La Fundación Alternativas organizó este martes el debate on-line titulado ‘La transición justa y el Green New Deal como estrategia de crecimiento’, con el objetivo de dar a conocer los resultados de una encuesta, realizada por la empresa demoscópica 40dB, sobre las percepciones y preocupaciones de la ciudadanía española en estos momentos de máxima inquietud por el impacto del Covid-19. 2020 es el año de la gravísima pandemia que está golpeando al continente europeo, pero también el del lanzamiento de la Conferencia sobre el futuro de Europa, por lo que es más que nunca necesario dar voz a la ciudadanía y promover un diálogo entre instituciones europeas, los Estados miembros y la sociedad civil, para abordar las transformaciones necesarias para una Europa más democrática, justa e inclusiva. Moderado por Cristina Monge, asesora ejecutiva de ECODES y analista política, el encuentro virtual contó con varios expertos en la materia.

Belen Barreiro, directora de 40dB y ex presidenta del CIS, reveló que prácticamente la mitad de los encuestados (48,6%) -de los que el 55,4% son mujeres- considera que la protección del medioambiente y la transición ecológica debe ser una “competencia compartida entre la UE y cada Estado miembro”, con un 27% que cree que debe ser únicamente incumbencia de las instituciones comunitarias. “Estos datos son interesantes porque revelan que los ciudadanos confían mucho más en la UE cuando se trata de abordar la transición ecológica que otros asuntos, como el ámbito digital o el social”, afirmó la experta.

En lo que se refiere a lograr una economía sostenible y climáticamente neutra en el año 2050, Barreiro, patrona de la Fundación Alternativas, indicó que casi la mitad (46,5%) opina que es una meta demasiado ambiciosa y poco realista. En relación al esfuerzo de los Estados para cumplir con los objetivos medioambientales, la ciudadanía se muestra crítica, ya que casi la mitad (47,9%) “cree que no se está haciendo lo suficiente, y considera que hay que hacer mayores sacrificios para alcanzar los objetivos”. Sobre el establecimiento de un impuesto verde unificado para políticas medioambientales, aunque suponga que algunas empresas paguen más impuestos, el 63,8% está a favor; y la mayoría defiende que la UE obligue a los Estados a llevar a cabo inversiones para la protección del medio ambiente (76,6%), y que se endurezca el uso de los automóviles (69,5%).

Sira Rego, eurodiputada de Unidas Podemos, puntualizó que el debate sobre la transición ecológica “forma parte ya de la agenda política de todas las instituciones comunitarias”, y la adaptación de la economía europea en términos “verdes y digitales” se tiene que abordar desde una “perspectiva de cambio de modelo energético”, y con la voluntad de situar a Europa como uno de los “actores geopolíticos estratégicos” a nivel global. A su juicio, tanto ciudadanos como instituciones han de ser más “ambiciosos y valientes” porque el momento es “crítico”, y “elementos sustanciales” que tienen que ver con el pacto verde europeo, como las políticas públicas o la ley climática, no están siendo suficientemente “ambiciosos”. “Plantear un modelo de crecimiento sin límites en un mundo de recursos limitados es un contrasentido”, afirmó Rego.

JUSTICIA SOCIAL

Montserrat Mir, miembro de Just Transition Centre y de la Confederación Sindical Internacional, aclaró que “la transición justa es poner en común la justicia social con las aspiraciones de justicia climática y de reducción de emisiones; sin justicia social no hay transición justa”. La experta recordó que los mercados laborales van a sufrir una transformación impulsada por el “Acuerdo de París y la emergencia climática a la que nos enfrentamos” y, en un mundo ideal, “la transición justa sería aquella en la que todo el mundo tiene un trabajo decente, la protección social no es una rareza, la pobreza y la desigualdad están en vías de erradicarse, y las emisiones son cero, que es precisamente lo que establece el Green Deal: llegar a 2030 con una reducción del 55% de emisiones”, y eliminarlas a más largo plazo.

Gonzalo Sáenz de Miera, director de Política Energética de Iberdrola: “El Green New Deal no es sólo una estrategia climática, sino también económica y social, basada en la economía verde y la digitalización. Es una oportunidad para que Europa cambie su modelo económico hacia un modelo más próspero, resiliente y saludable, y con más y mejor empleo. Y si esta oportunidad es buena para Europa es especialmente positiva para España, porque somos una de las economías más vulnerables del continente frente al cambio climático y la dependencia energética, pero estamos muy bien colocados para aprovechar las oportunidades del Green New Deal, ya que disponemos de excelentes recursos naturales y vamos hacia un sistema energético basado en las renovables, que nos va a proporcionar más competitividad que nuestros vecinos europeos”.