La Fundación Alternativas organizó un debate para presentar un documento de trabajo titulado ‘Movilizaciones y Emergencia Climática en la Vecindad Sur y Turquía’, que pone el foco sobre dos de los fenómenos más relevantes y acuciantes en la Vecindad Sur de la Unión Europea (UE) y España: por una parte, el cambio climático como una de las mayores amenazas a la sostenibilidad sociopolítica y socioeconómica de los respetivos países y sociedades; por otra, las movilizaciones sociales como una de las principales manifestaciones del malestar de estas sociedades, patente en los levantamientos de la ‘Primavera Árabe’ de 2010-2011 y con carácter posterior. El documento analiza los casos de países tan relevantes para la UE como Marruecos, Túnez, Egipto y Líbano, además de Turquía.

En este sentido, el informe destaca las iniciativas por el clima en estos territorios, teniendo en cuenta sus contextos particulares, y centra su atención en el papel que el sistema político tiene en cada caso, en la existencia de movilizaciones en distintos niveles, y en qué forma se articulan cuestiones más allá de lo puramente medioambiental, como las que giran en torno al concepto de ‘justicia climática’. La próxima COP28 se celebrará en la ciudad egipcia de Sharm Al Shaikh, y los países árabes se enfrentan a un reto que necesariamente tendrá que implicar a sus respectivas poblaciones, así como centrar la cooperación transnacional en la región y con la UE.

En el evento participaron Irene Lozano, directora de Casa Árabe; Vicente Palacio, director de Política Exterior de Fundación Alternativas; Itxaso Domínguez de Olazábal, coordinadora de Oriente Medio y Magreb de Fundación Alternativas y coordinadora del documento; Ilgu Ozler, profesora en la SUNY New Paltz y coautora del informe; Adil Moustaoui, profesor en la UCM y coautor del documento; y Marc Español, corresponsal en El Cairo y coautor del informe.

La Fundación Alternativas ha realizado este viernes un acto presencial en el CESEDEN – con posibilidad de seguimiento online – en el marco de la presentación de su nuevo Informe ‘La defensa europea y la Europa de la defensa’. Contando con numerosos expertos y académicos del sector, el coloquio esbozó las principales claves del contexto actual, siendo la construcción de un nuevo orden mundial con la guerra de Ucrania, y la creciente polarización entre las democracias liberales y las autocracias. Este contexto en el cual se encuentran la Unión Europea y sus Estados miembros, afirman los panelistas, pone a juego el papel de la organización en el escenario global, y demuestra que su capacidad para ser autónoma en diversos sectores, incluyendo la defensa, revestirá suma importancia.

Los ponentes analizaron a su vez la recién publicada Brújula Estratégica, como guía orientativa que enmarca los próximos pasos a seguir si los 27 quieren mantener su posición en los años venideros. En materia de defensa, el documento resalta la necesidad de invertir y desarrollar las industrias de I+D, estando Europa muy por detrás de EE. UU. Esto le permitirá a la Unión un mayor rendimiento en misiones exteriores, entre otras operaciones. Aparte, los panelistas abordaron las diversas temáticas de la Brújula relacionadas con la seguridad, que incluyen las guerras venideras, siendo las denominadas guerras híbridas, e incluso la cuestión de la defensa en el espacio, donde la Unión también debe de desarrollar mayores capacidades.

Por otro lado, los panelistas analizaron el actual gasto en defensa en el marco de la OTAN, y las posibilidades de aumentar el mismo entre los Estados miembros de cara al futuro. Sin embargo, advirtieron del peligro de “sacralizar” la cifra del 2% requerido por la Alianza, como objetivo meramente cuantitativo.  Por ello, los participantes recalcaron que los Estados europeos no deberían de aumentar el gasto de defensa solo para alcanzar la cifra fijada – gastar más -, sino gastar estratégicamente para mejorar la resiliencia de los sistemas de seguridad europeos – gastar mejor-.

Francisco de Paula Bisbal Pons, director del CESEDEN, inició la presentación del acto, junto con Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, y el Almirante Juan Francisco Martínez Núñez, secretario general de política de Defensa (SEGENPOL). El posterior coloquio contó con la participación de Constantino Méndez, exsecretario de Estado de Defensa; Carlos Martí Sempere, doctor en seguridad internacional; José Enrique de Ayala, miembro del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas; y Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. La moderación del evento corrió a cargo de Esther Rebollo, directora adjunta de ‘Público’.

La Fundación Alternativas ha realizado este martes la presentación on-line de su ‘Informe Iberoamérica 2022’, bajo el título ‘La Digitalización Iberoamericana’. Se trata de una región que promete grandes posibilidades en el mundo tecnológico, siempre y cuando se aproveche la transición digital para desarrollar el territorio económicamente, socialmente, y políticamente. Bajo esta premisa se realiza el Informe de Iberoamérica 2022, donde académicos y expertos de la región esbozan algunas claves del panorama actual de digitalización en Iberoamérica, prestando atención a los principales retos y oportunidades que presenta el salto tecnológico. A través de sus siete capítulos, el documento aborda las múltiples dimensiones del fenómeno en los países iberoamericanos, desde los desafíos de la digitalización en materia de ciberseguridad y ciberdefensa, hasta la persistente brecha social de la región en cuanto a acceso a la tecnología. Las contribuciones de los once autores ponen el foco en el impacto de la covid-19 como catalizador del proceso de digitalización, que no es exclusivo a la región iberoamericana.  La presentación del Informe corrió a cargo de Vicente Palacio, director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, y el coloquio posterior fue moderado por Erika Rodríguez, coordinadora de América Latina en la Fundación Alternativas.

Juan Fernández Trigo, secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, detalló en el impacto de la pandemia, que no solo ha puesto a prueba la capacidad de digitalización de los países, sino que la ha acelerado, con el uso de servicios de comercio electrónico y banca on-line. Presenta también el balance negativo de la covid-19, al haber puesto de manifiesto el retraso de Latinoamérica. Las profundas desigualdades raciales y de género en el acceso a las tecnologías generan problemas para la digitalización. Por otro lado, ejemplos como el Programa Bella 2030, que cubre las necesidades de interconectividad latinoamericanas y europeas, ejemplifican el impacto positivo de una alianza entre Iberoamérica y Europa en materia digital.

Por su parte, Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, presenta la posición de la organización regional en materia de la digitalización. La transformación digital forma parte de los tres ejes de cooperación en la OEI, que incluyen cooperación en el ámbito de la salud, en el ámbito del medioambiente, y, por último, en el sector digital. Dentro del sector digital, afirma el secretario, se destacan tres fases que componen la digitalización, y que son prioritarias para la región en este proceso: asegurar la colectividad y el acceso generalizado de la tecnología para todas las personas de la región; promover y proteger la seguridad y defensa de los derechos de ciudadanos en el mundo digital; y, por último, desarrollar mejores sistemas tecnológicos, creando una gobernanza digital que preste mejores servicios a la ciudadanía.

LA IMPORTANCIA DE LA COOPERACIÓN

Lisset Medina, doctora en economía e investigadora asociada del ICEI, detalló en la importancia de la cooperación de los sectores científicos y tecnológicos como vía para fortalecer los países de la región. La escasa inversión de los países latinoamericanos en I+D+i esclarece de nuevo el largo camino a recorrer, pero también presenta las posibilidades de crecimiento, mediante alianzas estratégicas entre América Latina y Europa. Precisamente, los proyectos de financiación europeos han contado con una alta participación de países latinoamericanos. La experta esclareció también el mayor peso de lo público en el sector I+D+i, siendo el Gobierno el actor principal que invierte en investigación. Dicha situación, no obstante, ha disminuido el peso de otro actor relevante en la digitalización, el sector privado.

DIGITALIZACIÓN Y CIBERDEFENSA

Por último, Carlos Castañeda, investigador en ciberseguridad y ciberdefensa de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” de Colombia, explicó las claves de la ciberseguridad y la ciberdefensa en el proceso de digitalización. La ciberseguridad es la base que permite el desarrollo de las nuevas tecnologías, afirma el panelista. Si no hay ciberseguridad, el salto tecnológico se verá perjudicado, y resultará en una digitalización no eficiente, como ejemplifica el fenómeno de Big Data. El contexto actual, por tanto, exige a las naciones sistemas de ciberseguridad resilientes, que protejan los derechos de los ciudadanos y que protejan a su vez los intereses nacionales, explica Castañeda.

La Fundación Alternativas ha participado el pasado 9 y 10 de junio en Budapest en un seminario organizado por la Academia Diplomática de Hungría perteneciente al Ministerio de Exteriores, y el Comité de Asuntos Latinoamericanos de la Academia Húngara de Ciencias Sociales. A lo largo de una mañana, Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación, dio una charla sobre las visiones alternativas desde Europa y América Latina sobre la guerra de Ucrania, que fue seguida de comentarios y preguntas por parte de un grupo de expertos y diplomáticos de dichas instituciones. Durante el evento se trataron diversos temas como: las respuestas de los distintos gobiernos y parlamentos latinoamericanos a la invasión de Putin; las consecuencias económicas y las crisis energética y alimentaria; los escenarios para América Latina tras el fin de la guerra; o los resultados de la Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles (EEUU) con la referencia puesta al conflicto de Ucrania y la presencia de Rusia y China en la región. La vista se completó con entrevistas a diplomáticos del Ministerio de Exteriores del ámbito de la política de seguridad europea para intercambiar puntos de vista acerca de los diferentes posicionamientos de España y Hungría y otros estados miembros en relación a Rusia y Ucrania.

La Fundación Alternativas ha organizado un debate online, bajo el título ‘Colombia: un nuevo Gobierno para un nuevo país’ analizando los resultados de la primera vuelta de las elecciones en Colombia, con la segunda ronda prevista para el próximo 19 de junio. Enmarcado dentro del Panel de Iberoamérica de la Fundación Alternativas, el evento ha contado con expertos en el continente latinoamericano del sector empresarial y académico.

Entre otras cuestiones, los panelistas abordaron las variables que han conducido al país hasta este resultado electoral inédito. El 2019 marcó el inicio de una movilización socio-política en el país que alertaría a la Presidencia del creciente descontento, y desconfianza, por parte de distintos sectores de la sociedad hacia los políticos tradicionales. Es en este terreno donde los posibles candidatos a la Presidencia, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, se enfrentan con distintas agendas a los retos que amenazan al país: abordar las crecientes desigualdades y la pobreza extrema en el país, además de la lucha contra el narcotráfico y contra el clima de inseguridad generalizado.

El evento fue presentado por Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación Alternativas; moderado por Erika Rodríguez, coordinadora de América Latina de la Fundación Alternativas; y participaron Rafael Grasa, doctor de la Universidad Autónoma de Barcelona y experto en estudios latinoamericanos, junto con Catalina Gil Pinzón, consultora en el Open Society en el programa especializado en Política de Drogas en América Latina.

La Fundación Alternativas organizó este martes un acto presencial –con posibilidad de seguimiento online– con motivo de la publicación del Informe 2022 Tendencias de EEUU y su impacto en Europa: US Trends that matter for Europe Report 2022. Biden’s Social and Fiscal Plan: Domestic and International Implications and the EU response. La presentación del Informe y el coloquio posterior estuvieron moderados por Vicente Palacio, director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas. Miguel Ángel Aguilar, presidente de la Fundación Carlos de Amberes y secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos, fue el encargado de abrir y dar la bienvenida al acto. Además, el debate contó con la participación de José María de Areilza Carvajal, secretario General de Aspen Institute España y profesor ordinario de ESADE; Raquel Carretero Juárez, responsable de Comunicación y del Área de Políticas Públicas Digitales de Telefónica S.A.; Beatriz Camacho Ávila, directora de Ecosistema para Sur de Europa, RIS-EIT Climate-KIC; José Luis Escario, consultor y profesor en fiscalidad internacional; e Ignacio González, economista y profesor en American University (Washington DC).

El acto tenía como objetivo presentar el Informe EE.UU. 2022, donde se abordan algunas de las principales tendencias políticas, sociales, económicas, medioambientales o tecnológicas en EE.UU. durante la Administración Biden y sus impactos a nivel nacional  e internacional. El dossier recoge asimismo las respuestas que dichas tendencias y políticas están generando por parte de la Unión Europea y traza algunas líneas de desarrollo para el futuro inmediato.

Tras la bienvenida de Miguel Ángel Aguilar, Vicente Palacio subrayó que el informe es un intento por tomarle el pulso a la realidad de EE. UU. y que el objetivo del trabajo no es otro que contribuir a que EE. UU. y Europa, a pesar de sus divergencias, hagan converger sus visiones lo máximo posible. Para ello, el informe identifica seis tendencias relevantes en el primer periodo del mandato del presidente Joe Biden (enero 2021- junio 2022): la persistencia de una fuerte polarización social y política que genera graves disfuncionalidades y un escenario de gran incertidumbre; el intento de combate contra la desigualdad mediante una reforma fiscal nacional e internacional dirigida a las grandes fortunas y corporaciones; una cierta ralentización del momentum de esa reforma fiscal en EE. UU. y a nivel global debido a presiones internas y la guerra de Ucrania; avances simultáneos en EE. UU. y la UE para la financiación y regulación de la economía digital y la tecnología, y el proceso de digitalización; la continuación de políticas medioambientales inspiradas en un Pacto Verde; y, por último, un giro en la llamada “política exterior para la clase media” basada en una agenda social y fiscal, hacia una preeminencia de otras agendas, principalmente la militarización.

Ante la pregunta de en qué momento se encuentra la democracia norteamericana –a la sombra del golpe del 6 de enero y la volatilidad institucional– José María de Areilza Carvajal afirmó que esta se encuentra en el momento más frágil de sus últimos diez años. Existe un choque entre dos Américas y se prevé que las elecciones legislativas de noviembre nos den más pistas en este sentido. EE. UU. está en un momento muy delicado, lo que también se deja entrever en su estrategia de política exterior. La relación con China y la postura hacia el conflicto en Ucrania evidencian esa polarización ideológica entre republicanos y demócratas.

Asimismo, en lo relativo a la desigualdad y la reforma fiscal, Ignacio González aseveró que venimos de cuatro décadas de un crecimiento de la desigualdad del ingreso y de la riqueza en EE. UU. La riqueza financiera está muy concentrada y existe un gran desacople entre la economía de las finanzas y la economía de los hogares. Además, el aumento de la riqueza financiera no ha venido acompañado de inversión y dinamismo en la economía americana, lo que ha hecho que aumente la toma de conciencia de la dimensión de la desigualdad en el país.

COMPETENCIA FISCAL

Cuando José Luis Escario es preguntado sobre el impacto de la reforma fiscal en el ámbito internacional, su respuesta es tajante: “EE. UU. busca alcanzar un acuerdo internacional que establezca el global playing field. Biden quiere evitar una competencia fiscal que podría provocar que las empresas americanas trasladasen sus beneficios a paraísos fiscales y que se volviesen menos competitivas porque tendrían que pagar un impuesto mayor que el resto”.

Sobre la transición energética y el Pacto Verde Europeo, Beatriz Camacho Ávila valoró las convergencias y divergencias entre Washington y Bruselas en este sentido. En su opinión, la transición de ambas economías tiene que ser justa, lo que también implica asumir que va a haber perdedores, como, por ejemplo, los trabajadores de industrias que dependen de combustibles fósiles. Ante esta situación, es fundamental incrementar el gasto público y la capacidad interventora del sector público. Además, la despolitización de la cuestión de la transición energética es fundamental para implicar a todos los grupos sociales. No obstante, Camacho insistió en el hecho de que la burbuja transatlántica o europea contribuye al 10% de los gases de efecto invernadero, aproximadamente. Por eso, si se quiere alcanzar el 1,5% de los Acuerdos de París es necesario incluir a China, que emite el 24% del total de los gases de efecto invernadero, y a Rusia, el cuarto país más contaminante del mundo.

Por último, Raquel Carretero Juárez concluyó asegurando que tanto EE. UU. como la UE avanzan por caminos similares en lo relativo a cómo plantean recuperar sus economías en la época post-COVID. En este sentido, ambos actores apuestan por la transformación digital como palanca de cambio para generar empleo o digitalizar la administración pública, entre otras medidas. No obstante, la experta señala la laguna regulatoria que existe en lo relativo al mundo de los criptoactivos e insiste en la necesidad de regular este mercado, puesto que no existe una entidad financiera que se encargue de supervisar las transacciones del mundo cripto.

La Fundación Alternativas organizó este miércoles la presentación on-line de su ‘Informe África 2022’, que en esta edición lleva por título ‘África y Europa en un tiempo de crisis’. Ante un trasfondo de orden internacional de futuro y contornos inciertos, pero también de muy probable inestabilidad generalizada en gran parte del Sur Global, Europa y África se encuentran en un proceso de reconfiguración de sus relaciones. Es un proceso que requerirá tiempo, dada la larga trayectoria de relaciones entre los continentes y la impronta de jerarquías y desigualdades construidas históricamente, y es un proceso necesario precisamente para superar ese legado. Esta nueva edición del Informe África, a través de sus ocho capítulos, aborda diferentes temáticas centrales en esas relaciones: desde desafíos globales como son la lucha contra el cambio climático, la salud, o las relaciones económicas, hasta desafíos políticos a los que se enfrentan diferentes países y regiones, para resolver los conflictos que los atraviesan y consolidar procesos que reviertan en el bienestar del conjunto de la población. Las diferentes contribuciones de los nueve autores que participan en el informe ponen asimismo de manifiesto cómo las desigualdades siguen marcando los vínculos entre los dos continentes, y varios de ellos ponen además el foco específicamente en la región del Sahel. La presentación del evento corrió a cargo de Elsa Aimée González, coordinadora de África Subsahariana de la Fundación Alternativas, e Itxaso Domínguez de Olázabal, coordinadora de Oriente Medio y Magreb.

Aurora Moreno Alcojor, periodista especializada en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos, destacó en su intervención la importancia de acometer en el continente africano una transición ener­gética “justa y equitativa” que tenga en cuenta las “orientaciones específicas” y diversas de los países respecto al acceso a la electri­cidad y la transición ecológica, centrándose en la “creación de empleo, crecimiento sostenible, transporte, infraestructuras y movilidad”. La idea de trabajar en un partenariado para la transición verde y el acceso a la energía co­bra “especial importancia” en un momento en el que la UE ha apostado por luchar contra el cambio climático con la puesta en marcha de su Pacto Verde Europeo, y en el que África es consciente de que se enfrenta a grandes desafíos medioambientales.

El continente africano es uno de los más afectados por el impacto del cambio climático, a pesar de que apenas es responsable del 3,7% de los gases de efecto invernadero. África es especialmente vulnerable al cambio climático por varias ra­zones, entre las que destacan su dependencia de la climatología para la agricultura, las difi­cultades de acceso al agua, el aumento de las tierras áridas y la vulnerabilidad de las zonas costeras. A ello se suma la degradación medioambiental provocada por la acción del ser humano, la falta de recursos para llevar a cabo los procesos de adaptación que exige el cambio climático, el aumento de población y la rápida urbanización prevista para los próximos años.

Por su parte, José Luis de la Flor Gómez, doctor en Relaciones Internaciones e investigador en salud pública, criticó “las diferentes velocidades en el acceso a las vacunas” en función de los países, lo que supone una “ca­racterística de la pandemia” de Covid-19. Mientras que la población de los países con rentas altas está “accediendo a una tercera e incluso cuarta dosis de vacunación”, la mayoría de la pobla­ción africana “no ha sido todavía vacunada”.

En este sentido, el experto aclaró que el uso racional de los medica­mentos es clave para “reforzar la idea” de que el acceso a las vacunas contra la Covid-19 es un “bien público global”. Los ex­pertos en salud pública y los líderes mundia­les instan a considerar que las vacunas deben estar disponibles de manera justa y equitativa para cualquier población del mundo. Sin embargo, una de las desigualdades más características de la actual epidemia es la “falta de acceso” a estos me­dicamentos en África y su acaparamiento por los estados de mayor renta.

Dagauh Komenan, investigador en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, sostuvo que la atmósfera política se ve enturbiada debido a las crisis alrededor de las elecciones, la represión de manifestaciones de la oposición social y los enfrentamientos ar­mados esporádicos en el marco de golpes de Estado. Sin embargo, la principal amenaza a la estabilidad regional es el “yihadismo”, ya que, desde principios de este siglo, los islamistas (muyahidines veteranos de Afganistán y Bos­nia) derrotados durante la guerra civil arge­lina se instalaron en el Sahel y lanzaron sus primeras acciones terroristas.

Sin embargo, el investigador comenta que la alternancia política es sinónimo de la “consolidación y madurez democrática”, pese a que no se puede establecer como un criterio fiable para determinar el carácter de­mocrático de un país. Botsuana, uno de los países citados como ejemplo de democracia y estabilidad en el continente africano, tiene al frente el mismo partido desde 1965, ganando elecciones de ma­nera democrática desde entonces. Esto muestra que el hecho de que un único partido domine la escena no pone en duda el carácter democrático de un país.

ESCLAVITUD Y RECURSOS NATURALES

Jokin Alberdi, profesor en la Universidad del País Vasco, denunció que la “esclavitud y la extracción de recursos naturales” han sido, históricamente, la fuente de riqueza de unos pocos, mientras que, para los sectores más desfavorecidos, estas actividades, junto con el trabajo agrícola de las mujeres, han sido las “únicas alternativas de supervivencia” a las hambrunas que han provocado las numerosas se­quías, ciclones y guerras en Mozambique durante los últimos siglos.

Según el experto, las grandes corporaciones y gobiernos extranje­ros, en connivencia con diferentes facciones de las élites políticas mozambiqueñas, “com­piten por los recursos de los territorios”, mientras, el sentimiento de “abandono” por parte del Estado, la corrupción y el enriquecimiento de algunos cargos gubernamentales, hacen aumentar el “descontento y la frustración” de amplios sectores populares. La puesta en marcha de varios “megaproyectos extractivos” de gas licuado en la costa norte, y de rubíes, oro y grafito en la zona interior-sur de Cabo Delgado en la última década, han “incrementado la violencia” en esta provincia, contribuyendo a la desestructuración de las débiles economías agrícolas familiares.

Sobre la complicada situación en Libia, Barah Mikail, director del programa de Ciencias Politicas y Relaciones Internacionales en el Campus de Madrid de la Universidad San Luis y director de Estractegia Consulting, comentó que la “fragmentación” de las instituciones nacionales, los sentimientos de pertenencia de la pobla­ción del país, arraigados en la localidad, y la “sed de poder” por parte de los principales re­presentantes políticos, hacen difícil creer que se vaya a alcanzar pronto una solución ins­titucional duradera.

Libia anunció elecciones presidenciales y legislativas para diciembre de 2021, pero acabaron aplazándose sin fecha. Mikail recordó que al mismo tiempo que el país carece de un jefe de Estado, es un Estado “dominado por muchos jefes”. Las instituciones son la cara visible del país, pero quienes detentan el poder en realidad son individuos que, en la mayoría de los casos, aprovechan las “oportu­nidades que les brinda” su cargo para cultivar su influencia. Poner en marcha un proceso que lleve a la consolidación de instituciones estables en un periodo de tiempo razonable parece algo “extremadamente difícil”. Sin embargo, las ex­pectativas y exigencias de la población libia son mayores cuanto más tiempo pasa. Los habitantes del país son unánimes en cuanto a sus necesidades y consideran que “la seguri­dad y las reivindicaciones socioeconómicas son prioritarias”.

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas: “El informe África que presentamos anualmente es una gran apuesta debido a la personalidad propia del continente y sus problemas transversales, con la especificidad de cada país y cada región. África presenta problemas como el de la demografía, ya que va a tener 2500 millones de habitantes a mitad de siglo, y va a ser el continente más joven del mundo; la inestabilidad política, con varios golpes de Estado en los últimos tiempos; y la inseguridad en el Sahel, así como la difícil situación en el Magreb. El modelo colonial, basado en la extracción de materias primas, ha dejado un continente poco industrializado. La personalidad de África plantea cuestiones que se deben abordar de manera global, como la pandemia que ha asolado al continente, mientras sólo el 18% de la población tiene la pauta completa de la vacuna, o el efecto de la guerra de Ucrania, con el elevado aumento de los precios de los alimentos”.

La Fundación Alternativas y la Fundación Foro del Sur (Argentina) organizaron un encuentro on-line para responder a los múltiples interrogantes que la guerra de Ucrania está planteando en el continente latinoamericano y en Europa. El evento contó con prestigiosos representantes académicos, así como del mundo de la empresa y las organizaciones civiles de los dos continentes.

Entre otras cuestiones, los participantes analizaron las posibles consecuencias del conflicto armado para el destino de Europa; los efectos de la nueva carrera armamentística; la efectividad de las sanciones a Rusia; el impacto del conflicto en la economía global; su influencia en la política de Latinoamérica; o el futuro energético del continente europeo y de su sistema alimentario ante el desafío de Putin.

En el debate participaron Vicente Palacio. director de Política Exterior de la Fundación Alternativas; Érika Rodriguez, coordinadora de América Latina de la Fundación Alternativas; Juan Moscoso del Prado, economista y patrono de la Fundación Alternativas; Andrés Serbin, antropólogo y presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES); Enrique Flaiban, CEO del Grupo Los Grobo; Diana Tussie, directora del Área de Relaciones Internacionales de FLACSO; Marina Cardelli, subsecretaria de Asuntos Nacionales del Ministerio de Relaciones y Culto de la República Argentina; Aníbal Jozami, presidente de la Fundación Foro del Sur; y Alicia Bárcena, ex secretaria ejecutiva de CEPAL.

Casa de América y Fundación Alternativas organizaron el coloquio titulado ‘El build back better y la política exterior de Biden’, con el objetivo de reflexionar sobre el estado actual de la agenda social y fiscal y de la democracia en Estados Unidos. El paquete de medidas de la Administración estadounidense incluye varias iniciativas para ampliar la cobertura sanitaria de los norteamericanos con menos recursos, ayudas para el cuidado de los niños, y también inversiones para impulsar la transformación energética que tiene que reducir al 55% las emisiones de gases de efecto invernadero en el país en los próximos diez años.

El objetivo de la Casa Blanca es poner a los Estados Unidos en el camino para cumplir sus objetivos en materia climática, crear millones de empleos bien remunerados, permitir que más estadounidenses entren y permanezcan en el mercado laboral, y conseguir un crecimiento sostenido de la economía.

En el debate también se analizó la política exterior del presidente Biden en varios frentes: económico, tecnológico, fiscal, político, seguridad, democracia y derechos humanos. En particular, los participantes profundizaron acerca de los posibles cambios de prioridades y de dirección que la guerra de Ucrania podría tener sobre la agenda doméstica y exterior de EEUU, y reflexionaron sobre los impactos en Europa y América Latina del conflicto bélico.

La bienvenida corrió a cargo de Enrique Ojeda, director general de Casa América, y Vicente Palacio, director Política Exterior de la Fundación Alternativas se encargó de la presentación y moderación del evento. Participaron Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Internacional; José María Lassalle, director del Foro de Humanismo Tecnológico de ESADE; Amanda Mars, corresponsal de El Pais en Washington (on-line); y José Antonio Ocampo, ex secretario Ejecutivo CEPAL (on-line).

Fundación Alternativas estuvo presente en el coloquio organizado por el think tank CIDOB de Barcelona, y titulado “War and Peace in the 21st Century. A New Era of Geopolitics in Europe: How Can the EU Secure a New Peace in Ukraine?”.

En el seminario se debatió la arquitectura de seguridad en Europa tras la agresión de Rusia en Ucrania, la nueva arquitectura de seguridad en el continente, la autonomía estratégica europea o el rol de EEUU y China. Entre otros participantes, el seminario contó con figuras de primera línea como Javier Solana -patrono de la Fundación Alternativas-, François Heisbourg, André Sapir, John Ikenberry, Andrey Makarychev, Lanxin Xiang, y con la intervención especial de Pol Morillas, director de CIDOB.

En su pregunta dirigida a los ponentes, Vicente Palacio, director de política exterior de Alternativas, se refirió a la cuestión de la compatibilidad entre el orden multipolar que demandan potencias como China o Rusia, y un orden liberal internacional en aparente declive, lo que apuntaría a la necesidad de repensar un nuevo paradigma para después de la guerra de Ucrania.

Vicente Palacio, director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, ha moderado una conferencia organizada por Casa América, donde se ha hablado de los retos que enfrentará Gabriel Boric, que mañana toma posesión como presidente de Chile.

La conferencia ha contado con la participación de Heraldo Muñoz, canciller de Chile; Javiera Parada, gestora cultural; Leónidas Montes, director del Centro de Estudios Públicos (CEP); y María de los Ángeles Fernández, presidenta de Fundación Hay Mujeres.

En el acto se ha debatido sobre las propuestas de la nueva presidencia de Boric, que ya ha formado su gabinete ministerial, y los efectos que tendrá la llegada al gobierno de una nueva generación de políticos que procede de fuera de los partidos tradicionales. Los mayores retos en el horizonte serán el desenlace del proceso constituyente y la creación de un nuevo contrato que acometa el descontento de la ciudadanía con la desigualdad socioeconómica en Chile.

La Fundación Alternativas ha recibido a una delegación chilena compuesta por miembros de diversos partidos políticos del centro-izquierda, próximos al nuevo Gobierno del presidente Gabriel Boric, y que se encuentra en España para conversar con diferentes fuerzas y entidades del espacio progresista. El Gobierno chileno enfrenta numerosos retos en su mandato, como el desarrollo de la nueva Constitución que está siendo debatida actualmente en la Asamblea Constituyente, la puesta en marcha de transformaciones económicas y sociales para reformar el estado del bienestar, y la definición de una política exterior que vuelva a posicionar a Chile en el centro del multilateralismo latinoamericano.

En el encuentro, la delegación ha debatido con miembros de la Fundación sobre la situación política y social española y chilena, analizando retos comunes. Entre los temas que más interés han generado, destaca la cuestión de la reforma fiscal, que está presente en el horizonte de ambos países. En el caso de España, en el marco de los fondos Next Generation de la Unión Europea, y en el caso de Chile, como parte de los objetivos del nuevo ejecutivo para avanzar en la justicia social. También se ha comentado la cuestión de la sostenibilidad medioambiental, que es uno de los ejes del trabajo de la Fundación, y está en el horizonte político para ambos países, junto con otras cuestiones como la agenda cultural, las relaciones exteriores España-Chile y la cuestión de la descentralización en los casos español y chileno.

La Fundación Alternativas organizó el pasado viernes un acto virtual sobre el estado de la cuestión del conflicto palestino-israelí, titulado ‘Another year without peace? The politics of Israel and Palestine’. El debate estuvo moderado por Vicente Palacio, director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, y contó con la participación de Shlomo Ben Ami, vicepresidente de CITpax y ex ministro de Asuntos Exteriores de Israel; Polly Bronstein, fundadora de Darkenu e impulsora de One Hundred Initiative; Dalal Iriqat, vicepresidenta de la Universidad Árabe-Americana de Palestina; y Sami Abu Shehadeh, miembro del Knéset por la alianza Lista Conjunta. Las conclusiones del acto estuvieron a cargo de Itxaso Domínguez de Olazábal, coordinadora del Panel Oriente Próximo y Norte de África de la Fundación Alternativas, y por Emilio Cassinello, director general de CITpax.

Este debate tenía como objetivo analizar la situación actual del conflicto y sus posibilidades de desarrollo durante 2022. Como afirmó Vicente Palacio, el nuevo Gobierno israelí no ha hecho avances significativos hacia las negociaciones de paz y, además, enfrenta una serie de acusaciones sobre las políticas de los asentamientos israelíes, la violación de derechos humanos y la posible existencia de un estado de apartheid de facto dentro de Israel, apoyadas por diversos informes de instituciones internacionales. Esto, sumado a escalada de la violencia en Gaza y a cierta ausencia de representatividad en la política palestina alejan la posibilidad de una solución a corto plazo. Por ello, en el debate los participantes trataron de analizar por qué estas ventanas de oportunidad hacia una paz negociada se están cerrando, cuáles son los principales obstáculos para la consecución de la paz por ambas partes, y cuáles son las oportunidades aún abiertas para una negociación en el medio y largo plazo.

Shlomo Ben Ami afirmó que las opciones de paz son muy reducidas, y más aún con el Gobierno actual, teniendo en cuenta que las coaliciones tan amplias suelen ser una condición para que se produzca una parálisis en el Gobierno respecto al conflicto. En su opinión, no existe un clima político dentro de Israel que pueda favorecer institucionalmente la búsqueda de una solución negociada con Palestina, fundamentalmente porque la opinión pública ha virado hacia la derecha en los últimos años, mientras que, en las coaliciones de izquierda como la Lista Conjunta, se ha abandonado parcialmente la causa palestina para centrar sus demandas en derechos económicos y sociales para las minorías árabes dentro de Israel. En este sentido apuntó también Polly Bronstein, que aseguró que este Gobierno tiene más posibilidades de tender hacia la paz que sus predecesores, ya que es mucho más moderado e incluye a representantes del centro-izquierda. Sin embargo, también hay un importante bloque en la coalición del ala derecha del Knéset, que, junto con el propio contexto internacional, obstaculizan un acercamiento pacífico hacia Palestina. Por ello, ambos convergieron en que no se producirán grandes cambios en las negociaciones por el momento: Israel está en un período de transición, pero el Gobierno no tiene la fuerza como para realizar cambios profundos en el estado del conflicto.

Por su parte, Dalal Iriqat respondió a las críticas sobre la falta de representación y legitimidad de los líderes palestinos, argumentando que no hay correlación entre los procesos internos en territorio palestino y las negociaciones de paz, que están obstaculizadas por una serie de políticas estructurales de los Gobiernos israelíes, como la cuestión de los asentamientos. Aun así, esto no implica que la población palestina no deba renunciar a un liderazgo democrático. Pero para Sami Abu Shehadeh no existe un movimiento político dentro de Israel y con cierto arraigo en su población que defienda la llamada “solución de dos Estados” de la forma que reclama la población palestina (es decir, incluyendo el derecho a la autodeterminación o soluciones para los refugiados, entre otras cosas). De esta manera, existe una imposibilidad para el cambio, debido a que no hay un aliado de la causa palestina dentro de Israel que pueda facilitar las negociaciones por la paz.

Dada esta situación, como concluyó Itxaso Domínguez de Olazábal, la comunidad internacional es esencial, ya que sin su presión no se puede lograr ningún cambio. Según explicó, es interesante hablar, al margen de las sanciones como mecanismo de presión, sobre la justicia internacional y el caso ante la Corte Penal Internacional, que es la otra institución donde los actores internacionales pueden desempeñar un papel en la resolución del conflicto. No obstante, no está siendo un instrumento para su solución porque muchos países, entre ellos miembros de la Unión Europea, están obstaculizando cualquier avance.

La Fundación Alternativas organizó este martes la presentación on-line de la encuesta ‘¿Qué amenazas enfrenta la seguridad de España y quién la protege? Cultura de la defensa en España’, elaborada por 40dB para Alternativas con el apoyo de la Secretaría General de Política de Defensa (SEGENPOL).  El evento sirvió para repasar las claves de la percepción ciudadana sobre las amenazas que enfrenta la seguridad y defensa de España, y qué instituciones están más capacitadas para protegerla, y conocer en profundidad la cultura de defensa en la población española.

Uno de los asuntos más relevantes de la investigación es que seis de cada diez españoles se consideran poco o nada informados sobre asuntos de defensa y de seguridad nacional. Este grupo poblacional representa el 61,4% de la ciudadanía, mientras que el 36,7% opina estar bastante (31,2%) o muy (5,5%) informado en este apartado.

En lo que respecta a los actores internacionales, más de la mitad de los encuestados, el 53,5%, cree que el ISIS y los grupos yihadistas del Sahel representan un riesgo alto para España; el 26,5% considera que el riesgo es medio; el 8,6% ve un riesgo bajo-23,9% entre los mayores de 64 años y 27,4% entre los votantes de Vox-, y un 11,4% no contesta. Sobre una hipotética amenaza de China, el 20,2% ve un riesgo alto; el 33,9% medio; el 33,3% bajo -23,9% entre los mayores de 64 años y 27,4% entre los votantes de Vox-; y un 12,6% no tiene opinión sobre este particular. Acerca de los países del norte de África, el 40,6% de los encuestados cree que el riesgo de sufrir un ataque procedente de esa zona es medio; el 25,5% bajo y el 21,4% alto -27,0% entre los hombres, 29,9% entre los votantes del PP y 41,0% entre los de Vox-. Si la ofensiva llegara desde Rusia, el 37,4% ve un riesgo medio, mientras que un 19,7% opina que es alto y un 29,1% bajo -36,7% entre los hombres y 44,6% entre los votantes de UP-. Por el contrario, un supuesto ataque de Estados Unidos a España se valora en la encuesta con 55,3% de riesgo bajo, 22,8% medio, y tan sólo el 9,5% ve un riesgo alto -19,2% entre los jóvenes de 18 a 24 años y 17,6 %entre los votantes de UP-.

En otro orden de cosas, entre las principales amenazas para la seguridad de España la propagación de enfermedades infecciosas ocupa el primer lugar, con un 44,4%, seguida del terrorismo internacional (42%); el cambio climático y los desastres naturales (40,8) -en este apartado un 56,8% son votantes de UP, mientras que el 19,2% son de Vox-; los ciberataques a sistemas (32,8%); los flujos migratorios (31%) -en este capítulo el 58,8% son votantes de Vox, el 22,8% del PSOE y el 14,4% de UP-; y la desinformación y la polarización política a nivel nacional.

Sin embargo, el poder y la influencia de Rusia y Estados Unidos no son percibidos por los españoles como una amenaza, ya que menos del 6% así lo considera, mientras que las crisis de suministros alcanzan un 23,3% -con un 46,6% entre los jóvenes de 18 a 24 años-; la inestabilidad en el norte de África y el África subsahariana (17,3%) -23,9% entre los mayores de 64 años y 27,4% entre los votantes de Vox-; la proliferación de armas de destrucción masiva (13,7%); el poder y la influencia de China (10,3%); y los conflictos armados (7,7%).

PODER E INFLUENCIA DE CHINA

Los conflictos armados es la amenaza frente a la que más protegidos se sienten los ciudadanos, con un 46% entre bastante y muy protegidos; y el terrorismo internacional con un 43,1%. Por el contrario, ante el poder y la influencia de China, un 66,8% de encuestados se sienten poco o nada protegidos, mientras que la propagación de enfermedades infecciosas alcanza un 68,8%. Asimismo, dos de cada tres participantes en la encuesta se consideran poco o nada seguros ante la inestabilidad en el norte de África y el África subsahariana, y los ciberataques a sistemas clave, mientras que sólo un 17,9% se siente protegido ante el cambio climático y los desastres naturales.

En lo que se refiere a las instituciones, una cuarta parte de los ciudadanos (24,9%) opina que la UE es el organismo con más capacidad de protección frente a las amenazas, con un 39% ente los jóvenes de 18 a 24 años y un 34,7% entre los de 25 a 34 años; mientras que el Estado español alcanza un 12,6% y la OTAN un 17,8%.

Sobre la Brigada de Defensa Europea, dos de cada tres participantes en la encuesta estarían de acuerdo en que España se sumase al contingente de Estados miembros de la UE, y un porcentaje levemente mayor apoya una mayor coordinación entre los Estados miembros y una mayor autonomía respecto a EEUU en materia de seguridad, mientras que Alemania es el país de la OTAN que más confianza genera, con un 44%, seguido de Francia (37,8%); Italia (32,9%); EEUU (28,5%). En el otro extremo se sitúa Turquía, ya que un 62,8% afirma tener poca confianza en este país.    

La Fundación Alternativas, en colaboración con la Casa de América, organizó este miércoles el debate on-line titulado ‘La revolución fiscal de Biden ¿Qué consecuencias para Europa y América Latina?’, con el objetivo de analizar las importantes iniciativas que la Administración Biden ha puesto en marcha con nuevos impuestos a la riqueza, a los grandes patrimonios y a las compañías multinacionales, para afrontar los estragos de la pandemia y reducir la desigualdad. El nuevo proyecto impositivo del presidente estadounidense, que mañana cumple un año en la Casa Blanca, está impulsando cambios y acelerando procesos de reforma tributaria internacional y nacional en la Unión Europea y América Latina. La llamada «revolución fiscal» vendría asociada a un nuevo paradigma económico y social que pretende dejar atrás el neoliberalismo, y avanzar hacia nuevos impuestos para sostener paquetes millonarios de gasto en servicios públicos como sanidad, educación, innovación digital y medioambiental. El debate fue moderado por Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación Alternativas.

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina, afirmó que las nuevas medidas de Biden llevan a “cambios estructurales de gran importancia para Estados Unidos”, pero también a nivel “internacional”. Según la experta, las asimetrías entre los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo se han “profundizado” a causa de la pandemia. La comunidad internacional se encuentra en plena “divergencia económica” por el virus, y América Latina es una de las regiones donde mayor impacto ha causado la crisis sanitaria. Estados Unidos ha dado muestras de una gran “heterodoxia económica”, con el impulso de paquetes de gran calado, mientras que Latinoamérica se ha “estancado en la ortodoxia”. Las “medidas keynesianas” de la Casa Blanca han puesto a Norteamérica en otro nivel.

Por su parte, Ignacio González, profesor del Departamento de Economía de la American University, aclaró que, en primer lugar, es necesario hablar de la “trayectoria” de la economía americana en las últimas décadas, con un crecimiento muy “desigual” y que ha causado un “cambio en la visión” de muchos economistas. Desde los años ochenta el salario medio se ha “estancado”, mientras que la economía ha crecido, lo que implica que las ganancias de crecimiento y productividad “han ido a los propietarios de capital y a los salarios más altos”. En este periodo, los impuestos “tenían que haber evolucionado para compensar el incremento de la desigualdad, pero esto no ha ocurrido, sino que se ha producido una caída del gravamen sobre el capital”. La narrativa de los ochenta y noventa que decía que “bajando impuestos iba a crecer la economía no ha sido respaldada por los datos”.

La responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Internacional, Susana Ruiz, sostuvo que la Administración Trump quiso “exportar” el modelo estadounidense de intensificar la competencia fiscal entre estados al resto de países, lo que provocó un “cambio de paradigma” en la respuesta de la UE, que bloqueó el proceso, ya que no se alcanzó un acuerdo en el “modelo de tributación” de la economía digital. En este sentido, se plantearon alternativas que defendieran los “intereses de países emergentes”, y no sólo de las grandes economías. Con la llegada de Biden se pone sobre la mesa un “cambio de perspectiva” y la necesidad de que las empresas más rentables y las grandes fortunas tienen que aportar más para relanzar la economía. El impulso político del nuevo presidente pretende alcanzar un “consenso más amplio” que el de Trump, y el nivel de ambición del tipo mínimo del 21% sigue siendo un “modelo de reforma tributaria de grandes corporaciones que se diseña para proteger los intereses de grandes multinacionales”, por lo que no resuelve los “problemas de fondo”.

REVOLUCIÓN O CONTRARREFORMA

Dalmiro Morán, consultor internacional especializado en Reforma Tributaria en América Latina: “América Latina nunca ha estado fuera de las tendencias tributarias internacionales, y en esta reforma no puede quedarse al margen. En el pasado, las reformas tributarias han seguido lo que ha ocurrido en el mundo desarrollado. No sé si la iniciativa de Biden es una revolución o una contrarreforma, porque el énfasis en volver a reforzar los impuestos directos sobre las empresas, y también sobre personas físicas con altos ingresos, viene a torcer una tendencia a la baja que se daba en el panorama internacional, y por su puesto en Estados Unidos, agravada en la gestión del gobierno de Trump. América Latina ha ido viendo cómo se sucedían esas tendencias y se ha acomodado de la mejor manera que ha podido, teniendo en cuenta la orientación política de cada gobierno. A día de hoy, la región sufre un estancamiento de la inversión, debido en parte a las debilidades estructurales de seguridad jurídica o desconfianza en las instituciones”.

Enrique Ojeda, director de Casa de América recordó que la nueva agenda de Biden es muy “ambiciosa” y está decidida a abordar las “carencias del estado del bienestar en el seno del G-7, del G-20 y de la OCDE”, con el establecimiento, entre otras medidas, de un tipo impositivo mínimo que las empresas deberían pagar “del 15%”.

La Fundación Alternativas organizó este martes un acto virtual con motivo de la publicación del documento ‘Marruecos y el cambio de ciclo: en busca de un nuevo pacto social y de nuevas legitimidades’. El debate estuvo presentado por Vicente Palacio, director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, y dirigido por Itxaso Domínguez de Olazábal, coordinadora del Panel Oriente Próximo y Norte de África de la Fundación. Además, el coloquio contó con la participación de Beatriz Tomé Alonso (UNED) y Alfonso Casani (UCM), coautores del documento, y de Irene Fernández-Molina (Universidad de Exeter).

Tras la crisis diplomática entre Marruecos y España durante 2021, y a la luz de importantes cambios en la política interna marroquí, resulta interesante analizar la posibilidad de un nuevo ciclo político para Marruecos y sus posibles implicaciones en la política exterior española. En la presentación del acto, Vicente Palacio resaltó algunas de las claves en las relaciones entre ambos países. En primer lugar, la interdependencia existente entre los dos Estados, causada por unas relaciones históricas y multidimensionales, que afectan a áreas estratégicas como la energía o la seguridad. A ello se suman las tensiones por la cuestión del Sáhara, que fue lo que dinamitó la crisis del año pasado. Por último, existen terceros actores con intereses cruzados; desde Argelia, también importante para la seguridad energética española, hasta aliados europeos como Francia y Alemania, con sus distintas posiciones respecto a Marruecos.

Para Itxaso Domínguez de Olazábal, es esencial conocer la situación interna marroquí para analizar el futuro de sus relaciones con España. Marruecos se encuentra en el inicio de un nuevo ciclo político, impulsado fundamentalmente por dos causas: la primera es la derrota del PJD, que ha gobernado en Marruecos durante la última década, y la vuelta de los partidos tradicionales; y, en segundo lugar, una tendencia involucionista en cuanto a derechos y libertades fundamentales, en un giro hacia el autoritarismo por parte del régimen marroquí. A ello hay que añadir la falta de coherencia de la Unión Europea, con posiciones dispares en torno al Sáhara entre sus Estados miembros. Esto hace que Marruecos acepte también un rol más geopolítico y tenga una política exterior mucho más activa y directa, sobre todo desde la declaración de Donald Trump reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sáhara, pero también a través de la normalización de relaciones con Israel o de la firma de acuerdos con China para incluir a Marruecos en la Nueva Ruta de la Seda.

Alfonso Casani destacó que, en este nuevo ciclo, la situación para el régimen marroquí es estable, superadas ya las protestas iniciadas en 2011 con las llamadas “Primaveras Árabes”, y debido a la ausencia de un movimiento aglutinador de todas las fuerzas de oposición al régimen. La existencia de una fuerza en la que converjan partidos islamistas, partidos de la izquierda política y movimientos sociales será clave para presionar con mayor eficacia a la monarquía. Sin embargo, los participantes estuvieron de acuerdo en que, en el corto plazo, esta posibilidad es aún remota.

Giro autoritario

Con esta posición de fuerza de Palacio frente al Parlamento, y unido al regreso de los partidos tradicionales, se consolidará la centralidad de la Corona con un giro autoritario y un cierre de filas del régimen, como afirmó Beatriz Tomé Alonso. Según explicó, esto es también gracias a una estabilidad del pacto social en Marruecos, donde se han sofocado aquellas cuestiones que llevaron a descontento en 2011. Ese ciclo está ya cerrado, y la posibilidad de un cambio político es menor, en gran medida porque los actores internacionales priman ahora esa estabilidad y por la vuelta a una estigmatización del islamismo desde el golpe de Estado de Al-Sisi en 2013 en Egipto.

Esta centralidad ha derivado en los últimos años, tal y como señalaron los participantes, en un recrudecimiento de la represión, ataques a derechos como el de reunión o la libertad de prensa, y un agravamiento de las penas impuestas a determinados activistas de la oposición. Casani mencionó, en concreto, la existencia de un modelo de “represión quirúrgica”, basado en neutralizar voces clave de la oposición, en lugar de hacer campañas masivas de represión en las calles.

Con todo, las interdependencias entre España y Marruecos siguen presentes y limitan en gran medida el margen de actuación de cada uno de los Estados. Sin duda, la cuestión del Sáhara, los flujos migratorios y las tensiones entre Marruecos y Argelia serán los vectores clave para las relaciones entre ambos países en este nuevo ciclo para la política interna marroquí. Irene Fernández-Molina, además de ello, destacó otro elemento determinante, como serán las resoluciones que tome el Tribunal de Justicia de la UE en torno a la no inclusión del territorio del Sáhara en los acuerdos de cooperación entre Marruecos y la Unión. Esto es un aspecto clave para el régimen marroquí, tanto para demostrar su fuerza externamente como para su legitimidad interna, lo que tensiona aún más sus relaciones con Argelia, defensora de la independencia del Sáhara occidental.

La Fundación Alternativas organizó este jueves un acto virtual con motivo de la publicación del documento ‘La administración Biden: impacto en la defensa y seguridad de Europa’. El debate contó con la exposición de las principales conclusiones del texto por parte de su autor, José Enrique de Ayala, miembro del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas, en conversación con Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, y con la participación de José Luis Calvo Albero, director de la División de Coordinación y Estudios de la Secretaría General de Política de Defensa (SEGENPOL).

El contexto actual ofrece muchas oportunidades de análisis. En primer lugar, el presidente Joe Biden cumple su primer año de mandato, en el que ya ha marcado sus prioridades en política exterior, revirtiendo muchas de las decisiones y estrategias de su predecesor, Donald Trump. En segundo lugar, la reciente crisis entre Rusia y Ucrania, que tensionó las relaciones entre Moscú y la OTAN, ha derivado en una serie de conversaciones entre Rusia y los miembros de la Alianza Atlántica, liderados por Estados Unidos, con el fin de desescalar la situación en torno a Ucrania. En este escenario, resulta esencial un análisis sobre el estado de la cuestión de la defensa europea durante la administración Biden, como el que ofrece José Enrique de Ayala.

La administración Trump puso en tensión las relaciones transatlánticas mediante una estrategia aislacionista, unilateral y centrada en los intereses nacionales estadounidenses. Esto deterioró gravemente el bienestar de la OTAN: Trump castigó con sanciones económicas a sus socios europeos, presionó a Alemania oponiéndose a la construcción del Nord Stream 2, y trató de empujar a los miembros de la Alianza a cumplir su obligación de dedicar un 2% del PIB al presupuesto de defensa. Esto hizo que algunos líderes europeos, con la iniciativa de Macron —que llegó a hablar de una “muerte cerebral” de la OTAN—, comenzaran a buscar una mayor independencia de la Unión Europea en materia de seguridad y defensa. Mediante el término “autonomía estratégica”, el propio Macron, apoyado por la Alemania de Merkel y por otros países de tendencia europeísta, como España o Italia, empezó a abogar por una relación diferente con la OTAN y por la existencia de una defensa europea propia que le diera más independencia como actor internacional.

La llegada de Biden ha supuesto una ruptura con las tesis de Trump. El actual presidente ha tratado de reconstruir las relaciones transatlánticas, eliminando las tensiones con sus socios europeos. Sin embargo, esto no implica que los intereses estadounidenses hayan cambiado. José Enrique de Ayala señala que hay que tener en cuenta dos factores. Por un lado, la situación interna con la que cuenta Biden es inestable, sobre todo ahora que se acercan las elecciones de mitad de mandato y puede perder su mayoría en las cámaras, lo que pondría en jaque su capacidad para sacar adelante políticas que no estén consensuadas con el Partido Republicano. Por otro, el eje geopolítico global ha cambiado, y el interés de Estados Unidos está ya en el Indo-Pacífico y en la competición con China. Esto pone a Europa en un segundo plano, y a la Unión Europea en un aliado no tan esencial como lo fue durante la Guerra Fría, lo que hace que los líderes europeos sigan viendo la necesidad de buscar mayor autonomía.

Una defensa europea propia

No obstante, la autonomía estratégica tiene aún un gran obstáculo: la falta de coherencia y unidad entre los Estados miembros. Pese al impulso de Francia y sus aliados, existe también una gran resistencia de los países del este a apoyar una defensa europea. Estos países temen que una defensa europea conlleve una desvinculación de la OTAN que, en la actualidad, es el garante de su defensa frente a sus temores hacia a Rusia. Los ponentes han dado las claves.

José Luis Calvo Albero ha asegurado que si la Unión quiere ser un actor internacional sólido necesita de una defensa europea propia, que será la única forma de conseguir una soberanía real. De lo contrario, seguirá necesitando recurrir a Estados Unidos cada vez que tenga problemas de seguridad con los países vecinos. Por su parte, José Enrique de Ayala ha defendido que, sin esta autonomía, la UE se encuentra en una posición de debilidad respecto a otras grandes potencias regionales y mundiales. Además, la defensa europea no significaría renunciar a la OTAN, pero permitiría crear una alianza entre dos actores en igualdad de condiciones, y no de forma que uno dependa irremediablemente del otro.

Vicente Palacio, director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, fue entrevistado en el Canal 5 de la televisión argentina sobre el surgimiento de la ultraderecha en América Latina y Chile, y la respuesta que el progresismo está dando en Europa a estas tendencias populistas.

El avance de la extrema derecha es un fenómeno que ha tomado unas dimensiones preocupantes en los últimos años, con las políticas conservadoras y proteccionistas de Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Urban en Hungría o Duda en Polonia, y con el surgimiento de partidos radicales en Europa, como Vox en España. Este avance de la ultraderecha ha sido interpretado como un debilitamiento de la democracia y del Estado de Bienestar, así como de los derechos civiles. 

La participación de Palacio en Canal 5 se integró en la gira que hizo recientemente en Argentina y Chile, dentro del proyecto 'Acompañamiento del proceso constitucional, político y social de Chile'.

En el marco del proyecto ‘Acompañamiento del proceso constitucional, político y social de Chile’ que está desarrollando la Fundación Alternativas en colaboración con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), la Fundación Alternativas mantuvo un encuentro con el centro de estudiantes de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, ubicada en Buenos Aires.

La sesión académica, titulada ‘Nuevos actores, dinámicas y procesos constituyentes en América Latina. El caso de Chile en perspectiva regional y bi-regional America Latina-Europa’, corrió a cargo del director de política exterior de la Fundación, Vicente Palacio.

En el marco del proyecto ‘Acompañamiento del proceso constitucional, político y social de Chile’ que está desarrollando la Fundación Alternativas en colaboración con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), la Fundación Alternativas mantuvo un encuentro con el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), think tank de referencia en América Latina.

En una sesión académica titulada “La Unión Europea y América Latina: salir de la pandemia, pero ¿de qué modo?”, expertos de ambas instituciones intercambiaron análisis sobre la situación social, política y económica de sendas regiones. El director de política exterior de Fundación Alternativas, Vicente Palacio, hizo un repaso a las principales cuestiones de la agenda europea. También intervino Juan Moscoso del Prado, miembro del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación.  

En el marco del proyecto ‘Acompañamiento del proceso constitucional, político y social de Chile’ que está desarrollando la Fundación Alternativas en colaboración con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), el director del Observatorio de Política Exterior, Vicente Palacio, visitó la sede de Horizonte Ciudadano, fundación creada en 2018 por la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet.

En el encuentro participó Paulina Vodanovic, directora de Horizonte Ciudadano, así como el equipo de investigadores de la institución. Durante la reunión se abordaron varios asuntos relacionados con el proceso constituyente chileno.

El proyecto que realiza Fundación Alternativas con el apoyo del CEPC tiene como objetivos monitorizar el proceso constituyente chileno y contribuir al mismo con ideas desde el ámbito español y europeo.

En el marco del proyecto ‘Acompañamiento del proceso constitucional, político y social de Chile’ que está desarrollando la Fundación Alternativas en colaboración con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), la Fundación Alternativas mantuvo un encuentro con el Centro Democracia y Comunidad (CDC) de Chile.

En una conversación titulada “El proceso constituyente y político chileno: acuerdos transversales. La experiencia española y europea“, expertos de ambas instituciones intercambiaron análisis sobre el proceso constituyente y el proceso electoral que marcan la actualidad chilena. En la reunión estuvieron presentes el director ejecutivo del CDC, Eugenio Ortega Frei, así como Carmen Frei, presidenta de la Democracia Cristiana (DC), y David Morales, secretario general del mismo partido, el cual ha decidido apoyar al candidato Gabriel Boric en la segunda vuelta que se disputará el 19 de diciembre.

También participó en la reunión Carlos Vargas Quiroz, consejero de relaciones internacionales en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El director de política exterior de Fundación Alternativas, Vicente Palacio, hizo referencia a las experiencias constituyentes de España y la Unión Europea y a las lecciones y limitaciones que se pueden extraer de estos procesos para el caso chileno.

En el marco del proyecto ‘Acompañamiento del proceso constitucional, político y social de Chile’ que está desarrollando la Fundación Alternativas en colaboración con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), el director del Observatorio de Política Exterior, Vicente Palacio, mantuvo una reunión con el Foro Permanente de Política Exterior de Chile.

En el encuentro participaron José Miguel Insulza, ex secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y senador en la actualidad, Carlota Merchán, de la Secretaría Internacional y Cooperación del PSOE, además de decenas de expertos y ‘practitioners’ de la política exterior chilena. Durante la reunión se abordaron varios asuntos, entre ellos, la unidad de la izquierda, los gobiernos de coalición y el proceso constituyente chileno.

El proyecto que realiza Fundación Alternativas con el apoyo del CEPC tiene como objetivos monitorizar el proceso constituyente chileno y contribuir al mismo con ideas desde el ámbito español y europeo.

En el marco del proyecto ‘Acompañamiento del proceso constitucional, político y social de Chile’ que está desarrollando la Fundación Alternativas en colaboración con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), ambas instituciones han mantenido una reunión con el Centro de Estudios Públicos (CEP) de Chile. El director del Observatorio de Política Exterior, Vicente Palacio, asistió presencialmente al encuentro celebrado en Santiago de Chile, mientras que Yolanda Gómez – directora del CEPC – y Diego López Garrido – vicepresidente ejecutivo de la Fundación – se conectaron al encuentro telemáticamente.

El CEP fue fundado en 1980 y es un think tank de referencia en el ámbito de la vida política, social y económica chilena, especialmente en lo que respecta al análisis constitucional. En relación con el proceso constituyente abierto en Chile tras las protestas de 2019, el CEP hace un seguimiento detallado del mismo a través de diferentes medios. El proyecto que realiza Fundación Alternativas con el apoyo del CEPC tiene como objetivos monitorizar el proceso constituyente chileno y contribuir al mismo con ideas desde el ámbito español y europeo.

Durante el encuentro se trataron diversas temáticas relativas no solo al proceso constituyente, que entrará próximamente en su recta final para someter a plebiscito la Constitución resultante en junio de 2022; también se hizo referencia inevitablemente al proceso electoral en el que se encuentra el país, que eligirá el 19 de diciembre al nuevo presidente de la República de Chile, puesto que disputarán Gabriel Boric y José Antonio Kast a la luz de los resultados de la primera vuelta celebrada el 21 de noviembre.

La sede de la Comisión Europea en Madrid acogió este lunes la presentación on-line de su ‘Informe sobre el estado de la UE. Europa en un periodo de transición’. El documento, realizado cada año por dos fundaciones europeas –la española Fundación Alternativas y la alemana Friedrich-Ebert-Stiftung–, se divide en esta edición en tres grandes bloques: la democracia europea y la Conferencia sobre el futuro de Europa; la recuperación económica y los fondos de recuperación del Next Generation EU; y la necesidad de avanzar en tres ejes como son la política exterior, el sistema de migración y asilo, y la 'Europa de la salud', cuya importancia ha puesto en evidencia la pandemia. El evento estuvo moderado por Ana Mangas, redactora jefe de Esglobal.

Juan González-Barba Pera, secretario de Estado para la Unión Europea, destacó en su intervención la importancia de los jóvenes, ya que son “el futuro de la Unión”. A su juicio, el informe cuenta con una información “muy adecuada” para acometer la transición “intensa y acelerada” que la UE necesita, con un claro “afán integracionista”, tras circunstancias tan destacadas como “la pandemia y el Brexit”. Ante estas coyunturas, la UE tenía que “reaccionar para no entrar en parálisis, como ocurrió con la caída del muro de Berlín”.

González-Barba subrayó que el informe relaciona conceptos como “democracia, ciudadanía y el futuro de Europa”, y puntualizó que “el proyecto europeo o es democrático o no será”. Según el secretario de Estado, “cada día hay que convencer a los ciudadanos porque sin su impulso la construcción europea se detendría”. En este sentido, el “diálogo con los jóvenes” ha de tener un gran protagonismo, “porque son el futuro”, y el programa Next Generation va a ser “transformador y no podemos fallar: es una ocasión única que no se va a repetir, incluyendo la Europa social para que nadie quede atrás”.

El político aclaró que “la innovación en las áreas de salud y seguridad va a ser muy relevante en un futuro próximo”, sobre todo después de la “salida de Afganistán”, ya que Europa necesita una fuerza que “no nos haga depender de Estados Unidos”. Para ello, el debate está “reactivado y se va a convocar una cumbre que será un hito”. También concretó González-Barba que la Conferencia sobre el Futuro de Europa se convertirá en “permanente”, y matizó la necesidad de “reforzar la vertiente regional y local” en los asuntos europeos, así como la “inclusividad y participación de los discapacitados, que representan el 10% de la población europea”.

AUMENTO DE LA DESIGUALDAD

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, comentó que la UE se encuentra en un “periodo de transición e incertidumbre” debido a “una poli crisis sin precedentes”, de carácter sanitario, social, económico y ultranacionalista, con la “invasión del Capitolio en Washington como punto álgido. También vivimos un aumento enorme de la desigualdad, con los problemas generados por el negacionismo, y la profunda crisis del cambio climático”.

López Garrido, ex secretario de Estado para la UE, recordó no obstante que las crisis también conllevan “crecimiento y dinamismo”. En este sentido, señaló la “revolución tecnológica y digital”, ante la que Europa deberá “responder” de manera “colectiva” y desde el proyecto europeo, y a través de la “Conferencia sobre el Futuro de Europa”. El veterano político no descartó una “reforma de los tratados”, sobre todo “en el campo fiscal”, y resaltó los “fondos para la recuperación” como una “respuesta que no imaginábamos”, de una importancia “excepcional”, así como los asuntos que quedan por hacer: “El pilar social es la gran asignatura pendiente, y la Europa de salud y defensa, además de potenciar la lucha contra el cambio climático”.

Luise Rurup, representante de la Friedrich-Ebert-Stiftung en España y Portugal, afirmó que el proyecto europeo es “lo mejor que le ha ocurrido a los pueblos del continente en su larga Historia”, conseguido tras la “superación de enemistades hereditarias”. Esta Europa es un “proyecto de paz”, un “milagro” a pesar de sus defectos, y el Parlamento Europeo es la “única organización supranacional elegida de manera directa” en el mundo, pero “necesita atención y cuidados” para seguir adelante, teniendo en cuenta los “desafíos que amenazan la democracia”, como el auge de los “populismos”.

También participaron en el debate María Ángeles Benítez Salas, directora de la Representación de la Comisión Europea en España; Mauro García Ferrándiz, del Equipo Europa; Álvaro Rojas, de Talento Europa; Eduardo García Cancela, de Jóvenes del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo; Daryl Álvarez, de JEF Madrid; y Clara Panella, de Volt España.

La Fundación Alternativas organizó este jueves el debate on-line titulado ‘Iberoamérica ¿actor multilateral? Los retos de la cooperación iberoamericana en la post-pandemia’, con motivo del lanzamiento del Informe Iberoamérica 2021: El sistema iberoamericano y el multilateralismo: una perspectiva de progreso. Los estragos provocados por la pandemia de Covid-19, la fragmentación regional y los conflictos políticos, así como los procesos de digitalización, lucha contra el cambio climático y migración, son los desafíos más inmediatos que Iberoamérica enfrenta tanto regionalmente como a nivel multilateral. Moderado por Érika Rodríguez, coordinadora del Área América Latina de Fundación Alternativas, el encuentro virtual contó con varios expertos en la materia.

Leonel Fernández, presidente de FUNGLODE y ex presidente de la República Dominicana, sostuvo que “es importante entender Iberoamérica” no sólo a través de sus instituciones y organizaciones, sino como un “ecosistema de redes” que abarca distintos sectores en aspectos como “educación, cultura o finanzas”. Desde la Cumbre de Guadalajara hasta la de Andorra ha habido “valores y conceptos compartidos” por los 22 Estados miembros que han servido para “reflexionar” sobre los distintos aspectos que afectan a los países integrantes del espacio iberoamericano, como “democracia, libertad justicia, soberanía, independencia y autodeterminación, sin olvidar la sostenibilidad, la productividad y la cooperación”.

En lo que respecta al reto del coronavirus, Fernández aseguró que “Iberoamérica necesita una respuesta conjunta y coordinada, ya que no se trata sólo de una crisis sanitaria, sino que también es una crisis económica y social”. Ante la pandemia, todos los gobiernos han “reaccionado” incrementando en gasto público -en contraste con las políticas de austeridad de la crisis del 2008-, pero en un contexto de “disminución de los ingresos fiscales”, con un consiguiente “aumento de la deuda”. Esto se ha convertido en una “preocupación de carácter global”, y la repuesta que se ha pretendido es la de “poner en marcha reformas fiscales”, como la emisión monetaria que ha hecho Estados Unidos, así como “gravar en forma progresiva” a los que más tienen.

Según el mandatario, en la República Dominicana, y en el Caribe en general, se hace “más difícil” una fiscalidad progresiva por su estructura económica, y en el sector turístico e inmobiliario son “necesarias determinadas exenciones” para que haya inversión. La única reforma fiscal para “generar los recursos” que permitan mantener el gasto público, y “reactivar el crecimiento” en la etapa post pandemia, ha de ser “gravando el consumo”, pero sería una reforma fiscal de “carácter regresivo” que afectaría a la “clase media y a los sectores más vulnerables de la sociedad”.

“El incremento del precio del petróleo y la escasez de gas natural y de carbón nos dirige a una crisis energética como consecuencia de la inflación que ya estamos experimentando, y si a esto le sumamos el colapso de las cadenas globales de valor y el aumento del pago del flete y del seguro marítimo, nos encontramos en una crisis inflacionaria, a la que si añadimos una reforma fiscal que afecta a la clase media, tendrá repercusiones sociales y políticas desestabilizadoras para la región latinoamericana”, afirmó Fernández.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Marisa Ramos, profesora titular de Ciencia Política y de la Administración en Universidad Complutense de Madrid, y autora de uno de los capítulos del informe, aclaró que la cooperación es una de las “vertientes del espacio iberoamericano”, y cuenta con un modelo “bien posicionado” para situarse en el “nuevo contexto de desarrollo”, por sus características estructurales, ya que existen “experiencias de cooperación previas y de larga trayectoria”. El espacio intergubernamental cuenta ya con una “base de políticas públicas” y de construcción de “instrumentos comunes”, como los jurídicos y los “convenios internacionales” que vinculan a las políticas de los países, así como con la capacidad de “incidir políticamente, de orientar agendas y modelos de implementación”.

Cristina Xalma, investigadora en cooperación sur-sur y triangular en Iberoamérica, comentó que la cooperación sur-sur y triangular es “fundamentalmente técnica”, y entre países en desarrollo lo importante es el “intercambio de conocimiento, no el aspecto financiero”. La cooperación intergubernamental se basa en el “conocimiento y el respeto” a unos principios basados en la reciprocidad, aplicados a las políticas públicas. Esta cooperación tan particular ha “evolucionado” de manera muy favorable y hoy es “mucho más sólida”, y está mejor posicionada para los “retos tras la pandemia”.

Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación Alternativas: “La guerra del Covid-19 está siendo muy mala, pero las posguerras a veces son peores, y América Latina no tiene herramientas para la recuperación como la UE, que cuenta con un Banco Central, los fondos de recuperación o la deuda mancomunada. Latinoamérica no es un actor global, pero sí puede aspirar a ser un actor multilateral, y ahí es donde puede hacer grandes cambios. El panorama es difícil -Nicaragua, Brasil, Venezuela-, pero existen retos en cooperación multilateral que pueden ser impulsados desde ambos lados del Atlántico”.

La Fundación Alternativas ha organizado un coloquio con motivo de la publicación de la versión en inglés del documento de prospectiva sobre la Vecindad Sur de España y la Unión Europea, elaborado por Itxaso Domínguez de Olazábal y Alfonso Casani. En este evento, titulado de igual manera que el propio documento, “Mediterranean Trends 2030/2050. A prospective approach to the Southern Neighbourhood”, los co-autores del documento han dialogado con dos colaboradores que contribuyeron con sendos estudios de caso: Youssef Cherif, director del Columbia Global Centers Tunis, y Amro Ali, sociólogo de la Universidad Americana de El Cairo.

En primera instancia, los autores del documento se detuvieron a analizar las tendencias y dinámicas que van a marcar el devenir de la región a medio-largo plazo. Los colaboradores invitados centraron sus primeras intervenciones en los casos concretos con los que contribuyeron al documento: el grave problema al que se enfrenta la ciudad de Alejandría en Egipto, amenazada por la subida del nivel del mar, y la inestabilidad política e institucional en Túnez.

En la segunda parte del acto, los panelistas intercambiaron impresiones acerca de cuestiones como las movilizaciones sociales en la región posteriormente al ciclo comenzado en 2011 con las denominadas Primaveras Árabes, así como la movilidad de personas, tanto a nivel de movilidad social como a nivel de movilidad geográfica. A este respecto, se profundizó en la frustración que produce en los jóvenes con estudios ver la dificultad que encuentran a la hora de cumplir aspiraciones de clase media, como encontrar un trabajo cualificado, tener la estabilidad financiera para formar una familia, o simplemente viajar a otras partes del mundo. Para Amro Ali, el descontento de este grupo social es un hecho que se seguirá traduciendo en nuevas protestas.

El coloquio “El futuro de Europa: ¿qué piensa la juventud española?” ha contado con las intervenciones de Carolina Fuentes Gallur, profesora asociada en la Universitat de València y concejala del Ayuntamiento de Sagunto; Víctor Khodayar, asesor regional para Europa y Asia Central en la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos; Juan Antonio Pavón Losada, director de Euronautas.com; y Ana Raya Collado, estudiante de Relaciones Internacionales y de Geopolítica. El debate ha sido presentado y moderado por Mateo Peyrouzet García-Siñeriz, coordinador del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas.

Con motivo de la celebración de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, la Fundación Alternativas ha realizado una serie de encuentros para debatir sobre la situación actual de la Unión Europea. En ellos, se ha hecho especial hincapié en la juventud y su papel como motor para la propuesta de reformas que mejoren el proyecto europeo. Este tercer coloquio entre jóvenes ha recogido las perspectivas de los cinco participantes sobre la Unión y el estado actual del europeísmo en la juventud. Sus análisis se han remitido también a la encuesta realizada por 40db y publicada por la Fundación Alternativas sobre las opiniones de la juventud europea a este respecto.

Todos los panelistas han coincidido en que uno de los principales problemas entre la juventud y las instituciones europeas es el desconocimiento y la falta de información. Esto se constata con el dato aportado por la encuesta de 40dB, que señala que casi la mitad de los jóvenes desconocen lo que son los Fondos de Recuperación y Resiliencia, aprobados en 2020 en el contexto de la pandemia por la covid-19. Víctor Khodayar explica que esto es debido a una distancia entre el impacto real de las políticas europeas y el impacto percibido por su ciudadanía. Sin embargo, señala que España es un país históricamente europeísta y su población se muestra mayoritariamente a favor de la Unión, a pesar de que exista un desconocimiento generalizado sobre sus funciones y tareas. Carolina Fuentes, como profesora y representante pública municipal, piensa que esta confianza en la UE recae en la juventud, y tanto desde las aulas como desde las instituciones locales se debe hacer más pedagogía para vincular las instituciones europeas con los efectos reales en sus problemas cotidianos.

Juan Antonio Pavón ha puesto en común una visión más crítica hacia la Unión, afirmando que el europeísmo tiene más que ver con la inercia que tomó el país tras la salida del franquismo que con un conocimiento real de la población sobre cómo ha beneficiado o perjudicado a España su permanencia en la UE. Por su parte, Ana Raya ha señalado que el escepticismo que percibe en sectores de la juventud española tiene que ver con el desconocimiento. Para ella, es llamativo que cerca del 50% de los jóvenes españoles no hayan cambiado su opinión hacia la Unión Europea tras la pandemia. Esto quiere decir que la juventud no tiene una relación con las instituciones de la Unión basada en la información y en la crítica, sino que son posiciones estáticas caracterizadas por cierta desinformación.

RETOS PARA EL FUTURO

Los participantes han afirmado que la mejor forma de fortalecer el sentimiento común europeo es avanzar hacia la integración, reforzando el pilar social y poniendo en marcha políticas destinadas a acabar con las desigualdades socioeconómicas y geográficas dentro de la Unión. Para ellos, la forma más efectiva de recuperar la confianza en la Unión Europea es hacer que las demandas sociales se transformen en políticas concretas. Por ello, la Conferencia sobre el Futuro de Europa es un momento idóneo para que las instituciones europeas canalicen las necesidades de la juventud y las traduzcan en mejoras materiales para sus ciudadanos.

El coloquio “El futuro de Europa: un diálogo intergeneracional” ha contado con las intervenciones de Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de Fundación Alternativas; Belén Barreiro, directora de 40db; Patricia Lisa, analista del Real Instituto Elcano; Irene Pujol, voluntaria del Parlamento Europeo y cofundadora de Equipo Europa; y Víctor Costa, director del medio digital VIA Empresa. El encuentro ha sido presentado y moderado por Mateo Peyrouzet, coordinador del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas.

Haciendo referencia a la Conferencia sobre el Futuro de Europa, la presidenta de la Comisión puso recientemente de manifiesto la importancia que tendrán los jóvenes en el desarrollo de la Unión Europea durante la próxima década. Por ello, Von der Leyen se comprometió a responder directamente a las propuestas que los jóvenes realicen en el marco de la Conferencia, donde un tercio de los ciudadanos europeos participantes tendrán menos de 30 años. Esto se une a otros gestos relevantes, como la propuesta de 2022 como Año Europeo de la Juventud, o la puesta en marcha de la iniciativa ALMA, dedicada a que los jóvenes sin trabajo ni estudios puedan tener su primera experiencia laboral en cualquier país de la Unión. En la misma dirección, el proyecto que está llevando a cabo la Fundación Alternativas en paralelo a la Conferencia parte de una perspectiva generacional centrada en la visión de los jóvenes.

El diálogo recogió los análisis y propuestas de cinco participantes de generaciones diferentes sobre el estado actual de la Unión Europea y su desarrollo futuro. Todos ellos coincidieron en que ha habido un giro entre la gestión de la crisis financiera de 2008 y la gestión de la crisis provocada por la covid-19 en 2020. Si la gestión de la crisis anterior trajo una oleada de pesimismo y desconfianza hacia la Unión, sobre todo por parte de la población joven, la gestión de la pandemia ha revitalizado la confianza de muchos ciudadanos en el proyecto europeo, como también indican los resultados del último Eurobarómetro.

Como apuntó inicialmente Belén Barreiro, la encuesta realizada por 40dB – publicada por Fundación Alternativas en el marco del proyecto subvencionado por la SEUE – a españoles de entre 18 y 35 años refleja que el 66% de los jóvenes se declara europeísta, lo que señalaría que la época de desesperanza de la juventud hacia la Unión se está cerrando. Sin embargo, para Víctor Costa, la solidaridad mostrada en la actual crisis por los Estados miembros no puede ser simplemente una forma de salvar a la UE, sino que tiene que perdurar en el tiempo. La encuesta, además, señala que los jóvenes mayoritariamente creen que los más beneficiados por las instituciones europeas en esta crisis han sido las grandes empresas. Algo que no contribuye, según Costa, a acabar con la desigualdad ni a mejorar la imagen de la Unión por parte de sus ciudadanos. 

RETOS PARA EL FUTURO

En concreto, uno de los retos para la Unión es evitar que los Estados monopolicen el optimismo inyectado por las ayudas europeas, según Patricia Lisa. Por esta razón, las instituciones europeas necesitan realizar una labor de comunicación, unida a una apuesta por reconstruir una “Europa social”. No obstante, como reflejan los panelistas, esto es incompatible con una falta de voluntad política por parte de los Estados. Son ellos quienes deben apostar por un fortalecimiento del proyecto europeo en las siguientes décadas. 

Entre todas las medidas propuestas por los participantes, cabe destacar la realizada por López Garrido, que insistió en la necesidad de una unión fiscal que haga permanente la solidaridad entre los Estados miembros; o la iniciativa de dar más peso al Parlamento como órgano que desbloquee las decisiones cuando éstas estén paralizadas en el Consejo, tal como señaló Irene Pujol. 

Además, se realizaron propuestas dirigidas a la cristalización de una identidad europeísta, que es precisamente una tarea donde la juventud tendrá un papel protagonista. El desarrollo de los programas Erasmus, la iniciativa ALMA, u otras propuestas recogidas en la encuesta de 40dB, como la existencia de un pasaporte europeo o la participación de los deportistas olímpicos con la bandera nacional y la bandera de la UE, son medidas que reforzarán el sentimiento de pertenencia a un proyecto común europeo. Todas ellas serán claves en el desarrollo de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que marcará el rumbo y las medidas que se tomen en los próximos años.

La presentación contó con Gonzalo Velasco, analista de Opinión Pública en el Parlamento Europeo; Irina Betancor, analista política en eldiario.es y en la delegación del Gobierno autonómico canario en Bruselas; Mateo Peyrouzet, coordinador del Observatorio de Política Exterior de Fundación Alternativas; y Carlos Alemany, analista de la Fundación Alternativas.

En el marco del comienzo de la Conferencia sobre el futuro de Europa, ahora más que nunca son los jóvenes los que tienen que recoger el testigo y tomar la iniciativa en la planificación del futuro de la Unión Europea. Esta iniciativa, que recuerda a la Convención sobre el futuro de Europa, realizada durante los años 2002 y 2003, tiene como objetivo sentar las bases de la refundación de la UE, así como reformular la relación existente entre los 27 Estados Miembros después del ‘Brexit’ y la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

En la encuesta, donde se ha preguntado a jóvenes de entre 18 y 35 años, queda patente el alto grado de europeísmo existente en este grupo de edad, ya que más del 66% de estos se declara bastante o muy europeísta. También refleja el gran grado de aceptación que tendrían unas hipotéticas medidas simbólicas que ayudaran a reforzar el sentimiento de identidad europeo, como la propuesta por Guy Verhofstadt en la presentación de la Conferencia de llevar la bandera de la UE junto a la del país en las Olimpiadas, o la creación de un pasaporte europeo.

Los jóvenes valoran positivamente La Conferencia sobre el Futuro de Europa, otorgándole un 7,2 sobre 10 de media. 8 de cada 10 consideran que ellos/as deberían ser los protagonistas de la conferencia, mientras que 7 de cada 10 cree que supondrá una mejora en el funcionamiento de la Unión Europea. La encuesta también deja conclusiones interesantes acerca de qué piensan y cómo ven a la UE los jóvenes, especialmente en los apartados relacionados con la gestión de la pandemia y la efectividad percibida de las medidas ejecutadas para paliar los efectos de esta. La mitad de los jóvenes afirman desconocer la existencia de los Fondos de Recuperación y Resiliencia –Next Generation EU-, aunque una vez se les expone en qué consisten, la mayoría tiene una gran confianza en que marcarán la diferencia, especialmente en cuanto a la transición verde y digital.

ASIGNATURAS PENDIENTES

Por otro lado, consideran que las grandes empresas han sido las más beneficiadas por las ayudas de la UE durante la pandemia, mientras que defienden que los más protegidos deberían de haber sido las personas más vulnerables y los autónomos. Esto ejemplifica una de las asignaturas pendientes de las instituciones europeas, la comunicación, ya que las iniciativas, sus motivaciones y efectos en la población no llegan correctamente a la población general, provocando una falta de conocimiento en cuanto a estas medidas y su importancia en nuestro día a día.

Finalmente, consideran que la UE no puede tomar un papel principal en los asuntos que más les preocupan, siendo estos el desempleo y la dificultad de acceso a la vivienda, ya que creen que estos temas deberían de resolverse en gran parte en un ámbito nacional. Por otra parte, sí consideran la gran importancia y necesidad por parte de la UE de tomar un papel principal en cuanto a temas como el cambio climático, la transición verde, la defensa de los derechos fundamentales y la desigualdad de género. “Esto indica una europeización de demandas públicas. Que esto se enfoque hacia el nivel europeo, proyecta a escala europea la politización primaria de la población joven”, señaló Irina Betancor durante la presentación.

“En Países Bajos, un 63% de los jóvenes tienen la lucha contra el cambio climático como principal preocupación, porque el desempleo o la emancipación no suponen un problema como en España. Esto pone de manifiesto una cruda realidad que vivimos en España. Nuestra generación es la que salió perdiendo de las dos últimas crisis – la gran recesión y ahora entramos en otra crisis – y estamos de nuevo pagando los platos rotos, y esto se pone de manifiesto en nuestras prioridades”, señaló Gonzalo Velasco.

La Fundación Alternativas organizó este lunes la presentación on-line del informe titulado ‘Estados Unidos: ¿Qué está cambiando? Nuevas tendencias que importan a Europa’, con el objetivo de analizar la nueva política a corto, medio y largo plazo de la administración Biden. En el coloquio se abordaron asuntos de primer orden como la promoción de la democracia dentro y fuera de Estados Unidos, los autoritarismos y las alianzas entre democracias, así como las iniciativas en salud, la digitalización, las nuevas propuestas financieras y fiscales o el cambio climático. También se analizaron cuestiones sociales como las migraciones, la justicia racial y el mayor protagonismo de las mujeres en la esfera púbica. Moderado por Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación Alternativas, el encuentro virtual contó con varios expertos en la materia.

Rebeca Guinea, directora de Programación de la Casa de América, destacó que el tándem Biden-Harris abre un “nuevo escenario”, no sólo en política interna, sino también el “ámbito internacional”, y recordó que las elecciones que sacaron a Trump de la Casa Blanca pusieron de manifiesto la “polarización social”, agudizada por el azote de la pandemia. A su juicio, el nuevo gobierno estadounidense “potenciará el multilateralismo, el trabajo conjunto contra el cambio climático, la equidad de género, los derechos humanos, la salud y la apertura comercial”.

Manuel Muñiz, secretario de Estado de la España Global, aclaró que la nueva administración estadounidense “actúa en dos grandes espacios: política exterior y doméstica, mientras subyace la pregunta de si hemos vivido el final de la polarización y volvemos a una etapa más tradicional, o si, por el contrario, tras Biden volveremos a un periodo más atípico, como ha ocurrido con Trump”.

Muñiz vislumbra un compromiso “muy marcado” con el multilateralismo, con un viraje de “180 grados” entre Biden y Trump, con la vuelta al Acuerdo de París, a la OMS, a las conversaciones para retomar el acuerdo nuclear con Irán, el desbloqueo del nombramiento de la directora general de la OMC y en el seno de la OCDE, para establecer un “marco de fiscalidad de las corporaciones y la actividad digital”. También subrayó Muñiz la “apuesta” del nuevo inquilino de la Casa Blanca por las “alianzas estratégicas e históricas de Estados Unidos, tanto en Europa como en el Indo-Pacífico”.

A nivel doméstico, existe también una política de Biden para “sanar las brechas socioeconómicas”, con un recalibrado de la “carga fiscal” a las rentas altas, que son las grandes beneficiarias de la “transformación tecnológica”, para sosegar la fractura social que estaba detrás de la polarización política. El secretario de Estado reconoce una “enorme coherencia” entre el nuevo compromiso de Biden con el “multilateralismo, la interdependencia económica, la regulación del comercio global y la lucha contra el cambio climático, y la configuración de una sociedad más equitativa, más justa, más integrada y menos polarizada”. No obstante, “el fin de la polarización dependerá, en gran medida, del éxito de las iniciativas de Biden en política doméstica de sanación de las brechas socioeconómicas”.

Por su parte, Conrad Tribble, encargado de negocios de la Embajada de EEUU en España, recordó que “lo más importante” es que Estados Unidos se recupere de la pandemia y de la crisis económica, “aprovechando la globalización para que las clases medias prosperen”, y poder así “reconstruir un espacio social que ha sido la base del éxito estadounidense”. Al mismo tiempo, la economía debe dar un “giro hacia la sostenibilidad, reduciendo las emisiones de carbono para llegar a la neutralidad en 2050. También hay que abordar el racismo institucionalizado e invertir en las comunidades discriminadas”. A nivel internacional, el diplomático apuntó a la recuperación del compromiso con “el multilateralismo y la reconstrucción de las alianzas, como la transatlántica, y en retomar el diálogo con aliados como España y la UE”.

Cristina Manzano, directora de esglobal, puntualizó que la nueva administración Biden va a “retomar” una serie de políticas que ya estaban en marcha desde hace muchos años, pero que se vieron “frenadas de manera muy brusca” por Trump, como los “derechos de las mujeres”. Es muy relevante que la vicepresidencia esté “ocupada por una mujer por primera vez en la Historia”, y hay una tendencia de una mayor presencia de mujeres en la política estadounidense, “pero el Congreso estadounidense sólo tiene un 27% de mujeres y queda mucho por recorrer para llegar al 40% de la mayoría de las democracias occidentales, empezando por la española”. La presencia de mujeres en política es además “más diversa en religión, raza o identidad de género, y representa lo que realmente es la sociedad estadounidense”. Biden quiere “reforzar la seguridad económica de las mujeres y su acceso a la salud, así como las áreas de cuidados y conciliación y las cuestiones de género y violencia machista”.

POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Raquel Jorge Ricart, Fulbright Fellow, experta en previsión y tecnología, comentó que el 78% de las empresas manufactureras en Estados Unidos “incorporan algún tipo de tecnología disruptiva, mientras que en la UE estamos en el 66%. Se trata de una diferencia menor, pero en la construcción la diferencia se agranda, del 61% al 40%, y en China llega al 73%”. El gigante asiático, en política comercial, está llevando a cabo una “estrategia totalizadora y sostenida, lo que supone un desafío para la UE, y en Estados Unidos el procentaje de  start-ups es mayor que en Europa”. Biden ha creado la primera oficina de política científica y tecnológica, “y la UE necesita un perfil de diplomacia tecnológica y de figuras comunitarias de acción exterior. También es necesario generar confianza entre las empresas y los distintos sectores económicos, implicando a la sociedad civil y a las ciudades en proyectos transfronterizos”.

Max Trujillo, presidente de MJT Policy: “La inmigración es un tema muy controvertido en Estados Unidos, y no se ha atendido correctamente en los últimos treinta años y requiere acción inmediata. Estados Unidos es un país que no está acostumbrado a vivir cambios demasiado radicales dentro de sus políticas públicas, y Biden está siendo el contrapunto a las políticas neoliberales de Trump. Trump cerró las fronteras y Biden ha hecho lo contrario, atendiendo a los migrantes y dando asilo a muchos de ellos, desde el respeto a la dignidad humana, y haciendo un gran esfuerzo para que muchas familias se reencuentren, tras las separaciones forzosas en los años de Trump”.

Cristina Olea, corresponsal de RTVE en Washington: “Biden prometió unir a la sociedad y tender puentes con el Partido Republicano, así como rebajar la polarización; y es precisamente aquí donde el nuevo presidente tiene uno de sus grandes retos. En lo que se refiere a la colaboración entre los dos grandes partidos, el asunto ha comenzado mal, porque Biden está llevando a cabo iniciativas más progresistas de lo que se esperaba. El presidente tiene ganas de hacer cosas, con el apoyo republicano o si él, mientras el Partido Republicano se muestra reticente a colaborar. El ejemplo está en que el ambicioso paquete de medidas contra la pandemia, con ayudas directas a la población, no tuvo ni un solo voto republicano en el Senado”.

La Fundación Alternativas organizó este viernes la presentación online del documento “Aproximación Prospectiva a la Vecindad Sur de España y la Unión Europea: Objetivo 2030/2050” con la participación de sus autores, Itxaso Domínguez de Olázabal, coordinadora de Oriente Próximo y Norte de África de la Fundación Alternativas, y Alfonso Casani, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, así como de Irene Fernández-Molina, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Exeter; ​Ricard González, periodista y politólogo especializado en Oriente Próximo y Norte de África, e Isidro González, secretario general adjunto de la Unión por el Mediterráneo (UpM). La presentación y moderación corrió a cargo de Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación Alternativas.

Palacio comenzó subrayando que este documento tiene una orientación prospectiva con respecto a la Vecindad Sur y reflexiona sobre la posible hoja de ruta para un futuro compartido en el Mediterráneo. Su publicación está marcada por varios hitos como el cumplimiento del 25 aniversario el pasado año del Proceso de Barcelona, que desembocaría en la UpM, o el décimo aniversario de las revueltas antiautoritarias de 2010/2011, y coincide con una situación problemática en la Vecindad, con conflictos, crisis económicas y sociales, la pandemia, etc.

Domínguez de Olázabal destacó que este informe, que bebe de otros estudios similares y de toda una serie de entrevistas con expertos, cuenta con un valor añadido como es su enfoque en la seguridad humana, escapando del enfoque securitario y geopolítico de otros trabajos anteriores, y en la juventud, que constituye una parte importante de las entrevistas. El documento analiza “Megatendencias”, es decir tendencias normalmente estructurales imposibles de paliar en una generación con efectos particulares y con la vista puesta en 2050 —estas son: 1) Emergencia climática y escasez de recursos, 2) Proceso de descarbonización, 3) Fragmentación del orden internacional, 4) Dos puntos de inflexión en la transición demográfica, 5) Movilidad humana y urbanización y 6) Disrupción tecnológica y otras: La Cuarta Revolución Industrial—, y “Dinámicas a medio plazo”, en las que los distintos actores tienen un cierto margen de maniobra y tienen la vista puesta en 2030 —1) Fracturas y movilizaciones sociales, 2) La erosión y recomposición del sistema estatal árabe: gobernanza y autoritarismo, 3) ¿La oportunidad perdida del dividendo demográfico?, 4) La fractura digital en sus distintas formas, 5) La fractura territorial: periferización y urbanización, 6) La transformación del mercado de la energía, 7) ¿Too big to fail? El problema de la deuda ante una incierta recuperación pos-covid-19, 8) Conflictividad y cooperación transnacionales entre Estados y sociedades y 9) La securitización de los flujos humanos y de contrabando—.

Por su parte, Casani señaló que el estudio identifica dos escenarios: uno positivo y otro negativo. El primero implicaría abordar el contexto actual marcado por toda una serie de dificultades como una oportunidad para la reforma de los modelos de la Vecindad. El segundo, todo lo contrario, es decir, tomar el contexto como una amenaza y responder con un repliegue proteccionista, unilateral y autoritario. Estos escenarios serían paradigmáticos en la medida que lo normal es que ninguno se cumpla, sino que el escenario real esté en un punto intermedio —más positivo o más negativo— entre ambos.

Irene Fernández-Molina, por su parte, analizó la cuestión de los conflictos no resueltos. Aquí, identificó toda una serie de capas superpuestas que complejizan estos hechos y dificultan su solución: primero, cuestiones históricas, relacionadas con la emergencia de los Estados árabes; después otra capa relacionada con los procesos de descolonización, algunos frustrados o desvirtuados, y la Guerra Fría; también la cuestión de la Revolución Iraní de 1979, que inició un periodo de sectarización de la política regional entre chiís y sunníes; las intervenciones de EE. UU. bajo el prisma de la “guerra contra el terrorismo”, y los conflictos originados de las llamadas “primaveras árabes”. Esta enorme complejidad dificulta hallar una solución a los diversos conflictos, lo que además tiene importantes consecuencias a nivel regional, evitando una mayor interrelación en la que es una de las regiones menos integradas del mundo.

Además, analizando los flujos migratorios, la académica señaló la importancia de su relativización —en la medida que no han aumentado en términos relativos desde los años 60— su normalización y aceptación, así como la preparación de Europa ante las perspectivas de potenciales puntuales momentos de grandes flujos, como los refugiados sirios, que, aunque poco habituales, han de ser respondidos de forma cooperativa.

JUVENTUD REIVINDICATIVA

Ricard González puso el foco en el papel de los jóvenes y nuevos líderes sociales, señalando que ya están teniendo un papel muy importante. Aquí, señaló la brecha generacional entre una juventud reivindicativa y unas élites formadas principalmente por hombres mayores. La juventud participa activamente en la sociedad civil, pero se encuentra con dificultades a la hora de integrarse o hacer cambiar la esfera política. Al mismo tiempo, entre los jóvenes existe un cierto rechazo y escepticismo hacia la política institucional en la medida que los regímenes autoritarios recurren a la cooptación de los líderes políticos, generando pseudo oposiciones. Este rechazo y desconfianza genera dificultades a la hora de que la juventud pueda trasladar sus demandas por las vías institucionales —las cuales tampoco dan pie a una participación activa de la sociedad civil—. No obstante, González identificó algunas áreas en las que se están produciendo importantes avances gracias a estos nuevos liderazgos, como por ejemplo en cuanto a la concienciación de la discriminación de la mujer.

Por su parte, Isidro González pasó a hablar de la UpM, lamentando la poca atención que la región del Mediterráneo recibe desde Europa, lo que genera que esta Organización no haya podido alcanzar todo su potencial. Aun así, la UpM está llevando a cabo iniciativas y proyectos importantes en cuestiones de transición energética —clave en la que es la segunda región del mundo más afectada por el cambio climático— o de turismo costero, así como abordando cuestiones como el flujo migratorio yendo a la base del problema, no construyendo muros. Esto, por ejemplo, ha implicado la creación de un hub de empleo juvenil en Marruecos. Otro de los proyectos —60 en total— sería el de la Planta Desalinizadora en Gaza, que proveerá con agua a la mitad de la población de la Franja. De esta forma, González recordó la importancia de la UpM en la medida que construye consensos en la región de forma inclusiva, no de manera unidireccional de la UE al Vecindario Sur. Además, González señaló, en cuanto al papel que pueden tener otras potencias externas como China o Rusia, la importancia de que la UE se implique activamente en la región, porque si no otros, con distintos valores, lo harán.

En definitiva, Palacio y Domínguez de Olázabal destacaron la importancia de este informe para generar un muy importante debate sobre la Vecindad Sur y el papel que puede y debe jugar la UE, señalando que esta reflexión ha de continuar en los próximos años para así poder hacer de la actual situación de crisis una oportunidad para construir un futuro más inclusivo y sostenible en la región.

Con motivo del Día de África, la Fundación Alternativas organizó este martes la presentación de su informe anual sobre el continente, que en esta edición lleva el título ‘Desafíos conjuntos para África y Europa bajo la pandemia’. En este sentido, el documento incide en la evidencia de que los futuros de ambos territorios están estrechamente ligados, con una proximidad geográfica que se traduce en derivadas comerciales, migratorias y geopolíticas que marcarán el devenir de ambos continentes.

Cristina Gallach, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y Caribe, afirmó que España y el Ministerio de Exteriores han “relanzado todos los esfuerzos políticos, diplomáticos, y en materia de seguridad o cultural con África”. En este sentido, “el lanzamiento del programa ‘Foco África’ suma todos nuestros esfuerzos y visibiliza una acción que tiene como objetivo ser mucho más profunda y mucho más impactante”.

Según Gallach, el programa se centra en las áreas de “paz y seguridad; desarrollo de economías sostenibles y más inclusivas; mejora del comercio para que la presencia empresarial española y las inversiones sean mayores; fortalecimiento de los servicios públicos globales, como agua y saneamiento; acción humanitaria para conseguir la estabilización de las zonas en conflicto; compromiso de España con la igualdad de género; y gestión regulada y organizada de la movilidad de los migrantes”.

Para la secretaria de Estado, “la visión que tenemos de África se basa en un gran compromiso, y tenemos el deseo desde el Ministerio de Exteriores de que el Informe de la Fundación Alternativas sea un elemento de ayuda para formular y realizar una política eficaz y más provechosa para el continente africano”.

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, comentó que la trayectoria demográfica de África “impone una gran relevancia en la esfera geopolítica del mundo”, dentro de una “total diversidad”, aunque puede ser vista con “características propias”. El informe ofrece distintos enfoques del continente, como el del fuerte “impacto de la pandemia” -con un 14% de la población mundial sólo están vacunados el 2% de sus habitantes-, por lo que hay que “acelerar la producción” de vacunas y un “acceso equitativo” para los africanos, basado en la “solidaridad” de todos los países, sobre todo de los “ricos”, ya que “hasta que no esté vacunado el conjunto del planeta siempre existirá la amenaza del virus”.

Garrido también resaltó el enfoque económico del documento: “África tendrá este año un crecimiento del 3,2%, la mitad del total del mundo, y las relaciones con la Unión Europea son muy importantes, porque el crecimiento y la estabilidad del continente africano son muy positivos para el conjunto de Europa, aunque la influencia comunitaria no ha crecido demasiado en África últimamente, sobre todo si se compara con la de otras potencias. Es verdad que la UE está desarrollando una política de Vecindad Sur, enfocada sobre todo al ámbito mediterráneo, pero no debe limitarse a una política migratoria o de seguridad, sino ir más allá y luchar contra el cambio climático, la pobreza y la desigualdad”.

RACISMO Y DESIGUALDAD

Elsa Aimé González, coordinadora del Panel África Subsahariana de la Fundación Alternativas, recordó que “consolidar las relaciones entre España y las instituciones africanas requiere acercar también nuestra sociedad a la realidad del continente africano, y tratar de romper la clásica dicotomía norte-sur con la que España se ha acercado a África históricamente, por lo que habría que hacerlo desde un prisma que vaya más allá de los discursos imperantes, y que ofrezca nuevos enfoques para superar la tradicional verticalidad, y que todavía hoy en día está marcada por el racismo y la desigualdad”.

Para Itxaso Domínguez de Olazábal, coordinadora del Panel Oriente Próximo y Norte de África de la Fundación Alternativas, “el Covid-19 representa la intensificación de una serie de tendencias que ya veníamos advirtiendo, y a la vez una suspensión de los focos migratorios y de las movilizaciones sociales por la justicia, la libertad, la dignidad, los principios democráticos y contra el racismo. No obstante, una simple pandemia, teniendo siempre en cuenta cuáles han sido sus efectos, no puede paralizar la fuerza de estas demandas”.

También participaron en el debate Berta Mendiguren, autora del capítulo ‘La covid-19 en África: ¿el remedio peor que la enfermedad?’; Marta Íñiguez de Heredia, autora del capítulo ‘¿Hacia un partenariado más igualitario? Lo que depara el 2021 para las relaciones Europa-África’; Lorenzo Gabrielli, coautor del capítulo ‘Política migratoria española hacia África: ¿cambio de gobierno y cambio de política?’; Beatriz Mesa, autora del capítulo ‘Diplomacia migratoria en el Norte de África: retrospectiva y desarrollo’; Houda Mzioudet, autora del capítulo ‘El papel de la transición democrática en el desarrollo de una conciencia negra global entre los tunecinos’; y Antumi Toasijé, autor del capítulo ‘Black Lives Matter y el racismo estructural global’.

La Fundación Alternativas organizó este martes la presentación on-line del documento titulado ‘La Europa de la Salud: balance y perspectivas tras un año de pandemia’, de José Manuel Freire y Alberto Infante, ambos profesores eméritos del Departamento de Salud Internacional en la Escuela Nacional de Sanidad (ENS), del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Entre las propuestas del informe destaca la necesidad de “avanzar” hacia una Unión Europea de la Salud (UES), lo que implica necesariamente ir más allá de afrontar mejor los riesgos derivados de “posibles pandemias futuras, más o menos similares a la actual”. Es necesario tomar también en cuenta los “riesgos estructurales y sistémicos” para la salud derivados del “cambio climático y de la contaminación ambiental”, así como de las condiciones de vida y los hábitos inadecuados; en definitiva, los determinantes no médicos de la salud. Es necesario abordar el reto de “garantizar la universalidad” de los servicios de salud en el conjunto de la Unión: con equidad, sin exclusiones, con calidad y eficiencia, creando con solidaridad un “espacio compartido de ciudadanía sanitaria” y haciendo del sector salud una de las grandes “fuentes de riqueza y de bienestar” compartido por todos los Estados miembros.

La salud es una de las “grandes prioridades” de los ciudadanos europeos, y la pandemia de Covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia crucial de la intervención de la UE para coordinar los esfuerzos de los Estados miembros, garantizar insumos vitales y disponer de la vacuna. Son muchas las organizaciones cívicas, políticas y profesionales sanitarias que ven en la construcción de la UES el “mejor horizonte, no sólo para prevenir y afrontar crisis sanitarias, sino también para mejorar la salud y la economía, fortaleciendo los valores de la Europa de los ciudadanos”. La construcción de la UES exige combinar una visión ambiciosa del proyecto europeo, capaz de ilusionar a los ciudadanos con el pragmatismo, la solvencia y la prudencia política que permita “lograr avances y logros tangibles de las políticas actualmente en marcha. En definitiva, gestionar bien el presente, explorando a fondo todas las posibilidades que ofrece para avanzar, es un paso previo que favorece un deseable salto adelante en las competencias en salud de la UE”.

En esta perspectiva, es muy importante trabajar con un “marco conceptual” de tres niveles o escenarios de implicación creciente de la UE en salud. El primer nivel consiste en el desempeño óptimo de las “actividades actuales en salud de las instituciones de la UE dentro del marco competencial, organizativo y presupuestario existente”. No es un objetivo heroico, pero es una condición necesaria “eliminar cuellos de botella, descoordinaciones e ineficiencias, al tiempo que se buscan oportunidades para ampliar el campo de acción”. El segundo nivel se corresponde con la vía emprendida por la Comisión y el Parlamento, como consecuencia de la crisis de covid-19, la cual, sin modificar los Tratados, “busca reforzar la salud en la UE creando nuevas instituciones (como HERA), reforzando las existentes (ECDC, EMA) o desarrollando legislación que permita incrementar el papel y las actividades de la UE en salud”. Es indudable que las propuestas en marcha suponen un avance de notable importancia. No obstante, cabe apuntar algunos aspectos muy concretos, pero de gran trascendencia, en los que, por ejemplo, es deseable y factible ampliar el mandato de las reformas planteadas para el ECDC y la EMA.

El ECDC resultante de las reformas previstas “debería incluir en su mandato el control de las enfermedades no transmisibles (enfermedades crónicas, entre ellas: cardiovasculares, cáncer, diabetes, bronquitis crónica). Estas enfermedades son las que más contribuyen a la carga de enfermedad en la UE, con un gran coste en muertes prematuras, discapacidad y gasto sanitario en todos los Estados de la UE. La inclusión de estas enfermedades en el ECDC tendría un gran impacto en la salud de los europeos, contribuyendo decisivamente a la efectividad del Grupo Director (Steering Group), creado por la Comisión para la promoción de la salud, la prevención y el control de estas enfermedades”. Asimismo, la EMA debería “asumir competencias” sobre los dispositivos médicos (medical devices), cuya regulación actual en la UE tiene no pocos problemas y ofrece menos garantías de seguridad que la existente en los EEUU. Igualmente, la regulación de medicamentos debiera incluir una “revisión de la Directiva de Transparencia para la fijación de precios y el reembolso de los medicamentos”.

Desde una perspectiva más global y ambiciosa, las actuales propuestas de la Comisión para avanzar hacia la UES se verían “considerablemente reforzadas” por dos iniciativas políticas orientadas a dar mayor prioridad a la salud en la agenda política, más allá de la pandemia y sus secuelas, y a “mejorar la gobernanza y a reforzar el liderazgo de la UE en salud pública”. Para dar a la salud una “mayor prioridad en la agenda política de la Unión, y sostener en el tiempo esta prioridad”, sería deseable contar con un Informe Anual sobre la Salud en la UE, elaborado y presentado por la Comisión ante el Parlamento. Este Informe debería incluir, además de “indicadores sobre situación de salud y sus determinantes”, información sobre la dotación, actividad y calidad de los servicios de salud en el conjunto de la UE. La existencia desde 1998 de proyectos sobre indicadores de salud, ahora proyecto ECHI (European Core Health Indicators), y los informes State of Health in the EU, constituyen una excelente base de partida. El debate en el Parlamento del Informe “debería concluir con una serie de recomendaciones sobre las políticas de salud dirigidas tanto a la Comisión como a los Estados miembros”. La UE tiene un “gran impacto en la salud de los europeos, a pesar de que sus competencias en materia de salud son muy limitadas”. La UE influye en la salud de los europeos y en sus sistemas de salud a través de tres grandes instrumentos: “La regulación del mercado interno, la política económico-fiscal que condiciona fuertemente el gasto público sanitario, y las políticas e instituciones específicamente de salud, desarrolladas al amparo de las competencias en materia de salud pública del artículo 168 y otros del TFUE”, sobre las que está centrado el trabajo. Sin embargo, conviene insistir en la importancia de los determinantes sociales de salud sobre los cuales actúa la UE.

Pobreza y desigualdad

La mayor contribución de la UE a nivel de salud de la ciudadanía europea deriva fundamentalmente de su “poder regulatorio” sobre los determinantes no-médicos de la salud, que son los más decisivos: política económica que influye sobre la pobreza y la desigualdad socioeconómica; normativa sobre higiene y seguridad de los alimentos; política medioambiental (calidad del agua y del aire); seguridad e higiene en el trabajo; normativa sobre los bienes de consumo; condiciones de trabajo, vivienda, transporte, educación, etcétera. Esta importantísima contribución de la UE a la salud de los europeos deriva del “gran poder” de la UE para regular el mercado interno. Esta regulación está orientada a “garantizar la no discriminación y la libertad de movimientos de personas, bienes y capitales”, al tiempo que (Artículo 9 del TFUE) le exige a la Unión tener “en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con un nivel elevado de educación, formación y protección de la salud humana.”

Por ello, “examinar con cuidado el potencial impacto sobre la salud de cualquier política comunitaria resulta crucial”. Sobre todo, la de la gobernanza fiscal de la UE, “vinculada a la moneda única, la cual, entre otras medidas, impone en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento límites al déficit y a la deuda pública total”. El SNS sufrió en la crisis económica de 2010 las “dramáticas consecuencias de la austeridad” impuesta por estas políticas fiscales. El gasto sanitario público está condicionado por los Programas de Convergencia y Estabilidad y las Recomendaciones Específicas de País de la Comisión. Por ello, “la gobernanza fiscal requiere no solo un enfoque económico-financiero, sino también más social y, al mismo tiempo, más coherente” con otras políticas de la Unión, especialmente con su compromiso con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Además, la gestión de la compra de las vacunas contra el covid-19 por parte de la Comisión arroja “lecciones importantes”. La primera es que esa iniciativa ha sido un éxito de la UE. De no haberse hecho así, los Estados miembros habrían tenido “muchas más dificultades para abastecerse de ellas, y el proyecto mismo de UE habría sufrido un duro revés político cuyas consecuencias no cabe infravalorar”. Y la segunda es que la gestión de compra ha mostrado una “escasa transparencia en materias tales como precios y responsabilidad de las empresas ante los posibles efectos secundarios de las vacunas, sin que las explicaciones de la Comisión para justificarla hayan resultado convincentes”. Dado que es probable que la vacunación “deba repetirse con una cierta periodicidad en el futuro”, este asunto, junto a la existencia de mecanismos efectivos de supervisión del cumplimiento de los contratos suscritos, suscita “interrogantes de fondo” que habrán de ser resueltos en un futuro inmediato. De hecho, una cierta revisión crítica de la política de la Comisión en lo que se ha dado en llamar la “geopolítica de las vacunas” frente al covid-19 parece necesaria.

El documento también pone de relieve cómo la historia de la UE muestra que en muchos de los avances sustanciales de la integración europea el “factor decisivo” ha sido el liderazgo y la voluntad política de “salir unidos de las crisis, reformulando la naturaleza misma de esa Unión, sin perjuicio de las ocasionales limitaciones competenciales recogidas en los Tratados. Nos encontramos ante una crisis de esta naturaleza. España, por su peso en la UE y por las experiencias acumuladas durante esta pandemia, debería jugar un papel activo en esa reformulación”.

También participaron Isabel de la Mata, asesora principal de salud y gestión de crisis de la Comisión Europea; Beatriz González López-Valcárcel, catedrática e investigadora en Economía de la Salud, y profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; y Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas.

La Fundación Alternativas organizó el martes 20 de abril un encuentro, en colaboración con la Embajada Británica en Madrid, con el departamento de estrategia del Foreign Commonwealth and Development Office. 

El evento ‘Global Britain in the Biden era: UK’s post-Brexit strategy and the EU’, celebrado bajo reglas Chatham House, abordó la renovada agenda internacional del Reino Unido en la etapa post Brexit, a partir de la nueva estrategia presentada en marzo pasado por el primer ministro británico Boris Johnson en el Parlamento: ‘Global Britain in a CompetitiveAge: the Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy’ 

El coloquio se centró en dicho documento, que aborda múltiples áreas como: la cohesión nacional interna, la gestión de la pandemia, la seguridad la tecnología, o el clima. También se trataron diferentes aspectos relativos al futuro de las relaciones del Reino Unido con la Unión Europea y con la Administración Biden en EEUU.

El encuentro fue presentado y moderado por Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación Alternativas. Intervinieron con comentarios y preguntas Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas; Carles Casajuana, ex embajador de España en el Reino Unido; Ana Belén Sánchez, experta en empleos verdes en la Organización Internacional del Trabajo; y Enrique Ayala, miembro del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación.

El lunes 12 de abril la Fundación Alternativas y Casa Árabe organizaron conjuntamente un seminario titulado ‘El Golfo y el Magreb en tiempos inciertos. Agentes globales, regiones remodeladas y tendencias transnacionales’. El motivo principal del seminario era proporcionar una plataforma para analizar la creciente importancia de las relaciones entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y los estados del Magreb, reuniendo para ello a una decena de analistas de ambos lados del Mediterráneo. El seminario se enmarca en el proyecto que está desarrollando la Fundación Alternativas, con el apoyo de la Secretaría de Estado de la España Global, en torno a la Vecindad Sur de España y la Unión Europea. 

SÍNTESIS DE LA PRIMERA SESIÓN

La primera sesión (Relaciones Golfo-Magreb: interconectividad, divergencias y oportunidades) contó con la moderación de Karim Hauser, en representación de Casa Árabe, quien dio comienzo al evento recordando que los países del Magreb y el Golfo comparten importantes características históricas, culturales y políticas, e incidiendo en la necesidad de debatir sobre los actores estatales y no estatales que conforman sendas regiones.

Acto seguido se abrió paso a las intervenciones de los expertos de la primera mesa, comenzando por Fatiha Dazi-Héni del Instituto de Investigación Estratégica de la Escuela Militar de Francia (IRSEM), quien puso el foco en el crecimiento de la tensión entre Argelia y Marruecos a raíz del Sáhara Occidental, alertando del potencial para un nuevo episodio de conflicto armado, así como del riesgo de un aumento del extremismo violento en la región azuzado por la injerencia de terceros países.

A continuación, Cinzia Bianco del Consejo Europeo para las Relaciones Internacionales (ECFR) centró su intervención en la geopolítica de las infraestructuras regionales, las cuales – según la misma experta – frecuentemente se solapan con las relaciones políticas y los intereses securitarios. En este sentido, Bianco analizó el desarrollo de los tres corredores principales entre el Magreb y Europa (el corredor occidental, que va de Marruecos al Norte de Europa, pasando por España; el corredor oriental, que va de Egipto a los países del este del Mediterráneo; y el corredor central, que une Túnez y Argelia con Italia y Francia), para después evaluar los intereses de los países del Golfo en los distintos proyectos de conectividad.

Por su parte, Frederic Wehrey del Carnegie Endowment for International Peace se refirió al caso de Libia como un espejo en el que entender cómo los países del Golfo tratan de influir en los países del Magreb, en competencia o connivencia con otros actores como Rusia, Turquía, Francia o Italia. Asimismo, Wehrey apuntó que Libia ocupa actualmente un puesto bajo en la lista de prioridades de la agenda exterior estadounidense, lo cual se ve reflejado en una tendencia a dejar a un lado sus intereses en el país a cambio de mantener el apoyo de sus aliados en otros frentes regionales, como pueden ser Irán o Israel-Palestina.

La conclusión de la sesión corrió a cargo de Irene Fernández-Molina, de la Universidad de Exeter, quien hizo balance de las ideas principales que aparecieron en las intervenciones: uno de los puntos que destacó en varios de los contextos regionales analizados es el poder que tienen ciertos individuos y sus redes personales para influir en los equilibrios políticos.

SÍNTESIS DE LA SEGUNDA SESIÓN

En la segunda sesión (Regiones en transformación: ajustándose a las nuevas realidades sociales, económicas y políticas), figuró como moderadora Itxaso Domínguez de Olazábal, coordinadora del Panel Oriente Próximo y Norte de África de la Fundación Alternativas.

Luciano Zaccara, de la Universidad de Catar, destacó las consecuencias políticas que tuvieron las protestas populares que sacudieron la región a partir de 2011, las cuales demostraron que los estados monárquicos del Golfo no son inmunes a la desafección social. En consecuencia, según Zaccara, estos estados llevaron a cabo en distinto grado cuatro grandes medidas: anuncio de políticas redistributivas; reformas político-institucionales limitadas; refuerzo de la matriz de seguridad interna; y una reorientación de la política exterior, que pasó a ser más proactiva para tratar de ocupar las grietas de poder abiertas en la región tras la ola de protestas.

Seguidamente, Yasmina Abouzzohour del Brookings Doha Center dedicó su intervención a analizar las relaciones de Marruecos con los estados del Golfo, unas relaciones que han pasado por algunas turbulencias en tiempos recientes pero que asimismo están marcadas por un aumento notable de las exportaciones marroquíes, lo cual invita a pensar que en un futuro se consolidarán vínculos de mayor estabilidad.

La intervención de Youssef Cherif del Columbia Global Centers de Túnez se centró en las particularidades de las alianzas y vinculaciones políticas que tienen lugar en la arena política tunecina con respecto a los países del Golfo (destacando a Catar y Emiratos Árabes Unidos), los cuales tienen un gran interés en forjar relaciones con un país al que también valoran por su posición geográfica de vecindad con Libia. Cherif recordó que el caso de Túnez es distinto al de sus vecinos al tratarse no solo de un país que sigue inmerso en una configuración democrática iniciada hace una década, sino que el poder político del país se reparte entre distintas figuras. Así pues, el presidente de la república y el Jefe de Gobierno pueden tener afiliaciones distintas a Catar o EAU, países que a su vez demonizan la implicación del otro en Túnez a través de sus medios de comunicación.

La conclusión de la segunda sesión corrió a cargo de Haizam Amirah-Fernández del Real Instituto Elcano, quien hizo hincapié en como la pandemia ha exacerbado los factores que producen inseguridad económica en ambas regiones.

CLAUSURA: ‘¿QUÉ PAPEL TIENE EUROPA EN EL MEDITERRÁNEO?’

El seminario concluyó con las palabras de clausura del embajador James Moran, actualmente en el Centre for European Policy Studies, y de Yahia Zoubir, del KEDGE Business School.

James Moran, que fue embajador de la Unión Europea en Egipto (2012-2016) y se mantiene conectado a la diplomacia europea a pesar de la salida del Reino Unido de la UE, comenzó recordando que la política exterior de la UE no ha tenido en su vecindad sur el peso que le debería corresponder, debido a las divisiones internas entre estados y las dinámicas externas que han dificultado su acción. No obstante, según Moran se están produciendo señales esperanzadoras de una acción más ambiciosa por parte de la UE, la cual a su vez no debe perder de vista la importancia de Irán en su agenda exterior. Según palabras del diplomático británico, el acuerdo nuclear alcanzado con Irán en 2015 supuso un éxito mayúsculo por parte de la diplomacia europea, y con la presidencia de Biden se abre la puerta a que la UE lidere de nuevo el esfuerzo por reincorporar a los Estados Unidos al acuerdo.

Por su parte, Yahia Zoubir incidió en que aún no se han calculado del todo las implicaciones de los denominados Acuerdos de Abraham alcanzados en 2020 con un papel determinante de la administración Trump, por los que múltiples estados árabes firmaron acuerdos de normalización de relaciones con Israel. En particular, la normalización de relaciones entre Marruecos e Israel en diciembre de 2020 tuvo como contraparte el reconocimiento por parte de Estados Unidos de soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Para Zoubir, el tensionamiento de la situación política con respecto al territorio es una situación ante la que Europa “debe despertar” y tratar de buscar junto a los Estados Unidos de Biden “una solución”.

Una vez finalizadas las intervenciones de clausura, Itxaso Domínguez de Olazábal y Karim Hauser despidieron el evento agradeciendo a ponentes y espectadores en nombre de Fundación Alternativas y Casa Árabe.

La Fundación Alternativas celebró el lunes 5 de abril, en colaboración con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), un coloquio con su secretaria general, Rebeca Grynspan, previamente a la XXVII Cumbre Iberoamericana de Andorra del próximo 21 de abril.

El encuentro fue presentado por Vicente Palacio, director de Política Exterior de la Fundación, y moderado por Erika Rodríguez, coordinadora para América Latina. Por parte de Fundación Alternativas también participaron Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo; Joaquín Estefanía, miembro del Patronato, e Inmaculada Ballesteros, directora de Cultura y Comunicación. Junto a una veintena de reconocidos expertos de diversos perfiles profesionales y académicos, Grynspan repasó la situación actual de la región latinoamericana, marcada por la crisis de la pandemia, y expuso algunas de las principales incitativas para la próxima Cumbre en relación con otros foros y programas multilaterales en marcha en múltiples áreas: vacunación, financiación, medioambiente, digitalización, educación o cultura.

La Fundación Alternativas y la Embajada de Sudáfrica en España celebraron el martes 23 de marzo un encuentro online titulado “Human rights in a time of crisis: finding solutions, from South Africa to Spain”, con el objetivo de reflexionar acerca de cómo el estado de los derechos humanos se ha visto negativamente afectado debido a las consecuencias de la pandemia de la COVID-19, así como explorar posibles respuestas que contribuyan favorablemente a la recuperación socioeconómica. Asimismo, dicho coloquio ha sido motivado por la voluntad de las instituciones organizadoras de conmemorar el Día de los Derechos Humanos que Sudáfrica celebra cada 21 de marzo, en memoria de los funestos acontecimientos de la década de los 60 en Sharpeville.

El evento fue iniciado por Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, y por Thenjiwe Ethel Mtintso, embajadora de Sudáfrica en España. Por un lado, López Garrido se refirió a dos grandes problemas mundiales, como la pobreza infantil y la violencia de género, que han sido notablemente afectados por la pandemia de la COVID-19, y a la necesidad de dedicar mayores esfuerzos con el fin de luchar contra la desigualdad de género y de oportunidades, de establecer métodos efectivos y equitativos que limen estas diferencias y eliminar cualquier tipo de discriminación racial, étnica, sexual o de género. A continuación, la embajadora Mtintso hizo alusión a la situación desfavorable que sufren especialmente los jóvenes y las mujeres en Sudáfrica y abogó por un compromiso mundial en el que se defiendan verdaderamente los derechos humanos y “salvemos vidas”, puesto que “todos estamos en el mismo barco”.

En la mesa redonda se contó con la participación de Hlengiwe Mkhize, viceministra sudafricana de la Mujer, la Juventud y las Personas con Discapacidad, Fernando Fernández-Arias, Director General de Naciones Unidas, Organismos Internacionales y Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, y Bafana Khumalo, cofundador de la ONG sudafricana Sonke Gender Justice; el coloquio fue moderado por Elsa Aimé González, coordinadora del panel África Subsahariana de la Fundación Alternativas.

En primer lugar, Hlengiwe Mkhize abordó cómo la pandemia de la COVID-19 ha sacudido agresivamente a todo el orden internacional, destacando la manera en que ciertos países han sido perjudicados en diferente medida. Según la viceministra sudafricana, la COVID-19 ha corroborado la existencia de las grandes desigualdades y violaciones de derechos humanos que siguen prevaleciendo a día de hoy, especialmente en cuanto a los derechos de la mujer. Por ello, exhortó a una mayor integración y participación de las mujeres, incluyendo los derechos de las mujeres que viven en entornos rurales o de grupos marginados y recordando la importancia de darles voz para afrontar los desafíos que la pandemia está dejando en el panorama socioeconómico. Además, destacó la importancia de los avances y beneficios de la tecnología, como el acceso a Internet, que permitan conformar un ambiente competitivo y empoderar a la población joven africana para poder desarrollar sus habilidades y competencias. Finalmente, Mkhize subrayó la relación entre los gobiernos de España y Sudáfrica, dado que ambos países son Estados miembros de la Comisión Internacional Contra la Pena de Muerte (CIPM), luchando contra la abolición de la pena de muerte en todo el mundo.

LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN RACIAL

Seguidamente, Fernando Fernández-Arias hizo hincapié en el gran avance político-social de Sudáfrica desde el fin del apartheid en 1994, así como el gran papel que ha desempeñado dicho país en la lucha contra la discriminación racial. En la misma línea de pensamiento que López Garrido, el director general coincidió en cómo la COVID-19 ha contribuido a acelerar las desigualdades e incapacidades de individuos que están expuestos a la discriminación racial, a la pobreza y al casi inexistente de acceso de los medios básicos, como es el cuidado sanitario y la educación. Además, afirmó que los impactos ocasionados por la pandemia han sido de una medida profundamente desproporcionada, de manera que ha perjudicado considerablemente a las mujeres y a los niños. Por otra parte, Fernández-Arias enumeró algunas de las medidas que se están llevando a cabo desde el gobierno de España desde la aparición de la COVID-19, como apostar por una recuperación efectiva y sostenible que respete los derechos humanos y el impacto sanitario en mujeres y niñas, la adopción de una política exterior feminista con la que se logre alcanzar la igualdad de género, un nuevo plan solidario de vacunación que proporcione un rápido acceso a nivel mundial y, sobre todo, a países que tengan mayores dificultades, la creación de reservas estratégicas, etc.

Por último, Bafana Khumalo aludió a los impactos negativos que ha sufrido tanto la agenda para el desarrollo como el ámbito económico, provocando desafíos globales socioeconómicos enormes, como la seguridad alimentaria y la asistencia sanitaria. De ahí que el ponente abogase por programas y mecanismos capaces de desarrollar respuestas y aportar soluciones concretas ante las tendencias actuales que se están viendo intensificadas por la pandemia. Por ello, Khumalo insistió en que los gobiernos deben trabajar conjuntamente para aliviar y mitigar estos impactos socioeconómicos en países donde se han visto más perjudicados por la aparición de la COVID-19 y ha aumentado aún más si cabe la dificultad para acceder a los recursos básicos.

El encuentro finalizó con una actuación especial por parte de la artista sudafricana Tu Nokwe, acompañada de Biko Star y Manna Hero, para dar visibilidad a la iniciativa social del Amajika Youth & Children Arts Project, una escuela artística en Johannesburgo con un fuerte compromiso con jóvenes desfavorecidos.

TEXTO: Carolina Conde García

La Fundación Alternativas organizó este miércoles el webinar “Argelia, dos años después del Hirak” con motivo de la presentación del documento de trabajo “Argelia y el Hirak: Parálisis Política Frente a Dinámicas Sociales”. El encuentro contó con la participación de la autora de dicho documento, Laurence Thieux, profesora del Departamento de Relaciones Internacionales e Historia Global en la Universidad Complutense de Madrid; de Salah Eddine Salhi, investigador asociado al GRESAM; de Aurelia Mañé, profesora de política económica y de relaciones energéticas internacionales en la Universitat de Barcelona; y de Miguel Hernando de Larramendi, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad de Castilla-La Mancha. La presentación corrió a cargo de Vicente Palacio, director del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas, y la moderación de Itxaso Domínguez de Olazábal, coordinadora del Panel de Oriente Próximo y Norte de África de la Fundación Alternativas.

Con el trasfondo de la reanudación de las protestas multitudinarias en Argelia con motivo del segundo aniversario del Hirak el pasado 22 de febrero, el documento se detiene a analizar, entre otras cosas, los efectos que ha tenido y tiene este movimiento social y como ha tratado de responder el régimen político, a la vez que aporta contexto socioeconómico e internacional.

Para Thieux, la situación política argelina responde al hecho de que “ante una sociedad en marcha hay un sistema político marcado por el inmovilismo”. En este sentido, el Hirak sigue vivo mientras el régimen es incapaz de reformarse desde dentro —más allá de los movimientos cosméticos de los últimos dos años con la salida del poder del expresidente Abdelaziz Bouteflika— y de responder a las demandas de la población, a la vez que agota su legitimidad histórica basada en la revolución, el control de los hidrocarburos y su posición estratégica, tres rentas que afianzaban el sistema político.

Salhi, por su parte, destaca como el Hirak buscó definir un nuevo contrato social de la mano de una juventud que solo conocía a un presidente y que, históricamente, había sido caracterizada como “apolítica”, pero que en este movimiento adquirió un gran protagonismo. También nos recuerda “la presencia de familias y de la mujer dentro de la esfera pública” en el Hirak. En este sentido, este movimiento se ha mantenido pese al freno que ha supuesto la COVID-19, manteniendo las movilizaciones a través de las redes sociales y con un nuevo protagonismo de la diáspora, que ha tenido un papel clave en continuarlo. Asimismo, Salhi nos recuerda que el Hirak “es un movimiento que se caracteriza por su heterogeneidad y que rechaza toda forma de organización”, a lo que Hernando de Larramendi añade que es una fortaleza, pero a la vez una debilidad, pues este motivo le ha impedido articularse políticamente y ha hecho que el Gobierno y varias cancillerías europeas consideren que el régimen terminará por imponerse.

Abordando la cuestión económica y energética, Mañé nos recuerda como en 1971, año de la nacionalización de los hidrocarburos, estos últimos pasaron a dominar la economía y narrativamente se dejó de pensar en la situación económica previa, algo que habría que recuperar de cara a una posible transición económica. Por otro lado, la profesora afirma que “no se ha consumado la ruptura del contrato social, pues el Estado distribuidor, que no el rentismo, sigue en pie y si cambiamos el contrato social hay que cambiar también el Estado distribuidor”. Esto, además, se encuentra con la contradicción de que la juventud que ha protagonizado el Hirak es hija del rentismo y del Estado distribuidor, lo que supone un límite del Hirak. Por otro lado, abordando las debilidades del modelo de los hidrocarburos en cuanto al precio internacional y a la producción interna que trata el documento, Mañé considera que una transición desde este modelo no es sencilla al depender de la división internacional del trabajo y que el nearshoring y la inversión extranjera tiene sus límites, a la vez que señala los cambios que van a acompañar a la aparición de nuevos actores como China y su Nueva Ruta de la Seda, a la que Argelia se ha adherido.

Por último, el debate se detuvo sobre la política exterior argelina y sus relaciones internacionales. Aquí, Hernando de Larramendi señaló como estos últimos años han estado marcados por la pérdida de influencia y las nuevas alianzas, tendencia que se ha acelerado con el Hirak. Este movimiento ha reducido su influencia, pero el comienzo del repliegue se encuentra en 2013, con el inicio de la enfermedad de Bouteflika y la parálisis presidencial consiguiente. Asimismo, “el Hirak ha puesto al régimen a la defensiva y está llevando a flexibilizar algunos de los principios de sus relaciones exteriores como la defensa de la soberanía, la no injerencia o la prohibición del envío de tropas hacia el exterior”, como se puede observar en la búsqueda del apoyo de Rusia y China a su estabilidad interna o la reforma constitucional del pasado año, que permite la implicación del ejército argelino en conflictos externos. Con estos dos países, Argel comparte principios y valores de política exterior y se está materializando un acercamiento de las relaciones en muchos ámbitos como la Nueva Ruta de la Seda o la ‘diplomacia de las vacunas’. Con respecto a la UE, las relaciones están marcadas por las exportaciones energéticas y tienen un marcado carácter asimétrico. Aquí, Argelia buscaría resaltar su valor como defensor de la seguridad y estabilizador regional, sobre todo en relación con Libia y Mali. Miguel Hernando de Larramendi destacó las tensiones con Marruecos, respecto a lo cual “habría una impresión en Argelia de que Marruecos busca aprovechar su debilidad política para consolidar su posición en el Magreb y, sobre todo, en el Sáhara Occidental”.

TEXTO: Manuel Fernández Illera

La Fundación Alternativas celebró un coloquio online titulado ‘Transiciones políticas y alternancia democrática en el cuerno de África’, con el objetivo de abordar las tendencias políticas actuales en los países del ‘Gran Cuerno de África’, con especial atención a los casos de Uganda, Etiopía y Sudán. La situación política en la región ha evolucionado de forma significativa respecto con los últimos años: Etiopía, Sudán y Uganda se encuentran en una nueva coyuntura que presenta enormes retos que deberán afrontar los sistemas de gobierno de cada país. Los ponentes incidieron en la importancia de los efectos que ha ocasionado la aparición de la pandemia del COVID-19 en sus contextos políticos, sociales y económicos, lo que ha llegado a agravar y acentuar aún más la situación en cada país. El encuentro estuvo moderado por Elsa Aimé González, coordinadora del Panel África Subsahariana del Observatorio de Política Exterior de la Fundación Alternativas.

En primer lugar, María Ángeles Alaminos Hervás, profesora en el Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Loyola Andalucía, e integrante del Panel de África Subsahariana de la Fundación Alternativas, incidió en el grave contexto de crisis económica y sanitaria en Sudán, acrecentado por la pandemia de la COVID-19. Asimismo, la situación política tampoco resulta favorable, pues tras el derrocamiento de Omar al Bashir en abril de 2019, después de aproximadamente 30 años en el poder, el país se encuentra en un proceso de transición democrático que no está cumpliendo las expectativas iniciales. Alaminos señaló que no se han terminado de formar elementos clave para la instauración de la democracia como un consejo legislativo o el poder judicial, lo que ha restado credibilidad al proceso de transición. Por otra parte, la ponente manifestó la necesidad de obtener apoyo financiero internacional que pueda contribuir a la salida de la crisis económica y sanitaria, así como reforzar ese inicio a la transformación democrática de la política sudanesa.

Iván Navarro Milián, investigador sobre conflictividad armada y construcción de paz (ECP-UAB y GEA-UAM) e integrante asimismo del Panel de África Subsahariana de la Fundación Alternativas, habló de cómo la inestabilidad regional ha actuado, a diferencia de otros países, como mecanismo de construcción del Estado ugandés durante los últimos 35 años, contribuyendo así al fortalecimiento de sus instituciones políticas y jurídicas. Debido al panorama general del continente africano a principios del milenio y con las denominadas “primaveras africanas” a partir de 2010, se produjeron movimientos sociales principalmente de mujeres y jóvenes ugandeses y ugandesas. No obstante, aunque en Uganda se haya tomado la vía del cambio político, este proceso se ha visto envuelto en ocasiones en violencia y medidas coercitivas, lo que ha contribuido a que los líderes políticos se hayan mantenido en el poder.

Josep María Royo Aspa, investigador del Programa de Conflictos y Construcción de Paz de la Escola de Cultura de Pau (UAB), abordó cómo las movilizaciones sociales en Etiopía a partir de los 2000 supusieron un punto clave para establecer las raíces de la transición política que la población etíope exhortaba. Sin embargo, el federalismo étnico impuesto en 1991 no ha resuelto la cuestión nacional del país ni ha conseguido frenar las desigualdades socioeconómicas. Por ello, destaca igualmente que la población etíope ha sido testigo de grandes y graves represiones por parte del régimen, dando lugar a altas cifras de pérdidas humanas, movilizaciones sociales y encarcelamientos. Con la llegada de Abiy Ahmed Ali al poder en 2018, se llevaron a cabo una serie de transformaciones para el cambio político, aunque no ha dado la respuesta esperada a las demandas de la población etíope.

APERTURA DEMOCRÁTICA

Una vez analizada la situación de estos tres países, el encuentro prosiguió abordando cómo en esta región del continente africano se ha constatado una fuerte demanda social por el cambio político, la redistribución de poderes y la mejora de las condiciones de vida. Sin embargo, los decisores políticos internos se han mostrado generalmente reticentes a facilitar tal apertura democrática y demás aspectos que exige su respectiva población.

En cuanto a las perspectivas de futuro para las movilizaciones sociales de estos países, todos coincidieron en la dificultad y compleja situación de la polarización social en Etiopía, la acumulación del poder militar en Sudán y la presión interna y externa en Uganda. María Ángeles Alaminos, refiriéndose a la situación en Sudán, recordó que, a pesar de encontrarnos en un momento de esperanza, no es una situación fácil ni a nivel interno ni externo. Sudán debe enfrentar la crisis económica y los conflictos que tienen lugar en las regiones periféricas para poder concluir de manera exitosa con la transición política. Asimismo, aludió a la ausencia de apoyo externo por parte de la comunidad internacional, la cual se mantiene escéptica ante dicho contexto de transición política democrática.

En la misma línea de pensamiento, Iván Navarro Milián consideró que las organizaciones internacionales se manifiestan como parte del problema y no como parte de la solución. Por ello, hizo hincapié en la necesidad de un cambio de paradigma y entender estos problemas como una realidad global, no un problema interno del continente africano. De acuerdo con lo anterior, Josep María Royo Aspa incidió en la importancia de abandonar las políticas de “doble rasero”, traficando y comerciando con armas al mismo tiempo que se pretende defender la estabilidad y apoyar los cambios políticos en el cuerno de África.

TEXTO: Carolina Conde García