La Fundación Alternativas organizó este miércoles la presentación de su Informe sobre la Democracia en España. El documento, elaborado anualmente por el Laboratorio de Alternativas, apunta a una cierta recuperación de la calidad de la democracia española, llegando a niveles anteriores a la Gran Recesión, tras una pandemia que ha puesto al descubierto las fortalezas y debilidades de los sistemas políticos de todo el planeta, donde sí se detecta un declive democrático que se refleja en una pérdida de calidad en una serie de democracias, más que un retroceso hacia dictaduras tradicionales.

El informe, que llega así a su decimoquinta edición, advierte, no obstante, que la tibia recuperación de la democracia española no debe ser óbice para prestar atención a algunos problemas encadenados que pueden llegar a afectar no sólo a la capacidad del Estado para procesar conflictos, sino también a los mecanismos fundamentales de la democracia. Como cada año, el documento presenta una evaluación de la democracia española basada en 57 ítems y un panel de 317 expertos, cuya calificación media se ha situado en el 6,2. Tras cinco años de recuperación democrática, la nota “ha bajado una décima en el último año”, pero, sin embargo, se dibuja una “estabilización” tras la crisis de insatisfacción con el sistema político que se desencadenó durante la Gran Recesión y que tocó fondo en la “primera mitad del decenio pasado”.

El documento destaca asimismo que la crisis del coro­navirus “no ha supuesto una merma” en la ca­lidad de la democracia española y que, en los últimos tres años, la valoración de la democracia ha “subido en todos los in­dicadores” menos en uno: la efectividad de la oposición. En el corto plazo, destacan como me­joras los “indicadores referidos a los derechos sociales y a la inclusión”, mientras que entre las novedades negativas sobresale el “empeoramiento de la va­loración del Estado de derecho”, seguramente como reflejo de la “no renovación” del Consejo General del Poder Judicial y de las consecuen­tes tensiones políticas.

La evaluación de la democracia que el documento hace del 2021 respecto a la pri­mera que se hizo en 2008 destaca que la recuperación después de la larga crisis se ha logrado pese a registrarse un “retroceso en cuestio­nes importantes como la libertad de expresión”. España también ha retrocedido en la “efectividad del papel de la oposición, la estabilidad del Gobierno, la libertad de prensa y la promoción internacional de los derechos”. Asimismo, la polarización política puede ser responsable de una “inevitable percepción negativa” del funcio­namiento del Gobierno y de la oposición. Por otro lado, la democracia española ha avanzado considerablemente en cuestiones de “representación, igualdad, participación y responsabilidad de los go­biernos en los territorios: más mujeres, más oferta partidista, más oportunidades de hacer­se oír y un mayor relieve del ejecutivo local y autonómico”.

Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados, fue la encargada de hacer la presentación del informe, en la sala Clara Campoamor de la institución que preside. Batet destacó que “nadie ignora que la salud de la democracia es un tema de vital importancia para la Cámara que represento y para el poder legislativo en su conjunto” y que los quince informes anuales y consecutivos de la Fundación Alternativas sobre la evolución de la calidad democrática son “imprescindibles” para debatir y “adoptar decisiones públicas adecuadas”. “Sin diagnóstico y sin saber los puntos fuertes y, sobre todo, los débiles”, afirmó, “difícilmente vamos a poder aportar soluciones y seguir construyendo y perfeccionando nuestra democracia”.

Según la presidenta de la Cámara, el informe de Alternativas es un instrumento “imprescindible” de seguimiento y valoración de la calidad de “nuestra democracia”, y tiene la virtud de ir examinándola en una trayectoria que “nos da información sobre las dinámicas existentes y las tendencias estructurales de nuestro sistema democrático”. A su juicio, el documento confirma el “buen estado” de la democracia española, “del respeto de los derechos de los ciudadanos, de la capacidad representativa de nuestro sistema electoral y de nuestro sistema institucional, y de la gobernabilidad y de la rendición de cuentas”.

Batet destacó que “la crisis del COVID-19 no ha supuesto una merma de la calidad de nuestra democracia”, pero se atisba una contradicción, ya que mientras que el índice de calidad democrática se sitúa en 2021 en el 6,2, señalando que España tiene una democracia “real y madura y plenamente integrada en el grupo de los países democráticos”, por otro lado la opinión pública española es “más crítica que nunca con los políticos y la política”, llegando a ser una “preocupación grave” para más de la mitad de la población, por encima del “paro o de cualquier otro problema” económico o social.

En este sentido, la presidenta del Congreso sostuvo que “la democracia es institucionalidad; no hay democracia sin respeto por los procedimientos, por la separación de poderes, por el imperio de la ley y por el Estado de derecho”. Como dijo Tomás y Valiente, “las instituciones ganan o pierden prestigio por lo que hacen, pero también por lo que con ellas se hace; sin representación no hay democracia: debemos ser ejemplares, no caer en la polarización y el enfrentamiento y no perder nunca la capacidad de llegar a acuerdos y consensos: en lo que va de legislatura hemos padecido mucho la confrontación, poniendo en riesgo la confianza ciudadana en la política”.

SEPARACIÓN DE PODERES

Alberto Penadés, profesor en la Universidad de Salamanca y codirector del informe, manifestó que no es fácil “evaluar la democracia”, ya que entran en juego “sentimientos subjetivos” que generan “follones” sociales. Respecto a la calificación de 6,2, Penadés puntualizó que es una nota “muy alta” en cuestiones en las que la democracia es “fuerte y debe ser fuerte”, como en los “mecanismos de representación y del Estado de derecho”, pese a la “pequeña erosión” por la “amenaza percibida” en la “separación de poderes” por la “prolongada interinidad de algunos órganos constitucionales”. En líneas generales, la valoración que recibe la democracia española es “muy buena”, aunque eso no garantiza que “vaya a hacernos felices”, porque lo “esencial es cómo responde la democracia a los problemas de la ciudadanía”.

Amuitz Garmendia, profesora en la UC3M y codirectora del informe, afirmó: “A pesar de la polarización, y teniendo en cuenta que no ha habido grandes procesos electores en el 2021, el país se empezó a centrar en la reconstrucción tras la pandemia, saliendo a la luz sus debilidades y sus fortalezas. Sin embargo, el informe revela que los ciudadanos empiezan a tener posiciones muy polarizadas en cuestiones que antes eran de consenso, como la renovación del Poder Judicial, lo que es muy preocupante. En este sentido, hemos empezado a tener opiniones concretas sobre cuál debería ser el mejor tipo de gobierno de la judicatura, aunque la mayoría no tengamos ni idea, pero si el partido que nos representa tiene una posición extrema al respecto, nosotros empezamos a polarizarnos”.

Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de Fundación Alternativas, recordó que “mantenemos el informe durante quince años consecutivos porque, como decía Nicolás Sartorius —presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas—, ‘el funcionamiento de las instituciones democráticas implica un gran valor para las sociedades actuales, pero se trata de un bien muy delicado que debe ser objeto de especial atención y cuidado, lo que justifica siempre su evaluación y su análisis de forma permanente’”. Ruiz-Huerta también comentó que en el próximo informe se incluirán asuntos como el “aparente control” de la crisis sanitaria que, lamentablemente, ha coincidido con el “intenso aumento” del coste de la energía y con la “invasión de Ucrania”, que ha “abierto el fantasma” de la guerra en Europa, así como la “reaparición de la inflación” en la economía mundial.

Yolanda Gómez, directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), aseguró que los temas del informe son especialmente “oportunos” y que en esta edición se vuelve a “contenidos habituales anteriores a la pandemia”. En particular, destacó la encuesta de la calidad democrática, que ha tenido que lidiar con las “vicisitudes de las democracias en estos tiempos de desafíos económicos”, y el capítulo que analiza la eutanasia, muy oportuno, en su opinión, porque significa un “hito” en la consecución de derechos para los españoles.

Tras las presentaciones, también participaron, en un debate abierto, Sandra León, directora del Instituto Carlos III-Juan March, patrona de la Fundación Alternativas y autora del capítulo “Alternativas institucionales al encaje de Cataluña en España”; Dulce Manzano, científica titular del CSIC en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos, y miembro del Consejo Asesor del IDE; y Gumersindo Lafuente, director adjunto de elDiario.es, como moderador.