La Fundación Alternativas organizó este miércoles la presentación del documento titulado ‘Estudio de percepción del impacto socioambiental de la nueva Ley de Residuos’, elaborado por Jesús Gamero Rus, profesor asociado de la Universidad Carlos III; Ricardo Luis Izquierdo, codirector de la Cátedra de Economía Circular de la URJC; y José Luis de la Cruz, coordinador de Sostenibilidad de la Fundación Alternativas.

El trabajo aclara que la complejidad del sector de los residuos en España se refleja tanto en las diferentes “necesidades y objetivos” que se deben alcanzar para alinear su actuación a las directrices europeas, como en las diversas visiones e intereses de los diferentes actores implicados. La Ley de Residuos y Suelos Contaminados del 8 de abril de 2022 propone aunar esas dos cuestiones: “Establecer una hoja de ruta hacia la economía circular que permita cumplir los objetivos fijados por la Unión Europea en cuanto a la gestión de residuos; y proponer respuestas a los desafíos y necesidades que enfrenta el sector de la gestión de residuos en España”. La Ley es esencial para acometer los “retos de la economía circular”, pero “llega tarde” por lo que pone en duda que se puedan alcanzar los “objetivos planteados” y necesitará de un profundo “desarrollo reglamentario”.

Por primera vez se acometen “aspectos esenciales” para el desarrollo de la economía circular como la “fiscalidad, la evolución de los sistemas de gestión, la transparencia en la información y la responsabilidad ampliada del productor”. Sin embargo, el diálogo y el proceso participativo no ha sido lo “suficientemente dilatado en el tiempo y ha provocado que, en algunos aspectos como el ecodiseño, la obsolescencia programada o el fomento de la reparación no se haya producido el suficiente debate entre los agentes implicados, quedando diluidos estos aspectos en el conjunto de la Ley”. Del mismo modo, se echa en falta un desarrollo más en profundidad de “cuestiones sociales y de generación de empleo”.

El estudio resalta la “complejidad del proceso” y las dificultades que pueden surgir en la implementación de la Ley. Cuestiones y opiniones diversas relacionadas con el “futuro del sistema de recogida selectiva, la eficacia de las plantas de tratamiento, el sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR), los sistemas de recuento en la gestión de residuos, la responsabilidad ampliada del productor o la aplicación de la fiscalidad verde”, entre otras cuestiones, requerirán de un desarrollo reglamentario asentado en un largo proceso participativo que “garantice la eficiencia del sistema y potencie las oportunidades que ofrece el desarrollo de la Economía Circular para la innovación, la creación de empleo y la reducción de la dependencia exterior en materias primas”.

Por otro lado, existen grandes retos, como la “responsabilidad ciudadana”. La concienciación que se puede tener en el hogar no llega a trasladarse al “comportamiento de las personas” fuera del mismo, ya fuera en su tiempo de ocio o en su lugar de trabajo. Esto implica trasladar las “campañas de información y concienciación a todos los ámbitos”, e investigar qué tipos de comportamientos existen y cuáles son los problemas y necesidades para ampliar esa “responsabilidad” por parte de la ciudadanía.

TASA DE RESIDUOS

Si bien la Ley por primera vez deja la puerta abierta a la “cohabitación de diferentes sistemas de gestión de envases ligeros”, será necesario un profundo desarrollo normativo para implantar con eficiencia y eficacia el gran reto al que se enfrentan las entidades locales, más allá de la tasa de residuos. Las administraciones locales, se ven obligadas a asumir en un muy breve espacio de tiempo la “gestión de una gran cantidad de flujos nuevos de residuos”. La incógnita aún no solucionada en la Ley es la cuestión sobre cuál va a ser el “papel y responsabilidad de los productores de productos”. Ya sean muebles, textiles, envases, usos agrarios, pilas, acumuladores, aparatos eléctricos, etc., los flujos de residuos requieren que los productores asuman su responsabilidad en la gestión en todo su ciclo, lo que implica “identificar nuevos espacios de regulación que remitan a esa responsabilidad ampliada del productor”.

En lo referente a la transparencia en la información, queda claro que se debe “buscar una información objetiva y fiable para aplicar políticas públicas efectivas”. Sin esa información adecuada, no podremos evaluar, “proponer objetivos y aplicar las medidas adecuadas”. La Ley contempla los Sistema Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) y expone nuevas herramientas, pero que deberán ser “desarrolladas por el ministerio para que mejore la información”.

En definitiva, la Ley supone un “gran avance”, pero deja muchas líneas abiertas que deberán ser acometidas de manera inmediata en un “proceso de diálogo largo y ampliamente participativo que siente unas bases sólidas y perdurables”. Una vez aprobada la Ley existe un gran camino que recorrer, más allá de la aprobación de la Ley, y que se entiende necesario para “continuar promoviendo debates y acuerdos como medio para facilitar la implementación de la misma y seguir avanzando en un proceso que facilite un avance coordinado y efectivo a nivel nacional, avanzando en la circularidad de la economía y promoviendo la optimización de los materiales y residuos, alargando su vida útil”.

Participaron en el debate, moderado por Laura Ojea, periodista de ‘El Español’, Juan Antonio López de Uralde, presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico; Daniel Vicente Viondi, vicepresidente primero de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico; César Sánchez Pérez, secretario segundo de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados; y Alodia Pérez, diputada de Más Madrid en la Asamblea.