La vivienda protegida (VP) en España ha sufrido una complicada evolución desde los años cincuenta del siglo pasado, con vaivenes provocados por la crisis, las burbujas inmobiliarias y la privatización. Y en el último lustro, desde que el Gobierno eliminó en 2012 las subvenciones a los compradores, su construcción ha caído en picado. Sin subsidios y una normativa flexible para que las rentas medias puedan acceder a ella, la VP tiene un futuro incierto: para el promotor ya no es rentable construirla ni para el comprador adquirirla.

En este sentido, la Fundación Alternativas y Fundipax presentaron un documento de trabajo -realizado por Carme Trilla y Jordi Bosch– titulado ‘El parque público y protegido de viviendas en España: un análisis desde el contexto europeo’, en el que se analiza la situación actual de este sector y se ofrecen una serie de recomendaciones para su mejora.

Trilla, economista y especialista en mercado y políticas de vivienda y presidenta de la Fundación Hábitat3, subrayó las debilidades de un sistema que ha permitido que fondos buitre entraran en el mercado de VP, “con un grado de desarrollo de los más bajos de Europa en lo que se refiere a inversión pública”. El sistema español de vivienda se caracteriza por una elevada proporción de hogares propietarios de su vivienda, fruto en gran medida de las políticas de fomento de la compra.

A su juicio, si las viviendas protegidas se hubieran sometido a un “sistema de larga duración” de sus calificaciones, hoy gozaríamos de un parque protegido de unos “siete millones de unidades” -casi el 40% del parque actual de viviendas principales-, lo que permitiría, a través de la rotación, el acceso a la vivienda a muchas familias que no pueden acceder al mercado. De esta forma, la falta de parque público suficiente “sería menos llamativa y la política de vivienda más efectiva”.

Una de las mayores hecatombes se produjo durante la burbuja inmobiliaria 1997-2007, ya que implicó de inmediato la consideración de la VP como un bien de altísima cotización ante la expectativa de su posible revalorización si perdía su condición de protegida. “Nunca en la historia de los últimos cincuenta años se había producido tanta divergencia entre el precio de mercado y el de la vivienda protegida”, dijo Trilla.

Alquiler social

En lo que se refiere a vivienda de alquiler social sobre el parque total, Holanda, con un 30%, encabeza la lista, seguida de Austria (24%), Dinamarca (20,9%), Suecia (19%), Reino Unido (17,6%) y Francia (16,8%), mientras que España se sitúa en los puestos de cola con un 1,5% junto a Rumanía, y sólo por delante de Letonia (0,4%), Chipre (0%) y Grecia (0%).

Según Trilla, “no hay voluntad política” y el marco normativo nunca ha velado por proteger la VP: “Tenemos la sensación de predicar en el desierto ante un problema muy grave, actual y de futuro”.

Por su parte, Bosch, arquitecto y experto en planificación urbana, aclaró que “hay mucha población joven que no se puede emancipar por falta de vivienda”, y se necesitan, al menos, “1,5 millones de viviendas de alquiler a precios asequibles” para reconducir las diversas formas de exclusión residencial derivadas de la creciente “falta de solvencia de muchos hogares” para satisfacer los costes de su vivienda.

Y vaticinó: “Se prevé que hasta el año 2030 se formen seis millones de nuevos hogares, y entre 2,3 y 3,6 millones necesitarán alguna forma de ayuda pública, ya sea en forma de vivienda social, ayudas al pago del alquiler, o vivienda protegida de compraventa”.

Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de la Fundación Alternativas, comentó que “la vivienda social es uno de los asuntos más importantes del país”, mientras que Francisca Sauquillo, presidenta de Fundipax, destacó que “el estudio trata un tema clave para la sociedad española, e incluso plantea reformas legislativas”.

Texto y fotos: Daniel Leguina  @leguina_casas

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