La Fundación Alternativas y la Asociación por una España Federal organizaron este miércoles el seminario virtual titulado ‘La gestión de los fondos europeos y las CC.AA.’, con el objetivo de analizar el importante reto que supone para España la administración de las ayudas que recibirá para paliar los efectos de la pandemia, entre las que se encuentran los 140.000 millones del fondo ‘Next Generation EU’, que son, además, una enorme oportunidad para el sistema autonómico. Moderado por Nicolás Sartorius, presidente de la Asociación por una España Federal y presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas, el debate contó con la participación de Manuel de la Rocha Vázquez, secretario general de Asuntos Económicos y G20, y Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas.

De la Rocha aclaró que la Comisión Europea reclama a los Estados miembros que el proceso de gestión de los fondos sea un proceso “consultivo”, con participación activa de los distintos agentes sociales: “Sindicatos, patronal, asociaciones sectoriales, empresas, universidades, comunidades autónomas y ayuntamientos”, ya que esta implicación va a “enriquecer la elaboración del plan”. El secretario de Asuntos Económicos subrayó que este plan muestra que, por primera vez en mucho tiempo, Europa “acierta en una crisis surgida de forma repentina”, producida por una pandemia y, “frente a las propuestas económicas pasadas basadas en la austeridad, en este caso el objetivo es inyectar dinero en la economía para salir rápidamente de esta situación y dar además un paso hacia adelante”.

En este sentido, recordó que “esto no ocurre por accidente ni por casualidad: mucha gente trabajó entre marzo y julio para que se pusiera en marcha este gran fondo de recuperación, y nuestro Gobierno, liderado por el presidente Sánchez, estuvo en la cabeza y el corazón de los debates para dirigirnos hacia la salida de la crisis. Podemos estar orgullosos, ya que fueron cinco días de negociaciones muy arduas donde se lograron los recursos suficientes para España, y que no vinieran en forma de préstamos sino en forma de transferencias, dando además un paso adelante en la unión fiscal y federalización de Europa con la emisión de deuda común, y la transferencia de toda esta deuda a los Estados, que son los que responden solidariamente de la devolución del dinero”.

De la Rocha afirmó que la “garantía” de que ese dinero se va a devolver se ha hecho de forma “inteligente”, ya que está en el presupuesto europeo, al que todos los Estados tienen que “contribuir”. Hay un tiempo de moratoria y, en seis años, las contribuciones de cada país al presupuesto de la UE “suben de forma sustancial como garantía de que el dinero se devuelve, unido a una serie de impuestos europeos que se van a ir introduciendo en los próximos años; es deuda conjunta, y es algo que muchos llevábamos tiempo reclamando”.

“Los fondos consisten en 750.000 millones, de los cuales 390.000 son en forma de transferencias y el resto en préstamos. España recibirá unos 150.000 millones -70.000 en transferencias y el resto en préstamos-. En el apartado de transferencias hay dos grandes ventanillas: 12.000 millones en fondos estructurales tradicionales (React-EU), con gran flexibilidad y que ya se han empezado a repartir; y 60.000 millones para el mecanismo de recuperación y resiliencia. Estos últimos se transfieren a los gobiernos con la elaboración y aprobación de un plan de recuperación que debe incluir inversiones y reformas, y que en última instancia debe ser aprobado por la Comisión y el Ecofin. Este plan debe incluir un 37% de los fondos para transición ecológica y un 20% a impulsar la digitalización, y atender a las iniciativas comunitarias sobre vehículos eléctricos, nuevas infraestructuras, energías renovables o despliegue de la banda ancha y el 5G”, informó De la Rocha.

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

El alto cargo del Gobierno indicó también que España presentó un borrador en base a los criterios de la Comisión, titulado ‘España puede’, de recuperación, transformación y resiliencia, el pasado siete de octubre, con cuatro grandes ejes: sostenibilidad, digitalización, cohesión social y temas de género. Este borrador cuenta a su vez con otras áreas de gran importancia, como agenda urbana, movilidad sostenible, mejora de las administraciones públicas, educación, transición energética, mejora del sistema productivo, precariedad y desempleo, impulso a la ciencia y la innovación. El plan se inicia este año y se prolongará hasta 2026, “y el Gobierno ha decidido que, por el momento, va a utilizar los 70.000 millones de las transferencias de aquí al 2023, y después solicitará los préstamos hasta el 2026”.

Este plan del Gobierno de España, pese a no contar todavía con la aprobación definitiva de la UE, ha comenzado su andadura el pasado uno de enero. Sobre este aspecto, De la Rocha se mostró “confiado” en que los fondos que se van a ir ejecutando serán reembolsados más tarde. El Gobierno de España “garantiza” el control, la transparencia y rendición de cuentas de los fondos, y “establece” una gobernanza que reside en el Ministerio de Hacienda, que a su vez ha creado una Secretaría General para su “ejecución”, así como una Comisión interministerial para su “seguimiento político”, con el presidente del Gobierno al frente.

Por su parte, López Garrido destacó que “los fondos europeos son fundamentales para la transformación de la economía española en una economía más productiva y que afronte los problemas que tenemos encima de la mesa. En España, país muy descentralizado, las comunidades autónomas tienen un papel protagonista en la gestión de estos fondos, en alianza con el Gobierno central. El 58% de los fondos -12.277 millones- que van a venir en el 2021 son para las autonomías”.  

También participaron en el debate Miguel J. Arjona, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada y socio de Federalistas de Andalucía;  Albert de Gregorio, profesor de Gestión Pública del Departamento de Economía en la UB y socio de Federalistes dÉsquerres; Luis Miguel Pariza, miembro de la Junta Directiva de Federalistas del País Vasco; Eloísa del Pino, científica titular en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP) del CSIC y socia de Madrid Federal; y Zulima Pérez, directora general de Coordinación del Diálogo Social de la Presidencia de la Generalitat Valenciana y presidenta de Federalistas de la Comunidad Valenciana.