La Fundación Alternativas organizó este jueves la presentación del documento ‘La digitalización de la España despoblada’, de Manuel Sierra Castañer, catedrático de universidad y director del ETSI de Telecomunicación; Valentín Villarroel Ortega, consultor especialista en TIC en Cooperación Internacional para el Desarrollo; José A. Herce, consultor; Celia Fernández Aller, profesora. E.T.S de Ing. de Sistemas Informáticos; y Fernando Molina, Managing Partner en 5G Ventures. La moderación corrió a cargo Nicolás Sartorius, presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas.

El documento aclara que la pandemia del COVID-19 ha demostrado la “importancia que tienen unas buenas redes y servicios de telecomunicaciones” para poder mantener un nivel alto de actividad social, económica o educativa. En el caso de España, queda claro que “nuestra red de fibra óptica es una de las mejores de Europa y del mundo”, con unos niveles de calidad y penetración mejores que los países del entorno. Sin embargo, la brecha digital sigue siendo importante entre “el mundo rural y el mundo urbano”, afectando a las posibilidades de seguimiento de una educación on-line de calidad en muchas zonas rurales. Esta brecha no solo se debe a la “falta de infraestructura”, sino fundamentalmente a las “carencias en capacitación digital”, que hace que no todas las personas puedan aprovechar los beneficios de la infraestructura digital, y que puede provocar que el mundo rural pueda “quedarse desconectado” de la gran revolución que supone la transformación digital.

El informe plantea la “eliminación de las barreras técnicas, legislativas, económicas y formativas” actuales, contribuyendo así al “desarrollo” de los territorios rurales de forma “sostenible”, reduciendo la brecha digital e impulsando el desarrollo de la actividad económica y empresarial; y apuesta por una “digitalización rural basada en los derechos de la población rural a la educación, la salud, la libertad de empresa, la asociación y la participación política”. Para ello, es “necesario” un apoyo explícito de las administraciones, con especial defensa de los colectivos más vulnerables (mujeres y niños).

El trabajo realiza una revisión de las estrategias españolas que tienen que ver con la digitalización de la España rural, ligadas a la Estrategia España Digital 2025, que está alineada con las políticas digitales definidas por la Comisión Europea. En lo que respecta a la conectividad rural, el primer pilar es “garantizar una conectividad digital adecuada para el 100% de la población, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas, con una meta para el 2025 de llegar al 100% de la población con una velocidad de 100 Mbps”.

En particular, se incide en una “adecuada cobertura” de las redes de acceso de banda ancha, potenciando en las áreas rurales todo lo relacionado con la “atención sociosanitaria y la conectividad de centros públicos y sociales”. Para ello, el informe propone el “uso de todas las infraestructuras y tecnologías disponibles”, incluyendo los “tres sistemas de satélite” y las diversas opciones tecnológicas inalámbricas (acceso fijo radio, internet móvil, extensión de red mediante redes inalámbricas o uso de internet por satélite) que existen actualmente para dotar de conectividad al mundo rural, que se podrán ampliar con un “buen despliegue de fibra óptica en el mundo rural ligado a la llegada del 5G”.

Barreras de escala

El documento también analiza las iniciativas que se plantean en otros países del entorno español, destacando el uso del espectro, con la posibilidad de otorgar licencias específicas para redes privadas o redes rurales, y el fomento de servicios y aplicaciones destinadas específicamente al mundo rural. La tecnología puede “romper las barreras de escala” que, sin duda, tiene ahora mismo el mundo rural. Cada vez más, una parte creciente de la actividad productiva es inmaterial y muchas de las actividades materiales pueden realizarse de manera descentralizada y “ensamblarse” de manera virtual.

En este sentido, la tecnología 5G será clave para el “desarrollo económico y tecnológico” de España y del resto del mundo. El impulso al despliegue a medio plazo de transmisión de fibra a todas las poblaciones del entorno rural es una iniciativa “fundamental” para garantizar la disponibilidad de las evoluciones tecnológicas en telecomunicaciones, en condiciones similares de capacidad a los entornos urbanos, empezando por el 5G. Junto a este despliegue de fibra óptica, es muy importante tomar decisiones en cuanto a la “adjudicación de espectro radioeléctrico” que primen el desarrollo del mundo rural.

También, se antoja crucial, para conseguir un despegue tecnológico del entorno rural, la “involucración de las administraciones autonómicas y locales y de los operadores locales”, de manera que se cubran las “necesidades de despliegue” de las infraestructuras que capaciten la digitalización, pero junto a ello de todas las demás “acciones de formación, desarrollo de contenidos y desarrollo de soluciones específicas de manera alineada y coordinada”. Sin la base fundamental de una conectividad de alta capacidad, un despliegue enfocado al mundo rural y unas políticas de capacitación digital, el entorno rural seguirá lastrado, no permitiendo el desarrollo de industrias basadas en tecnología, formación de calidad a distancia, servicios de telemedicina que permitan el acceso remoto a especialistas, competitividad de las empresas de transformación agroindustrial, educación de calidad de los niños o teletrabajo.

Todas estas medidas ayudarán al desarrollo del sector tecnológico en España, a la atracción de inversiones industriales y a la reducción de la brecha digital en entornos rurales, así como a la “creación de valor a partir de la innovación y la tecnología”, de vital importancia para el futuro del país y, en particular, de los entornos rurales, según ha puesto de manifiesto sobradamente el “impacto económico de la pandemia”. Se trata de una oportunidad única, a través de los fondos europeos, para la recuperación que están empezando a llegar, de cambiar el modelo productivo y territorial. Pero, además de los fondos, es necesaria una “regulación correcta” que permita la contribución de muchos más actores, más cercanos al terreno, que conocen el medio rural, sus necesidades, sus condicionantes y sus oportunidades.