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17 septiembre 2019

Los ciudadanos reclaman la construcción del pilar social europeo

Los ciudadanos reclaman la construcción del pilar social europeo

Dentro del marco del programa ‘Hablamos de Europa’, auspiciado por la Secretaría de Estado para la Unión Europea, la Fundación Alternativas organizó el primero de los tres debates participativos con los que pretende fomentar el diálogo ciudadano acerca del tema seleccionado para este nuevo ciclo de encuentros: la Europa social. La sede madrileña de la Representación de la Comisión Europea fue el lugar escogido para la jornada, donde participaron la alta comisionada para la Agenda 2030 en España, Cristina Gallach; el secretario general de CCOO, Unai Sordo; el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, Diego López Garrido; y María Pallares, coordinadora de programas de la Friedrich Ebert Stiftung. Tanto en las intervenciones de los ponentes como en el posterior debate con los asistentes, se puso de manifiesto la necesidad de construir el pilar social europeo.

López Garrido destacó que “la Europa social, de todos los valores de la Unión, es el que menos instrumentos jurídicos posee”, y aseguró que los objetivos de la UE para la Legislatura que acaba de arrancar deben ser las “ayudas a los discapacitados y a los enfermos mentales y físicos; el bienestar de los niños en las escuelas; la especialización del trabajo; las ayudas a los mayores con el fortalecimiento de las pensiones; mejorar el subsidio de desempleo; el salario mínimo; una directiva sobre condiciones laborales; y un protocolo de derechos sociales”. A su juicio, las tres grandes líneas de trabajo en las que la Comisión debe centrarse para construir el pilar social europeo son “el mercado laboral único, la seguridad social común y una política fiscal conjunta”.

El ex secretario de Estado para la UE advirtió asimismo que Europa, desde el punto de vista de lo social, no está preparada para aguantar una crisis como la de 2008. “El gran desafío de la Comisión es colocar a la Europa social al mismo nivel que la económica y monetaria”, aclaró Garrido. Por su parte, Cristina Gallach, alta comisionada en funciones para la Agenda 2030 en España, afirmó que “la próxima Legislatura de la UE tiene que ser socioambiental porque, de lo contrario, Europa se nos va a ir de las manos, y las nuevas generaciones no lo van a entender”. Según Gallach, el marco presupuestario 2021-2027 debe “ajustarse” a las necesidades de la Europa social, y recordó que las directrices sociales y ambientales de la UE han experimentado un “impulso” con la nueva presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen.

Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, avisó del “riesgo de una amenazante ralentización económica, provocada por factores geopolíticos, sin haber salido todavía de los efectos de la crisis de 2008 y de las políticas de austeridad”. En este sentido, Sordo aclaró que la política fiscal y social de la UE tienen que “paliar las consecuencias de la austeridad y traspasar los límites de la política monetaria, que no da más de sí”.

El sindicalista expuso la necesidad de avanzar “en el salario mínimo europeo, pese a las divergencias entre los Estados de la UE; en un seguro de desempleo europeo, de carácter complementario pero que tendría un importante valor político; y en un marco de referencia de rentas mínimas para evitar políticas de exclusión”.

El rol social de la UE es uno de los temas marcados en rojo en la agenda política europea, como apuntaba en su introducción el director de la Representación de la Comisión Europea en Madrid, Francisco Fonseca: “El programa de Ursula von der Leyen recoge seriamente la necesidad de que Europa ponga en marcha medidas sociales”. Entre otras cuestiones, la agenda para Europa ('Orientaciones Políticas para la próxima Comisión Europea 2019-2024') que presentó von der Leyen promete la elaboración de un plan de acción para aplicar plenamente el pilar europeo de derechos sociales, a través de medidas tales que un sistema europeo de reaseguros de prestaciones por desempleo, la creación de una Garantía Infantil Europea o la Directiva sobre conciliación de la vida familiar y la vida profesional.

 

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