La Fundación Alternativas organizó el debate on-line titulado ‘5G, qué sociedad digital queremos’, en el que se analizó la vertiginosa transformación social a través de los cambios tecnológicos y el desarrollo de la inteligencia artificial. Moderado por Nicolás Sartorius, presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas, el encuentro virtual contó la presentación de los documentos 'Análisis del impacto 5G en la sociedad', de Manuel Sierra y Celia Fernández Aller; y '¿Qué sociedad digital queremos? Alternativas regulatorias para una Europa digitalmente sobernana', de Pablo García Mexía y Jorge Villarino Marzo.

Durante la jornada, los autores destacaron los retos sociales que las nuevas tecnologías aportan a la sociedad española, entre los que sobresalen la extensión de las políticas de “acceso universal y servicio universal” a los sistemas 5G, para que sus ventajas puedan llegar a “todas las personas y territorios”, no dejando a “nadie atrás”.

En este sentido, la “extensión rural” del 5G, a través de la banda de 700 MHz, es fundamental, obligando en la “concesión de la licencia” a un porcentaje de cobertura rural para al menos uno de los operadores. Esto implicaría garantizar que un porcentaje de la población mayor del 95% tenga acceso a esta tecnología “de aquí a finales de 2023”, a cambio de apoyar económicamente al operador que se haga cargo de la cobertura de estas “zonas no rentables”, como se ha hecho en 2G, 3G o 4G. También es esencial continuar con el “despliegue de fibra óptica”, haciendo valer el compromiso de Telefónica de España de llegar al “100% de la población para 2025”, así como que el 98% de los hogares y empresas tengan acceso a 1 Gbps, siguiendo el modelo sueco.

La extensión de las redes 5G debe ir en “sintonía con la política de desarrollo sostenible de la Agenda 2030”. Sobre este punto, los autores reclamaron una “coherencia en las políticas entre los ministerios encargados del 5G y el ministerio de Exteriores y la vicepresidencia de Agenda 2030”. En este marco, propusieron una “convocatoria pública competitiva” con alianzas entre ayuntamientos, empresas y universidades de proyectos piloto para la “reducción de la contaminación, el aumento de la eficiencia energética, la gestión tráfico en ciudades inteligentes y el control de las emisiones, haciendo uso de sensores basados en redes 5G”. De este modo se potencian los alineamientos entre las “políticas de transformación digital y de transición ecológica”.

Según los expertos, es esencial “concienciar a la sociedad” para evitar la “propagación de noticias falsas” sobre el 5G. Siempre que se introduce una nueva tecnología, es necesaria una “formación suficiente”, así como la realización de “campañas de concienciación” que informen sobre sus ventajas. La pandemia de Covid-19 ha traído consigo una serie de ‘fake news’ que pueden suponer un “freno en el despliegue y uso” de la tecnología 5G.

Por otro lado, la política europea tiene que basarse en “apoyos a los grandes líderes europeos” del sector -Ericsson y Nokia-, para que puedan “seguir compitiendo” con las empresas asiáticas -Huawei, ZTE y Samsung-. Sobre este aspecto, los autores aconsejan “fomentar proyectos de investigación de futuras tecnologías”, donde las grandes empresas europeas puedan “seguir desarrollando” sus trabajos, y estén en disposición de “competir con los fabricantes asiáticos”. A nivel nacional, España debe también “favorecer” a sus empresas para que puedan “especializarse” en algunas de las aplicaciones del 5G, en “colaboración con las compañías punteras” del continente europeo. En este sentido, “la tecnología ‘Open RAN’ es una oportunidad para que empresas españolas puedan competir con grandes operadores”.

MODELO REGULATORIO

En lo que se refiere al modelo regulatorio, el sistema multilateral (multistakeholder) de gobernanza “evita investir a los Estados” de poderes decisivos en la red, pero desde el cambio de siglo, naciones como China o Rusia “presionan para una mayor intervención estatal” en la gestión del universo digital. Estas presiones, al proceder de Estados que no comparten el “modelo occidental de derechos y libertades”, ponen en “riesgo” estos principios, así como la “innovación” en el entorno digital, esta última claramente favorecida por la apertura y libertad que caracterizaron el “nacimiento y los primeros decenios de evolución de internet”.

La UE debe por tanto esforzarse por mantener el modelo multilateral de gestión de Internet, “excluyendo todo monopolio estatal al respecto”. En cuanto a su infraestructura, es claro que “su regulación actual -tradicionalmente anclada en normas sobre competencia y consumo- obedece a pautas diversas marcadas por los contenidos o el audiovisual, estando estas últimas más orientadas a salvaguardar el pluralismo político-social y su principal proyección: la libertad de expresión.” Una regulación convergente de infraestructura y de contenidos se “acomoda plenamente” a la realidad tecnológica actual, que, como ya en 2014 señalaba la OCDE, se caracteriza por “la integración de redes fijas en plataformas convergentes basadas en Internet”, con el consiguiente “entrecruzamiento” de roles tradicionales de los diferentes agentes del entorno digital.

Esa regulación convergente podría consistir, según los autores, en “una legislación sobre competencia y consumo y, adicionalmente, derechos de autor e incluso libertad de expresión y sus limitaciones”. Esta opción regulatoria sería además “cauce adecuado” para garantizar el ‘level playing field’ entre empresas de infraestructura y empresas de contenidos, que clásicamente vienen “reivindicando” las primeras. Asimismo, la UE necesita “orientar decididamente” su regulación a reforzar el componente estrictamente tecnológico de su “soberanía digital”, siendo a la vez notorio que la regulación constituye un “instrumento de gran utilidad potencial” para tal fin. El espíritu general de este enfoque regulatorio debería ser “proactivo”, soslayando así cualquier sospecha de “neoproteccionismo” frente a las grandes multinacionales tecnológicas norteamericanas o chinas, en la medida en que su objetivo sería mucho más el de construir una “alternativa tecnológico-digital sólida y con capacidad de acción mundial, que defender el insatisfactorio ‘statu-quo’ actual”.