La Fundación Alternativas, con la colaboración del Banco Santander, organizó este martes el debate on-line titulado ‘La Ley de Vivienda. Asignatura pendiente’, con el objetivo de analizar el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, promovido por el Gobierno, que incluye importantes medidas e instrumentos para alcanzar los objetivos de mejora del derecho a la vivienda. Recientemente, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, calificó la normativa como el “quinto pilar del Estado del Bienestar”, y como una “potente herramienta para luchar contra la desigualdad, marginalidad y la exclusión”. En el encuentro se expusieron las líneas generales y las novedades impulsadas en el texto normativo.

David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, puntualizó que la ley es una “asignatura pendiente”, porque “no sólo se trata de la conformación del texto normativo”, sino que “debemos solventar graves problemas estructurales en materia de vivienda que nunca hemos resuelto ni afrontado con la dimensión que debemos y, sobre todo, nunca se han planteado soluciones reales y efectivas a las circunstancias que afectan a gran parte de la población española, como es el hecho de tener una vivienda digna a un precio adecuado y asequible”.

Lucas recordó que se trata de la “primera ley estatal” de derecho a la vivienda, que encaja en el “Estado de Bienestar que hemos ido creando a lo largo de los años” que ha resuelto muchos de los problemas endémicos de la sociedad española. Avances como la educación universal pública, la sanidad pública, tan importante en estos tiempos de Covid, el sistema público de pensiones o las ayudas a la dependencia son los “pilares” del Estado de Bienestar. Pero todo esto entra en una cierta “relatividad” si los ciudadanos no tienen cubierto su derecho a la vivienda para acometer un “proyecto de futuro”. Es uno de los “problemas más importantes” que tiene España, y es el “quinto pilar” del Estado de Bienestar. Según Lucas, muchas personas no es que tengan “dificultades para llegar a fin de mes, es que no tienen cubierto el derecho mínimo de vivienda”, y los parques públicos son “escasos”. En la UE la media de parques públicos es del 9,3%, mientras que en España es del 2,5%, y en los Países Bajos ronda el 30%.

El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda aclaró que la nueva ley pretende articular medidas para “fortalecer” el parque público, y que las administraciones establezcan los “mecanismos de colaboración y cooperación” necesarios para su implementación. El problema no es sólo de número o de acceso a la vivienda, sino también de la calidad, ya que “no es lo mismo un confinamiento en un piso de 40 m2 que en uno de 300”. La ley no va a “solventar todos los problemas”, pero va a “poner los cimientos” para que las políticas de vivienda puedan ser “reenfocadas”, para afrontar soluciones para la “colaboración público-privada” y entre administraciones, y para la puesta en marcha de “mecanismos reales de cooperación” entre ayuntamientos, comunidades autónomas y el Estado, para generar ese “parque público de viviendas necesario” para el país.

"SOLUCIONES EFECTIVAS"

El político sostuvo que el problema es de tal “magnitud y complejidad”, que la “colaboración público-privada” va a ser fundamental, ya que “todos los actores” que participan en el proceso son “necesarios” para proponer ideas y enfocar “soluciones efectivas”. Esta ley nace desde el “respeto” a las autonomías, ya que tienen la “competencia exclusiva” en materia de vivienda, lo que no es óbice para que el Estado, en el “marco competencial general regulatorio que ostenta”, pueda establecer determinados parámetros generales “que el propio Tribunal Constitucional nos ha invitado a regular”. La ley intenta cumplir con el “mandato constitucional”, respetar a las comunidades autónomas y “salvaguardar” los derechos de la Constitución, cuyo Artículo 47 establece el derecho a una “vivienda digna y adecuada”, buscando el “equilibrio” con el Artículo 33, que habla del derecho a la propiedad, y el 33.2, que establece la “función social” que deben cumplir las viviendas en España.

El debate para constituir la ley, que ha durado más de un año, ha sido muy “intenso y rico desde el punto de vista intelectual” y de las diferentes iniciativas que han ido llegando, con dificultades reflejadas en los medios de comunicación, pero con el objetivo de ser la “base de desarrollo” de las futuras propuestas a implementar. La nueva ley “no pretende usurpar el derecho de propiedad”, sólo establecer una conjunción público-privada como elemento de referencia y “columna vertebral” de la normativa, así como un “blindaje” de los parques públicos de vivienda, que es “esencial”, y el compromiso de las administraciones públicas para “ayudar a los más vulnerables y a los jóvenes en el acceso a una vivienda digna”.

También participaron en el debate Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas; Ignacio de la Torre, economista jefe en Arcano Partners; Óscar Arce, director general de Economía y Estadística del Banco de España; y Carme Trilla, presidenta del Observatorio Metropolitano de la Vivienda.