Los economistas argentinos Óscar Cetrángolo y Javier Curcio, del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Económicas de la Universidad de Buenos Aires, impartieron una charla en la Fundación Alternativas en la que presentaron su trabajo ‘Gasto Público en América Latina: Evolución de largo plazo, financiamiento tributario y desafíos futuros’. Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de la Fundación Alternativas, fue el encargado de moderar la sesión.

La exposición se centró en la política de gasto, que durante los ochenta estuvo dominada por la emergencia; en los noventa por la búsqueda de mayor eficiencia y en los 2000 aumentó la preocupación por la equidad. Asimismo, la tributación acompañó esa trayectoria, pero con rasgos muy peculiares y una tendencia general más clara, y el desafío de futuro es encontrar una nueva síntesis que permita balancear los diferentes objetivos de política.

Entre las finalidades del trabajo destacan la evaluación de la evolución de gastos públicos de los países latinoamericanos durante las últimas décadas, diferenciando grupos de países y políticas sectoriales; la revisión de los cambios pasados y situación actual en materia de tributación, y el análisis de desafíos futuros en materia de ingresos y gastos, con especial referencia a la diversidad de situaciones.

En lo que se refiere al gasto público por países, el informe señala un primer grupo con un nivel superior al 40% del PIB (Argentina y Brasil); un segundo grupo entre el 30% y el 40% del PIB (Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay y Venezuela); un tercer grupo entre el 20% y el 30% del PIB (Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y R. Dominicana) ; y un último grupo menor al 20% del PIB (Guatemala, Haití y Paraguay) y con bajas tasas de crecimiento.

Sobre los desafíos futuros, el estudio subraya como necesarios la consolidación de la inclusión educativa con mejoras en su calidad; la reducción de la fragmentación de los sistemas de salud y su alcance universal; la disponibilidad de pisos de protección social y sistemas contributivos sostenibles para la población mayor; el respaldo a pisos garantizados de protección de ingresos a través de programas de transferencias monetarias; el apoyo y reorientación de la inversión pública hacia programas con mayor impacto para el desarrollo; y el fortalecimiento de las burocracias estatales.