La Fundación Alternativas y la Fundación Fundipax organizaron este miércoles la presentación del documento ‘La inmigración en España hoy: reflexiones más allá de la pandemia’, con el objetivo de analizar la cuestión migratoria, un fenómeno que ha vuelto a resurgir en los últimos años como un tema de debate en la agenda pública y política. Sin duda, España es un país de inmigración, pero las cuestiones relacionadas con la gobernanza migratoria siguen fuera del debate público. Sin embargo, es fundamental preguntarse hasta qué punto los instrumentos disponibles están preparados para afrontar los retos de una nueva década de movilidad en el país, en pleno cambio del escenario internacional.

La gobernanza migratoria demanda, sin lugar a dudas, una reformulación de sus esquemas, teniendo en cuenta aspectos tan importantes como la aprobación de la nueva agenda europea en materia de inmigración y asilo, los impactos de la pandemia de Covid-19 o la puesta en marcha, por vez primera, de la directiva de protección temporal para dar respuesta a la diáspora ucraniana: son cuestiones clave que afectan a la movilidad y requieren nuevos enfoques para afrontar la problemática. El evento contó con la moderación de Gabriela Sánchez, jefa de la sección Desalambre de elDiario.es

Marta Pérez Ramírez, miembro de Diversit, experta del programa Intercultural Cities del Consejo de Europa y coautora del documento, comenzó su intervención recordando que España es un “país de inmigración”, porque “llevamos unos treinta años” de recorrido, en los que “hemos construido una política migratoria, con luces y sombras”, que pivota sobre cuatro ejes estratégicos: la regulación de flujos migratorios por motivos económicos; los instrumentos de políticas de frontera; el sistema de acogida de personas que necesitan protección internacional; y la integración e inclusión de las personas migrantes.

Según la experta, el momento y el entorno actual son “cambiantes” debido a la pandemia, con una nueva agenda sobre política de inmigración y asilo, y la invasión de Ucrania ha activado, por primera vez en veinte años, una directiva de protección temporal, con un importante “incremento de discursos abiertamente xenófobos”. Todo esto tiene un impacto en la movilidad, en “la convivencia y en la integración de las personas migrantes”.

Pérez Ramírez puntualizó que “necesitamos revisar si los instrumentos de gobernanza con los que contamos están preparados para hacer frente a estos retos y este entorno cambiante, ante esta nueva década que se abre de movilidad”. El Covid ha supuesto un “frenazo del 40%” a la tendencia expansiva de personas que llegaban a España, que comenzó hacia el 2014, cuando “empezamos a recuperarnos de la crisis financiera del 2008, y que llegó en 2019 a un máximo histórico con 119.000 solicitudes de asilo, siendo Marruecos, Colombia, Reino Unido y Venezuela los principales países de procedencia. Sin embargo, las llegadas irregulares a la frontera sur y las islas Canarias han “crecido un 30% en los últimos dos años”, con la llegada de unas “42.000 personas”, y en el primer semestre de 2022 se han “incrementado en un 50%”.

Gemma Pinyol-Jiménez, directora de Políticas Migratorias y Diversidad en Instrategies, investigadora asociada en el Interdisciplinary Research Group on Immigration de la UPF y coautora del documento, sostuvo que “estamos construyendo políticas migratorias en base a una obsesión en el control de la frontera marítima”, lo que “distorsiona” el impacto de la “gobernanza migratoria”, ya que no deja “pensar en otras cosas” y posiciona a España en una “situación de dependencia” en relación a terceros países, que se va a “incrementar” a medida que la situación en el Sahel se complique.

Pinyol-Jiménez aclaró que España, al ser frontera exterior de la UE, “tiene muchos retos por delante, y debemos cambiar la mirada y el marco conceptual”. La situación de pandemia ha propiciado “algunas reformas de carácter coyuntural” que han tenido “continuación estructural”, como la reforma del reglamento en relación a las personas menores extranjeras sin referentes familiares, lo que ha sido un “buen instrumento” que se ha aprovechado a través de “reales decretos”, pero luego ha habido una “reforma específica del reglamento que nos ha permitido avanzar de manera estructural”.

La investigadora precisó que las políticas públicas españolas “no estaban pensadas” para un sistema de acogida de “grandes volúmenes”, lo que ha generado un “colapso” que invita a “reflexionar” sobre su estructura, y “tenemos que mirar” a los países de nuestro entorno para saber si “lo que queremos es centrarnos en la exclusión de las personas refugiadas en grandes centros apartados de las realidades, o queremos un modelo más cercado en el día a día y en facilitar la inclusión”.

En este sentido, Pinyol-Jiménez recalcó la importancia de la “integración y la inclusión”, y apuntó que el imaginario de la población española sobre la migrante es un tanto “kafkiano” y no “responde a la realidad”. A su entender, la convivencia en las sociedades democráticas es de “respeto al pluralismo”, y hay que ponerlo “encima de la mesa” porque el escenario que uno no ocupa para “hablar de convivencia lo ocupan otros para hablar de odio y xenofobia”, y este es uno de los “retos que tenemos en la UE”, y es donde “nos jugamos la convivencia democrática”, porque hablar de “políticas de inmigración es hablar del modelo social que queremos tener”.

Estrella Galán, directora general de Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y patrona de la Fundación Alternativas, calificó el sistema de asilo por la guerra de Ucrania como “histórico”, ya que ha tenido una “respuesta inmediata y eficiente a nivel europeo y nacional”, y con una “magnífica respuesta de la sociedad civil en este momento de emergencia”, y a partir de ahora ya “nadie puede negar que somos capaces de afrontar este tipo de situaciones de manera satisfactoria, por lo que tenemos que incidir en todos los espacios, europeos y nacionales, para que el derecho a asilo no se ponga en riesgo”.

UCRANIA

Según Galán, la inmigración ucraniana ha generado un “régimen de doble velocidad”, entre un sistema de asilo que ya estaba en funcionamiento con ciertas dificultades y con un proceso de revisión interna en marcha y, por otro lado, con la apertura de centros específicos con sus propias particularidades para la acogida de los ucranianos. Cuando hay “voluntad política” se puede hacer de otra manera, y el trabajo coordinado desde las distintas partes “aporta riqueza” cuando se hace bien, pero el riesgo de que alguien no quiera colaborar, como puede ser el caso de alguna comunidad autónoma, “está siempre sobre la mesa”. En este sentido, Galán recordó que las autonomías “no responden todas a la misma velocidad ni al mismo nivel”, y cuando el asilo no está bien coordinado hay problemas, y puso el foco en las elecciones andaluzas del 19-J, ya que es una de las comunidades con mayor número de plazas de acogida, “y si entra Vox a gobernar puede ser perjudicial para el sistema”.

Nuria Moreno-Manzanaro, jefa del Área Social en la Dirección de Estudios y Análisis del CES, señaló la necesidad de acometer una “política estructural y con las luces largas” en materia de inmigración, y esto “sólo puede asentarse de manera adecuada sobre la base de un nivel muy alto de consenso”. Según la analista, la reforma del reglamento de extranjería está en una “fase embrionaria”, y puede haber muchos cambios, pero, históricamente, las reformas en materia de extranjería que han tenido un “gran nivel de consenso”, y cuando se han referido al “mercado de trabajo y han contado con el diálogo social han sido muy efectivas, y todos nos acordamos de la fructífera línea iniciada en 2004”

Moreno-Manzanaro concretó que “la nueva reforma quiere responder a los desajustes en el mercado de trabajo, pero es un tema muy complejo que no sólo incide en la vertiente migratoria, ya que también tiene que ver con el sistema de intermediación, el educativo o el de formación para el empleo”.

Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de Fundación Alternativas, comentó que el tema de la inmigración es una “preocupación mantenida en el tiempo” para la Fundación Alternativas, y es un asunto de “permanente actualidad” ya que vivimos en un “mundo peculiar”, donde hay una gran cantidad de ofertas de trabajo que “no se atienden” y, al mismo tiempo, una “tasa de paro del 13%”, y esta es una de las cuestiones que “afectan”0 a la población migrante. Estas “contradicciones del mercado laboral” son muy relevantes, y sería necesario “encontrar mecanismos” para intentar resolverlas, mientras que la invasión rusa de Ucrania “no ha hecho más que agravar la situación”.

Para Francisca Sauquillo, presidenta de la Fundación Fundipax y patrona de la Fundación Alternativas, el problema no es “sólo por los refugiados que llegan de Ucrania, porque ya tenemos una gran cantidad que ha llegado anteriormente de otros lugares y otras guerras, y el informe de Alternativas refleja la situación actual y analiza de forma profunda la problemática, ya que apunta a cómo debe ser la gobernanza en España para tener claridad a la hora de tratar el fenómeno de la inmigración”.