La Fundación Alternativas ha realizado un encuentro entre representantes de varias organizaciones españolas (Confederación de Comisiones Obreras, WWF, Greenpeace, Sustainlabour, InspirAction, Manos Unidas y Ecologistas en Acción) con periodistas en torno a la valoración de los resultados de la COP21 de cambio climático y el Acuerdo de París en particular.

El evento se abrió con una breve presentación de la valoración del Acuerdo de París por parte de la propia Fundación. Como puntos positivos del acuerdo se destaca el objetivo ambicioso del Acuerdo de limitar la subida de temperatura media global a 2C e intentar mantenernos en 1.5C, el hecho de que el acuerdo establezca reglas de juego similares, que no iguales, entre países aunque dando una mayor responsabilidad a los países desarrollados. Entre los elementos débiles del acuerdo se destacan el hecho de que los compromisos sean definidos de manera voluntaria por cada uno de los países, que no existe una hoja de ruta clara que refleje la reducción de emisiones que debe darse por parte de los países, la falta de sanciones por no cumplimiento y la flexibilidad en cuento a la legalidad vinculante del Acuerdo. A pesar de estos puntos, la Fundación Alternativas considera que el nuevo marco político que pone en encima de la mesa el Acuerdo de París es una buena noticia que tendrá impactos positivos en las inversiones y políticas verdes relacionadas con cambio climático.

El escenario que debiera haber adoptado el Acuerdo de París tendría que acercarse a lo recomendado por el IPCC: El pico de producción de emisiones a nivel mundial debería situarse en torno al 2020 para luego reducir las emisiones entre el 40 y 70% alrededor de 2050 y llegar a un futuro cero en emisiones hacia 2070. Salirse de esta trayectoria supondrá más costes, más esfuerzos y menos posibilidades de mantenernos en un escenario de aumento máximo de 2C medios.

La estrategia de ‘name-and-shame’ que consiste en señalar al que no está haciendo lo suficiente para que a través de la presión social se obligue a actuar con más ambición y evitar de esta forma las sanciones, no tiene visos de funcionar. De hecho, el resultado de los compromisos actuales encima de la mesa es de aumentos de temperatura de entre 2.7 y 3.9C. Es justamente esta voluntariedad en la definición de compromisos y de la forma y tiempo de alcanzarlos uno de los elementos peor valorados por todos los asistentes, que hacen del Acuerdo de París un texto sumamente flexible, que dificulta enormemente su logro.

Los mecanismos de mercado previstos por el Acuerdo -el mercado de emisiones y los mecanismos tipo de desarrollo limpio- pueden ser utilizados de nuevo, como via de escape para evitar las obligaciones nacionales, es decir tomar medidas que aseguren la reducción de emisiones en el país que tomó el compromiso de hacerlo. Además, deben tomarse medidas que eviten el uso perverso del mecanismo y que sean los países más emisores los que más inversiones atraigan, por su mayor rentabilidad económica.

Otro de los puntos débiles del Acuerdo es la financiación climática. En primer lugar, porque el acuerdo no va más allá de los ya comprometidos 100 mil millones de dólares al año disponibles a partir del 2020 y en segundo lugar porque no existe una hoja de ruta clara sobre qué y quién – y de qué fuentes- provendrán esta cantidad. La definición de ‘financiación climática’ así como el monitoreo de estos flujos monetarios serán claves en este nuevo marco internacional.

El poder de los grandes grupos empresariales -sobre todo, aunque no sólo energéticos- que se resisten a cualquier cambio que pueda afectar a su línea de negocio, es una de las razones para que no se esté avanzando de manera decidida en la lucha contra el cambio climático. Todo esto tiene que ver con una economía muy desregularizada, que probablemente irá a peor con la aprobación de diferentes Acuerdos internacionales comerciales.

Por otra parte, España ha retomado su trayectoria de crecimiento de emisiones. En 2014 se emitieron 1,1% más que el año anterior, mientras que en la Unión Europa se redujo un 4,1%. Es decir, en cuanto hay recuperación económica, hay incremento de emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país. Si queremos cumplir con el Acuerdo de París, hay que tomárselo en serio y poner en marcha una serie de medidas que aseguren una reducción drástica de emisiones en el corto y medio plazo. Una señal política en esta dirección es imprescindible para marcar la ruta inversionista del sector empresarial. En esta misma línea, se recordó que importante evitar lo que pasó tras la ratificación de Kioto, cuando las emisiones subieron en España de forma vertiginosa, debido a la no puesta en marcha de medidas ambiciosas de reducción de emisiones. El objetivo es descarbonizar la energía para 2050. Un gran desafío para nuestro país, gran consumidor de petróleo, gas y carbón. La buena noticia es que la transición a este nuevo modelo energético limpio creará grandes cantidades de nuevos empleos verdes. España debe también acelerar sus esfuerzos en financiación climática y ponerse a la altura de su responsabilidad, en línea con otros países desarrollados.

Otro de los asistentes destacó las muchas renuncias a las que tuvieron que enfrentarse muchos de los países para alcanzar una Acuerdo por consenso. Un buen ejemplo es la referencia a los derechos humanos que quedó en la parte preambular del acuerdo en vez de en el articulado, otro sería la referencia a la limitación del uso de combustibles fósiles. Sí se incluye sin embargo, como objetivo ‘la neutralidad climática’ lo que servirá muy probablemente para especular con los sumideros de carbono (bosques, océanos y otros) además de dar alas a las denominadas ‘falsas soluciones’ como la tecnología de captura y almacenamiento de carbono. Probablemente gran cantidad de fondos serán destinados a cubrir infraestructuras vinculadas con el desarrollo de estas tecnologías, en vez de ser utilizados para el desarrollo de tecnologías ya probadas como las energías renovables. En esta línea se recuerda como es habitual recordar la dificultad de alcanzar acuerdos climáticos globales sin embargo no lo es lograr acuerdos macroeconómicos – como los sugeridos por el Fondo Monetario Internacional, FMI- con impactos sociales y económicos enormes en todos nuestros países.

Otros de los elementos que desaparecen es la posibilidad de reclamación por parte de los países más afectados por el cambio climático a los países más emisores sobre los daños causados en sus economías y sociedades por estos impactos.

Queda profundamente debilitado todo lo relativo a los derechos. Quedó fuera del Acuerdo el derecho a la alimentación, dejando sólo una referencia al impacto en la producción de alimentos, un enfoque profundamente productivista.

Es importante, en todo caso, diferenciar entre la valoración del instrumento internacional que supone el Acuerdo de París -muy insuficiente y muy decepcionante- de su valor para la acción climática. En este sentido, el hecho de tener un nuevo marco de acción climática mundial debe ser visto como una buena noticia. Hay interés por parte de todos los países de trabajar en la misma dirección. Este es el análisis que probablemente harán los inversores.

En lo relativo a China, hay que recordar que gran parte de las emisiones del país corresponden a la fabricación de elementos de consumo destinados a muchos otros países, entre ellos España. En una contabilidad de emisiones que reflejara claramente la responsabilidad de la producción de emisiones una buena parte de las emisiones chinas corresponderían a Europa, Estados Unidos y otros países ya desarrollados.

En cuanto a España, entre las medidas a poner en marcha de manera urgente se incluyen el cierre de las minas y centrales de carbón, por ser importantes focos de emisiones de GEI así como de las centrales nucleares, por el gran problema socio-ambiental que suponen sus residuos. Otras de las medidas que se sugieren es la aprobación de una ley de transición energética y una ley de cambio climático que tenga como objetivo el logro de los objetivos climáticos en tiempo, por parte de España. La Unión Europea acordó una reducción de entre el 80 y 95% de emisiones para el 2050. Este objetivo, asumido por España, debe ser traducido en medidas concretas.

Se destacó la dimensión social del Acuerdo. Por un lado ,se reconoció como buena noticia que el Acuerdo coloque la lucha contra el cambio climático junto con la erradicación de la pobreza y el logro de los recientemente aprobados Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se plantea el cambio climático como una amenaza a nuestro desarrollo. Por primera vez también se utiliza el concepto de justicia climática y que el cambio climático afecta de manera diferente a las poblaciones de diferentes regiones y países.  Aún hoy 1.400 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza. Su vida depende directamente de la buena salud de los ecosistemas. Serán los más pobres los más afectados por su degradación. Son los más pobres también los que tienen menos recursos para adaptarse a estos impactos. Importante recordar el reconocimiento sobre las responsabilidades comunes pero diferenciadas entre países que permitirán tomar medidas a diferente ritmo a cada uno de los países según su capacidad de acción. También por primera vez un Acuerdo climático reconoce la necesidad de que la transición hacia un mundo bajo en emisiones sea desarrollada con elementos de justicia para los trabajadores que ser verán profundamente afectados, de manera positiva y negativa, por los cambios económicos y sociales de este futuro, sea por tanto una transición justa. En España, está transición justa para los trabajadores se refleja bien en el sector de la energía: miles de nuevos empleos se crearon en las renovables cuando se tomaron medidas de impulso al sector. Muchos de estos empleos se perdieron unos años más tarde, una vez que se pusieron medidas contrarias a su desarrollo. Además, mientras que en España se cierran minas de carbón alegando alto coste ambiental y económico, se continúa importando carbón de otros países, a precio más bajo pero con condiciones laborales mucho peores que las españolas. Situación absurda en lo ambiental y en lo social.

Se destaca el importantísimo papel que ha tenido la presión de la sociedad civil en este Acuerdo, gracias a su presión a nivel internacional. Sólo en la medida que haya una sociedad civil exigente tendremos gobiernos que respondan con medidas ambiciosas.

El contexto actual de precios bajos del petróleo podría tener un efecto acelerador en las inversiones en fuentes de energía limpias y otras inversiones bajas en carbono.

Se recuerda que ya hemos aumentado un grado la temperatura media global del planeta y estamos siendo testigos de los fenómenos extremos de este aumento de temperatura. Podemos imaginar el futuro ya a corto plazo que nos espera.

Se plantea la posibilidad de replicar en España la campaña de fomento de la desinversión que se está dando ya en otros países europeos con muy buenos resultados, consiguiendo que grandes fondos de inversiones de pensiones públicas, así como diferentes fundaciones privadas hayan acordado retirar sus fondos de inversiones vinculadas al carbón, petróleo y gas.

Se recuerda que para conseguir el objetivo de los 2C se debe dejar bajo tierra el 80% de los combustibles fósiles. Los mecanismos de mercado hasta ahora utilizados no han conseguido este objetivo. De hecho, en 50 años hemos consumido la mitad de las reservas de estos combustibles a nivel mundial. A ello ha ayudado un sistema financiero, profundamente desregulado. Será difícil abordar el problema del cambio climático sin regularizar el sistema financiero antes y esto sólo se consigue con decisiones políticas. Mientras la Organización de Productores de Paises Exportadores de Petróleo (OPEC) formen parte de las negociaciones, la presión continuará para seguir explotando estas fuentes energéticas a través incluso de formas ineficientes y profundamente contaminantes como el fracking o las arenas bituminosas.

Una de las líneas de trabajo sería hacer un análisis en clave nacional, sobre qué tipo de inversiones queremos que apoye nuestro gobierno, evitando hipotecar al país con inversiones del pasado. Es tiempo de invertir no de gastar. Otra de las medidas sería abordar la necesidad de la desinversión por su mayor riesgo financiero. Una campaña de este tipo podría servir para informar al consumidor sobre los impactos de sus decisiones en el cambio climático.

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