La crisis generada por el COVID-19 ha sido disruptiva para la política cultural en España, sacando a flote una serie de carencias y tensiones preexistentes. La paralización de la actividad económica y la profunda transformación de las relaciones sociales han dado lugar a veloces cambios que ponen el centro de la escena el rol del Estado en la administración de la cultura.

La política cultural conforma un espacio de negociación del poder, en  dos dimensiones interrelacionadas. Por un lado, su eje sectorial se vincula a la intervención de las administraciones públicas y de los actores sociales en los diferentes campos artísticos y patrimoniales. Diversas dinámicas de cooperación y conflicto entre los actores públicos y privados inciden sobre las bases materiales de la producción y el consumo cultural, en ámbitos como la industria cultural o los grandes eventos internacionales. Por otro lado, se haya su dimensión antropológica, que remite a la cultura como “modo de vida”. Se trata también de un terreno de disputa por la hegemonía, que trasciende el campo artístico-cultural, pero donde el arte y el patrimonio son instrumentalizados con fines políticos. La promoción internacional de la pintura informalista por parte del franquismo, como un medio para presentar una imagen moderna de la dictadura, sirve para ilustrar este fenómeno. Del mismo modo, actualmente, bajo el auge de las llamadas políticas de identidad, una película o una novela suelen transformarse en el foco de representación social de distintos intereses políticos en juego.

En cuanto a las políticas sectoriales, la situación que vivimos ha evidenciado la precariedad laboral de las y los artistas y demás trabajadores de la cultura. Cabe recordar que las medidas de “austeridad” fiscal posteriores al 2008 debilitaron el mercado cultural mediante sucesivos recortes presupuestarios. Esta política acompañó una reducción del empleo cultural, que cayó marcadamente hasta el año 2012. Si bien ambos indicadores han mejorado en los últimos años, la Encuesta de Población Activa de 2019 reveló que más de 3 de cada 10 “trabajadores culturales” eran no asalariados y que un 17,8% de los asalariados tenían contratos temporales. Además, según la encuesta, un 40% de estos empleos correspondían a mujeres. Por último, cabe tener en cuenta que menos de un 1% de las empresas del sector emplean a más de 50 personas.

No es posible prever con precisión los efectos económicos de la crisis actual sobre el sector. No obstante, la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual estima un total de 960 millones de euros en pérdidas directas e indirectas sólo durante el primer mes de la cuarentena. Las políticas de aislamiento evidencian, por ejemplo, la dependencia de los productores culturales de los ingresos eventuales o los espectáculos en vivo. Estos eventos son una fuente central de ganancias para las empresas y autónomos, que en muchos casos recurren solo de modo complementario a la producción de contenidos digitales, cuyos ingresos por publicidad también han comenzado a verse afectados. El cierre de pymes culturales e instituciones públicas en este ámbito deja un escenario crítico.

La abrupta transformación de los circuitos de producción y circulación artísticos generada por la pandemia tiene, no obstante, efectos desiguales. Las medidas de aislamiento social confirman la posición privilegiada de algunas multinacionales que producen y gestionan contenido cultural online. La crisis actual está demostrando también que muchas redes culturales y artistas se encuentran bien integrados en el medio digital. De este modo, en solo unas semanas hemos podido asistir a conciertos o eventos gratuitos de músicos como Bebo Valdés, Jorge Drexler o Norah Jones, pero también de innumerables artistas independientes, escritoras y pequeños elencos. La paradoja consiste en que la gran mayoría de las y los artistas compartiendo gratuitamente su obra en la red, necesitan “volver a la calle” para asegurar sus medios de vida. Mientras la digitalización de las prácticas de ocio ha favorecido una cierta ampliación en el acceso a la cultura, Internet no se perfila como una vía para brindar seguridad económica a la amplia mayoría de las y los trabajadores del sector.  

En este escenario, durante las últimas semanas se han multiplicado los llamamientos del sector cultural a la apertura de vías de ayuda para el periodo de cuarentena. Dichos reclamos han incluido la movilización virtual de múltiples asociaciones de trabajadoras culturales en todo el país, una carta firmada por 95 premios nacionales, dirigida al Ministerio de Cultura para que tome medidas de fondo y un “apagón cultural” de 48 horas en las redes sociales. Como respuesta a esta situación, distintas administraciones públicas, como la Generalitat de Catalunya o el Ayuntamiento de Barcelona, han establecido mecanismos para dar soporte a este sector. En cambio, el Ministerio de Cultura no concretó inicialmente ayudas específicas. Esto tensionó su relación con los actores sociales y con otras administraciones, que destacaban las particularidades de este mercado de trabajo, como el limitado acceso al seguro de desempleo. En este marco, el Ministerio ha propuesto un pacto “social y político” por la cultura.  Este programa, que está siendo negociado entre dicho Ministerio, los representantes de las Comunidades Autónomas y los actores sociales, posee tres ejes: la protección de los sectores de la cultura en una “fase de resistencia", "relanzar" a las empresas y organizaciones después de la pandemia y, por último, establecer la cultura "como un bien de primera necesidad con el objetivo de preservarla de cara a futuras crisis".

ANTAGONISMOS

Pero resituar la cultura como un derecho de ciudadanía requiere también repensar la dimensión antropológica de la política cultural, y considerar cómo esta se verá afectada por la situación que vivimos. En el campo de la disputa hegemónica, esta crisis saca a la luz los antagonismos dominantes en los discursos culturales actuales y la ausencia de un proyecto político-cultural sólido. En este sentido, el avance de un frente de extrema derecha con cierta capacidad de explotación de los recursos patrimoniales y artísticos, es sintomática del inestable escenario político-cultural actual. Si bien conjugado con una diversidad de orientaciones políticas y con desigual potencia en cada país, este “movimiento” reaccionario combina el nativismo excluyente con una suerte de liberalismo económico centrado en proteger los privilegios de las élites económicas nacionales. Su reacción política a la crisis actual pretende quebrar las posibilidades de una salida redistributiva e internacional a la crisis socioeconómica en la que nos encontramos. Se expresa en los planteamientos xenófobos sobre la crisis —como la atribución de una nacionalidad al virus—, que han sido aprovechados por figuras como las de Donald Trump o Jair Bolsonaro y contestados por la UNESCO. En España, VOX ha dado continuidad a la estigmatización del mundo artístico, tildándolo negativamente de “subvencionado” —una estrategia utilizada por el Frente Nacional en Francia—, y a su patrimonialismo reaccionario.  Por ejemplo, en la visión del “combate” contra el virus simbolizado en un toro, o en el señalamiento de ciertos artistas como agentes improductivos y pertenecientes a una élite dicotómica frente a “pueblo”. Los ataques al paradigma multicultural y a las libertades culturales, representan una nueva cortina de humo: Mientras este programa conservador subraya el carácter identitario-nacional de ciertos elementos artísticos o patrimoniales, no cuestiona la concentración actual de los medios de producción cultural ni precarización de las condiciones del trabajo en este sector, antes referida.  

A la hora de analizar las alternativas a estos discursos excluyentes, nos encontramos con un fenómeno que atraviesa al conjunto de la política cultural: la fragmentación de sus discursos de base. Los diversos movimientos sociales actuales, —que aglutinan causas tan diversas como la lucha de los jóvenes estudiantes chilenos, el movimiento FridaysforFuture o las alianzas internacionales del movimiento feminista—, no poseen un correlato en el campo político-cultural. Mientras los trasvases entre el campo político y el cultural fueron históricamente significativos en la configuración de los paradigmas de gestión estatal de la cultura–por ejemplo, con las vanguardias artísticas del siglo XX o el movimiento artístico en torno al mayo de 1968—, estas relaciones se diluyen hoy en un campo artístico de limitada autonomía y dominadas por una racionalidad economicista. Concentrado en las grandes ciudades y enmarcado por el discurso de la creatividad, el mundo cultural se encuentra tibiamente vinculado a los proyectos políticos de transformación social. Siguiendo esta estela, durante la última década, la teoría de la política cultural ha ingresado en un período de reflexión sobre la debilidad de sus modelos institucionales recientes, herederos del Estado de Bienestar.

De esta manera, la crisis del coronavirus pone frente al espejo a una política atravesada por su falta de mecanismos para abordar la precarización laboral de la cultura y de una base normativa sólida. Expone asimismo transformaciones en la interrelación de sus dimensiones constitutivas y efectivas, donde ciertos discursos emergentes se disputan la nueva hegemonía. Lejos de considerar que la pandemia actual conducirá de modo determinista a un cambio sistémico en este campo cabe, eso sí, proyectar los posibles escenarios derivados de sus profundas consecuencias sociales y económicas.

El desafío ahora consiste en pensar el potencial catalizador de esta “cuarentena de la cultura” para un proyecto político cultural progresista en España. Por un lado, será una oportunidad para la reactivación del sector cultural mediante políticas públicas que den soporte al aparato productivo y a las organizaciones sociales de base. En esta línea, representantes de los actores sociales, incluidos empresas, autónomos y artistas, han solicitado al Ministerio de Cultura que su plan de choque facilite fondos suficientes para compensar su falta de ingresos hasta que recuperen el nivel de actividad anterior a la crisis. Esta política debería abrir la puerta a la colectivización y a la (re)legitimación de un sector que, además de crecientemente digitalizado y concentrado en pocas manos, está en una situación de emergencia. Por otro lado, el escenario post COVID-19 impulsará, todavía más, la disputa por los relatos hegemónicos en la política cultural y el desarrollo de nuevos modelos institucionales. Vista la creciente incidencia de los discursos racistas y desreguladores en la Europa actual, es fundamental la proyección de un horizonte ecologista, feminista y comunitarista consistente que, sin perder de vista el factor de clase, promueva la movilización social y política hacia una nueva democracia de la cultura.

* Mariano Martín Zamorano es doctor en Gestión de la Cultura y el Patrimonio por la Universidad de Barcelona