La Fundación Alternativas organizó este martes, en colaboración con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), la presentación virtual del Informe sobre la democracia en España 2020. En su decimocuarta edición, el documento se centra, como no podía ser de otra manera, en las consecuencias que la situación extraordinaria generada por el coronavirus ha provocado sobre las ins­tituciones democráticas españolas. En este sentido, se ponen a examen, con mirada crítica, algunas cuestiones específicas: cómo se enfrentó la sociedad y el Estado a la crisis; cuáles fueron las implicaciones, en términos económicos y sociales, de la misma; qué dilemas democráticos plantean la restricción de derechos fundamentales y la apelación a la tecnocracia; o cómo se ha llevado a cabo la gestión en un contexto de poder diseminado.

El trabajo concluye, tras la valoración de los 319 expertos consultados, que la democracia española obtiene una “calificación de 6,3 puntos sobre 10, la más alta en los trece años de vida de la encuesta, registrando la quinta mejora anual consecutiva”. El indicador más “alarmante” es el de la “libertad de expre­sión”, que lleva cinco años empeorando su calificación, seguido del de la “estabilidad en el Gobierno”. Entre los puntos con mejores registros, destacan la “participación” política y social de las mujeres, la “responsabilidad” del poder lo­cal y autonómico, la “representatividad del Parlamento”, la “libertad” de los partidos y un “acceso más igualitario” al poder. Esto podría ser “una señal” de que la democra­cia, aunque sea lentamente, responde en la “dirección de las demandas sociales”.

Por otro lado, las peores calificaciones abso­lutas aparecen en lo que se refiere a “la corrupción, la interferencia del poder económico en la política, la selección no igualitaria de las élites políticas y su alejamiento de sus representados”. A corto plazo, con respecto a los úl­timos dos años, la evaluación que más ha mejorado es la de la “independencia” de los jueces. También ha “aumentado bastante” la calificación sobre el cumpli­miento de la legalidad. Sin embargo, aunque el informe arroja una “valoración positiva y estable” de la democracia en España, existe “una convergencia en torno a una cierta erosión de las libertades civiles”.

Alberto Penadés, codirector del informe y jefe del Departamento de Innovación del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), aclaró que “es normal” que la nota final sea un 6,3, ya que se elabora a partir de “un promedio con hasta 57 aspectos” consultados en la encuesta a los expertos. Al igual que todas las democracias avanzadas, la española fue “perdiendo crédito desde la Gran Recesión de 2008 y las políticas de respuesta” que se adoptaron, pero lleva desde 2015 “recuperando su valoración”.  

Según el experto, “otras instituciones, como la Universidad de Gotemburgo, califican a España en unos baremos muy parecidos los de nuestro documento y colocan nuestra democracia en el grupo de cabeza de los países occidentales, por encima de la media europea y de las naciones que integran la OCDE”.

Respecto a las comunidades autónomas, los extremos los ocupan “País Vasco y Cataluña”, que son, respectivamente, la comunidad au­tónoma con mejor y peor valoración ciudadana de sus Gobiernos en Es­paña. Las mejores valoraciones se en­cuentran en el norte: País Vasco, La Rio­ja, Navarra y Asturias. El siguiente grupo, aún con buenas valoraciones, lo forman Extremadura, Castilla-La Mancha, Co­munidad Valenciana, Islas Baleares y Cantabria. El resto de los Gobiernos “sus­pende”, en al­gunos casos con “bastante rotundidad”.

Además de la corrupción, las “indeseables injerencias financieras e internacionales” representan otro de los puntos débiles de la democracia española. Por otro lado, existen muchas cuestiones concernientes a la “participa­ción y la sociedad civil” que son “mejora­bles”, especialmente las que conciernen a los “medios de comunicación y a los representantes de la ciudadanía”. En de­finitiva, hay una “alta desconfianza en los líderes políticos y en sus mediadores”, a lo que la situación de “competencia polí­tica entre Gobierno central y las comu­nidades autónomas en torno al estado de emergencia y otras medidas de pre­vención de la expansión del virus no ha ayudado a mitigar”.

No obstante, los autores del informe destacan ampliamente las “fortalezas” de la democracia española. Las más sobresalientes tienen que ver con la celebración de “eleccio­nes limpias y la libertad de voto”, segui­das por el “respeto a las libertades reli­giosa, de partidos políticos y sindicatos —de asociación, en general—, el derecho a vivir y a la lengua, así como el ajuste a la legalidad de los funcionarios”.

LA DEMOCRACIA COMO FORMA DE VIDA

Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, destacó la importancia de “aferrarnos a la democracia como forma de vida, en este contexto tan difícil en el que nos encontramos”. La pandemia ha puesto de manifiesto que la perspectiva pública y la intervención del Estado son “fundamentales” para hacer frente a este tipo de retos, y a sus consecuencias económicas y políticas. Garrido recordó que el informe valora la democracia “desde la perspectiva de las instituciones y sus políticas; desde el Gobierno de coalición, una novedad en España; desde la polarización y los agentes políticos, los ciudadanos y sus derechos; y desde la información sobre la pandemia”.

Yolanda Gómez Sánchez, directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), que colabora en el informe por segundo año consecutivo, sostuvo que el volumen recoge los “principales acontecimientos” que han marcado la situación sociopolítica en España en el último año, por lo que era “obligado centrarse en las consecuencias de la pandemia”. A su juicio, “es una satisfacción ver cómo las instituciones y entidades han logrado cumplir sus objetivos en condiciones muy adversas, lo que es una muestra de la salud de la democracia y de la sociedad civil”. Además, destacó que, como muestra el informe, “España está integrada en el club de los países privilegiados en lo que respecta al funcionamiento de las instituciones y el respeto a las reglas básicas de la democracia”.

En el debate posterior, que estuvo moderado por Máriam Martínez Bascuñan, profesora de Ciencia Política en la UAM y autora del capítulo “Ensayo del primer Gobierno de coalición”, participaron Alberto Penadés; Amuitz Garmendia, codirectora del informe y profesora visitante en el departamento de Ciencias Sociales de la UC3M; Borja Barragué, profesor de filosofía política y jurídica en la UNED y autor del capítulo “La capacidad del sector público en España” y Sandra León, patrona de la Fundación Alternativas y miembro del Consejo Asesor del IDE.