La Fundación Alternativas y la Fundación Repsol organizaron este jueves el debate on-line titulado ‘El nuevo paradigma de la reforestación: de la plantación a la recuperación de los servicios ecosistémicos’, dentro de un ciclo de talleres con el objetivo de profundizar en las estrategias y esfuerzos para alcanzar los objetivos establecidos en los acuerdos de París. José Luis de la Cruz, coordinador de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas, fue el encargado de moderar la sesión.

 El debate abordó la planificación de proyectos basados en la naturaleza y cómo su implantación puede ser la fórmula más adecuada para la búsqueda de la adaptación al cambio climático, involucrando desde el primer momento a todos los actores relacionados: administración pública, ciudadanos, científicos, universidades, ONGs y empresas.

 Manuel Oñorbe, jefe del Servicio de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, presentó la ‘Estrategia Nacional de Infraestructura Verde de la Conectividad y Restauración Ecológicas’. El plan del Gobierno pretende elaborar una red “ecológicamente coherente y estratégicamente planificada”, que incluye espacios muy valiosos por la biodiversidad que “albergan o pueden llegar a albergar, así como por los servicios ecosistémicos que proveen”. Se trata de espacios que se encuentran en buen estado de conservación, y otros espacios “cualificados” para ser incorporados a la infraestructura verde y que demandan una “restauración ecológica en el momento actual”.

 Oñorbe recordó la importancia de poner en valor la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que “marca las directrices para la identificación y conservación de los elementos del territorio que componen la infraestructura verde, y para que la planificación territorial y sectorial que realicen las administraciones públicas permita y asegure la conectividad ecológica y la funcionalidad de los ecosistemas”. En este sentido, puntualizó que el “primer borrador” de la Estrategia Nacional data de 2018 -fue aprobada definitivamente el pasado año-, mientras que la Estrategia de Biodiversidad de la UE es de 2020, y el objetivo es que “para 2024 estén en marcha los planes de las comunidades autónomas”.

La Estrategia Nacional de Infraestructura Verde tiene un carácter “multifuncional”, ya que se centra en aspectos como la “mitigación y adaptación” al cambio climático; la “protección” frente a los desastres naturales; la “mejora de la calidad de vida”, salud y bienestar; la productividad y el crecimiento económico; el “incremento en el valor de las propiedades”, o la producción de bienes y el establecimiento de un turismo sostenible.

A largo plazo, la iniciativa gubernamental pretende identificar y delimitar espacialmente la red básica, a diferentes escalas, de la infraestructura verde en España; reducir los efectos de la fragmentación y de la pérdida de conectividad ecológica ocasionados por cambios en los usos del suelo o por la presencia de infraestructuras; restaurar los hábitats y ecosistemas de áreas clave para favorecer la biodiversidad; mantener y mejorar la provisión de servicios de los ecosistemas y mejorar su resiliencia; garantizar la coherencia territorial mediante la definición de un modelo de gobernanza que asegure la coordinación entre las diferentes escalas administrativas e instituciones implicadas; mejorar la conectividad ecológica en las políticas sectoriales; y asegurar la comunicación, educación y participación de los grupos de interés y la sociedad en el desarrollo de la infraestructura verde.

También participaron en el simposio Andrés F. Alcántara Valero, del Departamento de Desarrollo Corporativo del Centro de Cooperación del Mediterráneo de UICN; Enrique Enciso Encinas, CEO y socio fundador de Sylvestris; Gabriel Antonio Dorado Martín, profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y Medio Natural en UPM; y Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas.