Cinco expertos en derecho Constitucional han debatido ante unas 300 personas invitadas en Caixaforum sobre la pregunta ¿Hay que reformar la Constitución? planteada por la Fundación Alternativas y el diario “El País”. La respuesta fue unánime hacia el sí, las discrepancias surgieron sobre el cómo había que afrontar dicha reformas, qué alcance debían de tener y cuándo habría que llevarlas a cabo.

En el acto de presentación intervino el vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Alternativas, Nicolás Sartorius, quien apostó por revisar la actual Carta Magna sin necesidad de abordar un proceso constituyente y todo ello basado “en una mayor cohesión social y política como ocurrió en España en 1978”. Para Sartorius cualquier iniciativa de estas características debe pasar necesariamente "por alcanzar un diagnóstico común; un consenso entre las principales fuerzas políticas y lograr que la reforma tenga mayoría en las diferentes comunidades autónomas".

Abrió el debate la catedrática de derecho Constitucional por la universidad de Valladolid, Paloma Biglino quien subrayó la necesidad de introducir modificaciones en la Constitución sin que ello signifique “una especie de frustración” porque es algo que en otros países se hace con total normalidad. “Que la gente se fije, por ejemplo, en Estados Unidos donde han modificado su Constitución más de veinte veces y lo han hecho con toda normalidad”, manifestó.

Siguió a Biglino en el uso de la palabra el catedrático de derecho Constitucional por la Universidad del País Vasco (UPV), Alberto López Basaguren, quien además de coincidir con sus compañeros en la necesidad de abordar la reforma constitucional enfatizó en la conveniencia de hacerla desde el consenso “para no caer en una Constitución de partidos” porque de ser así estaría “avocada al fracaso”.

Rafael Rubio, profesor de derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, comenzó su intervención con una frase que puede servir para la reflexión. “La reforma es políticamente correcta cuando jurídicamente es necesaria”, dijo. Y es que, en su opinión, aludiendo directamente a la propuesta de reforma constitucional del PSOE, “lo que se está haciendo en esta campaña electoral es hacer propuestas de reformas no menores de más de 60 artículos que más que una reforma son más bien un proceso constituyente”.

Tanto Gregorio Cámara como Francesc de Carreras, catedráticos de derecho Constitucional en las universidad de Granada y en la universidad Autónoma de Barcelona, respectivamente, coincidieron en su análisis pero no en el modus operandi. Mientras Carreras apostaba por la “microcirugía”, Cámara subrayaba la obligatoriedad de abordar ciertas reformas porque “es un clamor”. Hizo hincapié, sobre todo, en las que afectan al modelo social y que, a su vez, influyen en la calidad democrática . “Llama a gritos una reforma porque hay que tener en cuenta que el 40 por ciento de los españoles no pudieron votar esta Constitución y fijarse en normalidad con que se hacen estas cosas en otros países de nuestro entorno como Portugal, Alemania o Italia”.

Carreras, a su vez, profundizó en la idea de acabar con la “partitocracia” y modificar algunos órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial o bien establecer mecanismos de control para evitar injerencias de la clase política. Para Rubio, sin embargo, la demanda de reforma no es tan urgente porque la Constitución no es la “medicina” que se pueda aplicar para resolver todos los problemas “cuando se puede hacer perfectamente por la vía legal”. Y en segundo lugar pidió que no se difundan expectativas en torno a que cualquier modificación de la Carta Magna sirva para salir de la crisis porque, además, “puede generar un problema de frustración”.

En parecidos términos se expresó López Basaguren al incidir en que todas las constituciones se reforman en tiempos de crisis “y no desde la pasividad”. En su opinión, España atraviesa una época de crisis “donde se han acumulado los problemas y ello hace aún más urgente y necesaria la modificación porque lo que no tiene sentido es introducir cambios cuando las cosas van bien y no existe una demanda social”.

Fue en ese momento cuando el debate se centró en el problema del independentismo catalán. “Eso no se soluciona con una reforma constitucional porque cualquier reforma estaría encaminada a fomentar la unidad de España que es precisamente lo que ellos no quieren”, sostuvo Biglino. Más contundente estuvo Cámara: “Este tipo de cuestiones se debieron haber abordado antes, pero como no se hizo ahora hay que ofrecer un modelo federalista que resulte atractivo a sectores que no estén en posiciones radicales".

Todos coincidieron, eso sí, con matices en convertir el Senado en una cámara de representación territorial y en modificar el sistema de reparto competencial que, en palabras de Paloma Biglino, “debería reconocer las singularidades, haciendo una diferenciación razonable basada en criterios como la lengua, pero sin caer en privilegios”.

Entre el público estaba la número dos del PSOE por Madrid, Meritxell Batet, quien explicó que la propuesta de su partido se basa en una reforma constitucional “sí profunda y no cosmética” con dos prioridades: el “imprescindible” compromiso de todos los partidos para buscar vías de solución y la “necesidad” de buscar un consenso “como mínimo como el que se dio en 1978”. También quiso intervenir el eurodiputado de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, para refrendar las tesis de su formación en el sentido de que el Estado vuelva a asumir algunas competencias transferidas ya a las comunidades autónomas. 

Marga Ferré de Izquierda Unida fue la única de los presentes que se refirió a un proceso constituyente porque “es una demanda de la ciudadanía y España es un pueblo adulto que tiene capacidad para hacerlo”.