La Fundación Alternativas organizó este viernes el debate on-line titulado ‘Una nueva agenda social de la Unión’, con el objetivo de dar a conocer los resultados de una encuesta, realizada por la empresa demoscópica 40dB, sobre las percepciones y preocupaciones de la ciudadanía española en estos momentos de máxima inquietud por el impacto del Covid-19. 2020 es el año de la gravísima pandemia que está golpeando al continente europeo, pero también el del lanzamiento de la Conferencia sobre el futuro de Europa, por lo que es más que nunca necesario dar voz a la ciudadanía y promover un diálogo entre instituciones europeas, los Estados miembros y la sociedad civil, para abordar las transformaciones necesarias para una Europa más democrática, justa e inclusiva. Moderado por Sabela Rodríguez, periodista de Infolibre, el encuentro virtual contó con varios expertos en la materia.

Belén Barreiro, directora de 40dB  y ex presidenta del CIS, apuntó que “estamos en un momento en que era necesario tomarle el pulso a la ciudadanía en plena crisis del covid-19, en lo que se refiere a sus demandas y preocupaciones, y nos encontramos con que una mayoría reclama una mayor protección de los intereses de los colectivos más vulnerables, siendo los primeros los trabajadores, seguidos de los jubilados, además de las mujeres y los jóvenes”.  

La experta, que reveló los resultados de la encuesta, subrayó que la visión de la ciudadanía española, casi por unanimidad, es que cualquier europeo debe tener “derecho a las políticas sociales” en todos los Estados (8 de cada 10), mientras que 6 de cada 10 se muestran a favor de “crear una fiscalidad común”. Sobre una posible “subida de impuestos” para fomentar las políticas sociales, también 6 de cada 10 se mostraron partidarios; sin embargo, “nos hemos encontrado con una división en la derecha, ya que los votantes del PP sí apoyan esta medida, mientras que los de Vox la rechazan”.

Por otro lado, 7 de cada 10 españoles defienden la “creación del salario mínimo, el ingreso mínimo vital y la protección por desempleo”. Sobre quién debe gestionar las políticas sociales, “nos hemos encontrado respuestas contradictorias: 4 de cada 10 quieren que las competencias estén repartidas entre los Estados miembro y la UE, y también 4 de cada 10 prefieren que sean responsabilidad de los Estados miembro y, en el caso de la sanidad, vemos que una mayoría pide que recaiga en los propios Estados, debido a la situación de emergencia actual y a la buena reputación que tiene la sanidad en España”.

En lo que se refiere al impacto de la pandemia y al papel de la Unión Europea, la valoración es “positiva, pero no sobradamente, ya que al comienzo de la crisis los ciudadanos se mostraron muy críticos con la gestión europea, y ahora lo son bastante menos, siendo la aprobación del fondo de recuperación el punto de inflexión para una mejor valoración de las instituciones comunitarias. Un 56% de los ciudadanos valora positivamente las ayudas aprobadas por la Unión, frente a un 17% que se muestra en contra”.

Sobre el destino de los recursos europeos, un 72% opina que deben dedicarse a la sanidad, seguida de la educación y de las políticas sociales en general. La sociedad española es, en su mayoría, proeuropea: el 63,4% se considera bastante o muy europeísta. Los ciudadanos españoles consideran que, aunque es relevante, no es prioritario para el país tener mayor protagonismo dentro de la Unión Europea.

Unai Sordo, Secretario General de CCOO, valoró las conclusiones de la encuesta como “positivas", sobre todo teniendo en cuenta que “la valoración de los participantes ha variado a lo largo de la crisis del covid en función de la respuesta de la UE”. A su juicio, la investigación de Barreiro revela un “europeísmo crítico, con sesgos según el perfil ideológico de los encuestados, donde se empieza a apreciar un vector nacionalista y antieuropeo que se canaliza en Vox pero, aparentemente, se disocia del votante del Partido Popular”.

VISIÓN PROGRESISTA

Sordo destacó una “visión progresista de la ciudadanía”, ya que una gran mayoría señala la necesidad de “reforzar nuestro sistema sanitario, así como la educación, la fortaleza industrial, la investigación, el desarrollo y la innovación”. En un momento de “extrema polarización política”, la población española se muestra alineada con los “grandes objetivos transicionales de nuestro país, que pueden tener un recorrido en función de cómo utilicemos los recursos europeos, pero también de cómo implementemos las políticas fiscales, sectoriales e industriales en los próximos tiempos”.

Lina Gálvez, eurodiputada socialista, recordó que las competencias en materia social “corresponden principalmente a los países”, pero como respuesta a las políticas erróneas de austeridad, que supusieron un “incremento de la desigualdad, de la deuda y del descontento social”, la UE estableció en 2017 el pilar social europeo, para “fomentar” la igualdad de oportunidades y el acceso al mercado laboral, unas condiciones de trabajo justas, y una protección social adecuada y sostenible. Sin embargo, “mientras no cambiemos las políticas económicas de corte deflacionista difícilmente vamos a poder mejorar, tendiendo además en cuenta que las fuerzas nacionalistas no están por la labor”  

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas: “En la crisis de 2008 se puso de manifiesto la necesidad de crear un pilar social comunitario, pero la reunión de 2017 en Gotemburgo al respecto fue insuficiente, ya que no se atribuyeron competencias jurídicas en los Tratados europeos en temas sociales. Esta crisis del coronavirus, sanitaria y económica, pone más de relieve la necesidad de activar una sólida política social a nivel continental. Tenemos una oportunidad por delante con la Conferencia para el Futuro de Europa, que se abre a una posible reforma de los Tratados para introducir el deseado y deseable pilar social de la Unión”.