Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, fue requerido por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), en su calidad de catedrático de Derecho Constitucional, para emitir un dictamen sobre la posible inconstitucionalidad de la disposición que permite a los partidos políticos recopilar, en Internet y otras fuentes públicas, datos personales sobre las opiniones políticas de los ciudadanos para realizar perfiles ideológicos. Este precepto está contemplado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), normativa básica que regula los comicios en España.

El dictamen afirma que el artículo 58 bis.1 de la LOREG, que permite a los partidos la recolección de datos sobre opiniones políticas, “es contrario a los artículos 18.4 y 16 de la Constitución Española”. El primero recoge el derecho fundamental a la protección de los datos personales y el segundo garantiza la libertad ideológica de las personas. La APDHE lo presentó al Defensor del Pueblo.

La petición de la APDHE ha sido escuchada por el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra dicha normativa, aprobada en noviembre de 2018 por las Cortes Generales.