El Parlamento Europeo aprobó recientemente la reforma de la controvertida ley de Copyright, que regulará la publicación de contenidos a las grandes plataformas de vídeo, como Youtube, e impondrá una tasa por compartir extractos de artículos de medios de comunicación (artículo 11). En esta nueva directiva destaca el artículo 13, que establece la obligación a las plataformas de filtrar el contenido que suben los usuarios antes de su publicación para detectar si vulnera los derechos de autor.

De esta forma, la normativa pretende garantizar que los creadores reciban una remuneración por la difusión de su trabajo en Internet, pero, por otro lado, todo apunta a que Google se verá obligado a gestionar millones de archivos cada día. La polémica está servida. En este sentido, la Fundación Alternativas, en colaboración con el Despacho Cuatrecasas, organizó un encuentro para tratar los diferentes puntos de vista sobre el artículo 13 y las implicaciones que supondrá su entrada en vigor, y presentó el informe ‘El papel de los contenidos generados por el usuario en la industria musical: conflictos y perspectivas’.

En un enconado debate, celebrado en la sede de Cuatrecasas, fueron muchos y variados los argumentos a favor y en contra de la nueva disposición. Para defender la postura de los creadores acudió Pilar Jurado, miembro de la Junta Directiva de la SGAE, que mostró su malestar por el cariz que ha tomado el uso de internet en los últimos años. A su juicio, la cultura tiene que ser “remunerada” y el universo digital debe estar “absolutamente regulado”, ya que la red ha lanzado el mensaje de que “todo es gratis cuando no es así”, y la situación ha provocado “desequilibrios”. Jurado, soprano y primera mujer en llegar como compositora al Teatro Real, subrayó que los artistas son los más “afectados” por la situación ya que existe un “negocio encubierto” que utiliza sus contenidos en internet.

Por su parte, Ofelia Tejerina, de la Asociación de Internautas, defendió el libre uso del ciberespacio porque “proporciona nuevos modelos de negocio y cualquier joven sabe que puede tener éxito gracias a la red, cuando hace 20 años o tenías enchufe o no triunfabas”. En su opinión, no se puede “permitir” el control de información por “intereses económicos”, ya que las nuevas plataformas ofrecen “comodidad” y no tiene sentido que en España se hable de “piratería”.

Antonio Vargas, director de Políticas Públicas de Google, destacó que el artículo 13 afecta a “todos los contenidos” generados por los usuarios, y puso de manifiesto la dificultad que conlleva la nueva ley, porque en un minuto se suben “480 horas de vídeo a Youtube”, imposibles de filtrar. Asimismo, el ejecutivo del gigante tecnológico estadounidense mostró su preocupación en aspectos como la “responsabilidad ‘ex ante’ o el hecho de garantizar la transparencia y el precio justo”.

Según Héctor Fouce, autor del informe y colaborador de la Fundación Alternativas, la cuestión está en cómo se controlan los contenidos y en cómo circulan y se generan beneficios para los autores. Para este profesor de Periodismo de la Complutense existe una “crisis de madurez” en la industria cultural, mientras que percibe una cierta “frustración” en la UE por el dominio de la industria de las plataformas no europeas: “La mala relación con Google es latente”.

Amalia Pelegrín, responsable de Política Digital de la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica, vaticinó que la directiva va a ser un “obstáculo” porque sólo se centra en la “remuneración” de los autores y “perjudica” la libertad de expresión en internet. 

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, recordó que la normativa está “sin ultimar”, por lo que puede pasar “de todo”, mientras que Adriana Moscoso del Prado, directora general de Industrias Culturales y Cooperación, aclaró que “es necesario garantizar la seguridad jurídica del usuario y de las plataformas. Internet tiene que ser un lugar seguro y debe existir una colaboración entre todas las partes”.

A comienzos de 2019 tendrá lugar una segunda votación para ratificar o tumbar la ley. Cabe incluso la posibilidad de que los tribunales europeos impugnen los artículos 13 y 11, sobradamente criticados.

Daniel Leguina  @leguina_casas

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