La Fundación Alternativas, en colaboración con el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, ha organizado un debate titulado ‘El acceso a la vivienda en España: diagnóstico y alternativas’. El acceso a la vivienda se ha convertido en los últimos años en el principal desafío para amplias capas de la sociedad española, particularmente para la población más joven. A pesar de que tradicionalmente el mercado inmobiliario español se ha caracterizado por la preferencia por la propiedad (más del 80% de los hogares españoles tienen vivienda en propiedad), diferentes factores, entre los que se encuentran los bajos salarios y la precariedad del empleo juvenil, han influido en un desplazamiento de la demanda hacia el alquiler, lo que ha cambiado el panorama y ha supuesto un reto también desde el punto de vista regulatorio.

David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, anunció la pronta aprobación de una “ley de acceso a la vivienda” para que se haga realidad ese “derecho contemplado en la Constitución”, así como una “ley de arquitectura”. En este sentido, Parrón aclaró que el plan estatal estará “dividido” en un programa de “acceso a la vivienda y otro específico de rehabilitación”. “La vivienda es una cuestión fundamental para el futuro de nuestra sociedad”, dijo Lucas, “pero existen elementos de distorsión, como el mercado del alquiler”, que condicionan el sector. El político recordó que “tenemos un problema de oferta de vivienda pública, ya que nuestro parque es uno de los más exiguos de Europa, con apenas un 2,5%, y para aliviar el problema del alquiler es necesario aumentar el número de viviendas públicas”.

Sobre este punto, Lucas comentó que “el ministro [José Luis Ábalos] ha anunciado que vamos a tener un sistema de precios de referencia, que nos va permitir conocer la evolución de los precios de alquiler de los últimos años, así como las áreas más tensionadas. Queremos definir cuáles son estas áreas, su temporalidad, así como su estructuración y limitaciones. Soy consciente de que no es la solución definitiva, pero tenemos que tomar medidas porque hay jóvenes y familias que dedican más del 50% de sus rentas al alquiler. Es necesario corregir los desequilibrios mientras aumentamos la oferta de vivienda pública”.

Lucas adelantó también otra iniciativa ministerial: “El plan 20.000, para impulsar este número de vivienda públicas en régimen de alquiler a precios accesibles en las zonas más tensionadas del país. Sabemos que no son demasiadas, pero es el inicio de un proyecto, en coordinación con comunidades autónomas y ayuntamientos, para disponer de más suelo y, en el futuro, aumentar el número de vivienda pública”. A su juicio, “la colaboración público-privada es fundamental para solventar entre todos el problema de la vivienda”, así como una “interlocución” permanente entre todos los actores implicados, y una adecuada “financiación”. “Se han ido corrigiendo algunos desajustes y vamos a actuar en esa línea, y en relacionarnos con la agenda urbana y con la agenda 2030, que tienen una gran importancia para el Gobierno para resolver los problemas estructurales de nuestras ciudades, y mejorar la calidad de vida y hacer efectiva la lucha contra la pobreza”, concluyó Parrón.

Cambio disruptivo

Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica y ex ministra de Vivienda, sostuvo que la crisis ha supuesto un “cambio radical” en todos los modelos de vida, y vaticinó: “Ya no vamos a tener una generación de jóvenes que trabaje para afrontar una hipoteca, si no que van a necesitar una renta mínima para sobrevivir”.

Corredor afirmó que “nos estamos olvidando que esta crisis supone un cambio disruptivo, condicionado por la tecnología, lo sostenible, la globalización y todas las novedades que han entrado en el panorama social en un periodo de tiempo muy breve, y el sector inmobiliario no lo está entendiendo bien”.

Según la ex ministra, “el patrimonio de la ciudad está totalmente abandonado, y en los próximos 25 años las ciudades van a cambiar más que en los últimos 200, y si no tomamos medidas sobre movilidad, gestión, nuevas tecnologías y digitalización, vamos a tener una sociedad invivible, y lo pagarán las generaciones futuras”.

“El fraude de la vivienda protegida ha sido tremendo, con gran falta de control por parte de las comunidades autónomas, y tengo la sensación de que no se ha aprendido la lección. Es urgente mejorar la seguridad jurídica en lo que se refiere a arrendamientos urbanos. También es necesario un sector patrimonialista comprometido, préstamos y financiación privada, así como y sociedades sin ánimo de lucro para la gestión de vivienda social”, dijo Corredor.

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, aclaró que el derecho a una vivienda digna está “recogido” en la Constitución. Sin embargo, especialmente los jóvenes tienen serias “dificultades” para acceder, ya que los alquileres son muy elevados. “En Cataluña ya están tomando medidas para paliar el problema, mientras que en Madrid aún no todavía hay decisiones en este sentido”. Garrido recordó asimismo que la Agenda 2030 contempla la “vivienda y las ciudades sostenibles” como uno de sus ejes fundamentales, enfocado a “reducir la desigualdad”.

Lluís Comerón Graupera, presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España: “La Agenda 2030 es un magnifico instrumento para alinear estrategias en beneficio colectivo, pero todos somos conscientes de que tenemos que tener una visión más ambiciosa. El problema está en los precios, es la gran barrera que acucia a los españoles, y es un síntoma, no es la enfermedad. Los precios afectan a la calidad de vida y a los proyectos vitales de los ciudadanos. Existen acciones inmediatas de corrección de síntomas, pero lo importantes es que las medidas sean a largo plazo para no estar siempre corrigiendo el problema”.

También participaron Ángel Bergés Lobera, vicepresidente de AFI y representante de España en la European Banking Authority; Carolina Roca Castillo, directora general en el Grupo Inmobiliario Roca y vicepresidenta de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid; Julio Rodríguez López, doctor en Ciencias Económicas, estadístico facultativo y miembro de Economistas Frente a la Crisis; José Luis Alfaro González, coordinador del Área de Ciudad Sostenible de Rivas Vaciamadrid; Óscar Arce, director general de Economía y Estadística del Banco de España; Jordi Bosch Meda, doctor en Arquitectura y colaborador docente de la UPC y de la UPF; y Mario José Yoldi Domínguez, director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del País Vasco. La moderación corrió a cargo de Ángela Baldellou Plaza, coordinadora general del Observatorio 2030 del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España.