitivamente al centro, y nos permite darnos a conocer”.

Inmaculada Benito, directora del departamento de Turismo, Cultura y Deporte de la CEOE, declaró que “tenemos un primer objetivo esencial de vertebración de las industrias culturales y creativas”, porque en ese aspecto existía una “debilidad a la hora de hacer planteamientos generales sobre el sector” y el reconocimiento de la cultura “nos proporciona reputación” frente a otros sectores. La creatividad era un campo que estaba “poco reconocido”, pero ahora empieza a ser “muy necesario”, y hay que trabaja en la “competitividad y los retos son la digitalización, formación, educación y habilidades creativas”. La reputación e internacionalización del sector “es muy importante, y tiene que dejar de ser algo menor en el panorama económico y de sostenibilidad, y falta sensibilidad y conciencia de que la cultura es fundamental en todo lo que hacemos”.

Natalia Armijos, directora general de Cultura de la OEI, rememoró que “el coronavirus nos ha empujado de manera muy rápida” a la digitalización. El impacto del Covid-19 en Iberoamérica ha sido “tremendo” en el ámbito del turismo cultural, con pérdidas del 80%, mientras que los sectores como el editorial o el audiovisual han experimentado un “crecimiento” porque ya estaban en la transición al mundo digital. “Trabajamos de la mano con los gobiernos para fortalecer las políticas públicas de reactivación de la cultura teniendo en cuenta la digitalización, y les acompañamos en la transición para que la inversión en tecnología sea coherente y sostenible”, dijo Armijos.

Carlota Navarrete, directora general de la Coalición de Creadores: “En el 2019 el 38% del PIB europeo estaba relacionado con actividades de propiedad intelectual e industrial, mientras que el 42% de los empleos estaban vinculados al sector cultural. La industria cultural española tiene un vínculo importantísimo como el turismo, y somos un espacio con un potencial enorme, ya que tenemos la conexión con África y somos a la vez Europa y Latinoamérica, y contamos el segundo idioma más hablado del planeta. Pero, para progresar, la transición digital debe consolidar su espacio de seguridad jurídica”.

También participaron en el debate Axel Gasulla, fundador de Domestic Data Streamers; Jordi Díaz Máiquez, CEO de Play&go experience; e Iñaki Arredondo, co-fundador & CEO de The Mad Pixel Factory.

 

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Alternativas mantiene encuentro con la democracia cristiana de Chile a días de la segunda vuelta entre Boric y Kast

Alternativas mantiene encuentro con la democracia cristiana de Chile a días de la segunda vuelta entre Boric y Kast

En el marco del proyecto ‘Acompañamiento del proceso constitucional, político y social de Chile’ que está desarrollando la Fundación Alternativas en colaboración con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), la Fundación Alternativas mantuvo un encuentro con el Centro Democracia y Comunidad (CDC) de Chile.

En una conversación titulada “El proceso constituyente y político chileno: acuerdos transversales. La experiencia española y europea“, expertos de ambas instituciones intercambiaron análisis sobre el proceso constituyente y el proceso electoral que marcan la actualidad chilena. En la reunión estuvieron presentes el director ejecutivo del CDC, Eugenio Ortega Frei, así como Carmen Frei, presidenta de la Democracia Cristiana (DC), y David Morales, secretario general del mismo partido, el cual ha decidido apoyar al candidato Gabriel Boric en la segunda vuelta que se disputará el 19 de diciembre.

También participó en la reunión Carlos Vargas Quiroz, consejero de relaciones internacionales en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El director de política exterior de Fundación Alternativas, Vicente Palacio, hizo referencia a las experiencias constituyentes de España y la Unión Europea y a las lecciones y limitaciones que se pueden extraer de estos procesos para el caso chileno.

 

 

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Alternativas mantiene encuentro con el Foro Permanente de Política Exterior de Chile

Alternativas mantiene encuentro con el Foro Permanente de Política Exterior de Chile

En el marco del proyecto ‘Acompañamiento del proceso constitucional, político y social de Chile’ que está desarrollando la Fundación Alternativas en colaboración con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), el director del Observatorio de Política Exterior, Vicente Palacio, mantuvo una reunión con el Foro Permanente de Política Exterior de Chile.

En el encuentro participaron José Miguel Insulza, ex secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y senador en la actualidad, Carlota Merchán, de la Secretaría Internacional y Cooperación del PSOE, además de decenas de expertos y ‘practitioners’ de la política exterior chilena. Durante la reunión se abordaron varios asuntos, entre ellos, la unidad de la izquierda, los gobiernos de coalición y el proceso constituyente chileno.

El proyecto que realiza Fundación Alternativas con el apoyo del CEPC tiene como objetivos monitorizar el proceso constituyente chileno y contribuir al mismo con ideas desde el ámbito español y europeo.

 

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29 noviembre 2021

Alternativas visita el Centro de Estudios Públicos para analizar el proceso constituyente y electoral de Chile

Alternativas visita el Centro de Estudios Públicos para analizar el proceso constituyente y electoral de Chile

En el marco del proyecto ‘Acompañamiento del proceso constitucional, político y social de Chile’ que está desarrollando la Fundación Alternativas en colaboración con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), ambas instituciones han mantenido una reunión con el Centro de Estudios Públicos (CEP) de Chile. El director del Observatorio de Política Exterior, Vicente Palacio, asistió presencialmente al encuentro celebrado en Santiago de Chile, mientras que Yolanda Gómez – directora del CEPC – y Diego López Garrido – vicepresidente ejecutivo de la Fundación – se conectaron al encuentro telemáticamente.

El CEP fue fundado en 1980 y es un think tank de referencia en el ámbito de la vida política, social y económica chilena, especialmente en lo que respecta al análisis constitucional. En relación con el proceso constituyente abierto en Chile tras las protestas de 2019, el CEP hace un seguimiento detallado del mismo a través de diferentes medios. El proyecto que realiza Fundación Alternativas con el apoyo del CEPC tiene como objetivos monitorizar el proceso constituyente chileno y contribuir al mismo con ideas desde el ámbito español y europeo.

Durante el encuentro se trataron diversas temáticas relativas no solo al proceso constituyente, que entrará próximamente en su recta final para someter a plebiscito la Constitución resultante en junio de 2022; también se hizo referencia inevitablemente al proceso electoral en el que se encuentra el país, que eligirá el 19 de diciembre al nuevo presidente de la República de Chile, puesto que disputarán Gabriel Boric y José Antonio Kast a la luz de los resultados de la primera vuelta celebrada el 21 de noviembre.

 

 

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22 noviembre 2021

González-Barba: 'El programa ‘Next Generation’ es una ocasión única y no podemos fallar'

González-Barba: 'El programa ‘Next Generation’ es una ocasión única y no podemos fallar'

La sede de la Comisión Europea en Madrid acogió este lunes la presentación on-line de su ‘Informe sobre el estado de la UE. Europa en un periodo de transición’. El documento, realizado cada año por dos fundaciones europeas –la española Fundación Alternativas y la alemana Friedrich-Ebert-Stiftung–, se divide en esta edición en tres grandes bloques: la democracia europea y la Conferencia sobre el futuro de Europa; la recuperación económica y los fondos de recuperación del Next Generation EU; y la necesidad de avanzar en tres ejes como son la política exterior, el sistema de migración y asilo, y la 'Europa de la salud', cuya importancia ha puesto en evidencia la pandemia. El evento estuvo moderado por Ana Mangas, redactora jefe de Esglobal.

Juan González-Barba Pera, secretario de Estado para la Unión Europea, destacó en su intervención la importancia de los jóvenes, ya que son “el futuro de la Unión”. A su juicio, el informe cuenta con una información “muy adecuada” para acometer la transición “intensa y acelerada” que la UE necesita, con un claro “afán integracionista”, tras circunstancias tan destacadas como “la pandemia y el Brexit”. Ante estas coyunturas, la UE tenía que “reaccionar para no entrar en parálisis, como ocurrió con la caída del muro de Berlín”.

González-Barba subrayó que el informe relaciona conceptos como “democracia, ciudadanía y el futuro de Europa”, y puntualizó que “el proyecto europeo o es democrático o no será”. Según el secretario de Estado, “cada día hay que convencer a los ciudadanos porque sin su impulso la construcción europea se detendría”. En este sentido, el “diálogo con los jóvenes” ha de tener un gran protagonismo, “porque son el futuro”, y el programa Next Generation va a ser “transformador y no podemos fallar: es una ocasión única que no se va a repetir, incluyendo la Europa social para que nadie quede atrás”.

El político aclaró que “la innovación en las áreas de salud y seguridad va a ser muy relevante en un futuro próximo”, sobre todo después de la “salida de Afganistán”, ya que Europa necesita una fuerza que “no nos haga depender de Estados Unidos”. Para ello, el debate está “reactivado y se va a convocar una cumbre que será un hito”. También concretó González-Barba que la Conferencia sobre el Futuro de Europa se convertirá en “permanente”, y matizó la necesidad de “reforzar la vertiente regional y local” en los asuntos europeos, así como la “inclusividad y participación de los discapacitados, que representan el 10% de la población europea”.

AUMENTO DE LA DESIGUALDAD

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, comentó que la UE se encuentra en un “periodo de transición e incertidumbre” debido a “una poli crisis sin precedentes”, de carácter sanitario, social, económico y ultranacionalista, con la “invasión del Capitolio en Washington como punto álgido. También vivimos un aumento enorme de la desigualdad, con los problemas generados por el negacionismo, y la profunda crisis del cambio climático”.

López Garrido, ex secretario de Estado para la UE, recordó no obstante que las crisis también conllevan “crecimiento y dinamismo”. En este sentido, señaló la “revolución tecnológica y digital”, ante la que Europa deberá “responder” de manera “colectiva” y desde el proyecto europeo, y a través de la “Conferencia sobre el Futuro de Europa”. El veterano político no descartó una “reforma de los tratados”, sobre todo “en el campo fiscal”, y resaltó los “fondos para la recuperación” como una “respuesta que no imaginábamos”, de una importancia “excepcional”, así como los asuntos que quedan por hacer: “El pilar social es la gran asignatura pendiente, y la Europa de salud y defensa, además de potenciar la lucha contra el cambio climático”.

Luise Rurup, representante de la Friedrich-Ebert-Stiftung en España y Portugal, afirmó que el proyecto europeo es “lo mejor que le ha ocurrido a los pueblos del continente en su larga Historia”, conseguido tras la “superación de enemistades hereditarias”. Esta Europa es un “proyecto de paz”, un “milagro” a pesar de sus defectos, y el Parlamento Europeo es la “única organización supranacional elegida de manera directa” en el mundo, pero “necesita atención y cuidados” para seguir adelante, teniendo en cuenta los “desafíos que amenazan la democracia”, como el auge de los “populismos”.

También participaron en el debate María Ángeles Benítez Salas, directora de la Representación de la Comisión Europea en España; Mauro García Ferrándiz, del Equipo Europa; Álvaro Rojas, de Talento Europa; Eduardo García Cancela, de Jóvenes del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo; Daryl Álvarez, de JEF Madrid; y Clara Panella, de Volt España.

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16 noviembre 2021

David Lucas: 'La nueva Ley de Vivienda no pretende usurpar el derecho de propiedad'

Políticas públicas

David Lucas: 'La nueva Ley de Vivienda no pretende usurpar el derecho de propiedad'

La Fundación Alternativas, con la colaboración del Banco Santander, organizó este martes el debate on-line titulado ‘La Ley de Vivienda. Asignatura pendiente’, con el objetivo de analizar el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, promovido por el Gobierno, que incluye importantes medidas e instrumentos para alcanzar los objetivos de mejora del derecho a la vivienda. Recientemente, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, calificó la normativa como el “quinto pilar del Estado del Bienestar”, y como una “potente herramienta para luchar contra la desigualdad, marginalidad y la exclusión”. En el encuentro se expusieron las líneas generales y las novedades impulsadas en el texto normativo.

David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, puntualizó que la ley es una “asignatura pendiente”, porque “no sólo se trata de la conformación del texto normativo”, sino que “debemos solventar graves problemas estructurales en materia de vivienda que nunca hemos resuelto ni afrontado con la dimensión que debemos y, sobre todo, nunca se han planteado soluciones reales y efectivas a las circunstancias que afectan a gran parte de la población española, como es el hecho de tener una vivienda digna a un precio adecuado y asequible”.

Lucas recordó que se trata de la “primera ley estatal” de derecho a la vivienda, que encaja en el “Estado de Bienestar que hemos ido creando a lo largo de los años” que ha resuelto muchos de los problemas endémicos de la sociedad española. Avances como la educación universal pública, la sanidad pública, tan importante en estos tiempos de Covid, el sistema público de pensiones o las ayudas a la dependencia son los “pilares” del Estado de Bienestar. Pero todo esto entra en una cierta “relatividad” si los ciudadanos no tienen cubierto su derecho a la vivienda para acometer un “proyecto de futuro”. Es uno de los “problemas más importantes” que tiene España, y es el “quinto pilar” del Estado de Bienestar. Según Lucas, muchas personas no es que tengan “dificultades para llegar a fin de mes, es que no tienen cubierto el derecho mínimo de vivienda”, y los parques públicos son “escasos”. En la UE la media de parques públicos es del 9,3%, mientras que en España es del 2,5%, y en los Países Bajos ronda el 30%.

El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda aclaró que la nueva ley pretende articular medidas para “fortalecer” el parque público, y que las administraciones establezcan los “mecanismos de colaboración y cooperación” necesarios para su implementación. El problema no es sólo de número o de acceso a la vivienda, sino también de la calidad, ya que “no es lo mismo un confinamiento en un piso de 40 m2 que en uno de 300”. La ley no va a “solventar todos los problemas”, pero va a “poner los cimientos” para que las políticas de vivienda puedan ser “reenfocadas”, para afrontar soluciones para la “colaboración público-privada” y entre administraciones, y para la puesta en marcha de “mecanismos reales de cooperación” entre ayuntamientos, comunidades autónomas y el Estado, para generar ese “parque público de viviendas necesario” para el país.

"SOLUCIONES EFECTIVAS"

El político sostuvo que el problema es de tal “magnitud y complejidad”, que la “colaboración público-privada” va a ser fundamental, ya que “todos los actores” que participan en el proceso son “necesarios” para proponer ideas y enfocar “soluciones efectivas”. Esta ley nace desde el “respeto” a las autonomías, ya que tienen la “competencia exclusiva” en materia de vivienda, lo que no es óbice para que el Estado, en el “marco competencial general regulatorio que ostenta”, pueda establecer determinados parámetros generales “que el propio Tribunal Constitucional nos ha invitado a regular”. La ley intenta cumplir con el “mandato constitucional”, respetar a las comunidades autónomas y “salvaguardar” los derechos de la Constitución, cuyo Artículo 47 establece el derecho a una “vivienda digna y adecuada”, buscando el “equilibrio” con el Artículo 33, que habla del derecho a la propiedad, y el 33.2, que establece la “función social” que deben cumplir las viviendas en España.

El debate para constituir la ley, que ha durado más de un año, ha sido muy “intenso y rico desde el punto de vista intelectual” y de las diferentes iniciativas que han ido llegando, con dificultades reflejadas en los medios de comunicación, pero con el objetivo de ser la “base de desarrollo” de las futuras propuestas a implementar. La nueva ley “no pretende usurpar el derecho de propiedad”, sólo establecer una conjunción público-privada como elemento de referencia y “columna vertebral” de la normativa, así como un “blindaje” de los parques públicos de vivienda, que es “esencial”, y el compromiso de las administraciones públicas para “ayudar a los más vulnerables y a los jóvenes en el acceso a una vivienda digna”.

También participaron en el debate Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas; Ignacio de la Torre, economista jefe en Arcano Partners; Óscar Arce, director general de Economía y Estadística del Banco de España; y Carme Trilla, presidenta del Observatorio Metropolitano de la Vivienda.

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López Garrido: 'La reforma de la Constitución es una asignatura pendiente'

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López Garrido: 'La reforma de la Constitución es una asignatura pendiente'

La sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados acogió la presentación del volumen ‘Lecciones de Derecho Constitucional de España y de la Unión Europea. La Constitución Económica’, dirigido por Diego López Garrido, catedrático de Derecho Constitucional y vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas. López Garrido comenzó su alocución recordando que el derecho alemán es el “gran inspirador” de la Constitución española y, aunque países como Polonia y Hungría “se resistan”, ya no se puede hablar de “derechos constitucionales domésticos”, sino de derechos basados en una “osmosis” entre los nacionales y el europeo. El manual, que cierra una trilogía sobre Derecho Constitucional iniciada en 2018, expresa la “silenciosa constitucionalización de la UE”, acercándose a lo que es “un Estado sin serlo aún”, y que en la pandemia ha acordado unos fondos de recuperación -750.000 millones de euros- “fundamentales para la transformación digital y medioambiental de Europa”.

López Garrido quiso reconocer la “gran labor” de las tres autoras del libro, y recordó que la UE ha “influido sin duda” sobre la Constitución española, pero el apartado económico está “poco estudiado”, y es parte esencial en la estabilidad que se ha conseguido en España, a pesar de la “polarización política y de dos crisis formidables en menos de quince años”. “El siglo XIX fue el de las constituciones liberales, el XX el de las democráticas, con su consolidación tras la II Guerra Mundial, y este va a ser el del desarrollo de la constitución económica, ya que tiene una importancia transcendental”, dijo el coordinador de la obra.  

A su juicio, la reforma de la Constitución española es una “asignatura pendiente”, y necesita una serie de modificaciones que tienen que ver con el “ámbito económico” y con el apartado de los “derechos sociales”, como el derecho a la salud, que debería ser un derecho “fundamental”, y la pandemia así lo ha “puesto de manifiesto”; el derecho a una “pensión justa”; el derecho a un “desarrollo sostenible” y el derecho de “acceso a la vivienda”.

Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados, aseguró que el libro es una oportunidad para “poner en valor nuestra Constitución”, y reconocer su vigencia e importancia como “proyecto compartido de convivencia”. La Carta Magna expresa el consenso y la cohesión de la población española, y la publicación de López Garrido tiene como objetivo “promocionarla”, además de estudiar “el derecho constitucional de nuestro país y los tratados de la Unión como apartado importante de nuestro desarrollo constitucional”.

“Con la fuerza de los Estados y los pueblos de Europa, todos somos conscientes de que ya no puede entenderse la Constitución española sin tener en cuenta el Derecho europeo, y los derechos fundamentales no pueden comprenderse sin la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. No cabe hablar de una Constitución que sea sólo española, sino que los principios y valores fundamentales son también patrimonio de la Unión, y el diálogo entre las distintas corrientes políticas es la mejor garantía de soporte de la democracia, y la crisis sanitaria muestra la necesidad de dar las respuestas supranacionales adecuadas”, afirmó la presidenta de la Cámara Baja.

Cándido Conde Pumpido, magistrado del Tribunal Constitucional, recordó que López Garrido contribuyó al “nacimiento” de la Fiscalía europea, ya que como secretario de Estado para la UE “apoyó los trabajos que dieron el primer impulso a esta institución que hoy es una realidad”. La mezcla de europeísmo y la tutela por los “valores constitucionales” es lo que se pone de manifiesto en esta obra que López Garrido dirige y que presenta un “Estado nacional integrado en la Unión”.

TUTELA CONSTITUCIONAL

Según Conde Pumpido, “contamos con un sistema de doble constitucionalidad y la democracia y el Estado de Derecho son valores que la Carta de Derechos Fundamentales de la UE refuerza, ya que el derecho originario de la Unión se impone a los derechos públicos. Se trata de un sistema multinivel de tutela constitucional, y el Tribunal de Justicia de Luxemburgo cada vez tiene mayor relevancia en la tutela de los derechos de los ciudadanos europeos”.

Wolfgang Dold, embajador de Alemania en España, sostuvo que “no hay un lugar más apropiado para la presentación de esta obra de López Garrido que este Congreso, donde la democracia fue desafiada por las armas, ya que simboliza la soberanía popular y el Estado de Derecho. Diego es un europeísta convencido y ha realizado una inmensa labor en las relaciones hispano-alemanas. Su obra se centra en el Estado social y la Constitución económica de la UE, y es la muestra de sus conocimientos jurídicos y políticos, y presenta una simbiosis entre Derecho europeo y nacional. España es un socio irrenunciable para Alemania, para afrontar juntos los desafíos de tendencias radicales y populistas”.

Mª Ángeles Benítez, delegada de la Unión Europea en España: “La obra es un testimonio del europeísmo de España, y los ámbitos social y económico son dos componentes esenciales del ordenamiento jurídico de la UE, donde destacan con relevancia salud, cultura y seguridad social. El plan de recuperación y resiliencia de la UE debe ser diseñado para dar músculo social a la ciudadanía. Hay que ponerle deberes a Diego, ya que el pilar social debe ser desarrollado con objetivos muy claros y con poder de cohesión para las sociedades, y ahí hay material para una nueva obra”.

 

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28 octubre 2021

Alternativas acoge a las representantes del programa RAISA

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Alternativas acoge a las representantes del programa RAISA

La Fundación Alternativas, en colaboración con Alianza por la Solidaridad, recibió a un grupo de unas veinte mujeres del Mediterráneo y el continente africano en el marco del Programa RAISA, impulsado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

El objetivo del encuentro en la sede de Alternativas fue el de reflexionar sobre el futuro de las relaciones entre África y Europa, con la mirada puesta en la renovación de las perspectivas, expectativas y demandas de las mujeres africanas en lo que respecta a sus derechos sociales y políticos, y a su papel en la sociedad.

El programa RAISA tiene como objetivo dar voz a las mujeres africanas y fijar posibles líneas de colaboración entre España y el continente africano. Para ello, las lideresas africanas han participado a lo largo de la semana en una seria de debates y mesas redondas para discutir, exponer las fortalezas, amenazas y desafíos con los que se encuentran las mujeres africanas hoy en día.

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Leonel Fernández: 'Iberoamérica necesita una respuesta conjunta y coordinada ante el coronavirus'

Leonel Fernández: 'Iberoamérica necesita una respuesta conjunta y coordinada ante el coronavirus'

La Fundación Alternativas organizó este jueves el debate on-line titulado ‘Iberoamérica ¿actor multilateral? Los retos de la cooperación iberoamericana en la post-pandemia’, con motivo del lanzamiento del Informe Iberoamérica 2021: El sistema iberoamericano y el multilateralismo: una perspectiva de progreso. Los estragos provocados por la pandemia de Covid-19, la fragmentación regional y los conflictos políticos, así como los procesos de digitalización, lucha contra el cambio climático y migración, son los desafíos más inmediatos que Iberoamérica enfrenta tanto regionalmente como a nivel multilateral. Moderado por Érika Rodríguez, coordinadora del Área América Latina de Fundación Alternativas, el encuentro virtual contó con varios expertos en la materia.

Leonel Fernández, presidente de FUNGLODE y ex presidente de la República Dominicana, sostuvo que “es importante entender Iberoamérica” no sólo a través de sus instituciones y organizaciones, sino como un “ecosistema de redes” que abarca distintos sectores en aspectos como “educación, cultura o finanzas”. Desde la Cumbre de Guadalajara hasta la de Andorra ha habido “valores y conceptos compartidos” por los 22 Estados miembros que han servido para “reflexionar” sobre los distintos aspectos que afectan a los países integrantes del espacio iberoamericano, como “democracia, libertad justicia, soberanía, independencia y autodeterminación, sin olvidar la sostenibilidad, la productividad y la cooperación”.

En lo que respecta al reto del coronavirus, Fernández aseguró que “Iberoamérica necesita una respuesta conjunta y coordinada, ya que no se trata sólo de una crisis sanitaria, sino que también es una crisis económica y social”. Ante la pandemia, todos los gobiernos han “reaccionado” incrementando en gasto público -en contraste con las políticas de austeridad de la crisis del 2008-, pero en un contexto de “disminución de los ingresos fiscales”, con un consiguiente “aumento de la deuda”. Esto se ha convertido en una “preocupación de carácter global”, y la repuesta que se ha pretendido es la de “poner en marcha reformas fiscales”, como la emisión monetaria que ha hecho Estados Unidos, así como “gravar en forma progresiva” a los que más tienen.

Según el mandatario, en la República Dominicana, y en el Caribe en general, se hace “más difícil” una fiscalidad progresiva por su estructura económica, y en el sector turístico e inmobiliario son “necesarias determinadas exenciones” para que haya inversión. La única reforma fiscal para “generar los recursos” que permitan mantener el gasto público, y “reactivar el crecimiento” en la etapa post pandemia, ha de ser “gravando el consumo”, pero sería una reforma fiscal de “carácter regresivo” que afectaría a la “clase media y a los sectores más vulnerables de la sociedad”.

“El incremento del precio del petróleo y la escasez de gas natural y de carbón nos dirige a una crisis energética como consecuencia de la inflación que ya estamos experimentando, y si a esto le sumamos el colapso de las cadenas globales de valor y el aumento del pago del flete y del seguro marítimo, nos encontramos en una crisis inflacionaria, a la que si añadimos una reforma fiscal que afecta a la clase media, tendrá repercusiones sociales y políticas desestabilizadoras para la región latinoamericana”, afirmó Fernández.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Marisa Ramos, profesora titular de Ciencia Política y de la Administración en Universidad Complutense de Madrid, y autora de uno de los capítulos del informe, aclaró que la cooperación es una de las “vertientes del espacio iberoamericano”, y cuenta con un modelo “bien posicionado” para situarse en el “nuevo contexto de desarrollo”, por sus características estructurales, ya que existen “experiencias de cooperación previas y de larga trayectoria”. El espacio intergubernamental cuenta ya con una “base de políticas públicas” y de construcción de “instrumentos comunes”, como los jurídicos y los “convenios internacionales” que vinculan a las políticas de los países, así como con la capacidad de “incidir políticamente, de orientar agendas y modelos de implementación”.

Cristina Xalma, investigadora en cooperación sur-sur y triangular en Iberoamérica, comentó que la cooperación sur-sur y triangular es “fundamentalmente técnica”, y entre países en desarrollo lo importante es el “intercambio de conocimiento, no el aspecto financiero”. La cooperación intergubernamental se basa en el “conocimiento y el respeto” a unos principios basados en la reciprocidad, aplicados a las políticas públicas. Esta cooperación tan particular ha “evolucionado” de manera muy favorable y hoy es “mucho más sólida”, y está mejor posicionada para los “retos tras la pandemia”.

Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación Alternativas: “La guerra del Covid-19 está siendo muy mala, pero las posguerras a veces son peores, y América Latina no tiene herramientas para la recuperación como la UE, que cuenta con un Banco Central, los fondos de recuperación o la deuda mancomunada. Latinoamérica no es un actor global, pero sí puede aspirar a ser un actor multilateral, y ahí es donde puede hacer grandes cambios. El panorama es difícil -Nicaragua, Brasil, Venezuela-, pero existen retos en cooperación multilateral que pueden ser impulsados desde ambos lados del Atlántico”.

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15 octubre 2021

López Garrido: 'Los pasos dados para acabar con los paraísos fiscales son todavía insuficientes'

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López Garrido: 'Los pasos dados para acabar con los paraísos fiscales son todavía insuficientes'

La Fundación Alternativas y elDiario.es organizaron un debate on-line, titulado 'Paraísos fiscales: la gran evasión del siglo XXI', en torno a los ‘Pandoras Papers’ y el tremendo impacto que la elusión fiscal provoca en el Estado de Bienestar. La investigación periodística sobre estos documentos ha vuelto a poner de manifiesto –como ya hicieran en su día los Papeles de Panamá- una de las mayores lacras económicas del siglo XXI: los paraísos fiscales. La filtración de unos 12 millones de documentos sobre las fortunas de personas poderosas y políticos en todo el planeta, han desvelado las redes que se construyen en el mundo de los negocios para mover dinero de manera fraudulenta. Según las pesquisas llevadas a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, integrado, entre otros, por La Sexta, El País y eldiarioAR, los ‘Pandora Papers’ revelan la creación de más de 27.000 compañías ‘offshore’, entre 1971 y 2018, con unos 30.000 beneficiarios. En España aparecen 751 sociedades opacas. El evento estuvo moderado por Ignacio Escolar, director del elDiario.es.

Según Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, uno de los “principales problemas” radica en que varios Estados de la UE son paraísos fiscales, como “Luxemburgo o Países Bajos”, mientras que el Reino Unido cuenta con “toda una pléyade de islas” en las que la evasión fiscal es “espectacular”. En este sentido, mencionó que las Islas Vírgenes británicas “tienen más inversión que Alemania”.

A su juicio, “hay esperanza para acabar con los paraísos fiscales, pero los pasos dados son todavía insuficientes”. No obstante, a nivel doméstico, los países pueden acometer “medidas sancionatorias” para empresas o entidades financieras que “trabajen” con paraísos fiscales, y aludió a los Estados Unidos como la nación con los “mayores paraísos fiscales del planeta, como Delaware”.

Por su parte, Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal para Oxfam Internacional, recordó que “cada vez que se produce una de estas filtraciones nos damos cuenta que estamos ante un problema global que necesita soluciones globales. Pero cuando los distintos poderes se sientan alrededor de la mesa, las soluciones empiezan a recortarse porque aparecen los intereses nacionales, y ahí es donde está el problema”.

Sin embargo, la experta aclaró que se han producido “avances” gracias a los “escándalos” que han provocado las filtraciones, como un aumento en el “intercambio de información” entre gobiernos y una mayor “transparencia” en las operaciones financieras, pero se trata de “parches” y no existe todavía una verdadera “multilateralidad” para afrontar claramente el problema.

Emilia Delfino, periodista de eldiarioAR y miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), reveló que en la investigación de los ‘Pandora Papers’ se encontró con entramados mucho más “sofisticados” que en anteriores pesquisas, como la de los Papeles de Panamá, donde la estructura era más “simple”. En esta ocasión, los “fideicomisos” han desvelado configuraciones “mejor diseñadas y pensadas”, mucho más “difíciles de comprender”.

Carmen Cámara, profesora de Derecho Tributario en la UDIMA, destacó la “nula transparencia” a la hora de elaborar las listas de países que son paraísos fiscales. Según la docente, con la entrada en vigor de la Ley de Medidas contra el Fraude, en julio de este año, se indica que “uno de los nuevos criterios que se van a tener en cuenta para delimitar las jurisdicciones no cooperativas, va a ser la baja tributación en el país de destino”. No obstante, puntualizó que “no se define qué es baja tributación, y situarla por debajo del 15% no está aún fijado a nivel legal”.

Cámara subrayó que la evasión fiscal no se puede “solucionar por países”, sino que necesita un enfoque global y en un foro como Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Comercio o la OCDE, y con una posición favorable de Estados Unidos para aplicar el “consenso del 15%” como impuesto mínimo de sociedades para todo el planeta. En este sentido se mostró pesimista: “Creo que no se quiere llegar al acuerdo”.

PERSONAJES PODEROSOS

Durante la investigación, han salido a relucir nombres de personajes poderosos con fortunas ocultas -más de 330-, con figuras como Sebastián Piñera, presidente de Chile; Dominique Strauss-Kahn ex director del Fondo Monetario Internacional; Abdalá II, rey de Jordania; Tony Blair, ex primer ministro británico; Andrej Babis, primer ministro checo; Corinna Larsen, ex amante de Juan Carlos I; o Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura. También aparecen miembros del espectáculo y el deporte, como Julio Iglesias, Luis Miguel, Shakira, Miguel Bosé, Claudia Schiffer, Carlo Ancelotti o Pep Guardiola.

El rey emérito, Juan Carlos I, es otro personaje de renombre vinculado con los paraísos fiscales. Tras años de investigación, el ex monarca ha salido a relucir en asuntos turbios como la construcción del Ave a La Meca o la venta del Banco Zaragozano, operaciones por las que, supuestamente, cobró comisiones que ocultó en refugios fiscales. La investigación al otrora jefe del Estado español se centra asimismo en blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.

La evasión de impuestos a través de los paraísos fiscales afecta negativamente a la recaudación de las arcas públicas de los Estados y organizaciones internacionales, así como a la economía privada, fomentando desigualdades entre territorios y provocando un tremendo impacto en el Estado de Bienestar. 

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14 octubre 2021

La dificultad de los jóvenes con estudios para realizar aspiraciones de clase media, un componente revolucionario en la Vecindad Sur

La dificultad de los jóvenes con estudios para realizar aspiraciones de clase media, un componente revolucionario en la Vecindad Sur

La Fundación Alternativas ha organizado un coloquio con motivo de la publicación de la versión en inglés del documento de prospectiva sobre la Vecindad Sur de España y la Unión Europea, elaborado por Itxaso Domínguez de Olazábal y Alfonso Casani. En este evento, titulado de igual manera que el propio documento, “Mediterranean Trends 2030/2050. A prospective approach to the Southern Neighbourhood”, los co-autores del documento han dialogado con dos colaboradores que contribuyeron con sendos estudios de caso: Youssef Cherif, director del Columbia Global Centers Tunis, y Amro Ali, sociólogo de la Universidad Americana de El Cairo.

En primera instancia, los autores del documento se detuvieron a analizar las tendencias y dinámicas que van a marcar el devenir de la región a medio-largo plazo. Los colaboradores invitados centraron sus primeras intervenciones en los casos concretos con los que contribuyeron al documento: el grave problema al que se enfrenta la ciudad de Alejandría en Egipto, amenazada por la subida del nivel del mar, y la inestabilidad política e institucional en Túnez.

En la segunda parte del acto, los panelistas intercambiaron impresiones acerca de cuestiones como las movilizaciones sociales en la región posteriormente al ciclo comenzado en 2011 con las denominadas Primaveras Árabes, así como la movilidad de personas, tanto a nivel de movilidad social como a nivel de movilidad geográfica. A este respecto, se profundizó en la frustración que produce en los jóvenes con estudios ver la dificultad que encuentran a la hora de cumplir aspiraciones de clase media, como encontrar un trabajo cualificado, tener la estabilidad financiera para formar una familia, o simplemente viajar a otras partes del mundo. Para Amro Ali, el descontento de este grupo social es un hecho que se seguirá traduciendo en nuevas protestas.

 

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6 octubre 2021

González-Sinde: 'Tengo mucha confianza en Miquel Iceta como ministro de Cultura'

González-Sinde: 'Tengo mucha confianza en Miquel Iceta como ministro de Cultura'

La Fundación Alternativas organizó este miércoles el debate on-line titulado ‘Conversaciones sobre el cine español’, con la participación de los directores Manuel Gutierrez Aragón y Ángeles Gonzalez-Sinde. Durante la conferencia se analizaron algunas de las cuestiones que afectan en estos momentos a la industria del cine. También sirvió para poner en valor el trabajo que llevan a cabo los profesionales del sector, así como sus esfuerzos por seguir construyendo el patrimonio cultural español a pesar de la pandemia. El evento contó con la moderación de Inma Ballesteros, directora de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas, y con la presentación de Diego López Garrido, su vicepresidente ejecutivo.

Según Gutiérrez Aragón, el cine español tiene una “mala salud de hierro”, y recordó que “se han cerrado muchas salas últimamente que no volverán a abrir. La Rioja es la comunidad con más salas del país, en proporción a la población, pero el audiovisual está creciendo mucho”. Sin embargo, el cineasta apuntó que todo “depende de las modas”, porque “quién nos iba a decir que el teatro iba a recuperar un público juvenil”, pero como una sala de cine “no hay nada”.

El veterano director afirmó que “estamos en la cuarta revolución tecnológica, de carácter digital, y el fenómeno de nuestro tiempo son las plataformas. El audiovisual cuenta con mucho dinero en estos momentos, y espero que algo le llegue al cine”. En este sentido, puntualizó que “España tiene 53 millones de dispositivos móviles y 47 millones de habitantes, por lo que una gran parte de esos terminales son para consumir contenido audiovisual de ficción, y cada vez hay más demanda”. Pero defendió que “el glamour del cine está en las salas, mientras que las plataformas y las televisiones empiezan a tratarnos como clientes, en lugar de como espectadores”.

Gutiérrez Aragón se mostró convencido de que el público “volverá a las salas de cine”, aunque que los festivales suelen ahora “apostar por películas complicadas que no resultan populares”. Sin embargo, Europa produce al año unas mil series de televisión, de las que unas cincuenta son españolas, lo que significa que “es una industria que funciona, ya que los beneficios que genera son muy altos”, pero en una pantalla de televisión la “agresión” que sufre la imagen es “constante”, debido a la cantidad de pequeños anuncios y promociones que aparecen.

Por su parte, González-Sinde mencionó que “el cine y la literatura, hace unas décadas, eran parte de la conversación social y del discurso cultural, y ahora se han visto desplazados por las series, que empezaron siendo un producto despreciable de segunda categoría, y en estos momentos son una maravilla de primera”. A su juicio, la salud del audiovisual español es “muy buena porque han abierto oficina aquí Amazon, HBO y Netflix”. No obstante, un país no puede “alimentarse exclusivamente de thrillers y comedias, hacen falta otro tipo de trabajos”.

PREVALENCIA DE LAS PLATAFORMAS

La ex ministra de Cultura advirtió que el cine europeo debe tener “mucho cuidado” con la “prevalencia” de las plataformas que, como es lógico, “buscan un producto adecuado a su parrilla. Hay que recordar que hacer cine cuesta dinero, porque interviene mucha gente y porque son varias las etapas necesarias para crearlo; los profesionales del medio tienen que ganarse la vida: una vocación no puede sustituir a la nómina”.

González-Sinde aclaró que las salas son el “gran escaparate”, y Hollywood es el “mercado que manda” y que destaca en los grandes festivales, donde inaugura Cannes o San Sebastián, mientras que “nuestros modelos de financiación no fomentan que haya películas más audaces y especiales, porque los inversores buscan productos que garanticen retorno económico”.

La realizadora manifestó tener “mucha confianza” depositada en el actual ministro de Cultura, Miquel Iceta, y su reciente nombramiento ha sido un “buen mensaje” para todo el sector cultural, ya que tiene una “gran capacidad de trabajo” y un equipo “muy bueno”. Con una “buena dotación económica” en base a los presupuestos, que será la clave para que Iceta pueda “hacer lo que quiere hacer”, y un capital humano adecuado para “tramitar” los fondos, este ministerio puede “hacer mucho por la cultura” española.  En este sentido, González-Sinde recordó unas palabras de Alfredo Pérez Rubalcaba: “El dinero en cultura luce más”.

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28 septiembre 2021

Diálogo entre jóvenes de cara a la Conferencia sobre el Futuro de Europa

Diálogo entre jóvenes de cara a la Conferencia sobre el Futuro de Europa

El coloquio “El futuro de Europa: ¿qué piensa la juventud española?” ha contado con las intervenciones de Carolina Fuentes Gallur, profesora asociada en la Universitat de València y concejala del Ayuntamiento de Sagunto; Víctor Khodayar, asesor regional para Europa y Asia Central en la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos; Juan Antonio Pavón Losada, director de Euronautas.com; y Ana Raya Collado, estudiante de Relaciones Internacionales y de Geopolítica. El debate ha sido presentado y moderado por Mateo Peyrouzet García-Siñeriz, coordinador del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas.

Con motivo de la celebración de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, la Fundación Alternativas ha realizado una serie de encuentros para debatir sobre la situación actual de la Unión Europea. En ellos, se ha hecho especial hincapié en la juventud y su papel como motor para la propuesta de reformas que mejoren el proyecto europeo. Este tercer coloquio entre jóvenes ha recogido las perspectivas de los cinco participantes sobre la Unión y el estado actual del europeísmo en la juventud. Sus análisis se han remitido también a la encuesta realizada por 40db y publicada por la Fundación Alternativas sobre las opiniones de la juventud europea a este respecto.

Todos los panelistas han coincidido en que uno de los principales problemas entre la juventud y las instituciones europeas es el desconocimiento y la falta de información. Esto se constata con el dato aportado por la encuesta de 40dB, que señala que casi la mitad de los jóvenes desconocen lo que son los Fondos de Recuperación y Resiliencia, aprobados en 2020 en el contexto de la pandemia por la covid-19. Víctor Khodayar explica que esto es debido a una distancia entre el impacto real de las políticas europeas y el impacto percibido por su ciudadanía. Sin embargo, señala que España es un país históricamente europeísta y su población se muestra mayoritariamente a favor de la Unión, a pesar de que exista un desconocimiento generalizado sobre sus funciones y tareas. Carolina Fuentes, como profesora y representante pública municipal, piensa que esta confianza en la UE recae en la juventud, y tanto desde las aulas como desde las instituciones locales se debe hacer más pedagogía para vincular las instituciones europeas con los efectos reales en sus problemas cotidianos.

Juan Antonio Pavón ha puesto en común una visión más crítica hacia la Unión, afirmando que el europeísmo tiene más que ver con la inercia que tomó el país tras la salida del franquismo que con un conocimiento real de la población sobre cómo ha beneficiado o perjudicado a España su permanencia en la UE. Por su parte, Ana Raya ha señalado que el escepticismo que percibe en sectores de la juventud española tiene que ver con el desconocimiento. Para ella, es llamativo que cerca del 50% de los jóvenes españoles no hayan cambiado su opinión hacia la Unión Europea tras la pandemia. Esto quiere decir que la juventud no tiene una relación con las instituciones de la Unión basada en la información y en la crítica, sino que son posiciones estáticas caracterizadas por cierta desinformación.

RETOS PARA EL FUTURO

Los participantes han afirmado que la mejor forma de fortalecer el sentimiento común europeo es avanzar hacia la integración, reforzando el pilar social y poniendo en marcha políticas destinadas a acabar con las desigualdades socioeconómicas y geográficas dentro de la Unión. Para ellos, la forma más efectiva de recuperar la confianza en la Unión Europea es hacer que las demandas sociales se transformen en políticas concretas. Por ello, la Conferencia sobre el Futuro de Europa es un momento idóneo para que las instituciones europeas canalicen las necesidades de la juventud y las traduzcan en mejoras materiales para sus ciudadanos.

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21 septiembre 2021

Una perspectiva intergeneracional con vistas a la Conferencia sobre el futuro de Europa

Una perspectiva intergeneracional con vistas a la Conferencia sobre el futuro de Europa

El coloquio “El futuro de Europa: un diálogo intergeneracional” ha contado con las intervenciones de Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de Fundación Alternativas; Belén Barreiro, directora de 40db; Patricia Lisa, analista del Real Instituto Elcano; Irene Pujol, voluntaria del Parlamento Europeo y cofundadora de Equipo Europa; y Víctor Costa, director del medio digital VIA Empresa. El encuentro ha sido presentado y moderado por Mateo Peyrouzet, coordinador del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas.

Haciendo referencia a la Conferencia sobre el Futuro de Europa, la presidenta de la Comisión puso recientemente de manifiesto la importancia que tendrán los jóvenes en el desarrollo de la Unión Europea durante la próxima década. Por ello, Von der Leyen se comprometió a responder directamente a las propuestas que los jóvenes realicen en el marco de la Conferencia, donde un tercio de los ciudadanos europeos participantes tendrán menos de 30 años. Esto se une a otros gestos relevantes, como la propuesta de 2022 como Año Europeo de la Juventud, o la puesta en marcha de la iniciativa ALMA, dedicada a que los jóvenes sin trabajo ni estudios puedan tener su primera experiencia laboral en cualquier país de la Unión. En la misma dirección, el proyecto que está llevando a cabo la Fundación Alternativas en paralelo a la Conferencia parte de una perspectiva generacional centrada en la visión de los jóvenes.

El diálogo recogió los análisis y propuestas de cinco participantes de generaciones diferentes sobre el estado actual de la Unión Europea y su desarrollo futuro. Todos ellos coincidieron en que ha habido un giro entre la gestión de la crisis financiera de 2008 y la gestión de la crisis provocada por la covid-19 en 2020. Si la gestión de la crisis anterior trajo una oleada de pesimismo y desconfianza hacia la Unión, sobre todo por parte de la población joven, la gestión de la pandemia ha revitalizado la confianza de muchos ciudadanos en el proyecto europeo, como también indican los resultados del último Eurobarómetro.

Como apuntó inicialmente Belén Barreiro, la encuesta realizada por 40dB – publicada por Fundación Alternativas en el marco del proyecto subvencionado por la SEUE – a españoles de entre 18 y 35 años refleja que el 66% de los jóvenes se declara europeísta, lo que señalaría que la época de desesperanza de la juventud hacia la Unión se está cerrando. Sin embargo, para Víctor Costa, la solidaridad mostrada en la actual crisis por los Estados miembros no puede ser simplemente una forma de salvar a la UE, sino que tiene que perdurar en el tiempo. La encuesta, además, señala que los jóvenes mayoritariamente creen que los más beneficiados por las instituciones europeas en esta crisis han sido las grandes empresas. Algo que no contribuye, según Costa, a acabar con la desigualdad ni a mejorar la imagen de la Unión por parte de sus ciudadanos. 

RETOS PARA EL FUTURO

En concreto, uno de los retos para la Unión es evitar que los Estados monopolicen el optimismo inyectado por las ayudas europeas, según Patricia Lisa. Por esta razón, las instituciones europeas necesitan realizar una labor de comunicación, unida a una apuesta por reconstruir una “Europa social”. No obstante, como reflejan los panelistas, esto es incompatible con una falta de voluntad política por parte de los Estados. Son ellos quienes deben apostar por un fortalecimiento del proyecto europeo en las siguientes décadas. 

Entre todas las medidas propuestas por los participantes, cabe destacar la realizada por López Garrido, que insistió en la necesidad de una unión fiscal que haga permanente la solidaridad entre los Estados miembros; o la iniciativa de dar más peso al Parlamento como órgano que desbloquee las decisiones cuando éstas estén paralizadas en el Consejo, tal como señaló Irene Pujol. 

Además, se realizaron propuestas dirigidas a la cristalización de una identidad europeísta, que es precisamente una tarea donde la juventud tendrá un papel protagonista. El desarrollo de los programas Erasmus, la iniciativa ALMA, u otras propuestas recogidas en la encuesta de 40dB, como la existencia de un pasaporte europeo o la participación de los deportistas olímpicos con la bandera nacional y la bandera de la UE, son medidas que reforzarán el sentimiento de pertenencia a un proyecto común europeo. Todas ellas serán claves en el desarrollo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que marcará el rumbo y las medidas que se tomen en los próximos años.

 

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14 septiembre 2021

La cultura española recibe un aprobado raspado (5,2)

La cultura española recibe un aprobado raspado (5,2)

La Fundación Alternativas organizó este martes la presentación on-line de su informe anual sobre el estado de la cultura, que en esta edición de 2021 lleva por título ‘La industria editorial, presente y futuro del libro’. El evento se celebró en el marco de la Feria del Libro de Madrid, con un debate en formato semi presencial en el pabellón de La Caixa. Moderado por Inma Ballesteros, directora de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas, el encuentro virtual contó con varios expertos en la materia.

Como todos los años, el documento presenta una encuesta realizada entre profesionales de la cultura, que en esta edición le otorgan una nota media de 5,2, aumentando una décima con respecto a 2020. Tomando de referencia los resultados de la pasada edición relativos a las principales fortalezas de la cultura en España, “el potencial de la digi­talización para los creadores vuelve a ser el punto más importante”. En este sentido, los creadores se están “aprovechando de las nuevas tecnologías” para aumentar su crea­tividad (7.44). La innovación y, en concreto, las corrientes y estilos innovadores, siguen siendo los “hitos mejor valorados”, y pueden expresarse y buscar su público (7.13), y las PYMES juegan un papel esencial como canteras de innovación (7.11). En lo que se refiere a los puntos flojos de la cultura española, el componente que menos se valora tiene que ver con la “imagen internacional”. Así pues, la visión más pobre en el marco del Estado de la Cultura en España es la “proyección exterior de las PYMES cul­turales”, que resulta “insuficiente” (3.51), y que enlaza con la “poca valoración” de las políticas públicas de cooperación exterior (3.68).

Uno de los apartados más destacados del informe es el de la “narrativa transmedia”, un relato que se ex­pande en muchos medios y plataformas con la complicidad de sus seguidores, y que ha emergido como “estrategia de comunicación y objeto de estudio en plena explosión de las redes sociales y nuevas plataformas”. Los seguidores terminan formando comu­nidades que, por una parte, contribuyen a la difusión del mundo narrativo (los fans como ‘evangelistas’), y por otro se presentan como “grandes consumidores” y productores textua­les (los fans como prosumidores). La industria editorial ha entrado en el jue­go transmedia como “produc­tora de narrativas que, en caso de éxito, se expanden a otros medios como la tele­visión”.

Sin embargo, en lo que se refiere a “consumo cultural directo por internet” de las distintas propues­tas -lectura de libros profesionales, lectura de libros por otros mo­tivos, escucha de música, visión de videos, seguimiento de televisión (último mes) y seguimiento de radio (último mes)- recogidas en la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales (EHPC), lo pri­mero que se observa es que la mitad de la población española no lleva a cabo ninguno de estos comportamientos. No consume di­rectamente en internet producto cultural al­guno, incluyendo la televisión, la mitad de la población española mayor de 15 años. Un 21,8% lleva a cabo una de tales prác­ticas. Un 16,2%, dos. Sólo un mino­ritario 0,2% lleva a cabo todos esos consumos culturales directamente a través de internet. “La diferencia entre sexos es peque­ña”, pero el consumo es mayor entre los hom­bres. El 13,3% de estos llevan a cabo cuatro o más de tales prácticas de “consumo cultural directamente por internet”, frente al 11,5% de las mujeres.

Asimismo, el documento aclara que se observan “notables desigualdades”, según los ingresos mensuales de los hogares, en lo que pueden considerarse bases infraestructurales domésticas para el consumo de cultura digi­tal, donde cabría incluir la “disponibilidad de espacio adecuado” para tal consumo. Prácti­camente “4 de cada 10 hogares con ingresos mensuales por debajo de los 900 euros no tienen acceso a internet, incluyendo el uso del teléfono móvil para tal acceso; al igual que 8 de cada 10 no disponen de tablet, ni 6 de cada 10 de ordenador”. El 64% de los hogares con ingresos por debajo de los 900 euros mensuales no ha usado nunca internet. La probabilidad de “utilizar internet para uso cultural” por parte de un individuo que pertenezca a un hogar que ingrese entre 1.600 y 2.500 euros, es del doble con respecto a uno cuyo hogar se encuentre por debajo de los 900 euros.

RECORTE DE PRESUPUESTOS

En el capítulo de artes visuales, a lo largo de la última década en España, los museos y centros de arte han sufrido una “progresiva precarización que se ha ma­nifestado tanto en recortes de presupuestos y externalización de servicios” como en una alarmante injerencia política en la gestión de directivas y patronatos, que a menudo ha entorpecido su correcto desarrollo. Este año de pandemia ha demostrado la capacidad de los museos, aún con poco público, con actividades reducidas, con recursos exiguos, con cada vez menos apoyo y protección de las administraciones, para generar una “acti­vidad social y culturalmente integradora”, si bien sus condiciones de funcionamiento han sido realmente extremas en todo el mundo, según aclara el Consejo Internacional de Museos (ICOM). Estos son algunos datos: El 46,6% de galerías ha debido reducir su plantilla mediante un ERTE; el 69,7% ha buscado estrategias nuevas de comercialización de la obra de arte a través de canales digitales; el 46,5% ha incrementado el uso de nuevas tecnologías durante la pandemia, con éxito de ventas o aumento de clientes para el 48,8% de ellas; y el 67,4% ha visto can­celarse ventas previamente establecidas, so­bre todo aquellas generadas durante ARCO y otras ferias, justo antes del inicio del estado de alarma.

Las descargas de música de pago van a menos, confirman­do que “las nuevas generaciones no están in­teresadas en la posesión, sino en la escucha a demanda”. En contraste, poco a poco suben las suscripciones a los servicios de streaming (un 23% más este año), y ya casi cuatro millones de personas tienen en España una suscripción premium a algún servicio de strea­ming musical, con “Spotify dominando el mer­cado”. Sin embargo, más llamativa es la subida del audio financiado por publicidad: en 2020 se incrementó un 81,5%, en paralelo a la más modesta alza (16,5%) del video financiado por publicidad (Promusicae, 2020). Es decir, que hay un “notable incremen­to de las escuchas en streaming sin suscripción”, en consonancia con datos que asumen un cre­cimiento del consumo cultural digital debido a la dificultad de hacer vida fuera de casa; y sigue el crecimiento de la escucha de mú­sica mezclada con imagen, lo que lleva a los artistas a dar “cada vez más protagonismo a los videoclips como vehículo de transmisión de la canción”.

En el debate de presentación participaron Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas; María José Gálvez, directora general del Libro y Fomento de la Lectura; Manuel Gil, director de la Feria del Libro; Ana Gallego Cuiñas, catedrática de Literatura Latinoamericana y autora del ICE21; y Marta Magadán, coordinadora de Calidad de la Facultad de Empresa y Comunicación de la UNIR y autora del ICE21.

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22 julio 2021

Comunicación ambiental para el desarrollo sostenible

Sostenibilidad

Comunicación ambiental para el desarrollo sostenible

La Fundación Alternativas organizó este jueves la presentación online del documento 'Evolución de la comunicación para la transición ecológica: casos prácticos', elaborado por las periodistas Sara Acosta y Marta Montojo. Un informe que refleja numerosos casos prácticos de éxito en la comunicación del medio ambiente, tratando así su evolución y la innovadora transformación que está sufriendo este sector. El debate estuvo moderado por Daniel Leguina, jefe de prensa de la Fundación Alternativas.

El medioambiente, como recalcó Acosta, por fin se ha consolidado como un "tema preferente y de preocupación para la sociedad". Los jóvenes lo están demostrando, es un punto muy relevante y que "debe estar presente en toda agenda política".

En el debate quedó claro que ha habido una (r)evolución en cuanto a la estrategia de comunicación y la forma de contar toda la actualidad sobre este sector. En este sentido, Montojo afirmó: "La información se ha democratizado con los nuevos canales, pero también hay que ser creativo para que impacte la información, no se puede difundir una noticia más y ya está. Se están creando nuevos modelos de negocio que impulsan y favorecen al periodismo. Hay muchas formas creativas de transmitir la información medioambiental y que tengan un gran impacto: en el documento se mencionan casos específicos de Spotify, Twitter o TikTok”. En la  charla se recalcó la importancia de los nuevos canales de comunicación ambiental: ya no solo existen los libros divulgativos que siempre han sido el principal factor de difusión, ahora también se utiliza el cine, documentales, música e, incluso, espectáculos o humor.

Otro tema que se trató en el debate fueron los aspectos legales que envuelven al sector medioambiental.  Según Pedro Cáceres, director adjunto del periódico El Ágora, "España es uno de los países que más infracciones abiertas tiene por parte de la UE, por el incumplimiento de la normativa ambiental. El Estado tiene que entender que el medioambiente es una cuestión vital y que tiene que ser el motor que mueva la política del país en un futuro. Por tanto, hay que cumplir las leyes”.

Una de las principales conclusiones fue que la comunicación y el medioambiente tienen que seguir evolucionando conjuntamente y abarcar nuevas posibilidades estructurales y de contenido. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la veracidad es lo más importante, como recalcó Nieves Rey, directora de Comunicación Corporativa y Márketing de Ecoembes: “Las fake news son nuestro virus. Necesitamos contrastar, tener una buena información, gente especializada. El daño de la desinformación alrededor de ciertos temas tiene un gran impacto y no se puede permitir”.

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20 julio 2021

Los fondos de recuperación son una gran oportunidad para “transformar el tejido productivo español para futuras generaciones”

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Los fondos de recuperación son una gran oportunidad para “transformar el tejido productivo español para futuras generaciones”

La Fundación Alternativas organizó este martes el debate on-line titulado ‘El sistema financiero español ante el Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo’. Este Fondo de Recuperación (NGEU) constituye una palanca de recuperación para Europa sin precedentes, tanto por su importante volumen, como por su carácter solidario y mutualizador, y pone sobre todo el foco en los sectores y actividades con una mayor potencialidad para liderar el cambio de modelo productivo hacia una economía más sostenible y competitiva. España es uno de los países con mayor potencial de aprovechamiento de esa palanca, en la medida en que concentrará una quinta parte del esfuerzo inversor del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), para cuya concreción y activación ha presentado un plan con 10 políticas palanca que se distribuyen en 30 componentes y en algo más de 110 inversiones, cada una de las cuales tendrán asociadas diferentes actuaciones y convocatorias. El debate estuvo moderado por Javier Ruiz, jefe de la sección de Economía de La Ser.

Un plan de semejante envergadura representa una oportunidad sin precedentes en el país, para movilizar a las empresas y sus planes de crecimiento; pero la efectividad del mismo necesitará herramientas que faciliten su comprensión y un acompañamiento para aprovechar de forma adecuada las oportunidades del NGEU. Las empresas que accedan a las ayudas necesitarán guías que orienten en la metodología para la presentación de las memorias, y el apoyo en los componentes financieros, de impacto económico, análisis de ayudas de Estado, marco normativo para articular las relaciones con la administración. Y, por otra parte, en la medida en que las subvenciones cubrirán parcialmente el montante de inversión de los proyectos, las empresas necesitarán el apoyo de entidades que complementen esa financiación.

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, aclaró que “los fondos de recuperación, con unos 800.000 millones de euros, tienen un carácter histórico y suponen un cambio fundamental respecto de la política que se aplicó en la crisis financiera de 2008. Entonces, la estrategia económica de austeridad fue un desastre, y las consecuencias fueron muy negativas. En esta crisis actual se ha optado por todo lo contrario: la inversión y el gasto, y la inyección a la economía de mucho dinero”. A su juicio, se trata de una “gran oportunidad” para que el sistema financiero se convierta en una “solución imprescindible” para la salida de la crisis.  

En el debate quedó clara la oportunidad para que el sistema bancario acompañe a las empresas, como “promotores y acompañantes” de proyectos elegibles. El objetivo del plan es fomentar colaboraciones público-privadas y vehiculizar 500 mil millones de euros (con los 140 mil millones de euros de recursos del MRR), de los cuales una parte muy relevante será “financiación bancaria”, completando las necesidades financieras del proyecto o sindicando operaciones singulares; pero también anticipando el “importe de las subvenciones” hasta que se ejecuten los hitos de los proyectos, o diseñando productos específicos para colectivos o convocatorias que permitan “escalabilidad”. Por otra parte, y desde la perspectiva de las entidades bancarias, el NGEU se constituye como una “ventana de oportunidad” para posicionarse de forma proactiva y alinearse con las principales iniciativas empresariales e inversiones en “sectores de referencia que se generen en los próximos años”.

Según María Abascal, directora de Public Policy de la Asociación Española de Banca (AEB), los fondos de recuperación representan una “enorme oportunidad” para el sector financiero, pero también “para el país y la sociedad en su conjunto”, y para “asentar las bases de la transformación de nuestro tejido productivo”. La experta aclaró que “podemos hacer las reformas necesarias para dejar una economía distinta a las generaciones futuras. Lo fundamental es la colaboración público-privada, y todos debemos dar lo mejor de nosotros mismos; es un trabajo colectivo como sociedad y como país”.

Ángel Bergés, vicepresidente de Afi y catedrático de Economía Financiera de la UAM, recordó que “hemos aprendido de los errores de la crisis de 2008”, que fue un auténtico “fiasco”. Ahora, con una visión mucho más a “largo plazo”, se ha puesto una “potencia de fuego tremenda”, con casi 800.000 millones, una mutualización entre países y siendo la Comisión Europea la que se endeuda, “algo nunca visto”.  El profesor Bergés recordó que España sale “claramente favorecida” en el plan, ya que la cuota asignada al país es “muy superior” a lo que España representa, y mostró su confianza en que la inyección de millones llegará, a pesar de un posible bloqueo político, “ya que nadie puede arriesgarse a quebrar la evolución de este país”.

 

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15 julio 2021

Los jóvenes españoles siguen confiando en la Unión Europea

Los jóvenes españoles siguen confiando en la Unión Europea

La presentación contó con Gonzalo Velasco, analista de Opinión Pública en el Parlamento Europeo; Irina Betancor, analista política en eldiario.es y en la delegación del Gobierno autonómico canario en Bruselas; Mateo Peyrouzet, coordinador del Observatorio de Política Exterior de Fundación Alternativas; y Carlos Alemany, analista de la Fundación Alternativas.

En el marco del comienzo de la Conferencia sobre el futuro de Europa, ahora más que nunca son los jóvenes los que tienen que recoger el testigo y tomar la iniciativa en la planificación del futuro de la Unión Europea. Esta iniciativa, que recuerda a la Convención sobre el futuro de Europa, realizada durante los años 2002 y 2003, tiene como objetivo sentar las bases de la refundación de la UE, así como reformular la relación existente entre los 27 Estados Miembros después del ‘Brexit’ y la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

En la encuesta, donde se ha preguntado a jóvenes de entre 18 y 35 años, queda patente el alto grado de europeísmo existente en este grupo de edad, ya que más del 66% de estos se declara bastante o muy europeísta. También refleja el gran grado de aceptación que tendrían unas hipotéticas medidas simbólicas que ayudaran a reforzar el sentimiento de identidad europeo, como la propuesta por Guy Verhofstadt en la presentación de la Conferencia de llevar la bandera de la UE junto a la del país en las Olimpiadas, o la creación de un pasaporte europeo.

Los jóvenes valoran positivamente La Conferencia sobre el Futuro de Europa, otorgándole un 7,2 sobre 10 de media. 8 de cada 10 consideran que ellos/as deberían ser los protagonistas de la conferencia, mientras que 7 de cada 10 cree que supondrá una mejora en el funcionamiento de la Unión Europea. La encuesta también deja conclusiones interesantes acerca de qué piensan y cómo ven a la UE los jóvenes, especialmente en los apartados relacionados con la gestión de la pandemia y la efectividad percibida de las medidas ejecutadas para paliar los efectos de esta. La mitad de los jóvenes afirman desconocer la existencia de los Fondos de Recuperación y Resiliencia –Next Generation EU-, aunque una vez se les expone en qué consisten, la mayoría tiene una gran confianza en que marcarán la diferencia, especialmente en cuanto a la transición verde y digital.

ASIGNATURAS PENDIENTES

Por otro lado, consideran que las grandes empresas han sido las más beneficiadas por las ayudas de la UE durante la pandemia, mientras que defienden que los más protegidos deberían de haber sido las personas más vulnerables y los autónomos. Esto ejemplifica una de las asignaturas pendientes de las instituciones europeas, la comunicación, ya que las iniciativas, sus motivaciones y efectos en la población no llegan correctamente a la población general, provocando una falta de conocimiento en cuanto a estas medidas y su importancia en nuestro día a día.

Finalmente, consideran que la UE no puede tomar un papel principal en los asuntos que más les preocupan, siendo estos el desempleo y la dificultad de acceso a la vivienda, ya que creen que estos temas deberían de resolverse en gran parte en un ámbito nacional. Por otra parte, sí consideran la gran importancia y necesidad por parte de la UE de tomar un papel principal en cuanto a temas como el cambio climático, la transición verde, la defensa de los derechos fundamentales y la desigualdad de género. “Esto indica una europeización de demandas públicas. Que esto se enfoque hacia el nivel europeo, proyecta a escala europea la politización primaria de la población joven”, señaló Irina Betancor durante la presentación.

“En Países Bajos, un 63% de los jóvenes tienen la lucha contra el cambio climático como principal preocupación, porque el desempleo o la emancipación no suponen un problema como en España. Esto pone de manifiesto una cruda realidad que vivimos en España. Nuestra generación es la que salió perdiendo de las dos últimas crisis – la gran recesión y ahora entramos en otra crisis – y estamos de nuevo pagando los platos rotos, y esto se pone de manifiesto en nuestras prioridades”, señaló Gonzalo Velasco.

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13 julio 2021

El CGPJ necesita un nuevo “diseño institucional” para ser un órgano independiente

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El CGPJ necesita un nuevo “diseño institucional” para ser un órgano independiente

La Fundación Alternativas organizó la presentación on-line del documento ‘La independencia del Consejo General del Poder Judicial. Perspectiva comparada y propuesta de mejora’, de Gisela Hernández González, investigadora en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El documento analiza el diseño institucional del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) español, comparándolo con los países del entorno UE que cuentan con una institución similar, con el objetivo es establecer la relación que existe entre estos diseños y las percepciones de ciudadanos y jueces en lo que a independencia y rendición de cuentas del poder judicial respecta. A partir de este análisis, el informe también propone una reforma del CGPJ que pueda atajar sus principales debilidades, entre ellas los sucesivos bloqueos a la renovación de sus miembros y la excesiva politización de la elección. Tal reforma podría potencialmente incidir en una mejora de las valoraciones de las opiniones públicas sobre el poder judicial.

Según el documento, la recientemente planteada reforma del CGPJ por parte del ejecutivo español “ha suscitado una enorme polémica”. Siendo una autoridad administrativa y no estrictamente judicial, el órgano de gobierno de los jueces es una institución fundamental para “garantizar la independencia” de este poder y, por ende, del Estado de Derecho, “tal y como ha indicado la Unión Europea”. Es por ello que “desde las más altas instancias europeas” se recomienda que, al menos “la mitad de sus miembros sean elegidos, y no solo nominados, por sus homólogos”. No obstante, en España el nombramiento de los miembros del Consejo Judicial está “ligado en su totalidad” al Parlamento.

El problema de la renovación de los miembros del CGPJ, que debía haber acontecido en 2018 y cuya parálisis se ha agravado a causa del “bloqueo impuesto por el Partido Popular”, así como el contexto europeo de preocupación por el Estado de Derecho, abren una “ventana de oportunidad” para el estudio de esta institución en un país en el que las percepciones de la independencia de la justicia se sitúan “entre las peores de Europa, tanto entre el público y las empresas como entre los propios jueces”. Es el momento de plantearse en qué medida los problemas de los que adolece el CGPJ influyen en estas “percepciones negativas de la independencia judicial en España”. Identificar cuáles son estos problemas, y “qué reformas se podrían plantear” para superar el actual bloqueo sin por ello comprometer aún más la independencia política del órgano de gobierno de los jueces, es “fundamental para mejorar la imagen y legitimidad de la justicia española”.

Según la autora, la cuestión de la independencia es “clave” a la hora de analizar la institución del Consejo Judicial. No solo es la “principal función” de estos órganos el “asegurar la independencia de jueces y tribunales” de los poderes ejecutivo y legislativo, sino que para ello es imprescindible que el propio Consejo sea a su vez independiente. Esta noción de independencia externa debe estar a la vez complementada por otras dos cuestiones: la independencia interna, es decir, “que los jueces no reciban presiones de otros jueces”; y la rendición de cuentas del poder judicial ante el resto de poderes y la ciudadanía. Se trata un delicado equilibrio, para cuya consecución es imprescindible un “diseño institucional” del Consejo Judicial apropiado.

Hernández recuerda que, en el caso español, el CGPJ presenta un “grave problema en su diseño”, pues el sistema de nombramientos “no se adapta ni a lo que demandan el Consejo de Europa y la Unión, ni al modelo que mejor funciona en el resto de países”. Por ello, es imprescindible devolver a los jueces la “capacidad de elegir” a quiénes de ellos ejercerán el cargo de vocal en el consejo. Esta reforma es el primer paso de una “serie de cambios” que probablemente mejorarían el funcionamiento del CGPJ y, por ende, las “percepciones de los ciudadanos y los jueces sobre la independencia judicial en España”.

PROTECCIÓN DEL ESTADO DE DERECHO

La autora aclaró que “el CGPJ poco tiene que ver con el KRS polaco, pues nuestro consejo judicial está en línea con todos los estándares europeos, excepto en lo que respecta al sistema de nombramientos”. No obstante, la “modificación” del sistema de elección del KRS en 2017, que dejó pasó a manos del Parlamento la elección de los jueces -antes realizada por los propios jueces-, fue una de las muchas reformas de la justicia polaca que empujaron a la Comisión Europea a activar el Art.7.1 contra dicho Estado miembro a finales del mismo año. La cuestión de la “protección del Estado de Derecho” está adquiriendo cada vez más preeminencia en la Unión Europea, a consecuencia de las “transformaciones antidemocráticas” que están teniendo lugar en algunos Estados miembros. Es por ello “esencial” que España aproveche este escenario para “cambiar aquellos aspectos de la justicia” que deberían mejorar, empezando por el sistema de nombramientos del CGPJ, a fin de proteger el Estado de Derecho.

Al mismo tiempo, “el bloqueo a la renovación de 2018 ha abierto una coyuntura idónea para dicha reforma, que los actores políticos parecen no haber sabido o no haber querido aprovechar”. En su lugar, se propuso una reforma que ahondaba aún más el problema de la politización de los nombramientos. Aunque esta no ha sido finalmente aprobada, el problema sigue vigente, e influye de “manera muy negativa” en la legitimidad de la que goza nuestro sistema judicial frente a las opiniones públicas.

En definitiva, “la reforma del sistema de nombramientos para adaptarlo a la práctica comúnmente aceptada y funcional en Europa no solucionaría por sí sola todos los problemas del CGPJ español, pero es condición sine qua non para que el resto de cambios mediante los que lograríamos un poder judicial más independiente y responsable puedan llevarse a cabo; así como para terminar con los bloqueos a la renovación que lastran el normal funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces”.

También participaron en el debate Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas; Nicolás Sartorius, presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas; y Manuel de la Rocha Rubí, secretario del Patronato de la Fundación Alternativas y abogado.

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8 julio 2021

Alternativas presenta un libro con mirada crítica que recoge análisis y opiniones sobre el impacto de la pandemia

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Alternativas presenta un libro con mirada crítica que recoge análisis y opiniones sobre el impacto de la pandemia

La Fundación Alternativas organizó este jueves la presentación on-line del libro ‘Sociedad entre pandemias’, editado por la Fundación Gaspar Casal. El evento contó con la introducción de Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, y las ponencias de Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y autor del capítulo ‘Algunos dilemas ético-políticos suscitados por la pandemia’, y Antón Costas, presidente del Consejo Económico y Social (CES) y autor del capítulo ‘El contrato social postpandémico’. La moderación corrió a cargo de Juan del Llano, director de la Fundación Gaspar Casal.

‘Sociedad entre pandemias’ es un “lugar de encuentro y reflexión” de profesionales, investigadores y académicos sobre la sociedad en que vivimos y sobre qué hacer para convertir el mundo en un lugar mejor. No se puede decir que en España se hayan obtenido “buenos resultados” en la crisis sanitaria del Covid-19. Mirando al futuro, no cabe duda que la salud de la población se convertirá en una “nueva seña de prosperidad”. Pero esto no es nada nuevo: la salud pública siempre ha sido ese reto pendiente, ese bien público al que “no se le ha prestado importancia”. Las características de la crisis sanitaria mundial “nos empuja a ver con clarividencia la necesidad de alcanzar un nuevo contrato social” en el que, seguramente, los Estados tendrán un renovado mandato económico y social para poder “hacer frente a los retos de este siglo”.

En este sentido, es fundamental “fortalecer” el Estado de Bienestar: educación, sanidad, servicios sociales y dependencia, así como medio ambiente e igualdad. Además, el volumen recomienda que España ocupe un “lugar pionero” en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Estado de Bienestar debe convertirse en un Estado social-ecológico que “revierta” las consecuencias de las crisis medioambientales que han “favorecido esta pandemia” y las futuras que pudieran venir. “Estamos ante una doble revolución: devolver la salud al corazón de las políticas públicas, poniendo el medio ambiente en el corazón de las políticas sanitarias”.

La pandemia ha puesto en evidencia que los sistemas de información, y muy especialmente, la vigilancia epidemiológica, han sido “insuficientes”. Esto es achacable al “escaso interés político e inversor” en salud pública de las administraciones sanitarias. También ha “fallado la coordinación” entre el mundo sanitario y el social. En un Estado con 17 comunidades autónomas, la coordinación no puede ser la excepción -como lo es ahora- sino un “imperativo de actuación”.

Para acometer todos los cambios que el SNS demanda, “es necesario invertir más y mejor en sanidad”. La salud ha de colocarse arriba, en la “lista de prioridades de la agenda política española”. Hay que renovar el SNS, dotándole de “mayores recursos” (económicos, humanos y tecnológicos), pero no para hacer las mismas cosas de la misma manera; la coyuntura debe propiciar el fin de la precariedad laboral de muchos de nuestros profesionales sanitarios.

Las políticas públicas deben ajustarse y actuar a fin de que se “reduzcan las desigualdades” en atención médica y educación. Es importante no dejarse vencer por un “escepticismo cortoplacista” ni por el hastío que causa una clase política centrada en los “problemas del día a día”. Ha llegado el momento de que “la sociedad civil se empodere y tome la iniciativa como ciudadanos activos preocupados por un futuro incierto”.

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6 julio 2021

La descarbonización del transporte en España deberá estar finalizada antes de 2050, según un estudio de Alternativas

Sostenibilidad

La descarbonización del transporte en España deberá estar finalizada antes de 2050, según un estudio de Alternativas

La Fundación Alternativas organizó este martes la presentación on-line del documento ‘La descarbonización del transporte en España’, de Emilio de las Heras. Este reto medioambiental es absolutamente colosal, tanto en el aspecto tecnológico como en el legislativo. Ya existen varias tecnologías para la descarbonización de las diferentes formas de transporte y, en su mayoría, son más eficientes y rentables que sus alternativas fósiles. Sólo faltan las medidas legislativas y fiscales adecuadas que aceleren la transición, y la oportuna formación de los consumidores y usuarios, para que conozcan las ventajas técnicas, económicas y ambientales de transitar a una movilidad limpia.

El informe recuerda que “el transporte en España es la actividad económica más importante en cuanto a las emisiones que produce. En 2019 representaron el 29% y es el único sector que no las ha reducido en los últimos años”. En casi todos los sectores y, especialmente, en vehículos ligeros, el de mayores emisiones, “la electricidad embarcada en baterías es la solución tecnológica más eficiente”. Hasta la fecha, España acumula un “retraso importante” en cuanto a electrificación de su transporte terrestre, en comparación con los países de referencia en la UE (Francia, Alemania, Bélgica, Austria, Reino Unido, Portugal), “cuya cuota de matriculación de vehículos eléctricos respecto a las ventas totales triplica la española”.

Los dos pilares legislativos que impulsan la descarbonización de la economía española son el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE).  Según De las Heras, son leyes que llegan “con años de retraso”. Los principales objetivos en lo relativo al transporte son “conseguir un parque de turismos y vehículos ligeros 100% libre de emisiones en 2050; prohibir la matriculación de turismos y vehículos ligeros que emitan CO2 a partir de 2040; establecer zonas de bajas emisiones (ZBE) en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes y aquellas de más de 20.000 si tienen mala calidad del aire; instalación de puntos de carga en gasolineras, edificios y aparcamientos con más de 20 plazas; elaborar un catálogo de puntos de carga en todo el territorio nacional; y aprobar una Ley de Movilidad Sostenible”.

En lo que se refiere a los automóviles, España cuenta con “más de 24 millones de turismos, bastante antiguos, muy contaminantes, que hacen una media de unos 13.000 km anuales”, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). El ritmo promedio de matriculaciones es de unos “1,2 millones”, y el de desguaces, algo menos de un millón anual, con lo que la flota no deja de “envejecer y aumentar”. Eso no sólo es “insostenible”, desde el punto de vista de emisiones de CO2 y otros contaminantes, es que supone la “ocupación creciente de un espacio público, pues el 95% del tiempo, esos vehículos están aparcados”. Además, producen una importante “contaminación acústica” que, unida a las partículas, al NOx y al Ozono, causan más de “diez mil muertes anticipadas” cada año en España.

El objetivo, aclara el experto, es “reorientar” la industria automovilística hacia la fabricación de turismos de “emisiones cero”. Igualmente, habrá que poner las medidas para incentivar el “desguace de los vehículos” más contaminantes y, de ese modo, ayudar a dar salida a los stocks de “vehículos modernos”, acumulados en la cadena de fabricación y distribución, mientras la industria transita hacia la “fabricación de vehículos sin emisiones”.

El transporte marítimo y aéreo en España, incluyendo servicios de ‘bunkering’ a buques, “apenas representa el 11% de las emisiones totales”. Pero estas actividades son globales, por lo que “no cabe la descarbonización sólo en España”. A nivel mundial, los casi cien mil grandes buques que transportan todo tipo de productos en el comercio internacional emiten unos “900 millones de toneladas” de CO2. No parece demasiado, pero, si entramos en comparativas, supone “el triple que toda la economía española”. Los cincuenta mil aviones que surcan los cielos emiten prácticamente lo mismo. Según las previsiones de las asociaciones internacionales de tráfico marítimo (IMO) y aéreo (ICAO), y de los dos fabricantes de aviones (Airbus y Boeing), “la demanda de transporte global puede triplicarse antes de 2050”.

ELECTRIFICACIÓN DE TURISMOS

Por otro lado, el transporte de mercancías supone el “22% de las emisiones” del transporte en la UE. La electrificación de los turismos ya ha empezado, seguirá y será del 100% antes de 2040-2050, y hay que “hacer algo parecido con el transporte de mercancías”. Y hay que impulsar desde la UE el “despliegue de las infraestructuras de carga, tanto en los almacenes donde duermen camiones y autobuses, como en las plataformas donde descargan y, obviamente, en carretera”.

El informe destaca que la descarbonización del transporte en España “deberá estar finalizada antes de 2050”. Los nuevos compromisos de la UE de reducir sus emisiones de CO2 en un 55% en 2030, hacen “palidecer” el compromiso español de disminuir un 23% en esa fecha. Es “altamente probable” que ese objetivo se revise al alza en 2023. Dada la muy “elevada descarbonización” ya conseguida en generación de electricidad y la “falta de madurez” de las tecnologías para descarbonizar la industria y la agricultura, España deberá apostar “muy seriamente” por descarbonizar el transporte. Principalmente, turismos, furgonetas y camiones. Ello exige empezar ya con una serie de medidas que faciliten la “penetración de las tecnologías” de transporte de emisiones cero y facilitar que se alcance la “paridad de coste de adquisición” en el entorno de 2026-2027.  La responsabilidad corresponde, sobre todo, al “Gobierno de la nación”, pero existen también medidas de aplicación “autonómica o municipal”.

El debate, moderado por José Luis de la Cruz, coordinador del Área de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas, contó también con la participación de Maribel Gómez Bernal, de la Dirección de Políticas Energéticas y Cambio Climático de Iberdrola; Isabell Büschel, Spain Director at Transport & Environment (T&E); May López, de Empresas por la Movilidad Sostenible; y Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas.

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29 junio 2021

La democracia española obtiene un aprobado alto

Políticas públicas

La democracia española obtiene un aprobado alto

La Fundación Alternativas organizó este martes, en colaboración con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), la presentación virtual del Informe sobre la democracia en España 2020. En su decimocuarta edición, el documento se centra, como no podía ser de otra manera, en las consecuencias que la situación extraordinaria generada por el coronavirus ha provocado sobre las ins­tituciones democráticas españolas. En este sentido, se ponen a examen, con mirada crítica, algunas cuestiones específicas: cómo se enfrentó la sociedad y el Estado a la crisis; cuáles fueron las implicaciones, en términos económicos y sociales, de la misma; qué dilemas democráticos plantean la restricción de derechos fundamentales y la apelación a la tecnocracia; o cómo se ha llevado a cabo la gestión en un contexto de poder diseminado.

El trabajo concluye, tras la valoración de los 319 expertos consultados, que la democracia española obtiene una “calificación de 6,3 puntos sobre 10, la más alta en los trece años de vida de la encuesta, registrando la quinta mejora anual consecutiva”. El indicador más “alarmante” es el de la “libertad de expre­sión”, que lleva cinco años empeorando su calificación, seguido del de la “estabilidad en el Gobierno”. Entre los puntos con mejores registros, destacan la “participación” política y social de las mujeres, la “responsabilidad” del poder lo­cal y autonómico, la “representatividad del Parlamento”, la “libertad” de los partidos y un “acceso más igualitario” al poder. Esto podría ser “una señal” de que la democra­cia, aunque sea lentamente, responde en la “dirección de las demandas sociales”.

Por otro lado, las peores calificaciones abso­lutas aparecen en lo que se refiere a “la corrupción, la interferencia del poder económico en la política, la selección no igualitaria de las élites políticas y su alejamiento de sus representados”. A corto plazo, con respecto a los úl­timos dos años, la evaluación que más ha mejorado es la de la “independencia” de los jueces. También ha “aumentado bastante” la calificación sobre el cumpli­miento de la legalidad. Sin embargo, aunque el informe arroja una “valoración positiva y estable” de la democracia en España, existe “una convergencia en torno a una cierta erosión de las libertades civiles”.

Alberto Penadés, codirector del informe y jefe del Departamento de Innovación del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), aclaró que “es normal” que la nota final sea un 6,3, ya que se elabora a partir de “un promedio con hasta 57 aspectos” consultados en la encuesta a los expertos. Al igual que todas las democracias avanzadas, la española fue “perdiendo crédito desde la Gran Recesión de 2008 y las políticas de respuesta” que se adoptaron, pero lleva desde 2015 “recuperando su valoración”.  

Según el experto, “otras instituciones, como la Universidad de Gotemburgo, califican a España en unos baremos muy parecidos los de nuestro documento y colocan nuestra democracia en el grupo de cabeza de los países occidentales, por encima de la media europea y de las naciones que integran la OCDE”.

Respecto a las comunidades autónomas, los extremos los ocupan “País Vasco y Cataluña”, que son, respectivamente, la comunidad au­tónoma con mejor y peor valoración ciudadana de sus Gobiernos en Es­paña. Las mejores valoraciones se en­cuentran en el norte: País Vasco, La Rio­ja, Navarra y Asturias. El siguiente grupo, aún con buenas valoraciones, lo forman Extremadura, Castilla-La Mancha, Co­munidad Valenciana, Islas Baleares y Cantabria. El resto de los Gobiernos “sus­pende”, en al­gunos casos con “bastante rotundidad”.

Además de la corrupción, las “indeseables injerencias financieras e internacionales” representan otro de los puntos débiles de la democracia española. Por otro lado, existen muchas cuestiones concernientes a la “participa­ción y la sociedad civil” que son “mejora­bles”, especialmente las que conciernen a los “medios de comunicación y a los representantes de la ciudadanía”. En de­finitiva, hay una “alta desconfianza en los líderes políticos y en sus mediadores”, a lo que la situación de “competencia polí­tica entre Gobierno central y las comu­nidades autónomas en torno al estado de emergencia y otras medidas de pre­vención de la expansión del virus no ha ayudado a mitigar”.

No obstante, los autores del informe destacan ampliamente las “fortalezas” de la democracia española. Las más sobresalientes tienen que ver con la celebración de “eleccio­nes limpias y la libertad de voto”, segui­das por el “respeto a las libertades reli­giosa, de partidos políticos y sindicatos —de asociación, en general—, el derecho a vivir y a la lengua, así como el ajuste a la legalidad de los funcionarios”.

LA DEMOCRACIA COMO FORMA DE VIDA

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, destacó la importancia de “aferrarnos a la democracia como forma de vida, en este contexto tan difícil en el que nos encontramos”. La pandemia ha puesto de manifiesto que la perspectiva pública y la intervención del Estado son “fundamentales” para hacer frente a este tipo de retos, y a sus consecuencias económicas y políticas. Garrido recordó que el informe valora la democracia “desde la perspectiva de las instituciones y sus políticas; desde el Gobierno de coalición, una novedad en España; desde la polarización y los agentes políticos, los ciudadanos y sus derechos; y desde la información sobre la pandemia”.

Yolanda Gómez Sánchez, directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), que colabora en el informe por segundo año consecutivo, sostuvo que el volumen recoge los “principales acontecimientos” que han marcado la situación sociopolítica en España en el último año, por lo que era “obligado centrarse en las consecuencias de la pandemia”. A su juicio, “es una satisfacción ver cómo las instituciones y entidades han logrado cumplir sus objetivos en condiciones muy adversas, lo que es una muestra de la salud de la democracia y de la sociedad civil”. Además, destacó que, como muestra el informe, “España está integrada en el club de los países privilegiados en lo que respecta al funcionamiento de las instituciones y el respeto a las reglas básicas de la democracia”.

En el debate posterior, que estuvo moderado por Máriam Martínez Bascuñan, profesora de Ciencia Política en la UAM y autora del capítulo “Ensayo del primer Gobierno de coalición”, participaron Alberto Penadés; Amuitz Garmendia, codirectora del informe y profesora visitante en el departamento de Ciencias Sociales de la UC3M; Borja Barragué, profesor de filosofía política y jurídica en la UNED y autor del capítulo “La capacidad del sector público en España” y Sandra León, patrona de la Fundación Alternativas y miembro del Consejo Asesor del IDE.

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28 junio 2021

Manuel Muñiz: 'El fin de la polarización dependerá del éxito de Biden en política doméstica'

Manuel Muñiz: 'El fin de la polarización dependerá del éxito de Biden en política doméstica'

La Fundación Alternativas organizó este lunes la presentación on-line del informe titulado ‘Estados Unidos: ¿Qué está cambiando? Nuevas tendencias que importan a Europa’, con el objetivo de analizar la nueva política a corto, medio y largo plazo de la administración Biden. En el coloquio se abordaron asuntos de primer orden como la promoción de la democracia dentro y fuera de Estados Unidos, los autoritarismos y las alianzas entre democracias, así como las iniciativas en salud, la digitalización, las nuevas propuestas financieras y fiscales o el cambio climático. También se analizaron cuestiones sociales como las migraciones, la justicia racial y el mayor protagonismo de las mujeres en la esfera púbica. Moderado por Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación Alternativas, el encuentro virtual contó con varios expertos en la materia.

Rebeca Guinea, directora de Programación de la Casa de América, destacó que el tándem Biden-Harris abre un “nuevo escenario”, no sólo en política interna, sino también el “ámbito internacional”, y recordó que las elecciones que sacaron a Trump de la Casa Blanca pusieron de manifiesto la “polarización social”, agudizada por el azote de la pandemia. A su juicio, el nuevo gobierno estadounidense “potenciará el multilateralismo, el trabajo conjunto contra el cambio climático, la equidad de género, los derechos humanos, la salud y la apertura comercial”.

Manuel Muñiz, secretario de Estado de la España Global, aclaró que la nueva administración estadounidense “actúa en dos grandes espacios: política exterior y doméstica, mientras subyace la pregunta de si hemos vivido el final de la polarización y volvemos a una etapa más tradicional, o si, por el contrario, tras Biden volveremos a un periodo más atípico, como ha ocurrido con Trump”.

Muñiz vislumbra un compromiso “muy marcado” con el multilateralismo, con un viraje de “180 grados” entre Biden y Trump, con la vuelta al Acuerdo de París, a la OMS, a las conversaciones para retomar el acuerdo nuclear con Irán, el desbloqueo del nombramiento de la directora general de la OMC y en el seno de la OCDE, para establecer un “marco de fiscalidad de las corporaciones y la actividad digital”. También subrayó Muñiz la “apuesta” del nuevo inquilino de la Casa Blanca por las “alianzas estratégicas e históricas de Estados Unidos, tanto en Europa como en el Indo-Pacífico”.

A nivel doméstico, existe también una política de Biden para “sanar las brechas socioeconómicas”, con un recalibrado de la “carga fiscal” a las rentas altas, que son las grandes beneficiarias de la “transformación tecnológica”, para sosegar la fractura social que estaba detrás de la polarización política. El secretario de Estado reconoce una “enorme coherencia” entre el nuevo compromiso de Biden con el “multilateralismo, la interdependencia económica, la regulación del comercio global y la lucha contra el cambio climático, y la configuración de una sociedad más equitativa, más justa, más integrada y menos polarizada”. No obstante, “el fin de la polarización dependerá, en gran medida, del éxito de las iniciativas de Biden en política doméstica de sanación de las brechas socioeconómicas”.

Por su parte, Conrad Tribble, encargado de negocios de la Embajada de EEUU en España, recordó que “lo más importante” es que Estados Unidos se recupere de la pandemia y de la crisis económica, “aprovechando la globalización para que las clases medias prosperen”, y poder así “reconstruir un espacio social que ha sido la base del éxito estadounidense”. Al mismo tiempo, la economía debe dar un “giro hacia la sostenibilidad, reduciendo las emisiones de carbono para llegar a la neutralidad en 2050. También hay que abordar el racismo institucionalizado e invertir en las comunidades discriminadas”. A nivel internacional, el diplomático apuntó a la recuperación del compromiso con “el multilateralismo y la reconstrucción de las alianzas, como la transatlántica, y en retomar el diálogo con aliados como España y la UE”.

Cristina Manzano, directora de esglobal, puntualizó que la nueva administración Biden va a “retomar” una serie de políticas que ya estaban en marcha desde hace muchos años, pero que se vieron “frenadas de manera muy brusca” por Trump, como los “derechos de las mujeres”. Es muy relevante que la vicepresidencia esté “ocupada por una mujer por primera vez en la Historia”, y hay una tendencia de una mayor presencia de mujeres en la política estadounidense, “pero el Congreso estadounidense sólo tiene un 27% de mujeres y queda mucho por recorrer para llegar al 40% de la mayoría de las democracias occidentales, empezando por la española”. La presencia de mujeres en política es además “más diversa en religión, raza o identidad de género, y representa lo que realmente es la sociedad estadounidense”. Biden quiere “reforzar la seguridad económica de las mujeres y su acceso a la salud, así como las áreas de cuidados y conciliación y las cuestiones de género y violencia machista”.

POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Raquel Jorge Ricart, Fulbright Fellow, experta en previsión y tecnología, comentó que el 78% de las empresas manufactureras en Estados Unidos “incorporan algún tipo de tecnología disruptiva, mientras que en la UE estamos en el 66%. Se trata de una diferencia menor, pero en la construcción la diferencia se agranda, del 61% al 40%, y en China llega al 73%”. El gigante asiático, en política comercial, está llevando a cabo una “estrategia totalizadora y sostenida, lo que supone un desafío para la UE, y en Estados Unidos el procentaje de  start-ups es mayor que en Europa”. Biden ha creado la primera oficina de política científica y tecnológica, “y la UE necesita un perfil de diplomacia tecnológica y de figuras comunitarias de acción exterior. También es necesario generar confianza entre las empresas y los distintos sectores económicos, implicando a la sociedad civil y a las ciudades en proyectos transfronterizos”.

Max Trujillo, presidente de MJT Policy: “La inmigración es un tema muy controvertido en Estados Unidos, y no se ha atendido correctamente en los últimos treinta años y requiere acción inmediata. Estados Unidos es un país que no está acostumbrado a vivir cambios demasiado radicales dentro de sus políticas públicas, y Biden está siendo el contrapunto a las políticas neoliberales de Trump. Trump cerró las fronteras y Biden ha hecho lo contrario, atendiendo a los migrantes y dando asilo a muchos de ellos, desde el respeto a la dignidad humana, y haciendo un gran esfuerzo para que muchas familias se reencuentren, tras las separaciones forzosas en los años de Trump”.

Cristina Olea, corresponsal de RTVE en Washington: “Biden prometió unir a la sociedad y tender puentes con el Partido Republicano, así como rebajar la polarización; y es precisamente aquí donde el nuevo presidente tiene uno de sus grandes retos. En lo que se refiere a la colaboración entre los dos grandes partidos, el asunto ha comenzado mal, porque Biden está llevando a cabo iniciativas más progresistas de lo que se esperaba. El presidente tiene ganas de hacer cosas, con el apoyo republicano o si él, mientras el Partido Republicano se muestra reticente a colaborar. El ejemplo está en que el ambicioso paquete de medidas contra la pandemia, con ayudas directas a la población, no tuvo ni un solo voto republicano en el Senado”.

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25 junio 2021

Alternativas presenta documento de prospectiva sobre la Vecindad Sur de España y la UE

Alternativas presenta documento de prospectiva sobre la Vecindad Sur de España y la UE

La Fundación Alternativas organizó este viernes la presentación online del documento “Aproximación Prospectiva a la Vecindad Sur de España y la Unión Europea: Objetivo 2030/2050” con la participación de sus autores, Itxaso Domínguez de Olázabal, coordinadora de Oriente Próximo y Norte de África de la Fundación Alternativas, y Alfonso Casani, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, así como de Irene Fernández-Molina, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Exeter; ​Ricard González, periodista y politólogo especializado en Oriente Próximo y Norte de África, e Isidro González, secretario general adjunto de la Unión por el Mediterráneo (UpM). La presentación y moderación corrió a cargo de Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación Alternativas.

Palacio comenzó subrayando que este documento tiene una orientación prospectiva con respecto a la Vecindad Sur y reflexiona sobre la posible hoja de ruta para un futuro compartido en el Mediterráneo. Su publicación está marcada por varios hitos como el cumplimiento del 25 aniversario el pasado año del Proceso de Barcelona, que desembocaría en la UpM, o el décimo aniversario de las revueltas antiautoritarias de 2010/2011, y coincide con una situación problemática en la Vecindad, con conflictos, crisis económicas y sociales, la pandemia, etc.

Domínguez de Olázabal destacó que este informe, que bebe de otros estudios similares y de toda una serie de entrevistas con expertos, cuenta con un valor añadido como es su enfoque en la seguridad humana, escapando del enfoque securitario y geopolítico de otros trabajos anteriores, y en la juventud, que constituye una parte importante de las entrevistas. El documento analiza “Megatendencias”, es decir tendencias normalmente estructurales imposibles de paliar en una generación con efectos particulares y con la vista puesta en 2050 —estas son: 1) Emergencia climática y escasez de recursos, 2) Proceso de descarbonización, 3) Fragmentación del orden internacional, 4) Dos puntos de inflexión en la transición demográfica, 5) Movilidad humana y urbanización y 6) Disrupción tecnológica y otras: La Cuarta Revolución Industrial—, y “Dinámicas a medio plazo”, en las que los distintos actores tienen un cierto margen de maniobra y tienen la vista puesta en 2030 —1) Fracturas y movilizaciones sociales, 2) La erosión y recomposición del sistema estatal árabe: gobernanza y autoritarismo, 3) ¿La oportunidad perdida del dividendo demográfico?, 4) La fractura digital en sus distintas formas, 5) La fractura territorial: periferización y urbanización, 6) La transformación del mercado de la energía, 7) ¿Too big to fail? El problema de la deuda ante una incierta recuperación pos-covid-19, 8) Conflictividad y cooperación transnacionales entre Estados y sociedades y 9) La securitización de los flujos humanos y de contrabando—.

Por su parte, Casani señaló que el estudio identifica dos escenarios: uno positivo y otro negativo. El primero implicaría abordar el contexto actual marcado por toda una serie de dificultades como una oportunidad para la reforma de los modelos de la Vecindad. El segundo, todo lo contrario, es decir, tomar el contexto como una amenaza y responder con un repliegue proteccionista, unilateral y autoritario. Estos escenarios serían paradigmáticos en la medida que lo normal es que ninguno se cumpla, sino que el escenario real esté en un punto intermedio —más positivo o más negativo— entre ambos.

Irene Fernández-Molina, por su parte, analizó la cuestión de los conflictos no resueltos. Aquí, identificó toda una serie de capas superpuestas que complejizan estos hechos y dificultan su solución: primero, cuestiones históricas, relacionadas con la emergencia de los Estados árabes; después otra capa relacionada con los procesos de descolonización, algunos frustrados o desvirtuados, y la Guerra Fría; también la cuestión de la Revolución Iraní de 1979, que inició un periodo de sectarización de la política regional entre chiís y sunníes; las intervenciones de EE. UU. bajo el prisma de la “guerra contra el terrorismo”, y los conflictos originados de las llamadas “primaveras árabes”. Esta enorme complejidad dificulta hallar una solución a los diversos conflictos, lo que además tiene importantes consecuencias a nivel regional, evitando una mayor interrelación en la que es una de las regiones menos integradas del mundo.

Además, analizando los flujos migratorios, la académica señaló la importancia de su relativización —en la medida que no han aumentado en términos relativos desde los años 60— su normalización y aceptación, así como la preparación de Europa ante las perspectivas de potenciales puntuales momentos de grandes flujos, como los refugiados sirios, que, aunque poco habituales, han de ser respondidos de forma cooperativa.

JUVENTUD REIVINDICATIVA

Ricard González puso el foco en el papel de los jóvenes y nuevos líderes sociales, señalando que ya están teniendo un papel muy importante. Aquí, señaló la brecha generacional entre una juventud reivindicativa y unas élites formadas principalmente por hombres mayores. La juventud participa activamente en la sociedad civil, pero se encuentra con dificultades a la hora de integrarse o hacer cambiar la esfera política. Al mismo tiempo, entre los jóvenes existe un cierto rechazo y escepticismo hacia la política institucional en la medida que los regímenes autoritarios recurren a la cooptación de los líderes políticos, generando pseudo oposiciones. Este rechazo y desconfianza genera dificultades a la hora de que la juventud pueda trasladar sus demandas por las vías institucionales —las cuales tampoco dan pie a una participación activa de la sociedad civil—. No obstante, González identificó algunas áreas en las que se están produciendo importantes avances gracias a estos nuevos liderazgos, como por ejemplo en cuanto a la concienciación de la discriminación de la mujer.

Por su parte, Isidro González pasó a hablar de la UpM, lamentando la poca atención que la región del Mediterráneo recibe desde Europa, lo que genera que esta Organización no haya podido alcanzar todo su potencial. Aun así, la UpM está llevando a cabo iniciativas y proyectos importantes en cuestiones de transición energética —clave en la que es la segunda región del mundo más afectada por el cambio climático— o de turismo costero, así como abordando cuestiones como el flujo migratorio yendo a la base del problema, no construyendo muros. Esto, por ejemplo, ha implicado la creación de un hub de empleo juvenil en Marruecos. Otro de los proyectos —60 en total— sería el de la Planta Desalinizadora en Gaza, que proveerá con agua a la mitad de la población de la Franja. De esta forma, González recordó la importancia de la UpM en la medida que construye consensos en la región de forma inclusiva, no de manera unidireccional de la UE al Vecindario Sur. Además, González señaló, en cuanto al papel que pueden tener otras potencias externas como China o Rusia, la importancia de que la UE se implique activamente en la región, porque si no otros, con distintos valores, lo harán.

En definitiva, Palacio y Domínguez de Olázabal destacaron la importancia de este informe para generar un muy importante debate sobre la Vecindad Sur y el papel que puede y debe jugar la UE, señalando que esta reflexión ha de continuar en los próximos años para así poder hacer de la actual situación de crisis una oportunidad para construir un futuro más inclusivo y sostenible en la región.

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17 junio 2021

Las empresas que inviertan en sostenibilidad serán más rentables a largo plazo

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Las empresas que inviertan en sostenibilidad serán más rentables a largo plazo

La Fundación Alternativas organizó el debate on-line titulado ‘Resultados no financieros de la empresa (ESG): objetivos y métricas’, en el que se presentaron los informes ‘Empresa Responsable: Buen Gobierno y Transparencia’, de Marta de la Cuesta González, profesora titular de Economía Aplicada de la UNED; y 'Hacia una empresa sostenible por diseño: un modelo que facilite la distribución del valor entre los distintos grupos de interés', de Claudia del Prado Sartorius, consultora senior de Innovación.

Según el trabajo de De la Cuesta, pensar en el valor de la empresa a largo plazo y, por tanto, gestionar riesgos y oportunidades asociadas a la sostenibilidad y la RSC, es “sinónimo” de buena gestión y de tener “presente el largo plazo”. Sin embargo, la autora se pregunta: “¿Hasta dónde es interesado ser responsable y cómo deben abordarse las cuestiones más controvertidas donde hay un trade off entre beneficio empresarial y beneficio social?”.

A su juicio, el avance desde una “responsabilidad menos instrumental” a una más normativa dependerá de los efectos que las “externalidades negativas” producidas por determinadas conductas empresariales tenga “sobre la sociedad” en cada momento. Esto “condicionará” no solo la información a reportar de forma obligatoria por parte de las empresas, sino también el “coste financiero” de determinadas actividades empresariales, y las posible “sanciones económicas o penales” que ello conlleve a los máximos responsables de esas decisiones.  Y en ese avance “no hay que perder de vista a las pymes”, especialmente a las que tienen alto impacto o con riesgos elevados, quienes de alguna manera deberían incluirse en el ámbito de las “nuevas obligaciones con requisitos de información proporcionales a su tamaño e impacto”.

Según De la Cuesta, es “necesario superar las limitaciones de medición derivadas del carácter multidimensional y la complejidad del concepto de sostenibilidad. Respecto a la exposición a los riesgos del cambio climático, hay que ser conscientes de la dificultad de medir estos riesgos, derivada de su naturaleza transversal, compleja y a largo plazo”. Por lo que respecta a las “cuestiones sociales, éticas y de derechos humanos”, donde la materialidad financiera no es tan evidente, es “previsible” que no entren en la agenda regulatoria al mismo ritmo al que parece están haciéndolo las “cuestiones ambientales”.

Sin embargo, el “impacto” que determinadas conductas pueden tener en el devenir de nuestra sociedad exige “prestarle atención al mismo nivel”. Avanzar en una “taxonomía social”, y en definir los límites de determinadas actuaciones o abusos empresariales, es “imprescindible” porque no solo lo que tiene materialidad financiera “es RSC o sostenibilidad”, sino también lo son todos aquellos “impactos” que la empresa tiene en la sociedad, aunque no afecte a su “cuenta de resultados”, al menos a corto plazo. Lo difícil es encontrar un “punto de equilibrio” entre los potenciales conflictos de interés que puedan surgir entre diferentes stakeholders que satisfaga a todos, y en esa “conciliación de intereses” con el interés general “tienen mucho que decir los reguladores”.

La “propuesta legislativa” sobre Gobierno corporativo sostenible, prevista para junio de 2021, seguramente “ayude” en este avance. Las nuevas “obligaciones corporativas” previstas para llevar a cabo la diligencia debida “en materia de derechos humanos y medioambiente”, vendrán a poner luz sobre las “implicaciones” que tiene la responsabilidad de supervisión del Consejo sobre la “gestión de los riesgos, la estrategia y los objetivos de sostenibilidad”. Esta combinación de incentivos de “transparencia y buena gobernanza”, junto con el empuje de los “reguladores y mercados financieros”, reforzará la presión para que las empresas eleven la consideración de la sostenibilidad entre las “prioridades de la dirección y el Consejo de Administración.”

Por su parte, el documento de Del Prado, aclara que una empresa sostenible por diseño forma parte de un “ecosistema y está íntimamente ligada a todas las partes del mismo”, lo que conlleva un “impacto y una responsabilidad hacia ellas”, y busca crear valor “no sólo para sí misma, sino también para todos sus grupos de interés”. La creación de valor es “sistémica y global”, e integra a los grupos de interés directos -empresa- y externos -sociedad y planeta-.

Según la experta, “el valor no es un concepto lineal de crecimiento ilimitado. Cuando se integran los grupos de interés, se rompe la ecuación por la que maximizar la creación de valor es igual a maximizar los beneficios. Maximizar el valor sistémico es una cuestión de equilibrio entre la solidez económica para la propia empresa y el impacto positivo hacia su ecosistema y las diferentes partes interesadas”.

VISIÓN ESTRATÉGICA

Del Prado recordó que “transformar una empresa en un modelo sostenible por diseño es un proceso muy profundo, que exige cambios a todos los niveles de la organización”. La transformación incluye una visión estratégica -qué dirección tomar, cómo evolucionar como organización-, así como su declinación operacional y organizacional -toma de decisiones, priorización de proyectos e inversiones, cambio en la forma de trabajar de los equipos, incentivos-, e implica repensar y reinventar el objetivo mismo de la organización empresarial.

En este sentido, Del Prado presentó la Value Wheel, una herramienta para “ayudar a las empresas a integrar un modelo de creación de valor sistémico, tanto en la visión de la organización como en su declinación a nivel operacional. El objetivo final es orientar la organización hacia un modelo sostenible por diseño, gracias a decisiones que optimicen la distribución del valor entre las partes. Cada empresa tiene su propia rueda, ya que cada empresa tiene su propio modelo de creación de valor. Cada organización debe hacer el trabajo estratégico de definir sus grupos de interés y los indicadores asociados”.

También participaron en el debate Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas; Vicente Salas, profesor en la Universidad de Zaragoza; Victoria Salvador, Gerente de reporting ESG de Repsol; Nuria Rodríguez Peinado, directora de Merdioambiente y Responsabilidad Social de Naturgy; Ignacio Santillana, economista y patrono de la Fundación Alternativas; y Francisco Ros, ingeniero de Telecomunicación. 

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15 junio 2021

La crisis del covid acelera el impulso al Hub audiovisual en España para la recuperación económica

La crisis del covid acelera el impulso al Hub audiovisual en España para la recuperación económica

La Fundación Alternativas organizó este martes la presentación on-line del documento ‘El sector audiovisual en España. La recuperación creativa de nuestra economía’, de Raúl Sánchez Fernández-Bernal, doctor en Economía. El audiovisual es uno de los sectores que más se han transformado en los últimos años. La digitalización de la cadena de valor ha generado una nueva realidad en las formas de producción y de consumo, los perfiles de sus profesionales y la diversidad de contenidos. Además, las cifras de crecimiento y el potencial para la recuperación creativa de la economía española, tras la pandemia de Covid-19, se verán reforzadas con la puesta en marcha del Hub Audiovisual español, y la inclusión del sector audiovisual en la estrategia España Digital 2025.

Según el trabajo, la regulación seguirá jugando un “papel importante”, con un especial interés en la protección del consumidor, la consideración de la producción europea como bien público, la “defensa de los derechos intelectuales” y el fomento de la competencia, configurando un entorno donde la producción europea y nacional mantendrán un peso relevante en el “conjunto de la oferta audiovisual”. En este contexto, España se encuentra con una “importante oportunidad” para el establecimiento de un Hub Audiovisual que “potencie el papel internacional” de la industria nacional en este sector y que permita “generar y capturar” valor para el audiovisual. Pese a la positiva evolución de este sector, España tiene un “fuerte potencial de crecimiento” centrado en sus ventajas comparativas: gran mercado en su propio idioma, capital humano experimentado, costes relativamente menores que en otros países y vocación de apoyo público.

Esta vocación de apoyo público, explicitada en la Agenda Digital 2025 y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía, debe complementarse con un “paquete integrado de políticas públicas”, que incluyan el fortalecimiento de la ‘clusterización’ del sector, la ampliación de las ayudas a la producción, el complemento de dichas ayudas con programas específicos de apoyo para la innovación tecnológica, la internacionalización, la eliminación de requisitos administrativos y la agilización de los existentes, la mejora de la financiación y el fomento y la formación del capital humano, “particularmente en las áreas vinculadas al desarrollo tecnológico y digital de la industria”. El autor aclaró que esta estrategia integral requiere de un “fomento del diálogo y la cooperación público-privada”, no solo en los aspectos relacionados con la producción, sino con el “diseño y la ejecución de toda la estrategia” de implementación y desarrollo del Hub.

El documento sostiene que España tiene la “oportunidad de convertirse en uno de los principales Hub europeos de producción audiovisual, y en el principal territorio para la producción de contenido en español”. En este sentido, plantea “apostar decididamente” por la configuración del Hub audiovisual español como parte de la estrategia de recuperación económica, incluyendo un plan integral de desarrollo del sector. También propone “reformular los mecanismos” de apoyo a la financiación, incluyendo colaboraciones público-privadas en el ámbito de la producción y postproducción, el recurso al capital riesgo y la mejora del acceso a la financiación para las pequeñas productoras, considerando al sector audiovisual desde la producción de largometrajes, series, cortos y animación hasta el cine documental.

Líneas de apoyo

Sánchez también recordó la importancia de “apoyar la innovación y la transformación tecnológica del sector audiovisual”, estableciendo líneas de apoyo para la ejecución de proyectos y modelos de negocio basados en la innovación y la digitalización; fortalecer la ‘clusterizacion’ del sector audiovisual, mejorando la “cooperación entre grandes y pequeñas empresas”, favoreciendo que gran parte de la cadena de valor de la producción y postproducción audiovisual permanezca en España; agilizar la tramitación de “permisos y requisitos administrativos” para la producción audiovisual, elaborar y analizar datos más detallados y completos de usuarios, visionado y producciones, y sobre lo que es hoy un sector audiovisual “digitalizado”, abarcando todos los formatos; y favorecer la “formación y recualificación del capital humano”, incluyendo capacitación en nuevas tecnologías audiovisuales, como factor de atracción de “nuevas inversiones” en el ámbito audiovisual en España.

Roberto Sánchez, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, comentó que el sector audiovisual en España ocupa una “posición cada vez más importante para la economía y el empleo”, y es un sector que es cultura, pero no sólo cultura, y sus “posibilidades de crecimiento” se derivan de la digitalización. A su juicio, esto es una oportunidad para colocar a España en un “lugar relevante en el contexto internacional de la producción audiovisual”. Según Sánchez, las nuevas tecnologías “han cambiado de manera drástica” la forma de producir y consumir los contenidos audiovisuales, y han eliminado las “fronteras de los mercados nacionales” de consumo audiovisual. La demanda de productos audiovisuales, como las series, ha “aumentado mucho” en los últimos años, por lo que el impulso a este sector se incorporó como una de las “diez prioridades en la agenda de la transformación digital España 2025; Y no sólo hablamos de series, sino también de cortos, publicidad, animación, videojuegos, cine”.

Sánchez puntualizó que el plan de impulso al sector tiene una “visión muy integradora”, ya que trasciende el audiovisual y tiene un “impacto más allá de la cultura, enlazando con el turismo y con la propia imagen del país, implicando a distintos ministerios para su elaboración”. Este Hub se construye a partir de las “fortalezas que ya tenemos: creatividad reconocida mundialmente, una industria muy solvente con profesionales bien formados y de prestigio, un gran patrimonio artístico-histórico, una gran seguridad para las inversiones, una lengua vehicular hablada por 600 millones de personas, y un destacado posicionamiento geográfico que nos permite estar conectados con Europa, pero también con América y África”.

También participaron en el debate Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas; Andrea Gavela Llopis, subsecretaria del Ministerio de Cultura y Deporte; Miguel Sanz, director general de Turespaña; Borja Cobeaga, director de cine y Presidente de DAMA; Cristina Andreu, presidenta de CIMA; Estela Artacho, presidenta de FEDICINE; Rosa García Loire, presidenta de REDCAU (Red de Clusteres audiovisuales); José Antonio de Luna, cofundador de FILMIN y Presidente de AEVOD; Fransisco Moreno, vicepresidente de la Academia de Televisión; Elena Villardel, secretaria técnica y ejecutiva de Ibermedia; Abel Martín Villarejo, director general de Aisge; Rafael Lambea, director general de Crea SGR.

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10 junio 2021

Alternativas presenta un informe para mejorar la igualdad de género en la inteligencia artificial

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Alternativas presenta un informe para mejorar la igualdad de género en la inteligencia artificial

La Fundación Alternativas organizó la presentación virtual del documento ‘Inteligencia artificial e igualdad de género. Un análisis comparado entre la UE, Suecia y España’, de las investigadoras Lucía Ortiz de Zárate Alcarazo y Ariana Guevara Gómez. La Inteligencia Artificial (IA) es un grupo de tecnologías disruptivas que promete transformar el sector público y que ya es una realidad en muchos países. El uso de la IA tiene muchas ventajas, pero también grandes riesgos, como la presencia de sesgos en los datos y en los algoritmos, que pueden amplificar discriminaciones e injusticias ya existentes como la desigualdad de género. Abordar la adopción y el uso de la IA desde una perspectiva de género es fundamental para así poder garantizar un uso democrático de las nuevas tecnologías que sea respetuoso con los derechos humanos. El presente documento analiza las Estrategias de IA de la Unión Europea, Suecia y España para determinar en qué medida sus propuestas para la IA promueven (o no) la igualdad de género. También se presentan algunas propuestas de mejora para promover un uso igualitario de la IA en España.

Según el informe, la IA está “transformando las empresas, las administraciones públicas y la vida cotidiana de las personas”. Desde sistemas de análisis de datos y proyección de situaciones futuras, hasta chatbots y asistentes de voz, los sistemas de IA se están implementando cada vez más para “automatizar procesos, incrementar la eficacia y eficiencia de las instituciones, y producir oportunidades de negocios”. Si se tiene en cuenta el uso cada vez más extendido de estas tecnologías disruptivas, se hace necesario analizar sus potencialidades, beneficios y riesgos.

El documento se concentra en los “riesgos y oportunidades” que ofrece la IA para la igualdad de género. En primer lugar, el vínculo entre el desarrollo de la IA y las cuestiones de género sólo es posible si se considera una “perspectiva socio-técnica” de la tecnología, ya que existe una relación entre el diseño de los “avances tecnológicos y los asuntos sociales y éticos que se asocian a ellos”. Si se habla, además, de unos sistemas que emulan ciertas características de la inteligencia humana, no es posible desligar estos desarrollos de los “valores éticos de la sociedad”, en este caso concreto de Europa y España.

En el marco del sector público, la IA tiene el potencial de “incrementar la eficacia y eficiencia”, favorecer los procesos de detección de “problemas y predicción de soluciones”, avanzar hacia la personalización de los servicios que se “ofrecen a la ciudadanía”, y favorecer la “automatización” de procesos y trámites. Pero, al mismo tiempo, hay “retos en relación con la producción y perpetuación” de sesgos, la rendición de cuentas, la transparencia, la “privacidad” y la explicación de los algoritmos, que pueden tener un efecto en el “desarrollo de la democracia” y en el cumplimiento de los valores europeos y los derechos humanos.

Más concretamente, se ha demostrado que, en muchas ocasiones, los datos usados en los sistemas de IA reproducen “estereotipos de género”, y que el diseño de estas tecnologías disruptivas pueden contribuir con la perpetuación de roles asociados tradicionalmente a mujeres y hombres. Desde chatbots y asistentes de voz, hasta algoritmos en buscadores y sistemas de reconocimiento facial, existen ejemplos que demuestran cómo “los estereotipos de género permean en el diseño de la IA y cómo se hace necesaria la incorporación de una perspectiva que respete el principio de la igualdad de género en los desarrollos tecnológicos”.

En Europa existe un abordaje de los “principios éticos” que deben seguirse en el desarrollo de una IA centrada en los seres humanos, que sirva de marco de referencia para incluir la perspectiva de género en la IA. En un análisis de los principales documentos oficiales europeos, que abordan los aspectos éticos del diseño y la implementación de la IA, se demuestra que “la UE ha incluido referencias implícitas y explícitas que sirven de base para la incorporación de este enfoque de género en los avances tecnológicos de los Estados miembros”. El caso de Suecia, por ejemplo, es paradigmático, no sólo por la publicación de su estrategia nacional de IA casi a la par de la UE, sino porque ha desarrollado “iniciativas concretas para usar estas tecnologías disruptivas de una forma proactiva a favor de la igualdad de género”, en estas áreas: la influencia y el poder, la educación, la distribución igualitaria de los cuidados y el trabajo no remunerado, la igualdad económica, la lucha contra la violencia de género, y el acceso y disfrute igualitario a la salud.

ESTRATEGIA NACIONAL

España, por su parte, ha emitido recientemente algunos documentos que sirven de base para el “diseño e implementación” de la IA, entre ellos la estrategia nacional, publicada a finales de 2020. Estos documentos oficiales siguen la estela de la UE, con su apuesta por una IA “centrada en los seres humanos”. También los textos españoles incluyen referencias “implícitas y explícitas al género”, lo que se traduce en un buen punto de partida para diseñar e implementar sistemas de IA con un enfoque de género.

En este sentido, este documento ofrece “cinco recomendaciones” para concretar y profundizar en las propuestas generales que ha hecho España en relación con el género y la IA: la elaboración de guías para la implementación de la IA en las administraciones públicas (AAPP) con una perspectiva de género; la elaboración de un informe anual o bianual de IA con perspectiva de género, que contenga cifras y datos sobre el avance de proyectos que incluyan este enfoque; IA contra la violencia de género (diseñar e implementar un chatbot para ayudar a las mujeres que sufren violencia de género); IA contra la brecha salarial de género (impulsar el desarrollo de sistemas de IA para favorecer la transparencia retributiva en las empresas); IA para favorecer la salud de las mujeres (Diseñar e implementar un chatbot para ayudar a las mujeres a resolver sus dudas sobre salud).

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3 junio 2021

Expertos advierten que la brecha salarial es persistente y ha crecido con la pandemia

Políticas públicas

Expertos advierten que la brecha salarial es persistente y ha crecido con la pandemia

La Fundación Alternativas organizó la presentación virtual del documento “Género y desigualdad laboral: la brecha salarial como indicador agregado”, elaborado por Reyes de Blas, economista en el Área de Estudios y Análisis del Consejo Económico y Social (CES), y Bruno Estrada, economista y adjunto a la Secretaría General de CCOO, con la colaboración de la Fundación Fundipax.

La investigación evidencia que la brecha salarial entre hombres y mujeres es una realidad en España. En el periodo 2008-2018, los salarios medios de los hombres han sido sustancialmente superiores a los de las mujeres. En 2018, último año de datos disponibles de la Encuesta de Estructura Salarial del INE, el salario medio anual de las mujeres era tan solo de 21.012 euros, frente a 26.738 euros en los hombres. Es decir, los hombres ganaban un 27,3% más que las mujeres, esto es, 5.726 euros anuales y 477 euros mensuales más.

En este sentido, Estrada incidió en que “la brecha salarial en nuestro país es persistente y continua en los últimos años”, aunque en momentos de crecimiento económico “tiende a reducirse” y en momentos de crisis económica “tiende a ampliarse”. La razón fundamental es que las mujeres están “mucho más presentes en las zonas más precarias del mercado laboral”.  A su juicio, la persistencia de una elevada brecha salarial “afecta al crecimiento económico a largo plazo: cuanto mayor es la discriminación de género en un país, menor es su renta per cápita, por eso es un elemento a tener en cuenta en términos de igualdad y de eficacia económica”.

Según Estrada, la brecha salarial creció en España, en el periodo 2008-2012, “un 31% en términos porcentuales y en cerca de 6.200 euros en términos absolutos, como salario de diferencia entre hombres y mujeres. Esto se fue reduciendo hasta 2018, pero posiblemente ahora se ha incrementado en un 27%”. El experto recordó que “no tenemos datos actualizados de 2020, pero son varios los indicadores que señalan que los salarios de las mujeres se han reducido mucho más que los de los hombres en el pasado año. Los sectores que más han visto bajar sus sueldos han sido comercio, transporte y hostelería, representando las mujeres en 61,6% en el comercio al por menor y el 51,5% en la hostelería”. El segundo grupo en el que más han bajado los salarios —y en el que las mujeres representan el 68%— ha sido el de actividades artísticas, recreativas, entretenimiento y otros servicios, en el que se incluyen las empleadas del hogar.

Casi un 40% de las mujeres trabajan en aquellos sectores en los que la caída de los salarios “ha sido mayor durante la pandemia”, bien por despidos, por prolongación durante muchos meses de los ERTE, o por recibir unos “salarios más bajos” al reducirse la actividad. Los sectores con mayor presencia de mujeres, que cerraron sus actividades durante el confinamiento y vieron restringida su actividad después, tenían un salario que “representaba el 63,3% del salario medio” en España. Por el contrario, los sectores que han podido desarrollar el teletrabajo durante la pandemia, con presencia mayoritariamente masculina, tenían un salario un “43% superior al salario medio”, datos que indican que “la brecha salarial ha aumentado con la pandemia”.

Entre las causas de la brecha salarial, Estrada destacó la “dificultad de integración” de las mujeres en determinadas actividades industriales, algo que la propia terciarización de la sociedad pone en cuestión, y su supuesta “menor cualificación”, cuando la realidad es que, en términos agregados, “tienen una cualificación mayor”. También el mayor peso de las mujeres en la “contratación parcial” (22,5 frente el 6,7% de los hombres), así como la “segregación horizontal” (concentración de mujeres en sectores de menor cualificación) y la “segregación vertical” (concentración de mujeres en la parte inferior de la escala jerárquica de la empresa).

Por su parte, De Blas comentó que las desigualdades laborales que se traducen en brecha salarial “proceden de la jornada”, porque hay muchas más mujeres trabajando a tiempo parcial, y de “las ocupaciones”, ya que salvo en sanidad y educación, los hombres acaparan todos los sectores que requieren una alta cualificación. Por el contrario, en comercio, hostelería y cuidados, las mujeres tienen más presencia.

La economista puntualizó que la brecha salarial es “persistente y no se va a resolver por sí sola”. La perpetuación de “estereotipos en función del género” en el mercado de trabajo es un factor importante que “habría que resolver”. Las mujeres tienen unas “capacidades innatas” que las colocan en el área de los cuidados, más relacionadas con las emociones, mientras que los hombres “encajan en los trabajos” más conectados con las “acciones”. Los estereotipos de género conllevan unas “atribuciones” específicas, donde las mujeres son más capaces de ocuparse del “hogar y los hijos”, por eso buscan trabajos “compatibles y a tiempo parcial”, relacionados con los servicios, cuidados sanitarios, administración, comercio o contabilidad. La consecuencia es que se conforman una serie de “empleos femeninos o que se feminizan, y que además pierden valor relativo”. Por ejemplo, el empleo doméstico, tradicionalmente ocupado por mujeres, tiene “menos valoración” que otros empleos similares y está en la “parte más baja” de la clasificación nacional, mientras que los “porteros de edificios”, con unas atribuciones bastante parecidas, tienen una “categoría asociada” a cualificación intermedia.

"LA DESIGUALDAD EROSIONA LA DEMOCRACIA"

Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de la Fundación Alternativas, rememoró unas palabras del recientemente galardonado con el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2021, Amartya Sen: “El crecimiento de la desigualdad con el coronavirus erosiona las ventajas de la democracia”. Ruiz-Huerta sostuvo que una de las “consecuencias de la pandemia” ha sido la ruptura de una cierta “tendencia igualadora” entre hombres y mujeres que parecía haberse producido en los años anteriores y que se ha visto “revertida” por la crisis, como ocurrió en la recesión de 2008. Esto ha afectado “especialmente” a las mujeres y se debe a la “precariedad” en el mercado de trabajo, a la “necesidad” de que asuman mayores niveles de riesgo que los hombres y, desde luego, a su “mayor dedicación” a los cuidados en el hogar respecto a los hombres.

Francisca Sauquillo, presidenta de la Fundación Fundipax y patrona de la Fundación Alternativas, afirmó: “Este estudio llega en un momento muy oportuno porque la igualdad entre hombres y mujeres no es un tema del que se hable demasiado; parece que no preocupa debido a otros problemas que parecen mayores, pero necesitamos unas sociedades más inclusivas. La paz llega cuando hay convivencia e igualdad, y el documento aporta datos relevantes de manera rigurosa que van a ser muy útiles a la sociedad”.

En las reacciones a la presentación del documento, se unieron al debate y aportaron su particular punto de vista, desde sus distintas disciplinas y experiencias, Maite Egoscozabal, responsable de Investigación Social del Club de Malasmadres y de la Asociación Yo No Renuncio; Gemma Galdón, directora de Eticas Consulting; Lucía Gorjón, investigadora en Fundación ISEAK; y, como moderadora, Ana Requena, redactora jefa de Género en elDiario.es.

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31 mayo 2021

Vicente Larraga: 'La vacuna española podría estar lista a finales de este año'

Políticas públicas

Vicente Larraga: 'La vacuna española podría estar lista a finales de este año'

Son varias la vacunas contra el Covid-19 que están ya circulando por el planeta. De fabricación rusa, china, estadounidense, británica, india, alemana o, incluso, cubana, el antídoto contra el virus se ha convertido en un elemento muy preciado para mejorar la reputación internacional de los Estados y aumentar su influencia sobre determinadas regiones del mundo. Los casos de Israel y Reino Unido demuestran que la vacunación masiva es eficaz, y que los países más avanzados en inmunizar a su población tendrán la ventaja de poder reiniciar su economía antes que otros. En este contexto, la pregunta es: ¿Cuándo comenzará a fabricarse la vacuna española contra el Covid-19? En este sentido, son varios los proyectos en los laboratorios españoles con indicios de éxito a corto plazo. Entre los más avanzados están los tres proyectos que se desarrollan en laboratorios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dirigidos por los virólogos Luis Enjuanes (en el Centro Nacional de Biotecnología), Vicente Larraga (en el Laboratorio de Parasitología Molecular del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas) y Mariano Esteban (con el grupo de Poxvirus y Vacunas del Centro Nacional de Biotecnología). A este respecto, la Fundación Alternativas organizó un debate moderado por Mariano Barbacid, jefe de Oncología del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y patrono de la Fundación Alternativas.

Esteban recordó que un virus de la misma familia que el del covid, el de la viruela, causó una de las “mayores pandemias de la Humanidad”, y gracias a un programa de “vacunación masiva” en la década de los sesenta se consiguió erradicar la enfermedad. El científico comentó que en el laboratorio en el que trabaja tratan de entender el “comportamiento de esta familia de virus, y cómo lo podemos aplicar para tratar de corregir otros agentes infecciosos, porque este es un virus ADN que tiene una gran plasticidad, en el que se pueden introducir con facilidad genes de otros patógenos”.

Según aclaró Esteban, utilizando una variante de la vacuna de la viruela “hemos introducido genes del coronavirus para conseguir un antídoto contra el covid. Primero hemos demostrado que la respuesta inmune se cumplía en modelos animales, y que les protegía frente al patógeno. Lo hemos conseguido en ratones y hamsters, con un 100% de eficacia, y estamos en fase de prueba en macacos. Una empresa española ya nos ha proporcionado un lote para las fases clínicas, y dependemos de que las agencias reguladoras nos lo aprueben”.

Enjuanes explicó que ‘su’ vacuna está “basada en un RNA que es autorreplicativo y que está derivado del propio genoma del virus. Llevamos muchos años trabajando con coronavirus y hemos comprobado todos los principios básicos del concepto que estamos desarrollando, que cuando se administra en animales proporciona una inmunidad esterilizante. También, hemos incorporado unos determinantes antigénicos que dan cuenta de las nuevas variantes que han surgido, como la del Reino Unido, Suráfrica y Brasil, y pronto incorporaremos la de la India”.

En este momento, el laboratorio de Enjuanes trabaja en una vacuna químicamente definida, “que gusta mucho a las empresas porque no les gusta trabajar con vacunas vivas que puedan evolucionar y retroceder a una forma virulenta, y consta de un replicón autoamplificativo RNA y de un sistema de ‘delivery’, porque son moléculas muy sensibles a la degradación en medios biológicos y necesitamos protegerlos y proporcionarles un sistema mecánico que les permita internalizarse en las células; y además cumple la misión de potenciar la respuesta inmune”.

Larraga, por su parte, adelantó que su proyecto se basa en una vacuna de ADN sintético en la que “hemos puesto todas las señales, de forma que cuando introducimos el gen del virus es capaz de entrar en las células de la persona a la que se va a inmunizar, va al núcleo, y hace que su maquinaria sintetice estas proteínas del virus SARS. Lógicamente, el sistema inmune las reconoce como foráneas e inmediatamente monta la respuesta inmune protectora".

“Si no hubiéramos sido capaces de desarrollar una vacuna contra la leishmaniosis canina, no habríamos podido ponernos a trabajar en esta vacuna y con esta urgencia. Pero cuando ya hay vacunas en el mercado, hay que ofrecer un producto competitivo o, al menos, igual de eficaz en la protección y, por ejemplo, con menos efectos secundarios. Esta enfermedad que, afortunadamente estamos venciendo como epidemia, ha venido para quedarse, por lo que cuanto mejor sea la vacuna que consigamos mayores posibilidades tendremos de combatirla. Estamos terminando la fase preclínica, pero la ciencia siempre te pone en tu lugar. Creo que para finales de año o comienzos de próximo estaremos en condiciones de terminar la fase clínica”, dijo el científico.

EXTRAORDINARIOS ÉXITOS

Emilio Bouza, profesor emérito de la Universidad Complutense y asesor de la Comunidad de Madrid, recalcó que, desde el punto de vista científico, “llevamos un año y medio de extraordinarios éxitos, porque nadie hubiera apostado por tener varias vacunas en ese tiempo, con una eficacia clínica demostrada”. El experto recordó que “antes de sacar una vacuna hay que recorrer el penoso camino de las fases preclínicas y clínicas. Se han producido de cuatro a ocho episodios de trombos por millón de habitantes, con una mortalidad sustancial, por lo que hay que seguir estudiando la eficacia y buena tolerancia de los antídotos”.

A su juicio, las vacunas españolas tienen “mucho que aportar, entre otros aspectos un grado de seguridad mayor que el de las actuales, y un espectro mayor que incluya la variante surafricana. No conocemos el tiempo de protección que van a dar las vacunas que tenemos en el mercado actualmente, aunque han demostrado reducir la enfermedad grave y la mortalidad, pero no tienen una capacidad absoluta contra la infección y, por tanto, la posibilidad de transmisión”.

Además de los tres proyectos del CSIC, hay investigaciones en marcha en la Universidad de Zaragoza -donde se estudia una posible modificación de una vacuna que se está desarrollando contra la tuberculosis-, o en el Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS). Entre los proyectos más avanzados destaca también el de la farmacéutica Hipra, que tiene sus laboratorios en la localidad gerundense de Amer, y que prevé iniciar los ensayos clínicos de su vacuna, basada en una proteína recombinante desarrollada por la propia empresa, el próximo mes de junio, empezar a producirla en octubre y fabricar 400 millones de dosis durante el próximo año 2022.

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25 mayo 2021

Cristina Gallach: “España ha relanzado sus esfuerzos políticos y diplomáticos hacia el continente africano”

Cristina Gallach: “España ha relanzado sus esfuerzos políticos y diplomáticos hacia el continente africano”

Con motivo del Día de África, la Fundación Alternativas organizó este martes la presentación de su informe anual sobre el continente, que en esta edición lleva el título ‘Desafíos conjuntos para África y Europa bajo la pandemia’. En este sentido, el documento incide en la evidencia de que los futuros de ambos territorios están estrechamente ligados, con una proximidad geográfica que se traduce en derivadas comerciales, migratorias y geopolíticas que marcarán el devenir de ambos continentes.

Cristina Gallach, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y Caribe, afirmó que España y el Ministerio de Exteriores han “relanzado todos los esfuerzos políticos, diplomáticos, y en materia de seguridad o cultural con África”. En este sentido, “el lanzamiento del programa ‘Foco África’ suma todos nuestros esfuerzos y visibiliza una acción que tiene como objetivo ser mucho más profunda y mucho más impactante”.

Según Gallach, el programa se centra en las áreas de “paz y seguridad; desarrollo de economías sostenibles y más inclusivas; mejora del comercio para que la presencia empresarial española y las inversiones sean mayores; fortalecimiento de los servicios públicos globales, como agua y saneamiento; acción humanitaria para conseguir la estabilización de las zonas en conflicto; compromiso de España con la igualdad de género; y gestión regulada y organizada de la movilidad de los migrantes”.

Para la secretaria de Estado, “la visión que tenemos de África se basa en un gran compromiso, y tenemos el deseo desde el Ministerio de Exteriores de que el Informe de la Fundación Alternativas sea un elemento de ayuda para formular y realizar una política eficaz y más provechosa para el continente africano”.

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, comentó que la trayectoria demográfica de África “impone una gran relevancia en la esfera geopolítica del mundo”, dentro de una “total diversidad”, aunque puede ser vista con “características propias”. El informe ofrece distintos enfoques del continente, como el del fuerte “impacto de la pandemia” -con un 14% de la población mundial sólo están vacunados el 2% de sus habitantes-, por lo que hay que “acelerar la producción” de vacunas y un “acceso equitativo” para los africanos, basado en la “solidaridad” de todos los países, sobre todo de los “ricos”, ya que “hasta que no esté vacunado el conjunto del planeta siempre existirá la amenaza del virus”.

Garrido también resaltó el enfoque económico del documento: “África tendrá este año un crecimiento del 3,2%, la mitad del total del mundo, y las relaciones con la Unión Europea son muy importantes, porque el crecimiento y la estabilidad del continente africano son muy positivos para el conjunto de Europa, aunque la influencia comunitaria no ha crecido demasiado en África últimamente, sobre todo si se compara con la de otras potencias. Es verdad que la UE está desarrollando una política de Vecindad Sur, enfocada sobre todo al ámbito mediterráneo, pero no debe limitarse a una política migratoria o de seguridad, sino ir más allá y luchar contra el cambio climático, la pobreza y la desigualdad”.

RACISMO Y DESIGUALDAD

Elsa Aimé González, coordinadora del Panel África Subsahariana de la Fundación Alternativas, recordó que “consolidar las relaciones entre España y las instituciones africanas requiere acercar también nuestra sociedad a la realidad del continente africano, y tratar de romper la clásica dicotomía norte-sur con la que España se ha acercado a África históricamente, por lo que habría que hacerlo desde un prisma que vaya más allá de los discursos imperantes, y que ofrezca nuevos enfoques para superar la tradicional verticalidad, y que todavía hoy en día está marcada por el racismo y la desigualdad”.

Para Itxaso Domínguez de Olazábal, coordinadora del Panel Oriente Próximo y Norte de África de la Fundación Alternativas, “el Covid-19 representa la intensificación de una serie de tendencias que ya veníamos advirtiendo, y a la vez una suspensión de los focos migratorios y de las movilizaciones sociales por la justicia, la libertad, la dignidad, los principios democráticos y contra el racismo. No obstante, una simple pandemia, teniendo siempre en cuenta cuáles han sido sus efectos, no puede paralizar la fuerza de estas demandas”.

También participaron en el debate Berta Mendiguren, autora del capítulo ‘La covid-19 en África: ¿el remedio peor que la enfermedad?’; Marta Íñiguez de Heredia, autora del capítulo ‘¿Hacia un partenariado más igualitario? Lo que depara el 2021 para las relaciones Europa-África’; Lorenzo Gabrielli, coautor del capítulo ‘Política migratoria española hacia África: ¿cambio de gobierno y cambio de política?’; Beatriz Mesa, autora del capítulo ‘Diplomacia migratoria en el Norte de África: retrospectiva y desarrollo’; Houda Mzioudet, autora del capítulo ‘El papel de la transición democrática en el desarrollo de una conciencia negra global entre los tunecinos’; y Antumi Toasijé, autor del capítulo ‘Black Lives Matter y el racismo estructural global’.

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20 mayo 2021

Bruno Estrada: 'Hay que modernizar las relaciones laborales para contrarrestar el impacto negativo de la globalización'

Otras áreas de trabajo

Bruno Estrada: 'Hay que modernizar las relaciones laborales para contrarrestar el impacto negativo de la globalización'

La Fundación Alternativas organizó este jueves un debate on-line titulado 'Corrección de desigualdades en la distribución de la riqueza', con la presentación del documento 'El papel de la empresa en la reducción de las desigualdades sociales', de Bruno Estrada, economista y adjunto a la dirección de CCOO, con el objetivo de analizar las transformaciones que debe afrontar la empresa, con su capacidad de estimular la cooperación, para tener un papel relevante en la modernización social. En los últimos 50 años se ha producido un brusco descenso de la participación de los salarios en el PIB en las economías de la OCDE. Sin embargo, esto no sucedió en el pasado, en los ‘treinta años dorados’. Uno de los factores clave en ese estancamiento salarial ha sido la disminución del poder de negociación de los trabajadores, que tiene causas políticas.

Según Estrada, para invertir la “tendencia a la desigualdad” y que España avance hacia una “economía de mayor productividad”, para buscar un escenario win-win como muestra el caso de Suecia –donde en los últimos 30 años la productividad ha crecido en más de un 40%, y los salarios reales lo han hecho aún más que la productividad-, “el papel de la empresa es clave”, tanto para impulsar de forma conjunta el esfuerzo inversor privado, aumentando el capital físico de la empresa y la innovación tecnológica, como para “equilibrar el poder de negociación entre accionistas y trabajadores”.

Para el economista, es necesaria una “innovadora política industrial” que incentive la reinversión productiva de los beneficios de las empresas, favoreciendo que estas apuesten por una creciente complejidad productiva y redirijan sus producciones hacía “bienes superiores”, esto es, incorporando “valor de obra de arte” a los bienes y servicios que fabrican.

También es imprescindible una “modernización de las relaciones laborales” y, en particular, del marco institucional de la “negociación colectiva”, que reequilibre el “poder de negociación” entre los trabajadores y los accionistas, lo que permitirá “contrarrestar el impacto negativo que, hasta ahora, han tenido el cambio tecnológico y la globalización sobre la desigualdad”. Un elemento clave a la hora de “impulsar” un incremento de la productividad de las empresas, por tanto, es “incentivar la reinversión de beneficios”, para lo que podría contemplarse un “tipo menor” en el impuesto de sociedades para los beneficios que voluntariamente se “reinviertan productivamente en la empresa”. El desarrollo de “eficaces instrumentos” de información y consulta al comité de empresa sobre el “destino de estos recursos” vincularía ambos procesos, modernizando las relaciones laborales.

Estrada puntualizó que estas propuestas permitirían que las empresas españolas “redujeran su dependencia de una financiación excesivamente volátil”, cuyo único objetivo es “obtener una revalorización inmediata” de la inversión a costa de los resultados productivos a medio plazo, lo que “precariza el empleo” y hace más frágiles a las empresas en una coyuntura recesiva; lograran una “mayor estabilidad en la gestión” y, por tanto, en la financiación de proyectos tecnológicos e inversores con procesos de maduración largos que “mejoran la capacidad competitiva” a largo plazo; mejoraran su productividad, ya que esta depende en gran medida de la “reinversión de los beneficios en I+D”, en la modernización de los bienes de equipo y en la formación de los trabajadores; y reforzaran el efecto sede, en las empresas multinacionales nacionales, “facilitando la concentración en nuestro país de las partes del proceso productivo de mayor valor añadido”.

Estrada recordó que el dinero es un “magnífico incentivo” para movilizar la voluntad de millones de seres humanos, aunque el principal problema que plantea el capitalismo, en términos de organización humana, es que los objetivos para los cuales se coopera son determinados por los “grandes propietarios de capital”, y habitualmente tienen que ver con acrecentar su “poder y riqueza”. A partir de los años cincuenta del siglo XX, varios países europeos -en Suecia fueron pioneros, ya que tuvieron los primeros gobiernos socialdemócratas en los años veinte- mejoraron el poder negociación de los trabajadores sobre sus salarios y condiciones de trabajo -algo menos en EEUU-, y desarrollaron “fuertes mecanismos redistributivos” implantados mediante el Estado del Bienestar, conformando un sistema económico, social y político, que se puede definir como un “capitalismo con una fuerte regulación pública-democrática”, que ha permitido la generación de suficiente riqueza material y una “distribución mucho más equitativa que en el pasado”.

CAPITALISMO Y DEMOCRACIA

Esa mezcla de capitalismo y democracia ha permitido que un que un “elevado número de personas fueran más libres” -el sentimiento de libertad tiene un importante componente material, esto es, de superar estadios de pobreza, como se ha encargado de recordarnos Amartya Sen– y, por tanto, más felices. Pero ese mismo éxito del capitalismo en “generar abundancia” -aunque muy desigualmente repartida-, en “proveernos de bienes que procuran confort material está produciendo un profundo cambio en la escala de valores morales del ser humano, algo que se ha venido ignorando en gran parte de los análisis económicos, políticos y sociales”.

Según Estrada, para construir sociedades más igualitarias y más libres, hay que encontrar un “equilibrio entre democracia y capital”, por lo que resulta “imprescindible repensar la economía desde la democracia”. Encontrar este equilibro no es fruto de un “punto de equilibrio teórico”, sino de la “correlación de fuerzas” que hay en cada época histórica en cada sociedad, y en las herramientas que se utilizan para ello. Por un lado, no se puede “circunscribir la democracia” al ámbito político-estatal, sino que ésta debe “inocularse” en las células básicas de la economía, que son las empresas, lo que exige una “distribución más equitativa” de la toma de decisiones en la empresa. La empresa debe “transformarse” si quiere jugar este “papel relevante” en la modernización social.

También participaron en el debate Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas; Ignacio Santillana, economista y patrono de la Fundación Alternativas; Nuria Rodríguez, directora de Medioambiente y Responsabilidad Social de Naturgy; Gloria Juste, directora de Proyectos de la Fundación Endesa; Carlos Fernández Cárcoba, gestor del Programa CaixaProinfancia del Área de Inclusión Social de la Fundación 'la Caixa'; Vicente Salas, profesor en la Universidad de Zaragoza; y Francisco Ros, ingeniero de Telecomunicación.

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18 mayo 2021

Expertos destacan la necesidad de avanzar hacia la Unión Europea de la Salud para afrontar futuras pandemias

Expertos destacan la necesidad de avanzar hacia la Unión Europea de la Salud para afrontar futuras pandemias

La Fundación Alternativas organizó este martes la presentación on-line del documento titulado ‘La Europa de la Salud: balance y perspectivas tras un año de pandemia’, de José Manuel Freire y Alberto Infante, ambos profesores eméritos del Departamento de Salud Internacional en la Escuela Nacional de Sanidad (ENS), del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Entre las propuestas del informe destaca la necesidad de “avanzar” hacia una Unión Europea de la Salud (UES), lo que implica necesariamente ir más allá de afrontar mejor los riesgos derivados de “posibles pandemias futuras, más o menos similares a la actual”. Es necesario tomar también en cuenta los “riesgos estructurales y sistémicos” para la salud derivados del “cambio climático y de la contaminación ambiental”, así como de las condiciones de vida y los hábitos inadecuados; en definitiva, los determinantes no médicos de la salud. Es necesario abordar el reto de “garantizar la universalidad” de los servicios de salud en el conjunto de la Unión: con equidad, sin exclusiones, con calidad y eficiencia, creando con solidaridad un “espacio compartido de ciudadanía sanitaria” y haciendo del sector salud una de las grandes “fuentes de riqueza y de bienestar” compartido por todos los Estados miembros.

La salud es una de las “grandes prioridades” de los ciudadanos europeos, y la pandemia de Covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia crucial de la intervención de la UE para coordinar los esfuerzos de los Estados miembros, garantizar insumos vitales y disponer de la vacuna. Son muchas las organizaciones cívicas, políticas y profesionales sanitarias que ven en la construcción de la UES el “mejor horizonte, no sólo para prevenir y afrontar crisis sanitarias, sino también para mejorar la salud y la economía, fortaleciendo los valores de la Europa de los ciudadanos”. La construcción de la UES exige combinar una visión ambiciosa del proyecto europeo, capaz de ilusionar a los ciudadanos con el pragmatismo, la solvencia y la prudencia política que permita “lograr avances y logros tangibles de las políticas actualmente en marcha. En definitiva, gestionar bien el presente, explorando a fondo todas las posibilidades que ofrece para avanzar, es un paso previo que favorece un deseable salto adelante en las competencias en salud de la UE”.

En esta perspectiva, es muy importante trabajar con un “marco conceptual” de tres niveles o escenarios de implicación creciente de la UE en salud. El primer nivel consiste en el desempeño óptimo de las “actividades actuales en salud de las instituciones de la UE dentro del marco competencial, organizativo y presupuestario existente”. No es un objetivo heroico, pero es una condición necesaria “eliminar cuellos de botella, descoordinaciones e ineficiencias, al tiempo que se buscan oportunidades para ampliar el campo de acción”. El segundo nivel se corresponde con la vía emprendida por la Comisión y el Parlamento, como consecuencia de la crisis de covid-19, la cual, sin modificar los Tratados, “busca reforzar la salud en la UE creando nuevas instituciones (como HERA), reforzando las existentes (ECDC, EMA) o desarrollando legislación que permita incrementar el papel y las actividades de la UE en salud”. Es indudable que las propuestas en marcha suponen un avance de notable importancia. No obstante, cabe apuntar algunos aspectos muy concretos, pero de gran trascendencia, en los que, por ejemplo, es deseable y factible ampliar el mandato de las reformas planteadas para el ECDC y la EMA.

El ECDC resultante de las reformas previstas “debería incluir en su mandato el control de las enfermedades no transmisibles (enfermedades crónicas, entre ellas: cardiovasculares, cáncer, diabetes, bronquitis crónica). Estas enfermedades son las que más contribuyen a la carga de enfermedad en la UE, con un gran coste en muertes prematuras, discapacidad y gasto sanitario en todos los Estados de la UE. La inclusión de estas enfermedades en el ECDC tendría un gran impacto en la salud de los europeos, contribuyendo decisivamente a la efectividad del Grupo Director (Steering Group), creado por la Comisión para la promoción de la salud, la prevención y el control de estas enfermedades”. Asimismo, la EMA debería “asumir competencias” sobre los dispositivos médicos (medical devices), cuya regulación actual en la UE tiene no pocos problemas y ofrece menos garantías de seguridad que la existente en los EEUU. Igualmente, la regulación de medicamentos debiera incluir una “revisión de la Directiva de Transparencia para la fijación de precios y el reembolso de los medicamentos”.

Desde una perspectiva más global y ambiciosa, las actuales propuestas de la Comisión para avanzar hacia la UES se verían “considerablemente reforzadas” por dos iniciativas políticas orientadas a dar mayor prioridad a la salud en la agenda política, más allá de la pandemia y sus secuelas, y a “mejorar la gobernanza y a reforzar el liderazgo de la UE en salud pública”. Para dar a la salud una “mayor prioridad en la agenda política de la Unión, y sostener en el tiempo esta prioridad”, sería deseable contar con un Informe Anual sobre la Salud en la UE, elaborado y presentado por la Comisión ante el Parlamento. Este Informe debería incluir, además de “indicadores sobre situación de salud y sus determinantes”, información sobre la dotación, actividad y calidad de los servicios de salud en el conjunto de la UE. La existencia desde 1998 de proyectos sobre indicadores de salud, ahora proyecto ECHI (European Core Health Indicators), y los informes State of Health in the EU, constituyen una excelente base de partida. El debate en el Parlamento del Informe “debería concluir con una serie de recomendaciones sobre las políticas de salud dirigidas tanto a la Comisión como a los Estados miembros”. La UE tiene un “gran impacto en la salud de los europeos, a pesar de que sus competencias en materia de salud son muy limitadas”. La UE influye en la salud de los europeos y en sus sistemas de salud a través de tres grandes instrumentos: “La regulación del mercado interno, la política económico-fiscal que condiciona fuertemente el gasto público sanitario, y las políticas e instituciones específicamente de salud, desarrolladas al amparo de las competencias en materia de salud pública del artículo 168 y otros del TFUE”, sobre las que está centrado el trabajo. Sin embargo, conviene insistir en la importancia de los determinantes sociales de salud sobre los cuales actúa la UE.

Pobreza y desigualdad

La mayor contribución de la UE a nivel de salud de la ciudadanía europea deriva fundamentalmente de su “poder regulatorio” sobre los determinantes no-médicos de la salud, que son los más decisivos: política económica que influye sobre la pobreza y la desigualdad socioeconómica; normativa sobre higiene y seguridad de los alimentos; política medioambiental (calidad del agua y del aire); seguridad e higiene en el trabajo; normativa sobre los bienes de consumo; condiciones de trabajo, vivienda, transporte, educación, etcétera. Esta importantísima contribución de la UE a la salud de los europeos deriva del “gran poder” de la UE para regular el mercado interno. Esta regulación está orientada a “garantizar la no discriminación y la libertad de movimientos de personas, bienes y capitales”, al tiempo que (Artículo 9 del TFUE) le exige a la Unión tener “en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana.”

Por ello, “examinar con cuidado el potencial impacto sobre la salud de cualquier política comunitaria resulta crucial”. Sobre todo, la de la gobernanza fiscal de la UE, “vinculada a la moneda única, la cual, entre otras medidas, impone en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento límites al déficit y a la deuda pública total”. El SNS sufrió en la crisis económica de 2010 las “dramáticas consecuencias de la austeridad” impuesta por estas políticas fiscales. El gasto sanitario público está condicionado por los Programas de Convergencia y Estabilidad y las Recomendaciones Específicas de País de la Comisión. Por ello, “la gobernanza fiscal requiere no solo un enfoque económico-financiero, sino también más social y, al mismo tiempo, más coherente” con otras políticas de la Unión, especialmente con su compromiso con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Además, la gestión de la compra de las vacunas contra el covid-19 por parte de la Comisión arroja “lecciones importantes”. La primera es que esa iniciativa ha sido un éxito de la UE. De no haberse hecho así, los Estados miembros habrían tenido “muchas más dificultades para abastecerse de ellas, y el proyecto mismo de UE habría sufrido un duro revés político cuyas consecuencias no cabe infravalorar”. Y la segunda es que la gestión de compra ha mostrado una “escasa transparencia en materias tales como precios y responsabilidad de las empresas ante los posibles efectos secundarios de las vacunas, sin que las explicaciones de la Comisión para justificarla hayan resultado convincentes”. Dado que es probable que la vacunación “deba repetirse con una cierta periodicidad en el futuro”, este asunto, junto a la existencia de mecanismos efectivos de supervisión del cumplimiento de los contratos suscritos, suscita “interrogantes de fondo” que habrán de ser resueltos en un futuro inmediato. De hecho, una cierta revisión crítica de la política de la Comisión en lo que se ha dado en llamar la “geopolítica de las vacunas” frente al covid-19 parece necesaria.

El documento también pone de relieve cómo la historia de la UE muestra que en muchos de los avances sustanciales de la integración europea el “factor decisivo” ha sido el liderazgo y la voluntad política de “salir unidos de las crisis, reformulando la naturaleza misma de esa Unión, sin perjuicio de las ocasionales limitaciones competenciales recogidas en los Tratados. Nos encontramos ante una crisis de esta naturaleza. España, por su peso en la UE y por las experiencias acumuladas durante esta pandemia, debería jugar un papel activo en esa reformulación”.

También participaron Isabel de la Mata, asesora principal de salud y gestión de crisis de la Comisión Europea; Beatriz González López-Valcárcel, catedrática e investigadora en Economía de la Salud, y profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; y Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas.

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11 mayo 2021

Las tecnologías digitales serán esenciales para que la UE alcance la neutralidad climática en 2050

Sostenibilidad

Las tecnologías digitales serán esenciales para que la UE alcance la neutralidad climática en 2050

La Fundación Alternativas organizó la presentación on-line del documento titulado ‘Digitalización y cambio climático’, de Inmaculada Ordiales, doctora en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del Área de Estudios y Análisis del Consejo Económico y Social de España. El trabajo tiene como objetivo analizar la relación simbiótica entre digitalización y cambio climático, concentrando el interés en el papel de las tecnologías y los desarrollos digitales a la hora de hacer frente a los desafíos derivados del calentamiento global, y ofrecer una visión integral de cómo lograr la “descarbonización inteligente” de las economías y las sociedades, apuntando los retos -a corto como a largo plazo- a los que se enfrentan ambas transiciones, tanto desde el ámbito público como privado.

El informe recuerda que varios países, liderados por la UE, han subrayado que la recuperación económica, laboral y social del Covid-19 debe apoyarse, en el medio y largo plazo, en la “transformación ecológica y digital de las economías”, aprovechando las oportunidades que surjan y sin dejar a nadie atrás.  Esta transformación digital ofrece nuevas oportunidades para superar el desafío medioambiental y constituye un elemento necesario, aunque, por supuesto, no suficiente para luchar contra el cambio climático y facilitar la “descarbonización de las economías”. El desarrollo y la combinación de avances como el Internet de las cosas, la robotización o la inteligencia artificial permiten aplicar “soluciones innovadoras y eficientes” a la lucha contra el calentamiento global. Así se puso de manifiesto en la nueva estrategia digital presentada por la Comisión Europea el pasado 19 de febrero, donde se afirmó que “las tecnologías digitales son fundamentales para que la UE alcance la neutralidad climática en 2050, que es el objetivo establecido en el Pacto Verde Europeo”.

Según Ordiales, las tecnologías digitales ofrecen información “precisa, veraz y transparente” sobre las emisiones a la atmosfera y el calentamiento global y su impacto en forma de “fenómenos atmosféricos extremos e incrementos anuales de las temperaturas medias”. Numerosas empresas están desarrollando “grandes capacidades” para recoger ese tipo de datos, procesarlos y usarlos en su actividad, utilizando, incluso, “sistemas de inteligencia artificial”. De hecho, las empresas más afectadas por los “riesgos financieros” asociados al cambio climático -como las compañías de seguros, fondos de inversión o entidades financieras- ya están “integrando” ese tipo de información en sus modelos de riesgo. Todos esos datos facilitan la “labor de concienciación” sobre la urgencia del desafío climático, así como la puesta en marcha de “políticas públicas de carácter preventivo”.

Ordiales aclaró que los avances tecnológicos digitales, como la “creciente conectividad, la gestión inteligente de los datos o la inteligencia artificial”, ayudarán a los distintos sectores productivos -energía, transporte, construcción, industria, agricultura- a “reducir y controlar sus emisiones de gases de efecto invernadero”. En este sentido, la autora apuntó cómo la digitalización permite “integrar las energías renovables en los sistemas eléctricos, desplegar la movilidad eléctrica, impulsar sistemas de movilidad compartida, mejorar la eficiencia energética de múltiples actividades industriales o de consumo, o desarrollar Smartcities sostenibles”.

Sin embargo, la experta recordó que “no debe obviarse que la propia digitalización presenta una elevada y creciente huella de carbono”. En la actualidad, estas tecnologías son causantes de casi un 4% del total de “emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial”, y dado el elevado ritmo de digitalización de las economías y su papel esencial para la descarbonización en algunos ámbitos, resulta “imprescindible mejorar su eficiencia energética”, además de asegurar la circularidad de su actividad, para “evitar que sus emisiones, sus residuos o sus impactos negativos sobre el entorno resten potencia a su capacidad transformadora en el terreno medioambiental”.

GREEN DEAL

La magnitud del reto va a exigir la movilización de numerosos recursos, así como la “cooperación y participación” de múltiples agentes. Inversión, financiación, capital humano y dotaciones básicas de infraestructuras y cualificaciones constituyen elementos de partida esenciales para lograr avanzar en la “descarbonización inteligente de las economías”. El volumen de inversiones necesario para su logro se beneficia en la actualidad de un “entorno bastante propicio”, auspiciado en la UE por el Green Deal, que ha quedado plasmado en el “Plan de Recuperación Next Generation EU, la respuesta de la Comisión Europea a la necesidad de relanzar la actividad económica tras la pandemia”. Pero una apuesta de estas características, que indudablemente generará un aumento en la demanda de trabajo, “también hará desaparecer puestos de trabajo, ocupaciones y tareas, por lo que necesitará llevarse a cabo en términos de justicia y solidaridad”.

No obstante, el proceso de digitalización requiere una “adecuada gobernanza global”, que se presenta como fundamental para reforzar su eficacia como “instrumento para la lucha” contra el cambio climático. El deterioro del clima es un fallo sistémico que necesita ser abordado de “manera global, integral, coordinada, cooperativa y con soluciones innovadoras”. Sin embargo, se enfrenta a un mundo cada vez más “fragmentado y desigual” como resultado de los crecientes “conflictos geopolíticos y comerciales”, muchos de ellos relacionados con enfrentamientos en el “terreno de las tecnologías digitales”. Para ello, es necesario dar respuesta a cuestiones como “la ciberseguridad, los límites de la inteligencia artificial, las disputas por la hegemonía del 5G o el tratamiento fiscal de las actividades de las grandes tecnológicas”.

También participaron en el coloquio Nicolás Sartorius, presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas; Jorge Luis Marquínez García, director general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación; y Maya Ormazábal, directora de Medio Ambiente y Derechos Humanos de Telefónica.

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6 mayo 2021

Mónica González: 'El visado climático debe asegurar vías migratorias legales para las víctimas de desastres'

Sostenibilidad

Mónica González: 'El visado climático debe asegurar vías migratorias legales para las víctimas de desastres'

La Fundación Alternativas organizó este jueves el debate on-line titulado ‘Hacia un visado climático europeo’, con el objetivo de analizar las medidas que desde la Unión Europea se están llevando a cabo ante el aumento de las personas desplazadas debido al calentamiento global. En este sentido, Mónica González, eurodiputada española del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, fue la ponente del informe 'El impacto del cambio climático en la población vulnerable en los países en desarrollo', que una vez ha sido aprobado en la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo, tiene el camino abierto para ser ratificado en el pleno del Europarlamento, el próximo lunes 17.

Entre otros aspectos, el documento aboga por proporcionar financiación para la mitigación, la adaptación y las pérdidas y daños asociados al cambio climático (Mecanismo de Varsovia); aumentar el apoyo financiero para la reducción del riesgo de desastres; abordar las vulnerabilidades específicas, geográficas y personales (con perspectiva de género); generar una reserva económica para apoyar a través del Nuevo Instrumento Único de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (NDICI) a los países que más sufren el cambio climático; y poner en marcha un visado climático como medida de protección temporal para las víctimas de desastres e incluir el riesgo para la vida, amenazada por el calentamiento global. El evento estuvo moderado por Jesús Marcos Gamero Rus, miembro del Grupo de Investigación en Sociología del Cambio Climático y Desarrollo Sostenible de la Universidad Carlos III de Madrid, e investigador de la Fundación Alternativas.

Según González, el informe cuenta con un “objetivo político”, centrado en que el Parlamento Europeo (PE) tenga una opinión sobre “cómo protegemos a las personas que ya se están desplazando” por el cambio climático, y un “objetivo económico” que se basa en “dotar” de más recursos -como el nuevo instrumento de cooperación al desarrollo y vecindad, u otros de ayuda humanitaria- para abordar la cuestión del calentamiento global, “no tanto desde una perspectiva ambientalista, sino en la protección de las personas”. Otras regiones del planeta ya se han posicionado y elevado este asunto a la agenda pública, como en la Unión Africana o Latinoamérica, por lo que “es importante que el PE se posicione sobre el impacto del cambio climático en las poblaciones más vulnerables de los países en desarrollo”.

El informe aborda la “política migratoria” y la capacidad de potenciar la dimensión exterior del ‘Green Deal’, para apoyar a los Estados miembros en sus “esfuerzos por adaptarse” al calentamiento global, teniendo en cuenta las necesidades de las poblaciones más vulnerables, lo que supone un “cambio en el enfoque” en la gestión de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria. González aclaró que es necesario “aumentar la financiación internacional” para hacer frente a los “daños” del cambio climático, para lo que hay que “reforzar el Mecanismo de Varsovia”, así como el apoyo financiero a la “prevención y preparación” para casos de desastre, como ya recoge el Marco de Sendai.

La política de desarrollo es otro de los ejes del informe, que se centra en abordar “la vulnerabilidad, la erradicación de la pobreza y el apoyo para crear sistemas de protección social”. Son muchas las zonas de riesgo con “viviendas en precario”, y muchas poblaciones están “perdiendo” sus cultivos por sequías o crecida del mar, a lo que hay que añadir la “desaparición” de los recursos pesqueros. Para luchar contra estos fenómenos, González abogó por la “promoción de iniciativas locales de agricultura sostenible y seguridad alimentaria”. El informe integra una perspectiva de gobiernos locales y sociedad civil, “elementos fundamentales a incorporar en las estrategias para tener un mínimo de viabilidad”, y también aborda la “vulnerabilidad específica” mediante acciones climáticas con “perspectiva de género”, a la hora de diseñar “programas de adaptación y mitigación del calentamiento global, centrándose en mujeres y jóvenes”.

Para avanzar hacia el visado climático, la eurodiputada señaló a la política migratoria como “primordial”. En este sentido, propuso un “acuerdo vinculante” que aborde la migración como una “adaptación a las necesidades creadas por el calentamiento global”, por lo que “debemos anticiparnos y conseguir que el riesgo de la vida amenazada por este fenómeno figure explícitamente entre los criterios de elegibilidad para la protección humanitaria, siguiendo la resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas”.

CORREDORES HUMANITARIOS

El visado climático ha de ser una “medida de protección temporal” que asegure “vías migratorias legales y seguras” -corredores humanitarios- para las personas necesitadas de protección humanitaria por ser víctimas de desastres. El concepto de refugio climático “no está armonizado y no cuenta con el consenso necesario dentro de las instituciones de las Naciones Unidas, pero existe una posibilidad real de avanzar a través de los cinco reglamentos que van a llegar al PE y que tienen que ver con el pacto migratorio, y que está generando mucho apoyo entre las organizaciones que se dedican a la protección de las personas”.

González sostuvo que es “esencial” ampliar la protección de los “mecanismos jurídicos” que ya existen y superar las “lagunas legales” actuales, para asegurar los derechos de las personas que se ven “obligadas a desplazarse” por el cambio climático -ya sea internamente o atravesando fronteras-, según el Marco de Sendai y la Iniciativa Nansen. Por otro lado, la experta afirmó que “tiene que haber un nexo más sólido entre política climática, desarrollo y paz, ya que el cambio climático está altamente relacionado con los conflictos que ocurren en el mundo”.

También participaron en el debate Beatriz Felipe Pérez, investigadora asociada al Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT); y Paloma Favieres, directora de Políticas y Campañas de CEAR.

 

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29 abril 2021

Ana Moreno: 'El mayor valor social de la empresa es conseguir que nadie se quede atrás en la transformación digital'

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Ana Moreno: 'El mayor valor social de la empresa es conseguir que nadie se quede atrás en la transformación digital'

La Fundación Alternativas organizó un debate on-line para presentar el documento ‘Transformación digital y productividad. Desde el talento y la confianza’, de Ana Moreno, profesora de Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Madrid. En este mundo globalizado, la sociedad digital es el terreno de juego natural de las empresas.  Las transformaciones, oportunidades y retos vinculados a la generalización en el uso de las TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, y la expansión de las nuevas formas de funcionamiento en redes, son múltiples y complejas. Al hablar de transformación digital, el protagonismo de las grandes empresas multinacionales tecnológicas es notablemente más relevante que el de las empresas de otros sectores. Es tan relevante que algunas de ellas han entrado a conformar una nueva categoría: las empresas unicornio o las empresas GAFA (por Google, Apple, Facebook y Amazon). Quizás, la pregunta que se deriva de este liderazgo en la sociedad digital por unas pocas empresas, es si hay que hacer un análisis diferenciado sobre su rol en la transformación digital y su responsabilidad social.

El justo reparto del valor generado por la digitalización es uno de los mayores retos de este debate sobre el valor social de la empresa, ya que no sólo es relevante el valor social que se genera, sino cómo se reparte entre todos los grupos de interés de manera justa y sostenible. Conceptos como ecosistemas de innovación, plataformas colaborativas, open innovation, o crowdworking muestran una forma de funcionamiento abierta e interdependiente, en la que el libre circular de conocimiento, relaciones y sinergias no facilita asignar el valor que a cada uno corresponde. No hay duda de que todas las grandes empresas, las pymes, las administraciones públicas y las organizaciones del tercer sector contribuyen al valor social vinculado a la transformación digital, por eso la clave es que no pierdan relevancia en el diseño de los modelos sociales.

Según Moreno, el trabajador del conocimiento debe estar “preparado para transitar y liderar la transformación digital”. La sociedad digital “nos está moviendo los cimientos y plantea numerosos dilemas éticos”, y el sistema jurídico está “desbordado” por los ritmos de cambio, mientras “tenemos que tomar decisiones a nivel nacional cuando el fenómeno es global” A su juicio, “existen muchas preguntas, y pocas respuestas, sobre qué modelo económico queremos, el impacto de las tecnologías en el empleo o la productividad en relación al cambio climático”.

La docente señaló que las empresas GAFA son “muy disruptivas y están cambiando las reglas del juego”, y gobiernos, reguladores y ciudadanía están viendo cómo “se armonizan con nuestro modelo socioeconómico actual”. Otras grandes empresas también están viviendo “sus propias transformaciones hacia la digitalización, pero también hay que tener en cuenta a las startups, las pymes y el tercer sector, sin olvidarnos de las administraciones públicas, que tienen también un papel muy destacado”.

Moreno afirmó que “el mayor valor social que pueden jugar las empresas es conseguir que nadie se quede atrás en la transformación digital, poniendo a los trabajadores de todos los sectores en alianza para conseguir un gran contrato donde cada uno tenga su misión”. En este entorno tan complejo, las empresas están viviendo una “triple transformación a nivel organizativo, digital y sostenible”, pero si la organización no evoluciona será imposible una “alineación de los ámbitos” de la sostenibilidad y la digitalización. En este sentido, la sociedad digital plantea unos retos que obligan a una “adaptación organizativa” a las compañías, pese a que el crecimiento de la productividad “no está siendo el esperado”, mientras que el “compromiso de los trabajadores es muy bajo, ya que los modelos de planificación, control y jerarquía no funcionan a partir de cierto nivel de complejidad. Un trabajador comprometido es un trabajador más productivo, y aquí entran en juego el compromiso racional -buen salario, adecuadas condiciones laborales- y el emocional -buen trato, el empleado se siente parte del equipo y se tiene en cuenta su opinión-, aspectos que las empresas deben contemplar para mejorar la productividad”.

PAPEL DE LA EMPRESA

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, aclaró que “en una economía de mercado hay dos agentes fundamentales: la empresa y el Estado, este último tomando un papel protagonista en la relación con la sociedad desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en el siglo XXI existe una nueva reflexión sobre el papel de la empresa en los nuevos mercados digitales.  Algunas empresas podrían incluso desaparecer si no persiguen fines sociales y de sostenibilidad, e integran factores ESG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, por sus siglas en inglés) en la toma de decisiones”.  

Francisco Ros, ingeniero de Telecomunicación: “La transformación digital es un fenómeno que está presente en nuestras vidas a muchos niveles, y el covid ha acelerado el proceso de penetración de las nuevas tecnologías en la sociedad, pero ha empezado a crear desigualdades en su acceso y posibilidades de uso. Desde el punto de vista de la empresa, la digitalización afecta directamente a su funcionamiento, forma de organización y relación con los clientes, proveedores, accionistas y empleados. El nuevo modelo está además incidiendo en la competitividad de las empresas, abaratamiento de costes, mejora de la productividad, ampliación de mercados y captación de talento y recursos”.

También participaron en el debate Esther Clemente Cejudo, directora de Desarrollo y Compensación de Endesa; Xavier Bertolín, director Corporativo de Educación y Márqueting de la Fundación 'la Caixa'; Inmaculada Ballesteros, directora del Observatorio de Cultura y Comunicación de la Fundación Alternativas; Ignacio Santillana, economista y patrono de la Fundación Alternativas; y Vicente Salas, profesor en la Universidad de Zaragoza. 

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27 abril 2021

La Ley de Mercados Digitales garantiza la igualdad ante las prácticas desleales de los guardianes de acceso

La Ley de Mercados Digitales garantiza la igualdad ante las prácticas desleales de los guardianes de acceso

La Fundación Alternativas organizó el debate on-line titulado ‘La Ley de Mercados Digitales. Europa sigue marcando el camino’. La Comisión Europea inició en diciembre de 2020 los trabajos de desarrollo de esta normativa. Se trata de una iniciativa que transformará el ecosistema digital y sentará las bases para el desarrollo de la economía digital europea. Entre otras cuestiones, la propuesta recoge una serie de criterios para regular las grandes plataformas que cuentan con una posición dominante en el entorno digital. Pero, además, se adoptarán decisiones que afectarán a pequeñas y medianas empresas, así como a los usuarios de la Red. En estos momentos el Parlamento Europeo y el Consejo están trabajando sobre el borrador que podría estar finalizado en 2022 y ser aplicable en 2023. Con la intención de contribuir a este debate, la Fundación Alternativas organizó este seminario on-line para presentar los distintos aspectos de la Ley de Mercados Digitales y la manera en que esta afectará a consumidores y usuarios. Moderado por Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, el encuentro virtual contó con varios expertos en la materia.

Álvaro García-Delgado, miembro del equipo encargado de la preparación de la Ley de Mercados Digitales, comentó que “la Ley de Mercados Digitales y su ‘hermana’, la Ley de Servicios Digitales, son el culmen de lo que desde muchos sectores llevábamos años pensando para intentar restablecer la relación de igualdad que existía en el campo digital, y que en los últimos años se ha difuminado”.  Pero este sector se tiene que atener a una serie de “reglas de juego”, al igual que sucede con otros muchos sectores en la economía, y “desde la Comisión Europea vimos que lo mejor era presentar una propuesta reglamentaria para reiniciar la relación dentro del sector digital y proporcionar una serie de reglas claras y concisas para que los guardianes de acceso sepan a qué atenerse y cuáles son las reglas aplicables en la UE”.

En este sentido, García-Delgado recordó que hace “cuatro meses” que presentaron el nuevo reglamento, que está navegando “viento en popa” en el proceso legislativo y que busca “garantizar la equidad del mercado”. No obstante, el experto aclaró que han detectado una “serie de problemas”, como la falta de “disputabilidad y la incapacidad que encuentran muchos actores” para intentar acceder al mercado y llegar a los consumidores finales, así como “prácticas desleales” que los guardianes de acceso pueden imponer a sus contrapartes en los negocios, y una “incipiente fragmentación legislativa” por parte de los Estados miembros. El experto puntualizó que el reglamento establece una serie de “obligaciones muy claras sobre qué puede y qué no puede hacer un guardián de acceso, y en el momento en que alguien haya sido designado por la Comisión como guardián de acceso deberá cumplir con esas obligaciones; además, la Comisión establece sanciones para que el reglamento se cumpla”.

Por su parte, Tomás Nasarre, consejero en la Representación Permanente de España en la UE, expuso que el sector digital está teniendo una “importancia creciente y radicalmente transformadora en nuestras economías”, y más de la mitad de las empresas facturan “más del 25% de sus ingresos” a través del mundo digital. Esto genera unas enormes ventajas, tanto para usuarios como para empresas, pero también está suponiendo “retos para gobiernos y reguladores, que se hace patente en los ámbitos fiscal, laboral o de la competencia”.

Según Nasarre, España “agradece" el proyecto normativo de la Comisión para “conseguir” un modelo de crecimiento justo e inclusivo en todos los ámbitos, que incluye la “interacción” de estos gigantes digitales, los guardianes de acceso, con el resto de empresas, tanto grandes como medianas o pequeñas.  Además de una norma para los guardianes de acceso, lo es también para las pymes, por lo que “estamos prestando especial interés” a la negociación. El derecho de la competencia vigente se ha visto “incapaz” de corregir conductas anticompetitivas de empresas con posición dominante, porque los procesos tardan muchos años en desarrollarse y, por ello y por la incidencia de la pandemia, es importante “prevenir antes que curar, y provocar que las grandes plataformas tengan conductas pro competitivas en lugar de tener que perseguir comportamientos negativos”.

"FRENO PARA LA DIGITALIZACIÓN"

Amalia Pelegrín, representante de AMETIC, patronal que representa a la industria patronal en España, sostuvo que “el nuevo instrumento regulatorio establece una serie de obligaciones y prohibiciones de conducta y un régimen sancionador bastante estricto, y pretende dar respuesta a determinadas conductas de una serie de plataformas que tienen una posición preponderante en el mercado". Sin embargo, “no podemos olvidar que las plataformas digitales ya están reguladas, y que las normas que ya están en vigor pueden ser tremendamente eficaces". Aunque la Comisión considera que "existen distintas plataformas que pueden ser consideradas como guardianes de acceso, y que deben ser sometidas a un régimen más estricto, a nosotros como industria nos gustaría que la regulación que finalmente se apruebe no vaya a causar el efecto contrario y termine siendo un freno para la digitalización de la UE".

Pelegrín subrayó que “todos utilizamos los servicios en línea en nuestro día a día, y estos van desde los anuncios en línea para captar clientes, hasta la utilización de servicios en la nube que permiten reducción de costes y aumento de la productividad”. A su juicio, las nuevas obligaciones de la propuesta “van a afectar al comportamiento las plataformas de servicios, y pueden influir en la propia esencia de la prestación del servicio. Entendemos que una buena regulación debe tener como objetivo un marco regulatorio estable que asegure la seguridad jurídica: debe ser homogénea y coherente con los mecanismos que ya existen”.

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26 abril 2021

Expertos critican las prisas por salvar el turismo en la UE con el pasaporte sanitario

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Expertos critican las prisas por salvar el turismo en la UE con el pasaporte sanitario

La Fundación Alternativas organizó el debate on-line titulado ‘Pasaporte sanitario: pros y contras’, con el objetivo de analizar la creación de este documento, originado por la crisis pandémica. En el coloquio se abordó el enfoque ético y legal, así como la posible discriminación y violación de derechos fundamentales. En este sentido, las autoridades de protección de datos tendrían que analizar, previamente a su eventual puesta en marcha, una documentación de estas características. También existen dudas sobre si su implantación sería prematura, por la insuficiente información disponible acerca de la inmunidad que proporcionan actualmente las vacunas. Las autoridades comunitarias tienen previsto emitir este certificado, que probará que el viajero titular ha sido vacunado contra el Covid-19, en el mes de junio. Moderado por María Angeles Ahumada, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid y patrona de la Fundación Alternativas, el encuentro virtual contó con varios expertos en la materia.

José Luís Piñar, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad CEU-San Pablo de Madrid, y ex director de la Agencia Española de Protección de Datos, afirmó que el pasaporte sanitario pretende atesorar garantías de “interoperabilidad”, para ser utilizado por “todos los Estados miembros”, sin problemas de que no sea válido en algunos países. El objetivo esencial es la “libertad de movimientos”, pero puede haber obstáculos “no deseados ni regulados”. A su juicio, sería “discriminatorio” establecer este documento para la libre circulación, porque en estos momentos nadie está en condiciones de “obtenerlo” libremente.

Por otro lado, el experto aclaró que “hay que tener mucho cuidado para no convertir en normal lo que no debe ser normal, y además no está bien definida la duración de la propuesta ni la finalidad ni los datos que se pueden manejar”. Respecto a los británicos, Piñar recordó que ya no son “ciudadanos de la UE”, por lo que este pasaporte puede “facilitar” la libre circulación de muchas personas, pero también “limitar” la de otras muchas que “legítimamente” se mueven por la UE sin tener la ciudadanía.

Itziar de Lecuona, profesora del Departamento de Medicina y subdirectora del Observatorio de Bioética y Derecho-Cátedra Unesco de Bioética de la Universidad de Barcelona, criticó que el pasaporte se presenta en unos momentos previos a la campaña veraniega, en un contexto en el que el turismo puede “reactivar parte de la economía”, que es una “necesidad” que nadie cuestiona, pero “vamos con cierto retraso en el ritmo de vacunación, y es un tema a tener en cuenta, porque no creo que en verano lleguemos a los porcentajes previstos”.

Según la docente, el documento “afecta claramente a los derechos de las personas”, mientras todavía hay muchas cuestiones no resultas desde el punto de vista “científico”, como que el hecho de “estar vacunado no garantiza no contagiar y tampoco sabemos cuánto dura la inmunidad tras superar la enfermedad”.  A su entender, “no podemos tener un DNI para la vida social o laboral, y todos sabemos que este tipo de iniciativas en contextos de crisis sanitarias tienden a permanecer después. De hecho, la OMS desaconseja que se pidan estos certificados y los países pueden no solicitarlos. Se puede incurrir en un problema de discriminación, porque se puede caer en usos no deseados o, incluso, desconocidos por las personas”.

INMUNIDAD DE REBAÑO

Amós José García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, aseguró que el pasaporte inmunitario “suena bien” en la “trinchera de la necesidad” de establecer mecanismos que posibiliten que el drama de la crisis económica empiece a “remitir”, ya que este documento va a permitir la movilidad de los ciudadanos europeos, y “será bueno para reflotar nuestra industria principal: el turismo”. Sin embargo, García Rojas puntualizó que la situación sigue siendo “arriesgada”, ya que los porcentajes de vacunación son todavía muy “bajos”. Para el mes de junio “vamos a estar lejos” de la posibilidad de gestionar una “inmunidad de rebaño” que rompa la circulación del virus, y “nos permita estar en mejores circunstancias de funcionamiento”. El pasaporte tiene sin duda “aspectos positivos”, pero desde el punto de vista ético, sanitario y de derechos humanos todavía “hay mucho que discutir porque le falta recorrido”.

Federico de Montalvo, profesor de Derecho Constitucional de ICADE y presidente del Comité de Bioética de España, sostuvo que el pasaporte pretende “reinstaurar un derecho, no limitarlo, porque en estos momentos el derecho a la libre circulación está limitado. Se trata de una iniciativa de la UE, pero la han tomado sin consultarnos. Me preocupa el mensaje porque es erróneo, ya que se sitúa en clave económica cuando deberían primar los derechos fundamentales”.

Montalvo aludió a la libre circulación como un derecho “casi fundacional de la UE”, que está “conectado con la dignidad”, pero en el plano sanitario es “preocupante” la lentitud en la vacunación y el asunto de los trombos de Astrazeneca y los supuestos efectos secundarios de Janssen, por lo que “seguimos en una situación expectante y muy difícil. Tenemos que buscar un equilibrio entre seguridad clínica y seguridad jurídica”.

Susie Alegre, abogada especializada en Derechos Humanos (Doughty Street Chambers, Londres): “En Reino Unido no hay propuestas concretas, pero se ha generado un gran debate, ya que no está claro si lo que queremos es un pasaporte sanitario para viajar o un simple certificado para ir al pub o al teatro. Vamos muy bien en la administración de vacunas, y parece que vamos a tener más gente inmunizada que en otros países europeos [para junio], pero no sabemos si eso va a dar pie a que podamos utilizar el pasaporte sanitario europeo, porque ya no tenemos derecho a la libertad de movimiento tras el Brexit. A nivel nacional tenemos las cosas más claras que a nivel internacional. Sería deseable un acuerdo entre UE y Reino Unido, porque muchos turistas británicos van a querer viajar este verano al continente. Tengo dudas de que sea una medida que vaya a funcionar, ya que, si este documento no impide la transmisión no tiene ningún sentido, y eso todavía no está claro. En cualquier caso, habría que hacerlo de una manera jurídicamente correcta y de respeto a los derechos humanos”.

 

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20 abril 2021

Debate en torno a la nueva estrategia exterior del Reino Unido y las relaciones con la UE y EEUU después del Brexit

Debate en torno a la nueva estrategia exterior del Reino Unido y las relaciones con la UE y EEUU después del Brexit

La Fundación Alternativas organizó el martes 20 de abril un encuentro, en colaboración con la Embajada Británica en Madrid, con el departamento de estrategia del Foreign Commonwealth and Development Office. 

El evento ‘Global Britain in the Biden era: UK’s post-Brexit strategy and the EU’, celebrado bajo reglas Chatham House, abordó la renovada agenda internacional del Reino Unido en la etapa post Brexit, a partir de la nueva estrategia presentada en marzo pasado por el primer ministro británico Boris Johnson en el Parlamento: ‘Global Britain in a CompetitiveAge: the Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy’ 

El coloquio se centró en dicho documento, que aborda múltiples áreas como: la cohesión nacional interna, la gestión de la pandemia, la seguridad la tecnología, o el clima. También se trataron diferentes aspectos relativos al futuro de las relaciones del Reino Unido con la Unión Europea y con la Administración Biden en EEUU.

El encuentro fue presentado y moderado por Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación Alternativas. Intervinieron con comentarios y preguntas Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas; Carles Casajuana, ex embajador de España en el Reino Unido; Ana Belén Sánchez, experta en empleos verdes en la Organización Internacional del Trabajo; y Enrique Ayala, miembro del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación.

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12 abril 2021

Fundación Alternativas y Casa Árabe lideran un seminario con expertos en las regiones del Magreb y el Golfo

Fundación Alternativas y Casa Árabe lideran un seminario con expertos en las regiones del Magreb y el Golfo

El lunes 12 de abril la Fundación Alternativas y Casa Árabe organizaron conjuntamente un seminario titulado ‘El Golfo y el Magreb en tiempos inciertos. Agentes globales, regiones remodeladas y tendencias transnacionales’. El motivo principal del seminario era proporcionar una plataforma para analizar la creciente importancia de las relaciones entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y los estados del Magreb, reuniendo para ello a una decena de analistas de ambos lados del Mediterráneo. El seminario se enmarca en el proyecto que está desarrollando la Fundación Alternativas, con el apoyo de la Secretaría de Estado de la España Global, en torno a la Vecindad Sur de España y la Unión Europea. 

SÍNTESIS DE LA PRIMERA SESIÓN

La primera sesión (Relaciones Golfo-Magreb: interconectividad, divergencias y oportunidades) contó con la moderación de Karim Hauser, en representación de Casa Árabe, quien dio comienzo al evento recordando que los países del Magreb y el Golfo comparten importantes características históricas, culturales y políticas, e incidiendo en la necesidad de debatir sobre los actores estatales y no estatales que conforman sendas regiones.

Acto seguido se abrió paso a las intervenciones de los expertos de la primera mesa, comenzando por Fatiha Dazi-Héni del Instituto de Investigación Estratégica de la Escuela Militar de Francia (IRSEM), quien puso el foco en el crecimiento de la tensión entre Argelia y Marruecos a raíz del Sáhara Occidental, alertando del potencial para un nuevo episodio de conflicto armado, así como del riesgo de un aumento del extremismo violento en la región azuzado por la injerencia de terceros países.

A continuación, Cinzia Bianco del Consejo Europeo para las Relaciones Internacionales (ECFR) centró su intervención en la geopolítica de las infraestructuras regionales, las cuales – según la misma experta – frecuentemente se solapan con las relaciones políticas y los intereses securitarios. En este sentido, Bianco analizó el desarrollo de los tres corredores principales entre el Magreb y Europa (el corredor occidental, que va de Marruecos al Norte de Europa, pasando por España; el corredor oriental, que va de Egipto a los países del este del Mediterráneo; y el corredor central, que une Túnez y Argelia con Italia y Francia), para después evaluar los intereses de los países del Golfo en los distintos proyectos de conectividad.

Por su parte, Frederic Wehrey del Carnegie Endowment for International Peace se refirió al caso de Libia como un espejo en el que entender cómo los países del Golfo tratan de influir en los países del Magreb, en competencia o connivencia con otros actores como Rusia, Turquía, Francia o Italia. Asimismo, Wehrey apuntó que Libia ocupa actualmente un puesto bajo en la lista de prioridades de la agenda exterior estadounidense, lo cual se ve reflejado en una tendencia a dejar a un lado sus intereses en el país a cambio de mantener el apoyo de sus aliados en otros frentes regionales, como pueden ser Irán o Israel-Palestina.

La conclusión de la sesión corrió a cargo de Irene Fernández-Molina, de la Universidad de Exeter, quien hizo balance de las ideas principales que aparecieron en las intervenciones: uno de los puntos que destacó en varios de los contextos regionales analizados es el poder que tienen ciertos individuos y sus redes personales para influir en los equilibrios políticos.

SÍNTESIS DE LA SEGUNDA SESIÓN

En la segunda sesión (Regiones en transformación: ajustándose a las nuevas realidades sociales, económicas y políticas), figuró como moderadora Itxaso Domínguez de Olazábal, coordinadora del Panel Oriente Próximo y Norte de África de la Fundación Alternativas.

Luciano Zaccara, de la Universidad de Catar, destacó las consecuencias políticas que tuvieron las protestas populares que sacudieron la región a partir de 2011, las cuales demostraron que los estados monárquicos del Golfo no son inmunes a la desafección social. En consecuencia, según Zaccara, estos estados llevaron a cabo en distinto grado cuatro grandes medidas: anuncio de políticas redistributivas; reformas político-institucionales limitadas; refuerzo de la matriz de seguridad interna; y una reorientación de la política exterior, que pasó a ser más proactiva para tratar de ocupar las grietas de poder abiertas en la región tras la ola de protestas.

Seguidamente, Yasmina Abouzzohour del Brookings Doha Center dedicó su intervención a analizar las relaciones de Marruecos con los estados del Golfo, unas relaciones que han pasado por algunas turbulencias en tiempos recientes pero que asimismo están marcadas por un aumento notable de las exportaciones marroquíes, lo cual invita a pensar que en un futuro se consolidarán vínculos de mayor estabilidad.

La intervención de Youssef Cherif del Columbia Global Centers de Túnez se centró en las particularidades de las alianzas y vinculaciones políticas que tienen lugar en la arena política tunecina con respecto a los países del Golfo (destacando a Catar y Emiratos Árabes Unidos), los cuales tienen un gran interés en forjar relaciones con un país al que también valoran por su posición geográfica de vecindad con Libia. Cherif recordó que el caso de Túnez es distinto al de sus vecinos al tratarse no solo de un país que sigue inmerso en una configuración democrática iniciada hace una década, sino que el poder político del país se reparte entre distintas figuras. Así pues, el presidente de la república y el Jefe de Gobierno pueden tener afiliaciones distintas a Catar o EAU, países que a su vez demonizan la implicación del otro en Túnez a través de sus medios de comunicación.

La conclusión de la segunda sesión corrió a cargo de Haizam Amirah-Fernández del Real Instituto Elcano, quien hizo hincapié en como la pandemia ha exacerbado los factores que producen inseguridad económica en ambas regiones.

CLAUSURA: ‘¿QUÉ PAPEL TIENE EUROPA EN EL MEDITERRÁNEO?’

El seminario concluyó con las palabras de clausura del embajador James Moran, actualmente en el Centre for European Policy Studies, y de Yahia Zoubir, del KEDGE Business School.

James Moran, que fue embajador de la Unión Europea en Egipto (2012-2016) y se mantiene conectado a la diplomacia europea a pesar de la salida del Reino Unido de la UE, comenzó recordando que la política exterior de la UE no ha tenido en su vecindad sur el peso que le debería corresponder, debido a las divisiones internas entre estados y las dinámicas externas que han dificultado su acción. No obstante, según Moran se están produciendo señales esperanzadoras de una acción más ambiciosa por parte de la UE, la cual a su vez no debe perder de vista la importancia de Irán en su agenda exterior. Según palabras del diplomático británico, el acuerdo nuclear alcanzado con Irán en 2015 supuso un éxito mayúsculo por parte de la diplomacia europea, y con la presidencia de Biden se abre la puerta a que la UE lidere de nuevo el esfuerzo por reincorporar a los Estados Unidos al acuerdo.

Por su parte, Yahia Zoubir incidió en que aún no se han calculado del todo las implicaciones de los denominados Acuerdos de Abraham alcanzados en 2020 con un papel determinante de la administración Trump, por los que múltiples estados árabes firmaron acuerdos de normalización de relaciones con Israel. En particular, la normalización de relaciones entre Marruecos e Israel en diciembre de 2020 tuvo como contraparte el reconocimiento por parte de Estados Unidos de soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Para Zoubir, el tensionamiento de la situación política con respecto al territorio es una situación ante la que Europa “debe despertar” y tratar de buscar junto a los Estados Unidos de Biden “una solución”.

Una vez finalizadas las intervenciones de clausura, Itxaso Domínguez de Olazábal y Karim Hauser despidieron el evento agradeciendo a ponentes y espectadores en nombre de Fundación Alternativas y Casa Árabe.

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6 abril 2021

El sector de cuidados en España presenta un importante déficit de formación, escasez de personal y elevada precariedad

Políticas públicas

El sector de cuidados en España presenta un importante déficit de formación, escasez de personal y elevada precariedad

La Fundación Alternativas organizó este martes la presentación virtual del documento titulado “En primera línea contra el coronavirus: el trabajo de cuidados de larga duración a personas mayores en España”, enmarcado dentro del proyecto On the corona frontline – Elder care workers in nine European countries. Este proyecto analiza cómo se ha visto afectado el sector durante la primera ola de la pandemia, e identifica los principales problemas y dificultades de las personas que trabajan tanto en las residencias para mayores como en los servicios de ayuda a domicilio. Moderado por Daniel Basteiro, director del diario digital infoLibre, el encuentro virtual contó con varios expertos en la materia.

Como denuncia el documento, la crisis del Covid-19 ha puesto de manifiesto las carencias del sector de los cuidados a mayores en España. En concreto, los trabajadores se han visto obligados a realizar jornadas extenuantes, doblar turnos y renunciar a días libres y vacaciones, viéndose sometidos a un profundo agotamiento físico y mental.  Se trata de un sector con una escasa capacidad de atracción y retención en algunas categorías profesionales. La mala calidad del empleo y las limitadas perspectivas de desarrollo profesional hacen que muchos trabajadores con titulaciones en el ámbito sanitario perciban las residencias como una estación de paso hacia puestos más estable en hospitales o centros de salud. También se producen abandonos por malas condiciones laborales.

Lisa Pelling, directora de Arena Idé y autora del informe de resumen del proyecto On the Corona Frontline, en el que se compara la experiencia de nueve países europeos, recordó que la pandemia ha “puesto de relieve” diferentes problemas estructurales en los sistemas de cuidados, como “una organización fragmentada, una financiación insuficiente y una gran falta de trabajadores; por otro lado, la privatización ha aumentado y la afiliación sindical ha caído”. En lo que se refiere a las condiciones laborales de los trabajadores de cuidados de personas mayores, Pelling aclaró que “hemos constatado un alto grado de desprotección, al no tener trajes EPI, en todos los países en los que se ha llevado a cabo el estudio —Dinamarca, Inglaterra, Escocia, Finlandia, Alemania, Noruega, Portugal, Suecia y España—, así como una importante falta de recursos, situaciones de estrés y presión mental en ocasiones insoportable, bajas prestaciones económicas y horarios laborales ilimitados”.

Según el estudio, una mejora significativa tanto de la calidad del servicio como del empleo en el sector sólo será posible a través de un incremento de la financiación pública, así como del aumento de salarios y la contratación indefinida a jornada completa, y una adecuada formación del personal. Las personas trabajadoras de residencias y servicio de ayuda a domicilio deben afrontar tareas complejas por la vulnerabilidad de los mayores a su cargo. En este sentido, son necesarias titulaciones que capaciten adecuadamente a los futuros profesionales. Asimismo, estas titulaciones han de ser atractivas y los potenciales estudiantes han de percibir que el sector de cuidados a mayores es un área profesional con futuro.

Jorge Hernández-Moreno, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC y coautor del documento, afirmó que la gobernanza del sistema de cuidados a mayores presenta una “complejidad” relacionada con los diferentes niveles de gobierno que participan en el proceso de toma de decisiones, implementación y financiación, que se basa en una “estructura de competencias compartidas” entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.

Según Hernández-Moreno, a partir de la Ley de Dependencia de 2006, el Gobierno central adquirió una clara “debilidad competencial” respecto a las autonomías, que se erigen ahora como “principal nivel” de dirección del sistema, mientras que los municipios desarrollan un “papel que varía” en función de las competencias que les atribuyen las leyes sectoriales autonómicas. Sin embargo, la financiación del sistema, según lo previsto en la Ley de Dependencia, “debe ser asumida a partes iguales entre el Gobierno del Estado, las comunidades y un régimen de copago entre los beneficiarios en función a sus niveles de renta y riqueza”, pero se trata de una “estructura enrevesada”, articulada a través de diferentes planes financiados conjuntamente entre el Gobierno central y las autonomías, que ha generado “importantes desigualdades territoriales en relación con la cantidad y calidad de los servicios”.   

ESPERANZA DE VIDA

Por su parte, Manuel Pereira-Puga, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC y coautor del documento, aseguró que la pandemia ha “agudizado y sacado a la luz problemas estructurales” que existían desde hace “muchos años”, y que son asuntos que “no sólo afectan a los trabajadores, sino que también tienen un efecto negativo en la calidad de los servicios y en el bienestar de las personas mayores”. Son cuestiones que no son particulares de España, sino que existen en otros países, y se basan en la “escasez de personal”, mientras la demanda de trabajadores va a ir “en aumento” porque cada vez hay “más personas mayores, ya que la esperanza de vida crece y los últimos años requieren mucha atención a nivel sanitario y de cuidados”.

Por otro lado, el modelo de relaciones laborales puede haber incidido en la “transmisión del virus”, ya que los contratos de “corta duración y a tiempo parcial, y el pluriempleo”, aumentan la rotación de los trabajadores en distintos centros de trabajo. Esta realidad laboral no parece coherente con las buenas prácticas, como la creación de grupos burbuja o la limitación del número de contactos sociales.

El informe también incide en la necesidad de reflexionar sobre el prestigio social de unas profesiones ligadas al bienestar de personas vulnerables en sus últimos años de vida, y destaca la poca valoración social de las labores desempeñadas por los trabajadores del sector. En el contexto de la crisis, estos trabajadores han estado luchando en primera línea con medios precarios y escasa ayuda externa para salvaguardar la vida de los mayores, mientras recibían un muy escaso reconocimiento por parte de la sociedad.

El acto se cerró con una mesa redonda en la que también participaron Sonia Jalda, presidenta de TReGa (Traballadoras das Residencias de Galicia), que dio una perspectiva de primera mano sobre cómo se han vivido la pandemia las propias trabajadoras; y Francisco Javier Moreno Fuentes, científico titular en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC. Por su parte, dieron la bienvenida al debate Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de la Fundación Alternativas, y María Pallares, coordinadora de programas de la Friedrich-Ebert-Stiftung en España.

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5 abril 2021

Conversatorio con Rebeca Grynspan sobre la Cumbre Iberoamericana de Andorra

Conversatorio con Rebeca Grynspan sobre la Cumbre Iberoamericana de Andorra

La Fundación Alternativas celebró el lunes 5 de abril, en colaboración con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), un coloquio con su secretaria general, Rebeca Grynspan, previamente a la XXVII Cumbre Iberoamericana de Andorra del próximo 21 de abril.

El encuentro fue presentado por Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación, y moderado por Erika Rodríguez, coordinadora para América Latina. Por parte de Fundación Alternativas también participaron Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo; Joaquín Estefanía, miembro del Patronato, e Inmaculada Ballesteros, directora de Cultura y Comunicación. Junto a una veintena de reconocidos expertos de diversos perfiles profesionales y académicos, Grynspan repasó la situación actual de la región latinoamericana, marcada por la crisis de la pandemia, y expuso algunas de las principales incitativas para la próxima Cumbre en relación con otros foros y programas multilaterales en marcha en múltiples áreas: vacunación, financiación, medioambiente, digitalización, educación o cultura.

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25 marzo 2021

Expertos apuntan a la tecnología ‘Open RAN’ para que España compita con los grandes operadores

Expertos apuntan a la tecnología ‘Open RAN’ para que España compita con los grandes operadores

La Fundación Alternativas organizó el debate on-line titulado ‘5G, qué sociedad digital queremos’, en el que se analizó la vertiginosa transformación social a través de los cambios tecnológicos y el desarrollo de la inteligencia artificial. Moderado por Nicolás Sartorius, presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas, el encuentro virtual contó la presentación de los documentos 'Análisis del impacto 5G en la sociedad', de Manuel Sierra y Celia Fernández Aller; y '¿Qué sociedad digital queremos? Alternativas regulatorias para una Europa digitalmente sobernana', de Pablo García Mexía y Jorge Villarino Marzo.

Durante la jornada, los autores destacaron los retos sociales que las nuevas tecnologías aportan a la sociedad española, entre los que sobresalen la extensión de las políticas de “acceso universal y servicio universal” a los sistemas 5G, para que sus ventajas puedan llegar a “todas las personas y territorios”, no dejando a “nadie atrás”.

En este sentido, la “extensión rural” del 5G, a través de la banda de 700 MHz, es fundamental, obligando en la “concesión de la licencia” a un porcentaje de cobertura rural para al menos uno de los operadores. Esto implicaría garantizar que un porcentaje de la población mayor del 95% tenga acceso a esta tecnología “de aquí a finales de 2023”, a cambio de apoyar económicamente al operador que se haga cargo de la cobertura de estas “zonas no rentables”, como se ha hecho en 2G, 3G o 4G. También es esencial continuar con el “despliegue de fibra óptica”, haciendo valer el compromiso de Telefónica de España de llegar al “100% de la población para 2025”, así como que el 98% de los hogares y empresas tengan acceso a 1 Gbps, siguiendo el modelo sueco.

La extensión de las redes 5G debe ir en “sintonía con la política de desarrollo sostenible de la Agenda 2030”. Sobre este punto, los autores reclamaron una “coherencia en las políticas entre los ministerios encargados del 5G y el ministerio de Exteriores y la vicepresidencia de Agenda 2030”. En este marco, propusieron una “convocatoria pública competitiva” con alianzas entre ayuntamientos, empresas y universidades de proyectos piloto para la “reducción de la contaminación, el aumento de la eficiencia energética, la gestión tráfico en ciudades inteligentes y el control de las emisiones, haciendo uso de sensores basados en redes 5G”. De este modo se potencian los alineamientos entre las “políticas de transformación digital y de transición ecológica”.

Según los expertos, es esencial “concienciar a la sociedad” para evitar la “propagación de noticias falsas” sobre el 5G. Siempre que se introduce una nueva tecnología, es necesaria una “formación suficiente”, así como la realización de “campañas de concienciación” que informen sobre sus ventajas. La pandemia de Covid-19 ha traído consigo una serie de ‘fake news’ que pueden suponer un “freno en el despliegue y uso” de la tecnología 5G.

Por otro lado, la política europea tiene que basarse en “apoyos a los grandes líderes europeos” del sector -Ericsson y Nokia-, para que puedan “seguir compitiendo” con las empresas asiáticas -Huawei, ZTE y Samsung-. Sobre este aspecto, los autores aconsejan “fomentar proyectos de investigación de futuras tecnologías”, donde las grandes empresas europeas puedan “seguir desarrollando” sus trabajos, y estén en disposición de “competir con los fabricantes asiáticos”. A nivel nacional, España debe también “favorecer” a sus empresas para que puedan “especializarse” en algunas de las aplicaciones del 5G, en “colaboración con las compañías punteras” del continente europeo. En este sentido, “la tecnología ‘Open RAN’ es una oportunidad para que empresas españolas puedan competir con grandes operadores”.

MODELO REGULATORIO

En lo que se refiere al modelo regulatorio, el sistema multilateral (multistakeholder) de gobernanza “evita investir a los Estados” de poderes decisivos en la red, pero desde el cambio de siglo, naciones como China o Rusia “presionan para una mayor intervención estatal” en la gestión del universo digital. Estas presiones, al proceder de Estados que no comparten el “modelo occidental de derechos y libertades”, ponen en “riesgo” estos principios, así como la “innovación” en el entorno digital, esta última claramente favorecida por la apertura y libertad que caracterizaron el “nacimiento y los primeros decenios de evolución de internet”.

La UE debe por tanto esforzarse por mantener el modelo multilateral de gestión de Internet, “excluyendo todo monopolio estatal al respecto”. En cuanto a su infraestructura, es claro que “su regulación actual -tradicionalmente anclada en normas sobre competencia y consumo- obedece a pautas diversas marcadas por los contenidos o el audiovisual, estando estas últimas más orientadas a salvaguardar el pluralismo político-social y su principal proyección: la libertad de expresión.” Una regulación convergente de infraestructura y de contenidos se “acomoda plenamente” a la realidad tecnológica actual, que, como ya en 2014 señalaba la OCDE, se caracteriza por “la integración de redes fijas en plataformas convergentes basadas en Internet”, con el consiguiente “entrecruzamiento” de roles tradicionales de los diferentes agentes del entorno digital.

Esa regulación convergente podría consistir, según los autores, en “una legislación sobre competencia y consumo y, adicionalmente, derechos de autor e incluso libertad de expresión y sus limitaciones”. Esta opción regulatoria sería además “cauce adecuado” para garantizar el ‘level playing field’ entre empresas de infraestructura y empresas de contenidos, que clásicamente vienen “reivindicando” las primeras. Asimismo, la UE necesita “orientar decididamente” su regulación a reforzar el componente estrictamente tecnológico de su “soberanía digital”, siendo a la vez notorio que la regulación constituye un “instrumento de gran utilidad potencial” para tal fin. El espíritu general de este enfoque regulatorio debería ser “proactivo”, soslayando así cualquier sospecha de “neoproteccionismo” frente a las grandes multinacionales tecnológicas norteamericanas o chinas, en la medida en que su objetivo sería mucho más el de construir una “alternativa tecnológico-digital sólida y con capacidad de acción mundial, que defender el insatisfactorio ‘statu-quo’ actual”.

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23 marzo 2021

Alternativas y la Embajada de Sudáfrica ponen el foco en el impacto de la pandemia en los derechos humanos

Alternativas y la Embajada de Sudáfrica ponen el foco en el impacto de la pandemia en los derechos humanos

La Fundación Alternativas y la Embajada de Sudáfrica en España celebraron el martes 23 de marzo un encuentro online titulado “Human rights in a time of crisis: finding solutions, from South Africa to Spain”, con el objetivo de reflexionar acerca de cómo el estado de los derechos humanos se ha visto negativamente afectado debido a las consecuencias de la pandemia de la COVID-19, así como explorar posibles respuestas que contribuyan favorablemente a la recuperación socioeconómica. Asimismo, dicho coloquio ha sido motivado por la voluntad de las instituciones organizadoras de conmemorar el Día de los Derechos Humanos que Sudáfrica celebra cada 21 de marzo, en memoria de los funestos acontecimientos de la década de los 60 en Sharpeville.

El evento fue iniciado por Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, y por Thenjiwe Ethel Mtintso, embajadora de Sudáfrica en España. Por un lado, López Garrido se refirió a dos grandes problemas mundiales, como la pobreza infantil y la violencia de género, que han sido notablemente afectados por la pandemia de la COVID-19, y a la necesidad de dedicar mayores esfuerzos con el fin de luchar contra la desigualdad de género y de oportunidades, de establecer métodos efectivos y equitativos que limen estas diferencias y eliminar cualquier tipo de discriminación racial, étnica, sexual o de género. A continuación, la embajadora Mtintso hizo alusión a la situación desfavorable que sufren especialmente los jóvenes y las mujeres en Sudáfrica y abogó por un compromiso mundial en el que se defiendan verdaderamente los derechos humanos y “salvemos vidas”, puesto que “todos estamos en el mismo barco”.

En la mesa redonda se contó con la participación de Hlengiwe Mkhize, viceministra sudafricana de la Mujer, la Juventud y las Personas con Discapacidad, Fernando Fernández-Arias, Director General de Naciones Unidas, Organismos Internacionales y Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, y Bafana Khumalo, cofundador de la ONG sudafricana Sonke Gender Justice; el coloquio fue moderado por Elsa Aimé González, coordinadora del panel África Subsahariana de la Fundación Alternativas.

En primer lugar, Hlengiwe Mkhize abordó cómo la pandemia de la COVID-19 ha sacudido agresivamente a todo el orden internacional, destacando la manera en que ciertos países han sido perjudicados en diferente medida. Según la viceministra sudafricana, la COVID-19 ha corroborado la existencia de las grandes desigualdades y violaciones de derechos humanos que siguen prevaleciendo a día de hoy, especialmente en cuanto a los derechos de la mujer. Por ello, exhortó a una mayor integración y participación de las mujeres, incluyendo los derechos de las mujeres que viven en entornos rurales o de grupos marginados y recordando la importancia de darles voz para afrontar los desafíos que la pandemia está dejando en el panorama socioeconómico. Además, destacó la importancia de los avances y beneficios de la tecnología, como el acceso a Internet, que permitan conformar un ambiente competitivo y empoderar a la población joven africana para poder desarrollar sus habilidades y competencias. Finalmente, Mkhize subrayó la relación entre los gobiernos de España y Sudáfrica, dado que ambos países son Estados miembros de la Comisión Internacional Contra la Pena de Muerte (CIPM), luchando contra la abolición de la pena de muerte en todo el mundo.

LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

Seguidamente, Fernando Fernández-Arias hizo hincapié en el gran avance político-social de Sudáfrica desde el fin del apartheid en 1994, así como el gran papel que ha desempeñado dicho país en la lucha contra la discriminación racial. En la misma línea de pensamiento que López Garrido, el director general coincidió en cómo la COVID-19 ha contribuido a acelerar las desigualdades e incapacidades de individuos que están expuestos a la discriminación racial, a la pobreza y al casi inexistente de acceso de los medios básicos, como es el cuidado sanitario y la educación. Además, afirmó que los impactos ocasionados por la pandemia han sido de una medida profundamente desproporcionada, de manera que ha perjudicado considerablemente a las mujeres y a los niños. Por otra parte, Fernández-Arias enumeró algunas de las medidas que se están llevando a cabo desde el gobierno de España desde la aparición de la COVID-19, como apostar por una recuperación efectiva y sostenible que respete los derechos humanos y el impacto sanitario en mujeres y niñas, la adopción de una política exterior feminista con la que se logre alcanzar la igualdad de género, un nuevo plan solidario de vacunación que proporcione un rápido acceso a nivel mundial y, sobre todo, a países que tengan mayores dificultades, la creación de reservas estratégicas, etc.

Por último, Bafana Khumalo aludió a los impactos negativos que ha sufrido tanto la agenda para el desarrollo como el ámbito económico, provocando desafíos globales socioeconómicos enormes, como la seguridad alimentaria y la asistencia sanitaria. De ahí que el ponente abogase por programas y mecanismos capaces de desarrollar respuestas y aportar soluciones concretas ante las tendencias actuales que se están viendo intensificadas por la pandemia. Por ello, Khumalo insistió en que los gobiernos deben trabajar conjuntamente para aliviar y mitigar estos impactos socioeconómicos en países donde se han visto más perjudicados por la aparición de la COVID-19 y ha aumentado aún más si cabe la dificultad para acceder a los recursos básicos.

El encuentro finalizó con una actuación especial por parte de la artista sudafricana Tu Nokwe, acompañada de Biko Star y Manna Hero, para dar visibilidad a la iniciativa social del Amajika Youth & Children Arts Project, una escuela artística en Johannesburgo con un fuerte compromiso con jóvenes desfavorecidos.

TEXTO: Carolina Conde García

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18 marzo 2021

Científicos reclaman más inversión en I+D+i para no depender del turismo y la construcción

Políticas públicas

Científicos reclaman más inversión en I+D+i para no depender del turismo y la construcción

La Fundación Alternativas organizó la presentación virtual de su 3.er Informe sobre la Ciencia y la Tecnología en España. Entre las conclusiones más relevantes, el documento destaca la debilidad de las estructuras sanitarias y de investigación, que la pandemia ha puesto de manifiesto, así como la falta de adaptación y diversidad de la economía española, demasiado dependiente del turismo y la construcción. El trabajo, coordinado por Vicente Larraga, profesor del CSIC, subraya que los desafíos derivados de la digitalización, el cambio climático o la aparición de nuevas pandemias no podrán gestionarse sin un robusto sistema de ciencia, tecnología en innovación.

Por otro lado, el informe también resalta la necesidad de impulsar un sistema de investigación de alta calidad para competir con los países más avanzados y un programa de reindustrialización basado en la tecnología y la innovación, así como una inversión continuada para el sector superior al 2,5% del PIB y un cambio en la anquilosada estructura burocrática, que dificulta el avance científico y la respuesta a los retos de futuro. El plan de choque que necesita el país también debe contemplar el retorno de científicos y la captación de investigadores extranjeros de primer nivel.

En la presentación del informe, Larraga sostuvo que el sistema español de ciencia y tecnología sigue “en tierra de nadie”, ya que no se encuentra en el “grupo de cabeza” ni tampoco en el “sector subdesarrollado”. Sin embargo, la pandemia “nos ha cambiado la vida a todos” y ha provocado que la sociedad modifique su “visión” sobre la ciencia, lo que es “muy importante”, porque el 90% de los españoles “son conscientes de que los científicos somos capaces de mejorar sus vidas”.

Larraga recordó que España está inmersa en una “transformación” fundamental caracterizada por el cambio climático y las nuevas tecnologías de la comunicación, por lo que es “necesario” un sistema de ciencia y tecnología “muy sólido y de mucha calidad”, y con la capacidad de “responder de manera clara a los distintos retos que surjan”. A su juicio, la reacción ante la pandemia ha sido “rápida”, pero “tenemos que tomar la decesión de si queremos ser un país subalterno o queremos incorporarnos al desarrollo tecnológico que ya está aquí, de si queremos participar o ser simples consumidores”.  

Mariano Barbacid, jefe de Oncología del CNIO y patrono de la Fundación Alternativas, aclaró que el Ministerio de Ciencia ha tenido las “manos atadas” porque trabajaba con los llamados “presupuestos de Montoro”, pero con “los nuevos tenemos, afortunadamente, un incremento del 9,5% para investigación. No sé si es suficiente, pero al menos no se está recortando como en la década perdida desde 2010”.

Barbacid apuntó que la pandemia ha puesto de manifiesto la “vulnerabilidad de la economía española por estar basada en los servicios”, y se mostró “poco optimista” ante el Pacto por la Ciencia que el ministro Duque presentó recientemente, “ya que es decepcionante ver que contempla llegar sólo al 1,25% del PIB para nuestro sector en 2030”.

APROVECHAR LA PANDEMIA

Isabel Álvarez, directora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) y coautora del capítulo ‘Europa en la carrera por las nuevas tecnologías’, aseguró que España está en una situación “realmente delicada”, porque “nuestros competidores han cambiado el mapa del desarrollo científico y tecnológico, y China superó hace ya unos años la inversión europea en investigación y desarrollo”. A su entender, es crucial “aprovechar el momento que nos ha hecho vivir la pandemia, ya que puede suponer un impulso para la investigación, basado en los objetivos de la digitalización y la transición verde, y una oportunidad para la economía circular”. Asimismo, la experta comentó que “el Pacto por la Ciencia es un primer paso, pero tenemos que ser capaces de sostenerlo entre los sectores público y privado, y que los jóvenes se involucren”.

Carmen Andrade Perdrix, vicepresidenta de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia (AEAC) y coautora del capítulo ‘Apuntes para mejorar la colaboración público-privada’, manifestó su optimismo ante la “llegada” de los fondos europeos, y destacó la importancia de contar con un “desarrollo legislativo” que pueda promover e incentivar el progreso tecnológico. Según la investigadora, la ciencia debe “incrustarse” en todas las inversiones, y España tiene “muchas oportunidades” de crecimiento en campos como el “cambio climático o la economía circular, ya que tenemos talento”. El capital humano es “primordial” y las empresas que se dedican a I+D+i no están “suficientemente valoradas”; por ello, es necesaria una “plantilla laboral estable en el sector científico para que los jóvenes vean una carrera de futuro”.

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, subrayó que “la ciencia es fundamental para las sociedades y el Covid-19 es un ejemplo: en cuestión de un año se han creado varias vacunas, cuando antes se necesitaban siete u ocho. España necesita un sistema fuerte de investigación, y uno de los ejes de la acción exterior del Gobierno es el desarrollo tecnológico, absolutamente fundamental para nuestro país y en el que la UE juega un papel esencial. Macron dijo hace poco que, si no tenemos una soberanía tecnológica en Europa, las prioridades nos las van a crear otros, y esos otros son Estados Unidos, China y otras potencias”.

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17 marzo 2021

Laurence Thieux: 'El Hirak sigue vivo en Argelia mientras el régimen es incapaz de reformarse'

Laurence Thieux: 'El Hirak sigue vivo en Argelia mientras el régimen es incapaz de reformarse'

La Fundación Alternativas organizó este miércoles el webinar Argelia, dos años después del Hirak” con motivo de la presentación del documento de trabajo “Argelia y el Hirak: Parálisis Política Frente a Dinámicas Sociales”. El encuentro contó con la participación de la autora de dicho documento, Laurence Thieux, profesora del Departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global en la Universidad Complutense de Madrid; de Salah Eddine Salhi, investigador asociado al GRESAM; de Aurelia Mañé, profesora de política económica y de relaciones energéticas internacionales en la Universitat de Barcelona; y de Miguel Hernando de Larramendi, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Castilla-La Mancha. La presentación corrió a cargo de Vicente Palacio, director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, y la moderación de Itxaso Domínguez de Olazábal, coordinadora del Panel de Oriente Próximo y Norte de África de la Fundación Alternativas.

Con el trasfondo de la reanudación de las protestas multitudinarias en Argelia con motivo del segundo aniversario del Hirak el pasado 22 de febrero, el documento se detiene a analizar, entre otras cosas, los efectos que ha tenido y tiene este movimiento social y como ha tratado de responder el régimen político, a la vez que aporta contexto socioeconómico e internacional.

Para Thieux, la situación política argelina responde al hecho de que “ante una sociedad en marcha hay un sistema político marcado por el inmovilismo”. En este sentido, el Hirak sigue vivo mientras el régimen es incapaz de reformarse desde dentro —más allá de los movimientos cosméticos de los últimos dos años con la salida del poder del expresidente Abdelaziz Bouteflika— y de responder a las demandas de la población, a la vez que agota su legitimidad histórica basada en la revolución, el control de los hidrocarburos y su posición estratégica, tres rentas que afianzaban el sistema político.

Salhi, por su parte, destaca como el Hirak buscó definir un nuevo contrato social de la mano de una juventud que solo conocía a un presidente y que, históricamente, había sido caracterizada como “apolítica”, pero que en este movimiento adquirió un gran protagonismo. También nos recuerda “la presencia de familias y de la mujer dentro de la esfera pública” en el Hirak. En este sentido, este movimiento se ha mantenido pese al freno que ha supuesto la COVID-19, manteniendo las movilizaciones a través de las redes sociales y con un nuevo protagonismo de la diáspora, que ha tenido un papel clave en continuarlo. Asimismo, Salhi nos recuerda que el Hirak “es un movimiento que se caracteriza por su heterogeneidad y que rechaza toda forma de organización”, a lo que Hernando de Larramendi añade que es una fortaleza, pero a la vez una debilidad, pues este motivo le ha impedido articularse políticamente y ha hecho que el Gobierno y varias cancillerías europeas consideren que el régimen terminará por imponerse.

Abordando la cuestión económica y energética, Mañé nos recuerda como en 1971, año de la nacionalización de los hidrocarburos, estos últimos pasaron a dominar la economía y narrativamente se dejó de pensar en la situación económica previa, algo que habría que recuperar de cara a una posible transición económica. Por otro lado, la profesora afirma que “no se ha consumado la ruptura del contrato social, pues el Estado distribuidor, que no el rentismo, sigue en pie y si cambiamos el contrato social hay que cambiar también el Estado distribuidor”. Esto, además, se encuentra con la contradicción de que la juventud que ha protagonizado el Hirak es hija del rentismo y del Estado distribuidor, lo que supone un límite del Hirak. Por otro lado, abordando las debilidades del modelo de los hidrocarburos en cuanto al precio internacional y a la producción interna que trata el documento, Mañé considera que una transición desde este modelo no es sencilla al depender de la división internacional del trabajo y que el nearshoring y la inversión extranjera tiene sus límites, a la vez que señala los cambios que van a acompañar a la aparición de nuevos actores como China y su Nueva Ruta de la Seda, a la que Argelia se ha adherido.

Por último, el debate se detuvo sobre la política exterior argelina y sus relaciones internacionales. Aquí, Hernando de Larramendi señaló como estos últimos años han estado marcados por la pérdida de influencia y las nuevas alianzas, tendencia que se ha acelerado con el Hirak. Este movimiento ha reducido su influencia, pero el comienzo del repliegue se encuentra en 2013, con el inicio de la enfermedad de Bouteflika y la parálisis presidencial consiguiente. Asimismo, “el Hirak ha puesto al régimen a la defensiva y está llevando a flexibilizar algunos de los principios de sus relaciones exteriores como la defensa de la soberanía, la no injerencia o la prohibición del envío de tropas hacia el exterior”, como se puede observar en la búsqueda del apoyo de Rusia y China a su estabilidad interna o la reforma constitucional del pasado año, que permite la implicación del ejército argelino en conflictos externos. Con estos dos países, Argel comparte principios y valores de política exterior y se está materializando un acercamiento de las relaciones en muchos ámbitos como la Nueva Ruta de la Seda o la ‘diplomacia de las vacunas’. Con respecto a la UE, las relaciones están marcadas por las exportaciones energéticas y tienen un marcado carácter asimétrico. Aquí, Argelia buscaría resaltar su valor como defensor de la seguridad y estabilizador regional, sobre todo en relación con Libia y Mali. Miguel Hernando de Larramendi destacó las tensiones con Marruecos, respecto a lo cual “habría una impresión en Argelia de que Marruecos busca aprovechar su debilidad política para consolidar su posición en el Magreb y, sobre todo, en el Sáhara Occidental”.

TEXTO: Manuel Fernández Illera

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12 marzo 2021

Alternativas reúne a expertos para analizar la situación en el Cuerno de África

Alternativas reúne a expertos para analizar la situación en el Cuerno de África

La Fundación Alternativas celebró un coloquio online titulado ‘Transiciones políticas y alternancia democrática en el cuerno de África’, con el objetivo de abordar las tendencias políticas actuales en los países del ‘Gran Cuerno de África’, con especial atención a los casos de Uganda, Etiopía y Sudán. La situación política en la región ha evolucionado de forma significativa respecto con los últimos años: Etiopía, Sudán y Uganda se encuentran en una nueva coyuntura que presenta enormes retos que deberán afrontar los sistemas de gobierno de cada país. Los ponentes incidieron en la importancia de los efectos que ha ocasionado la aparición de la pandemia del COVID-19 en sus contextos políticos, sociales y económicos, lo que ha llegado a agravar y acentuar aún más la situación en cada país. El encuentro estuvo moderado por Elsa Aimé González, coordinadora del Panel África Subsahariana del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas.

En primer lugar, María Ángeles Alaminos Hervás, profesora en el Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Loyola Andalucía, e integrante del Panel de África Subsahariana de la Fundación Alternativas, incidió en el grave contexto de crisis económica y sanitaria en Sudán, acrecentado por la pandemia de la COVID-19. Asimismo, la situación política tampoco resulta favorable, pues tras el derrocamiento de Omar al Bashir en abril de 2019, después de aproximadamente 30 años en el poder, el país se encuentra en un proceso de transición democrático que no está cumpliendo las expectativas iniciales. Alaminos señaló que no se han terminado de formar elementos clave para la instauración de la democracia como un consejo legislativo o el poder judicial, lo que ha restado credibilidad al proceso de transición. Por otra parte, la ponente manifestó la necesidad de obtener apoyo financiero internacional que pueda contribuir a la salida de la crisis económica y sanitaria, así como reforzar ese inicio a la transformación democrática de la política sudanesa.

Iván Navarro Milián, investigador sobre conflictividad armada y construcción de paz (ECP-UAB y GEA-UAM) e integrante asimismo del Panel de África Subsahariana de la Fundación Alternativas, habló de cómo la inestabilidad regional ha actuado, a diferencia de otros países, como mecanismo de construcción del Estado ugandés durante los últimos 35 años, contribuyendo así al fortalecimiento de sus instituciones políticas y jurídicas. Debido al panorama general del continente africano a principios del milenio y con las denominadas “primaveras africanas” a partir de 2010, se produjeron movimientos sociales principalmente de mujeres y jóvenes ugandeses y ugandesas. No obstante, aunque en Uganda se haya tomado la vía del cambio político, este proceso se ha visto envuelto en ocasiones en violencia y medidas coercitivas, lo que ha contribuido a que los líderes políticos se hayan mantenido en el poder.

Josep María Royo Aspa, investigador del Programa de Conflictos y Construcción de Paz de la Escola de Cultura de Pau (UAB), abordó cómo las movilizaciones sociales en Etiopía a partir de los 2000 supusieron un punto clave para establecer las raíces de la transición política que la población etíope exhortaba. Sin embargo, el federalismo étnico impuesto en 1991 no ha resuelto la cuestión nacional del país ni ha conseguido frenar las desigualdades socioeconómicas. Por ello, destaca igualmente que la población etíope ha sido testigo de grandes y graves represiones por parte del régimen, dando lugar a altas cifras de pérdidas humanas, movilizaciones sociales y encarcelamientos. Con la llegada de Abiy Ahmed Ali al poder en 2018, se llevaron a cabo una serie de transformaciones para el cambio político, aunque no ha dado la respuesta esperada a las demandas de la población etíope.

APERTURA DEMOCRÁTICA

Una vez analizada la situación de estos tres países, el encuentro prosiguió abordando cómo en esta región del continente africano se ha constatado una fuerte demanda social por el cambio político, la redistribución de poderes y la mejora de las condiciones de vida. Sin embargo, los decisores políticos internos se han mostrado generalmente reticentes a facilitar tal apertura democrática y demás aspectos que exige su respectiva población.

En cuanto a las perspectivas de futuro para las movilizaciones sociales de estos países, todos coincidieron en la dificultad y compleja situación de la polarización social en Etiopía, la acumulación del poder militar en Sudán y la presión interna y externa en Uganda. María Ángeles Alaminos, refiriéndose a la situación en Sudán, recordó que, a pesar de encontrarnos en un momento de esperanza, no es una situación fácil ni a nivel interno ni externo. Sudán debe enfrentar la crisis económica y los conflictos que tienen lugar en las regiones periféricas para poder concluir de manera exitosa con la transición política. Asimismo, aludió a la ausencia de apoyo externo por parte de la comunidad internacional, la cual se mantiene escéptica ante dicho contexto de transición política democrática.

En la misma línea de pensamiento, Iván Navarro Milián consideró que las organizaciones internacionales se manifiestan como parte del problema y no como parte de la solución. Por ello, hizo hincapié en la necesidad de un cambio de paradigma y entender estos problemas como una realidad global, no un problema interno del continente africano. De acuerdo con lo anterior, Josep María Royo Aspa incidió en la importancia de abandonar las políticas de “doble rasero”, traficando y comerciando con armas al mismo tiempo que se pretende defender la estabilidad y apoyar los cambios políticos en el cuerno de África.

TEXTO: Carolina Conde García

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9 marzo 2021

Expertos advierten que el uso excesivo de las tecnologías puede perjudicar el rendimiento de los estudiantes

Políticas públicas

Expertos advierten que el uso excesivo de las tecnologías puede perjudicar el rendimiento de los estudiantes

La Fundación Alternativas organizó dos debates on-line, celebrados el martes 9 de marzo y el jueves 11, bajo el título '¿Cómo educar en la era digital? La experiencia comparada España-Canadá', en colaboración con el grupo de Evaluación Económica Pública (EVALPUB) de la Universidad de Valencia, la embajada de Canadá en España y la Fundación Canadá, con el objetivo de analizar el intercambio de experiencias, conocimientos y evidencias respecto a la implementación de las TIC en las aulas, así como conocer la experiencia comparada a nivel internacional, estudiar las necesidades formativas de los docentes para poder llevar a cabo con éxito la transformación pedagógica que implica el fenómeno digital, y conocer la gestión de las políticas públicas en el ámbito educativo en relación con las nuevas tecnologías.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han sido y son parte fundamental de los cambios económicos, sociales y tecnológicos de la sociedad. En este sentido, la necesidad de impartir clases online como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del Covid-19 ha puesto de relieve las diferencias sustanciales entre los distintos territorios en cuanto al uso de las TIC en el ámbito educativo. Sobre este aspecto, el informe PISA 2018 muestra que existen diferencias significativas entre los países de la OCDE en cuanto al uso de tecnologías en la docencia. A modo de ejemplo, en el caso de España, sólo el 11,5% de los directores de centros docentes indicaron que incentivan a los profesores para que integren dispositivos digitales en su docencia.

En el primer coloquio, Wendy Drukier, embajadora de Canadá en España, destacó que la crisis del Covid-19 ha provocado una “realidad innegable: la tecnología puede ser una herramienta muy útil en educación, pero no puede reemplazar a la riqueza y el desarrollo humano de la educación presencial”. A su juicio, la pandemia es un “ejemplo brutal” de la rapidez en la que pueden cambiar las cosas en un mundo globalizado, y “nos ha dado la posibilidad de analizar profundamente el uso que se hace de las tecnologías en las escuelas en Canadá, y explotar el potencial de los recursos en línea cuando se hace un uso eficiente de ellos”.  

Drukier remarcó que “la educación virtual en Canadá se ha focalizado durante la pandemia en la lectura, las matemáticas o la escritura, pero se han puesto en evidencia desigualdades sociales en términos de pobreza y discriminación, y la incapacidad de las familias para apoyar a sus hijos estudiantes. Además, un uso excesivo de las tecnologías puede provocar un rendimiento más pobre de los estudiantes”.

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, afirmó que el futuro del desarrollo pasa por la digitalización, y recordó que la pandemia ha “obligado a entrar mucho más en la utilización de las tecnologías de la información, y la sociedad ha hecho un esfuerzo enorme para trabajar sin contacto físico”. A su juicio, el Covid-19 ha tenido efectos “tremendamente disruptivos” en el caso de la enseñanza y la educación, al establecer una “importante distancia entre profesores y alumnos”, con el aspecto “positivo” de la utilización de las herramientas tecnológicas, pero con el “negativo” de la ausencia de socialización.

Mavi Mestre, rectora de la Universitat de València, participó en el evento a través de un mensaje grabado en vídeo: “La educación digital ha llegado para quedarse, y debemos adaptarnos a ella. No digo que tengamos que perdernos en lo digital y olvidar lo analógico y renunciar al contacto personal, ya que la comunicación y las relaciones cara a cara es lo que nos hace humanos. En la Universitat de València hemos hecho un enorme esfuerzo por readaptarnos y repensarnos de la mejor manera posible para hacer frente a la situación impuesta de distanciamiento físico, pero que no es emocional. Volcarnos en lo digital durante el último año nos ha permitido adelantar planes previstos a más largo plazo, transformando en pocos días cinco siglos de historia analógica en un presente altamente digital, lo que es positivo, pero no debemos perder la transmisión de conocimiento que tiene que ver con el contacto personal, la formación integral de personas y el crecimiento humano”.

Bruno Poellhuber, director académico del Centre de Pédagogie Universitaire de la Université de Montreal, sostuvo que “las TIC han transformado el mercado, y la inteligencia artificial está cobrando gran relevancia, ya que puede llegar a transformar todas las áreas laborales. Por ejemplo, los transportes en camión podrán llegar a digitalizarse hasta el punto de que los conductores ya no sean necesarios. En este sentido, los trabajos de hoy no serán iguales el día de mañana. Tenemos que aprender a vivir con la inteligencia artificial, y todos los estudiantes tienen que aprender a ser ciudadanos digitales responsables”.

Fernando Trujillo, de la Universidad de Granada, subrayó que educación y presencialidad son “dos palabras que se dan la mano” y, de cara al futuro, “virtualidad y presencialidad no serán términos excluyentes”. A su entender, “sin socialización no hay aprendizaje, y caminamos hacia un futuro híbrido. La tecnología nos va a dar herramientas muy interesantes para el aprendizaje en los próximos años, y apenas estamos rozando la superficie del potencial de la docencia virtual; tenemos mucho que aprender y desarrollar. En el mundo digital se puede enseñar con garantías de calidad, pero haciendo un replanteamiento profundo de las dimensiones informativa, práctica, comunicativa y tutorial”.

Sara de la Rica, de la Universidad del País Vasco: “El Informe PISA 2018 revela que la utilización moderada en las aulas aumenta las competencias tanto en ciencias como en lectura o matemáticas, pero un uso muy intensivo las penaliza. El usuario intensivo de TIC en el aula responde a un perfil de mal estudiante y repetidor, y hay más varones que mujeres, sufren más bullying que el resto de estudiantes, y hay un mayor número en escuelas privadas”.

"LA EDUCACIÓN DIGITAL HA LLEGADO PARA QUEDARSE"

En el segundo debate, Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de la Fundación Alternativas, aseguró que la digitalización está “afectando intensamente” a los mercados de trabajo y a la sociedad en general, de modo que los empleos van a ser “muy diferentes en el futuro”, y el sistema educativo “debe tenerlo en cuenta”. El experto recomendó “educar a los jóvenes” para una nueva sociedad, asegurando que “se conviertan en ciudadanos digitales”; y puntualizó: “La educación digital, estimulada por la pandemia y el confinamiento, ha servido para romper muchas barreras y resistencias al cambio, y ha llegado para quedarse, pero un abuso en la utilización de las técnicas digitales podría tener resultados negativos”.

Rocío Albert López-Ibor, viceconsejera de Política Educativa de Madrid, aclaró que “la innovación tecnológica ha de ir con la formación del profesorado, porque si no cambiamos los hábitos y la forma de enseñar, de poco servirá toda la innovación que queramos implantar en las aulas”. Es cierto que la pandemia “nos ha obligado a acelerar todo este proceso, pero ya teníamos un largo recorrido, ya que entre las asignaturas de libre designación introdujimos la de tecnología, pero éramos conscientes de que teníamos que formar previamente a nuestros profesores, e incluso cambiar los currículos de las asignaturas y la metodología a la hora de impartirlas”.  Según Albert, el profesor tiene que seguir estando “muy presente, siendo el guía, pero el alumno tiene una labor mucho más activa; la digitalización permite personalizar muchísimo la educación”.

Shawn Lehman, Superindent of Instruction responsible for ICT del distrito escolar de Carleton-Ottawa: “Los maestros están necesitando adoptar conceptos tecnológicos para el desarrollo educativo de sus alumnos. En nuestro distrito, hace ya tres años que proporcionamos a cada profesor un dispositivo móvil, para que se fueran familiarizando con la tecnología en su día a día de la enseñanza de los jóvenes. Esto ha significado un importante cambio para nuestra comunidad en todos los sentidos, y nuestros profesores están viendo que todo lo que antes se plasmaba en papel, ahora se puede reflejar en formato digital, y promovemos que tengan las herramientas y la auto confianza para desarrollar su labor con garantías”.

Julio Albalad Gimeno (Ministerio de Educación, INTEF): “La competencia digital tiene un carácter transversal en todas las áreas educativas, pero además del alumnado, el profesorado es también un elemento fundamental. Por otro lado, los centros docentes han de acometer planes de digitalización. Respecto a las metodologías, el primer cambio sustancial va a ser el currículo competencial, pero además fomentamos el uso de metodologías activas, como la propuesta del Aula del Futuro o la Escuela de Pensamiento Computacional e Inteligencia Artificial, que estamos llevando a cabo a través de convenios con las comunidades autónomas. La LOMLOE también contempla la formación permanente de los docentes a nivel digital”.   

 

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Fundación Alternativas participa en un proyecto europeo para actualizar el impacto económico del sector cultural

Fundación Alternativas participa en un proyecto europeo para actualizar el impacto económico del sector cultural

La Fundación Alternativas ha sido elegida para participar en el proyecto Measuring the Cultural and Creative Sectors in the EU’, iniciado en enero de 2021, con el propósito de elaborar un nuevo marco estadístico para conocer en profundidad los aspectos económicos y sociales del sector cultural y creativo en la UE. El trabajo, que pretende tener un impacto a largo plazo en todos los sectores culturales y creativos de Europa, ha sido encomendado por la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea a una serie de expertos en temas económicos y sociales, así como en industrias culturales y creativas.

Los objetivos específicos del proyecto incluyen ofrecer una definición actualizada del impacto cualitativo de los sectores culturales y creativos; desarrollar una nueva metodología para cuantificar el alcance de los servicios on-line -ya sean de pago o financiados con publicidad y datos- y obtener cifras económicas actualizadas.

El nuevo sistema de medición tendrá en cuenta las nuevas formas de creación surgidas en una sociedad digitalizada, así como nuevas manifestaciones culturales que han aparecido en los últimos años. Además de las ventajas que ofrecerá para conocer mejor el impacto de la cultura en la sociedad, en todos sus ámbitos de influencia, permitirá también establecer comparaciones más reales con países fuera de la UE, principalmente Estados Unidos.

A nivel nacional, el volumen de empleo cultural ascendió en 2019 a 710.200 personas, un 3,6% del empleo total. Los trabajadores de este sector se caracterizan por tener una formación académica superior a la media, presentando tasas más elevadas de educación superior a las observadas en el conjunto del país: 69,1% frente a 43,8%.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el número de empresas cuya actividad principal es cultural ascendía a 127.581 a principios del 2019, lo que supone el 3,8% de las empresas recogidas en el Directorio Central de Empresas (Dirce).  Los resultados de la Cuenta Satélite de la Cultura en España indican que, en 2018, la aportación del sector cultural al PIB español se cifró en el 2,4%, situándose en el 3,4% si se considera el conjunto de actividades económicas vinculadas con la propiedad intelectual. Esta cifra es superior al aporte de la industria química (1,1%) y a la de telecomunicaciones (1,8%).

Los resultados indican que en el último ejercicio del que se disponen datos el gasto liquidado en cultura por la Administración General del Estado se situó en 696 millones de euros, por la Administración Autonómica en 1.178 millones y por la Administración Local en 3.476 millones, cifras que suponen, en términos del PIB, el 0,06%, 0,10% y 0,29% respectivamente. Esto significa que la cultura aporta al PIB nacional el 3,4% del total, y recibe a modo de subvención un 0,06%. Estos números ponen de manifiesto el significativo peso del ámbito cultural dentro de la economía española.

Como el Parlamento Europeo ha señalado en repetidas ocasiones, varios factores como la digitalización, la llegada de las grandes plataformas o el uso comercial de contenido en línea ha impactado ampliamente en el sector cultural y creativo, pero el sistema estadístico actual no cuenta con un desarrollo adecuado para conocer ese impacto en profundidad. En este sentido, el nuevo proyecto se desarrollará en estrecha colaboración con instituciones como Eurostat, así como con todas las organizaciones de los Estados miembros implicadas en labores estadísticas, para evaluar los datos actualmente disponibles y repensar y proponer nuevas formas para hacer frente a los grandes cambios tecnológicos de los últimos veinte años.

Esta labor investigadora y analítica, que tendrá una duración de dos años, permitirá una exhaustiva revisión de la economía, la cultura y la sociedad en Europa, y proporcionará una perspectiva actualizada del sector cultural y creativo en la UE. Además de la Fundación Alternativas, participan Qmetrics (Portugal), entidad directora del proyecto; Everis, Associação Cultural Gerador (Portugal); y CUMEDIAE (Bélgica).

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4 marzo 2021

Alberto Aragón: 'Las empresas tendrán que enfrentar importantes retos ambientales para seguir funcionando'

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Alberto Aragón: 'Las empresas tendrán que enfrentar importantes retos ambientales para seguir funcionando'

La Fundación Alternativas organizó este jueves el debate on-line titulado ‘La empresa sostenible’. La sostenibilidad es uno de los tres objetivos, junto con la prosperidad y la inclusión social, que orientan el trabajo del proyecto colectivo ‘Empresa y Sociedad’, de la Fundación Alternativas. En su sentido más amplio, la sostenibilidad apela a la ética intergeneracional por la cual las generaciones presentes satisfacen sus necesidades sin hipotecar las posibilidades de que las generaciones futuras satisfagan la suyas. Para una empresa, la sostenibilidad significa realizar las actividades de producción e intercambio en las que participa, respetando las prescripciones de la ética intergeneracional. De las tres ramificaciones de la sostenibilidad empresarial -económica, social y medioambiental-, el seminario se centró en la gobernanza al má