La Fundación Alternativas organizó este jueves un debate on-line titulado 'Corrección de desigualdades en la distribución de la riqueza', con la presentación del documento 'El papel de la empresa en la reducción de las desigualdades sociales', de Bruno Estrada, economista y adjunto a la dirección de CCOO, con el objetivo de analizar las transformaciones que debe afrontar la empresa, con su capacidad de estimular la cooperación, para tener un papel relevante en la modernización social. En los últimos 50 años se ha producido un brusco descenso de la participación de los salarios en el PIB en las economías de la OCDE. Sin embargo, esto no sucedió en el pasado, en los ‘treinta años dorados’. Uno de los factores clave en ese estancamiento salarial ha sido la disminución del poder de negociación de los trabajadores, que tiene causas políticas.

Según Estrada, para invertir la “tendencia a la desigualdad” y que España avance hacia una “economía de mayor productividad”, para buscar un escenario win-win como muestra el caso de Suecia –donde en los últimos 30 años la productividad ha crecido en más de un 40%, y los salarios reales lo han hecho aún más que la productividad-, “el papel de la empresa es clave”, tanto para impulsar de forma conjunta el esfuerzo inversor privado, aumentando el capital físico de la empresa y la innovación tecnológica, como para “equilibrar el poder de negociación entre accionistas y trabajadores”.

Para el economista, es necesaria una “innovadora política industrial” que incentive la reinversión productiva de los beneficios de las empresas, favoreciendo que estas apuesten por una creciente complejidad productiva y redirijan sus producciones hacía “bienes superiores”, esto es, incorporando “valor de obra de arte” a los bienes y servicios que fabrican.

También es imprescindible una “modernización de las relaciones laborales” y, en particular, del marco institucional de la “negociación colectiva”, que reequilibre el “poder de negociación” entre los trabajadores y los accionistas, lo que permitirá “contrarrestar el impacto negativo que, hasta ahora, han tenido el cambio tecnológico y la globalización sobre la desigualdad”. Un elemento clave a la hora de “impulsar” un incremento de la productividad de las empresas, por tanto, es “incentivar la reinversión de beneficios”, para lo que podría contemplarse un “tipo menor” en el impuesto de sociedades para los beneficios que voluntariamente se “reinviertan productivamente en la empresa”. El desarrollo de “eficaces instrumentos” de información y consulta al comité de empresa sobre el “destino de estos recursos” vincularía ambos procesos, modernizando las relaciones laborales.

Estrada puntualizó que estas propuestas permitirían que las empresas españolas “redujeran su dependencia de una financiación excesivamente volátil”, cuyo único objetivo es “obtener una revalorización inmediata” de la inversión a costa de los resultados productivos a medio plazo, lo que “precariza el empleo” y hace más frágiles a las empresas en una coyuntura recesiva; lograran una “mayor estabilidad en la gestión” y, por tanto, en la financiación de proyectos tecnológicos e inversores con procesos de maduración largos que “mejoran la capacidad competitiva” a largo plazo; mejoraran su productividad, ya que esta depende en gran medida de la “reinversión de los beneficios en I+D”, en la modernización de los bienes de equipo y en la formación de los trabajadores; y reforzaran el efecto sede, en las empresas multinacionales nacionales, “facilitando la concentración en nuestro país de las partes del proceso productivo de mayor valor añadido”.

Estrada recordó que el dinero es un “magnífico incentivo” para movilizar la voluntad de millones de seres humanos, aunque el principal problema que plantea el capitalismo, en términos de organización humana, es que los objetivos para los cuales se coopera son determinados por los “grandes propietarios de capital”, y habitualmente tienen que ver con acrecentar su “poder y riqueza”. A partir de los años cincuenta del siglo XX, varios países europeos -en Suecia fueron pioneros, ya que tuvieron los primeros gobiernos socialdemócratas en los años veinte- mejoraron el poder negociación de los trabajadores sobre sus salarios y condiciones de trabajo -algo menos en EEUU-, y desarrollaron “fuertes mecanismos redistributivos” implantados mediante el Estado del Bienestar, conformando un sistema económico, social y político, que se puede definir como un “capitalismo con una fuerte regulación pública-democrática”, que ha permitido la generación de suficiente riqueza material y una “distribución mucho más equitativa que en el pasado”.

CAPITALISMO Y DEMOCRACIA

Esa mezcla de capitalismo y democracia ha permitido que un que un “elevado número de personas fueran más libres” -el sentimiento de libertad tiene un importante componente material, esto es, de superar estadios de pobreza, como se ha encargado de recordarnos Amartya Sen– y, por tanto, más felices. Pero ese mismo éxito del capitalismo en “generar abundancia” -aunque muy desigualmente repartida-, en “proveernos de bienes que procuran confort material está produciendo un profundo cambio en la escala de valores morales del ser humano, algo que se ha venido ignorando en gran parte de los análisis económicos, políticos y sociales”.

Según Estrada, para construir sociedades más igualitarias y más libres, hay que encontrar un “equilibrio entre democracia y capital”, por lo que resulta “imprescindible repensar la economía desde la democracia”. Encontrar este equilibro no es fruto de un “punto de equilibrio teórico”, sino de la “correlación de fuerzas” que hay en cada época histórica en cada sociedad, y en las herramientas que se utilizan para ello. Por un lado, no se puede “circunscribir la democracia” al ámbito político-estatal, sino que ésta debe “inocularse” en las células básicas de la economía, que son las empresas, lo que exige una “distribución más equitativa” de la toma de decisiones en la empresa. La empresa debe “transformarse” si quiere jugar este “papel relevante” en la modernización social.

También participaron en el debate Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas; Ignacio Santillana, economista y patrono de la Fundación Alternativas; Nuria Rodríguez, directora de Medioambiente y Responsabilidad Social de Naturgy; Gloria Juste, directora de Proyectos de la Fundación Endesa; Carlos Fernández Cárcoba, gestor del Programa CaixaProinfancia del Área de Inclusión Social de la Fundación 'la Caixa'; Vicente Salas, profesor en la Universidad de Zaragoza; y Francisco Ros, ingeniero de Telecomunicación.