La Fundación Alternativas organizó la presentación virtual del informe ‘Las plataformas digitales bajo demanda en España’, de Raúl Sánchez, miembro del Centro de Innovación en Tecnologías para el Desarrollo de la UPM (ItD-UPM); y el consultor Bernardo Navazo. El documento analiza la contribución social y económica de la economía de plataformas e invita a abordar los retos que la digitalización plantea, a través de espacios amplios de acuerdos y consenso. Con el objetivo de promover soluciones para potenciar los beneficios y las ganancias de la productividad de la digitalización, y minimizar los impactos negativos, el trabajo propone una serie de sugerencias orientadas a acompañar el desarrollo del sector tecnológico del país, con propuestas como la creación de una Oficina de Consulta para la definición de proyectos disruptores, adaptación del régimen fiscal o el empleo de técnicas legislativas que permitan ‘testar’ proyectos innovadores con impacto regulatorio -como ‘sandbox’ o ‘wait and see legislation’-, minimizando así el riesgo de perjuicios excesivos.

Las plataformas digitales emergen como vehículos de alto impacto sectorial, innovación, atracción de capital, creación de trabajo y nuevas salidas profesionales. El Valor Agregado Bruto de las plataformas tecnológicas se estima en 42 mil millones de euros al año en la UE (alrededor de un 2,7 % del PIB comunitario) y un creciente porcentaje de la población activa, que hoy frisa el 10 %, recibe ingresos al menos una vez al año de diferentes plataformas. Los datos económicos en Europa muestran su enorme potencial. Se estima que, en 2025, cinco sectores destacados de la economía colaborativa podrían generar unos ingresos globales de 335 mil millones de euros.

Según Sánchez las plataformas digitales son ya de “gran importancia” para todos los sectores y nos afectan de manera positiva: “¿Alguien se hubiera imaginado el confinamiento sin Internet?”. El experto aclaró que las empresas con mayor valor en bolsa a nivel mundial tienen un elevado componente “tecnológico y de innovación”, y son las que más han “incrementado su facturación” en los últimos meses, y el gran factor diferencial es Internet: “Más de 4000 millones de personas usan esta tecnología”.

Sánchez recordó que la digitalización se ha convertido en una “necesidad a todos los niveles”, y forma parte de “nuestro día a día para comprar, comunicarnos o informarnos”, y va a ser una “canal fundamental” incluso para las Pymes y para “dar servicio” a toda la población. No obstante, aclaró que es un “tema controvertido”, aunque cualquier “fenómeno de transformación” genera rechazo: “Ya ocurrió cuando apareció el primer automóvil en Detroit o la primera lámpara en una calle de Londres”.

Se prevé que el subsector de plataformas de ‘delivery’ doble anualmente su impacto económico en nuestro país, desde los 643 millones de euros en 2018 hasta los estimados 2.277 millones de euros para 2020. A ello se suman otros impactos nada desdeñables: reducción de los costes de entrada al mercado laboral de los más vulnerables, el afloramiento de economía sumergida por la trazabilidad de los pagos, la digitalización del sector de hostelería y de la pyme y la mejor adaptación a los nuevos patrones de consumo y trabajo.

IMPACTO SOCIOECONÓMICO

Navazo, por su parte, aludió al gran impacto socioeconómico de las plataformas, con una “contribución brutal” al PIB y al empleo; una importante “reducción de los costes de entrada” al mercado laboral; una destacada huella en la “economía sumergida de hostelería y de movilidad”, ya que la digitalización “nos permite tener un mayor control, visibilidad y efecto recaudatorio sobre estos sectores, que generan mucho dinero negro”; una contribución al “acceso” al ‘delivery’ para Pymes, restaurantes y pequeños negocios; y un relevante “ahorro de tiempo que nos permiten conciliar mucho mejor”.

El consultor afirmó que el ‘delivery’ es un “servicio esencial”, y la pandemia ha acelerado muchos procesos digitales y “nos ha ayudado a entender la relevancia que tiene este sector de las plataformas”. A su juicio, “la revolución digital ha provocado un choque exógeno y modificado los procesos de valor socioeconómico, y ha permitido enormes ganancias de productividad; pero, a la vez, ha tensionado los marcos jurídicos a nivel de empleo o de licencias VTC o de taxi. Estamos en el proceso de volver a redactar nuestro contrato social y de reacomodar nuestras relaciones socioeconómicas a la nueva realidad tecnológica, pero cada sociedad tiene un conjunto de valores que desea respetar, y eso es lo que genera conflictos. En España decimos que estamos a favor de la innovación, pero nuestro estatus jurídico la disminuye. Sin embargo, durante la pandemia nos hemos dado cuenta que la innovación es un valor tanto o más importante que la seguridad jurídica”.

También participaron Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas; José Moisés Martín, director de Red2Red; Luz Rodríguez, profesora titular en la Universidad de Castilla-La Mancha; José Luis Zimmermann, director general de Adigital; y Emilia Pérez, directora de Economía de Agencia EFE.