Renta básica universal o empleo garantizado, esa es la cuestión, que diría Shakespeare. Ante esta disyuntiva sobre qué planteamiento socioeconómico es el más adecuado para un país como España, los expertos Luis Fernando Medina, colaborador de la Fundación Alternativas y profesor de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III, y Stuart Medina Miltimore, economista de la Universidad Complutense, participaron en un coloquio en la sede de la Fundación bajo el título ‘¿Un nuevo pacto social entre los ciudadanos y el Estado? Renta básica universal y empleo garantizado’, para buscar los puntos de encuentro entre estas dos propuestas económicas, y también sus diferencias.

Según afirmó Miltimore, “estamos asistiendo a la desintegración de nuestra sociedad”, ya que en los últimos treinta años hemos pasado de una etapa de pleno empleo técnico a ser los “campeones mundiales del desempleo”. Y apuntó como las causas de la situación actual a “las ideologías, al empeño de mantener un tipo de cambio fijo vinculado al marco alemán y a la fuga demográfica”.

En estos momentos, la tasa de paro en España es del 20,1%, sólo superada por Grecia (23,5%) y muy por encima de Italia (11,6%), Portugal (11,3%) y Francia (9,9%). En la zona euro el porcentaje de desempleados se sitúa en 10,1%, mientras que en el conjunto de la Unión Europea es de 8,6%. Además, la calidad del empleo en España se coloca entre las más bajas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y su inestabilidad laboral es una de las más altas del continente europeo.

Medina, por su parte, recordó que “la recesión española ha sido mucho más profunda de lo que podíamos imaginar: la economía del país pasó de ser una de las más pujantes de Europa a hundirse irreversiblemente: había algo podrido”. Este experto explicó asimismo que la renta básica y el empleo garantizado no son las únicas herramientas para aliviar el paro, y señaló que la pobreza se puede resolver por “mecanismos de trasferencias”, y que el papel de la robotización “está sobreestimado” ya que la destrucción de empleo no es un “fenómeno nuevo”.

En su exposición, Miltimore propuso un “plan de empleo de transición”, basado en un “programa voluntario a tiempo completo y dotado de una prestación universal e incondicional”. Según este economista, “no se trata de un programa de ‘empleo basura’ porque las condiciones son las mismas que se aplicarían a cualquier contrato de duración indeterminada, con alta en la Seguridad Social y derecho a vacaciones”. En su propuesta entra en juego el Estado: “Toda persona que no consiga un empleo en el sector privado y sea apta para el trabajo, recibirá una oferta estatal para trabajar en programas públicos. La gestión se puede encomendar a administraciones locales, ONG, asociaciones o agencias estatales, pero el salario lo paga directamente el Estado”.

Para apuntalar su teoría, Miltimore indicó una serie de antecedentes históricos en los Estados Unidos: “El ‘New Deal’ de Roosevelt –que dio empleo a 13 millones-, ‘Civil Works Administration’ -4,25 millones-, ‘Civilian Conservation Corps’ -500.000 jóvenes-, y ‘Works Porgress Administration’ -8,5 millones-”.

Miltimore, además, subrayó la importancia de tener trabajo ya que, a su juicio, “es fundamental para el bienestar del individuo, se trata del principal vehículo de integración en la sociedad, refuerza la autoestima, tiene un impacto positivo en la salud mental y es el mejor instrumento para luchar contra la pobreza y la exclusión social”.

Dificultades

Medina, por otra parte, comentó que “nadie discute las bondades del trabajo, pero es erróneo decir que la renta básica universal ignora ese punto”. Sin embargo, “un diseño excesivamente centralizado del empleo garantizado puede resultar ineficiente al olvidar las dificultades que conlleva cuándo y cómo crear puestos de trabajo, y quién los crea”.

De esta forma, Medina aclaró que la renta básica universal no busca “arreglar” el mercado laboral, sino “redefinirlo”, y sostuvo que el capitalismo lleva 150 años destruyendo empleo, pero cuando eran agricultores y jornaleros los que se quedaban en la calle no importaba, ahora que son licenciados y graduados sí”.

Entre las ventajas de garantizar el empleo, Miltimore destacó que “es un estímulo fiscal, el salario mínimo queda determinado por el propio programa, contribuye con el medio ambiente, incorpora al mercado de trabajo a los colectivos excluidos (mujeres, jóvenes sin experiencia laboral previa, parados de larga duración, minorías raciales, personas con bajo nivel de estudios), y evita las malas prácticas de contratación”.

Medina, sin embargo, vaticinó que, en la práctica, cualquier paquete de políticas públicas tendrá que combinar elementos de ambos planteamientos, “ya que comparten preocupaciones similares y los dos plantean problemas de índole política».

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