El objetivo es claro: es fundamental tomar medidas urgentes para que el cambio climático no llegue a un punto de no retorno de consecuencias catastróficas. España es un país altamente vulnerable a sus efectos y, según la ONU, sufrirá un incremento de olas de calor, lluvias torrenciales, salinidad del mar y descenso de las nevadas si el aumento de las temperaturas sigue su curso. El sector de la agricultura -y sus recursos hídricos- ya padece el impacto del calentamiento global, y se enfrenta a la necesidad imperiosa de adaptarse a las nuevas condiciones climáticas y de reducir sus emisiones de efecto invernadero, que representan más del 12% del total del país.

Con el objetivo de compartir ideas y unificar criterios ante un problema de magnitud sobresaliente, la Fundación Alternativas organizó un encuentro, titulado ‘Estrategias y necesidades del sector agroindustrial español ante el cambio climático’, que contó un gran número de expertos de los distintos sectores implicados, así como del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Entre las conclusiones destacó la necesidad de educar a la sociedad para adquirir una conciencia ecológica que, por el momento, es deficiente; que se respeten los derechos de los consumidores y se recuperen los hábitos alimenticios saludables, y la importancia de que Gobierno, comunidades autónomas y demás actores se impliquen de lleno en el asunto. La moderación del acto corrió a cargo de Ana Belén Sánchez, coordinadora del Área de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.

Carlos Carnero, director gerente de la Fundación Alternativas, afirmó que “España no puede implicarse sola en la lucha contra el cambio climático y la colaboración con la Unión Europea es esencial”. En su opinión, el Programa Agrícola Común (PAC) de la UE “es muy mejorable, pero hace falta tiempo y empeño”, y advirtió que con la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense la situación medioambiental puede empeorar, “ya que no reconoce la problemática como hizo Obama, y las consecuencias pueden ser muy graves”.

Acuerdo de París

Por su parte, Juan José Litrán, director de Relaciones Corporativas de Coca-Cola Iberia -empresa colaboradora del evento-, recordó que agua, clima y agricultura están intrínsecamente relacionados, “y nuestro propósito es que lo que consumimos proceda de un sistema alimentario sostenible, pero en estos momentos el mercado no tiene esa capacidad. No obstante, estamos en el buen camino y nuestro compromiso con el Acuerdo de París es firme”.

Ana Etchenique, vicepresidenta de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), reivindicó un “consumo responsable y sostenible basado en el derecho de los consumidores” a cambiar sus hábitos para que se ajusten a sus necesidades reales y que, de esta forma, favorezcan la conservación del medio ambiente. Esta experta denunció que “tiramos el 30% de lo que producimos”, y sin una educación orientada a mejorar las cosas es imposible avanzar, “y un porcentaje enorme de la sociedad carece de esa educación medioambiental; la alimentación es el puente entre el medio rural y el urbano, y mientras que en 1965 en España se consumían 140 kilos de hortalizas por habitante, en estos momentos estamos en 30 kilos. Por otro lado, casi el 50% de los adolescentes estadounidenses son diabéticos”.

Felipe Medina, de la Asociación Española de Distribuidores de Autoservicio y Supermercados (ASEDAS), comentó que su modelo de distribución alimentaria es respetuoso con el medio ambiente “ya que el 85% de los clientes viene a pie y ofrecemos bolsas biodegradables; y el mayor desecho de alimentos se produce en los hogares, con un 50%, mientras que en las grandes superficies de alimentación sólo se tira un 4%”.

Respuesta conjunta

Por otro lado, Arturo Angulo, de FAO España, denunció que el sistema actual de producción y consumo no es una opción: “La sostenibilidad es una necesidad global y nos enfrentamos al cambio climático como civilización, por lo que todos los actores deben implicarse para diseñar una respuesta conjunta”.

Cristóbal Duarte, director técnico de EcoAvantis, propuso buscar “nuevas vías de comunicación para que la información sea asequible para agricultores y consumidores, con el objetivo de educarles ambientalmente”, y Cristina Monge, directora de Conversaciones de Ecodes, afirmó que el sector de la alimentación es responsable y víctima al mismo tiempo del cambio climático ya que es causante del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero, mientras que las sequías y las lluvias torrenciales le afectan directamente. Como solución, Monge sugirió una actuación conjunta “en toda la cadena alimenticia y la implantación de una economía circular para ayudar a reducir las emisiones, además de la participación de la Administración pública”.

Para Celsa Peiteado, coordinadora de Política Agraria y Desarrollo Rural de WWF, España no está cumpliendo con los “estándares de respeto al medio ambiente”, y es crucial establecer una “estrategia alimentaria sostenible” para avanzar hacia una forma de “consumir más responsable y de producir más respetuosa con el entorno”. Por su parte, Jacinto Tello, de las Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, aclaró que el sector que representa tiene un “interés primordial” en preservar el medio ambiente, “ya que su deterioro nos perjudica a todos”, y apostilló que el crecimiento de la población “nos obliga a buscar métodos sostenibles de producción desde un punto de vista conjunto”.

María José Alonso, del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, subrayó que el organismo que representa está preparando una "Ley de Cambio Climático", además de estar ya inmerso en la Hoja de Ruta de los Sectores Difusos -residencial, transporte, agrícola y ganadero, residuos, gases fluorados e instalaciones industriales no sujetas al comercio de derechos de emisión- para reducir en 2020 un 10% las emisiones en estas áreas; así como en el "Plan Nacional de Adapatación al Cambio Climático y los Proyectos Clima".