La Fundación Alternativas organizó el debate on-line titulado ‘Pasaporte sanitario: pros y contras’, con el objetivo de analizar la creación de este documento, originado por la crisis pandémica. En el coloquio se abordó el enfoque ético y legal, así como la posible discriminación y violación de derechos fundamentales. En este sentido, las autoridades de protección de datos tendrían que analizar, previamente a su eventual puesta en marcha, una documentación de estas características. También existen dudas sobre si su implantación sería prematura, por la insuficiente información disponible acerca de la inmunidad que proporcionan actualmente las vacunas. Las autoridades comunitarias tienen previsto emitir este certificado, que probará que el viajero titular ha sido vacunado contra el Covid-19, en el mes de junio. Moderado por María Angeles Ahumada, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid y patrona de la Fundación Alternativas, el encuentro virtual contó con varios expertos en la materia.

José Luís Piñar, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad CEU-San Pablo de Madrid, y ex director de la Agencia Española de Protección de Datos, afirmó que el pasaporte sanitario pretende atesorar garantías de “interoperabilidad”, para ser utilizado por “todos los Estados miembros”, sin problemas de que no sea válido en algunos países. El objetivo esencial es la “libertad de movimientos”, pero puede haber obstáculos “no deseados ni regulados”. A su juicio, sería “discriminatorio” establecer este documento para la libre circulación, porque en estos momentos nadie está en condiciones de “obtenerlo” libremente.

Por otro lado, el experto aclaró que “hay que tener mucho cuidado para no convertir en normal lo que no debe ser normal, y además no está bien definida la duración de la propuesta ni la finalidad ni los datos que se pueden manejar”. Respecto a los británicos, Piñar recordó que ya no son “ciudadanos de la UE”, por lo que este pasaporte puede “facilitar” la libre circulación de muchas personas, pero también “limitar” la de otras muchas que “legítimamente” se mueven por la UE sin tener la ciudadanía.

Itziar de Lecuona, profesora del Departamento de Medicina y subdirectora del Observatorio de Bioética y Derecho-Cátedra Unesco de Bioética de la Universidad de Barcelona, criticó que el pasaporte se presenta en unos momentos previos a la campaña veraniega, en un contexto en el que el turismo puede “reactivar parte de la economía”, que es una “necesidad” que nadie cuestiona, pero “vamos con cierto retraso en el ritmo de vacunación, y es un tema a tener en cuenta, porque no creo que en verano lleguemos a los porcentajes previstos”.

Según la docente, el documento “afecta claramente a los derechos de las personas”, mientras todavía hay muchas cuestiones no resultas desde el punto de vista “científico”, como que el hecho de “estar vacunado no garantiza no contagiar y tampoco sabemos cuánto dura la inmunidad tras superar la enfermedad”.  A su entender, “no podemos tener un DNI para la vida social o laboral, y todos sabemos que este tipo de iniciativas en contextos de crisis sanitarias tienden a permanecer después. De hecho, la OMS desaconseja que se pidan estos certificados y los países pueden no solicitarlos. Se puede incurrir en un problema de discriminación, porque se puede caer en usos no deseados o, incluso, desconocidos por las personas”.

INMUNIDAD DE REBAÑO

Amós José García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, aseguró que el pasaporte inmunitario “suena bien” en la “trinchera de la necesidad” de establecer mecanismos que posibiliten que el drama de la crisis económica empiece a “remitir”, ya que este documento va a permitir la movilidad de los ciudadanos europeos, y “será bueno para reflotar nuestra industria principal: el turismo”. Sin embargo, García Rojas puntualizó que la situación sigue siendo “arriesgada”, ya que los porcentajes de vacunación son todavía muy “bajos”. Para el mes de junio “vamos a estar lejos” de la posibilidad de gestionar una “inmunidad de rebaño” que rompa la circulación del virus, y “nos permita estar en mejores circunstancias de funcionamiento”. El pasaporte tiene sin duda “aspectos positivos”, pero desde el punto de vista ético, sanitario y de derechos humanos todavía “hay mucho que discutir porque le falta recorrido”.

Federico de Montalvo, profesor de Derecho Constitucional de ICADE y presidente del Comité de Bioética de España, sostuvo que el pasaporte pretende “reinstaurar un derecho, no limitarlo, porque en estos momentos el derecho a la libre circulación está limitado. Se trata de una iniciativa de la UE, pero la han tomado sin consultarnos. Me preocupa el mensaje porque es erróneo, ya que se sitúa en clave económica cuando deberían primar los derechos fundamentales”.

Montalvo aludió a la libre circulación como un derecho “casi fundacional de la UE”, que está “conectado con la dignidad”, pero en el plano sanitario es “preocupante” la lentitud en la vacunación y el asunto de los trombos de Astrazeneca y los supuestos efectos secundarios de Janssen, por lo que “seguimos en una situación expectante y muy difícil. Tenemos que buscar un equilibrio entre seguridad clínica y seguridad jurídica”.

Susie Alegre, abogada especializada en Derechos Humanos (Doughty Street Chambers, Londres): “En Reino Unido no hay propuestas concretas, pero se ha generado un gran debate, ya que no está claro si lo que queremos es un pasaporte sanitario para viajar o un simple certificado para ir al pub o al teatro. Vamos muy bien en la administración de vacunas, y parece que vamos a tener más gente inmunizada que en otros países europeos [para junio], pero no sabemos si eso va a dar pie a que podamos utilizar el pasaporte sanitario europeo, porque ya no tenemos derecho a la libertad de movimiento tras el Brexit. A nivel nacional tenemos las cosas más claras que a nivel internacional. Sería deseable un acuerdo entre UE y Reino Unido, porque muchos turistas británicos van a querer viajar este verano al continente. Tengo dudas de que sea una medida que vaya a funcionar, ya que, si este documento no impide la transmisión no tiene ningún sentido, y eso todavía no está claro. En cualquier caso, habría que hacerlo de una manera jurídicamente correcta y de respeto a los derechos humanos”.