La Fundación Alternativas organizó este martes la presentación virtual del documento titulado “En primera línea contra el coronavirus: el trabajo de cuidados de larga duración a personas mayores en España”, enmarcado dentro del proyecto On the corona frontline – Elder care workers in nine European countries. Este proyecto analiza cómo se ha visto afectado el sector durante la primera ola de la pandemia, e identifica los principales problemas y dificultades de las personas que trabajan tanto en las residencias para mayores como en los servicios de ayuda a domicilio. Moderado por Daniel Basteiro, director del diario digital infoLibre, el encuentro virtual contó con varios expertos en la materia.

Como denuncia el documento, la crisis del Covid-19 ha puesto de manifiesto las carencias del sector de los cuidados a mayores en España. En concreto, los trabajadores se han visto obligados a realizar jornadas extenuantes, doblar turnos y renunciar a días libres y vacaciones, viéndose sometidos a un profundo agotamiento físico y mental.  Se trata de un sector con una escasa capacidad de atracción y retención en algunas categorías profesionales. La mala calidad del empleo y las limitadas perspectivas de desarrollo profesional hacen que muchos trabajadores con titulaciones en el ámbito sanitario perciban las residencias como una estación de paso hacia puestos más estable en hospitales o centros de salud. También se producen abandonos por malas condiciones laborales.

Lisa Pelling, directora de Arena Idé y autora del informe de resumen del proyecto On the Corona Frontline, en el que se compara la experiencia de nueve países europeos, recordó que la pandemia ha “puesto de relieve” diferentes problemas estructurales en los sistemas de cuidados, como “una organización fragmentada, una financiación insuficiente y una gran falta de trabajadores; por otro lado, la privatización ha aumentado y la afiliación sindical ha caído”. En lo que se refiere a las condiciones laborales de los trabajadores de cuidados de personas mayores, Pelling aclaró que “hemos constatado un alto grado de desprotección, al no tener trajes EPI, en todos los países en los que se ha llevado a cabo el estudio —Dinamarca, Inglaterra, Escocia, Finlandia, Alemania, Noruega, Portugal, Suecia y España—, así como una importante falta de recursos, situaciones de estrés y presión mental en ocasiones insoportable, bajas prestaciones económicas y horarios laborales ilimitados”.

Según el estudio, una mejora significativa tanto de la calidad del servicio como del empleo en el sector sólo será posible a través de un incremento de la financiación pública, así como del aumento de salarios y la contratación indefinida a jornada completa, y una adecuada formación del personal. Las personas trabajadoras de residencias y servicio de ayuda a domicilio deben afrontar tareas complejas por la vulnerabilidad de los mayores a su cargo. En este sentido, son necesarias titulaciones que capaciten adecuadamente a los futuros profesionales. Asimismo, estas titulaciones han de ser atractivas y los potenciales estudiantes han de percibir que el sector de cuidados a mayores es un área profesional con futuro.

Jorge Hernández-Moreno, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC y coautor del documento, afirmó que la gobernanza del sistema de cuidados a mayores presenta una “complejidad” relacionada con los diferentes niveles de gobierno que participan en el proceso de toma de decisiones, implementación y financiación, que se basa en una “estructura de competencias compartidas” entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.

Según Hernández-Moreno, a partir de la Ley de Dependencia de 2006, el Gobierno central adquirió una clara “debilidad competencial” respecto a las autonomías, que se erigen ahora como “principal nivel” de dirección del sistema, mientras que los municipios desarrollan un “papel que varía” en función de las competencias que les atribuyen las leyes sectoriales autonómicas. Sin embargo, la financiación del sistema, según lo previsto en la Ley de Dependencia, “debe ser asumida a partes iguales entre el Gobierno del Estado, las comunidades y un régimen de copago entre los beneficiarios en función a sus niveles de renta y riqueza”, pero se trata de una “estructura enrevesada”, articulada a través de diferentes planes financiados conjuntamente entre el Gobierno central y las autonomías, que ha generado “importantes desigualdades territoriales en relación con la cantidad y calidad de los servicios”.   

ESPERANZA DE VIDA

Por su parte, Manuel Pereira-Puga, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC y coautor del documento, aseguró que la pandemia ha “agudizado y sacado a la luz problemas estructurales” que existían desde hace “muchos años”, y que son asuntos que “no sólo afectan a los trabajadores, sino que también tienen un efecto negativo en la calidad de los servicios y en el bienestar de las personas mayores”. Son cuestiones que no son particulares de España, sino que existen en otros países, y se basan en la “escasez de personal”, mientras la demanda de trabajadores va a ir “en aumento” porque cada vez hay “más personas mayores, ya que la esperanza de vida crece y los últimos años requieren mucha atención a nivel sanitario y de cuidados”.

Por otro lado, el modelo de relaciones laborales puede haber incidido en la “transmisión del virus”, ya que los contratos de “corta duración y a tiempo parcial, y el pluriempleo”, aumentan la rotación de los trabajadores en distintos centros de trabajo. Esta realidad laboral no parece coherente con las buenas prácticas, como la creación de grupos burbuja o la limitación del número de contactos sociales.

El informe también incide en la necesidad de reflexionar sobre el prestigio social de unas profesiones ligadas al bienestar de personas vulnerables en sus últimos años de vida, y destaca la poca valoración social de las labores desempeñadas por los trabajadores del sector. En el contexto de la crisis, estos trabajadores han estado luchando en primera línea con medios precarios y escasa ayuda externa para salvaguardar la vida de los mayores, mientras recibían un muy escaso reconocimiento por parte de la sociedad.

El acto se cerró con una mesa redonda en la que también participaron Sonia Jalda, presidenta de TReGa (Traballadoras das Residencias de Galicia), que dio una perspectiva de primera mano sobre cómo se han vivido la pandemia las propias trabajadoras; y Francisco Javier Moreno Fuentes, científico titular en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC. Por su parte, dieron la bienvenida al debate Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de la Fundación Alternativas, y María Pallares, coordinadora de programas de la Friedrich-Ebert-Stiftung en España.