La Fundación Alternativas organizó un debate on-line titulado ‘Cómo reconstruir la sanidad pública tras la pandemia’, con el objetivo de reflexionar sobre qué ha funcionado y qué es necesario transformar para adaptar el sistema público de salud a los nuevos tiempos. Moderado por José Manuel Freire, profesor emérito en la ENS-ISCIII y portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, el encuentro virtual contó con varios expertos en la materia.

El terrible impacto de la pandemia en la sociedad española ha puesto en la agenda política la maltrecha situación del Sistema Nacional de Salud, y ha destapado una serie de carencias que venía arrastrando desde hace décadas. Sobre este aspecto, Mónica García Gómez, portavoz de Sanidad de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, denunció que el coronavirus ha sacado a relucir el “clientelismo” y la deficiente “gobernanza” de un sistema sanitario con las “cadenas de mando” descompuestas. A su juicio, el “despilfarro y la falta de evaluación de criterios técnicos” son las mayores trabas de un régimen desprovisto de “formación e investigación”, y entregado a “Farmaindustria e intereses particulares”.

Por su parte, José Ramón Repullo, profesor de Planificación y Economía de la Salud de la ENS y coordinador de la Comisión Asesora Covid-19 de la Organización Médica Colegial, recordó que se ha concedido muy poca “prioridad” a la sanidad en la etapa democrática, y por primera vez “estamos en la agenda política con un nivel dramático de protagonismo”, teniendo en cuenta que “venimos de un escenario con muchos problemas” en el que todo el mundo se “adormecía en la autocomplacencia” generada por la idea distorsionada de tener “el mejor sistema sanitario del mundo”. El docente opinó asimismo que la sanidad española ha respondido adecuadamente al desafío del Covid-19, pero “se han desvelado todas sus debilidades”, y se ha abierto una “ventana de oportunidades a un coste altísimo”.

Rosa Urbanos, profesora titular de Economía de la Salud en la Universidad Complutense de Madrid, afirmó que la crisis ha permitido “visibilizar” los aspectos de la sanidad que mejor funcionan, como la “competencia profesional”, que refleja la adecuada “formación” que reciben los profesionales sanitarios, así como su “vocación y compromiso”; mientras que entre los aspectos negativos destacó la “fragilidad de la salud pública, la atención primaria y el sistema de atención socio-sanitaria y su muy escasa coordinación”.

Javier Rey del Castillo, ex secretario del Consejo Interterritorial del SNS y analista de la Fundación Alternativas, apuntó como principal resultado positivo de la crisis la demostración de la “capacidad” de adaptación del conjunto del sistema (en ampliación del número de camas, de las camas de UVI, de adopción de nuevos roles por muchos profesionales) para “responder” a la emergencia provocada por el virus, que ha permitido “salvar la situación” por la que se decretó el estado de alarma, y así evitar el “colapso sanitario”. Esa “capacidad de respuesta” ha tenido su base fundamental en la calidad y el compromiso de los profesionales, y es principalmente el resultado del sistema MIR de formación. Entre los resultados negativos de la crisis subrayó las deficiencias observadas en la gestión de la salud pública a la hora de detectar la epidemia, lo que “retrasó” la adopción de las medidas sanitarias dirigidas a evitar su expansión; la mala gestión de los sistemas de información y de compras.

Según García Gómez, el sistema sanitario carece de “directrices claras y cadenas de mando con legitimidad”, y mientras que en Europa se habla sin complejos de la “corrupción en la sanidad”, en España sólo hay silencio al respecto. A su entender, “las instituciones no están enfocadas a generar salud”, y puso de ejemplo el régimen de compras de la Comunidad de Madrid, “que no cuenta con una central específica para este apartado, sino con un régimen de contratación menor en los hospitales absolutamente abusivo”.

Para Repullo, en los últimos años se ha producido una “balcanización política y un absentismo del Ministerio de Sanidad, que ha perdido músculo técnico y capacidad intelectual”. En este sentido, señaló que “la gobernanza del sistema no debe estar en los marcos competenciales, sino en las redes de conocimiento y en las palancas económicas”, y es primordial aprovechar la oportunidad que puede derivar de la coyuntura provocada por el coronavirus “para que las fuentes de financiación contribuyan a mejorar el SNS”.

CAMBIOS ORGANIZATIVOS

Sobre la financiación, Urbanos destacó la “evaluación y los fondos finalistas” para cubrir las “grandes lagunas” que la pandemia ha destapado en “salud pública y atención primaria”, y reclamó “cambios organizativos profundos y criterios objetivos y técnicos” para el reparto del gasto. La experta recordó que es “evidente” que el gasto sanitario está “aumentado y seguirá la tendencia”, por lo que “debemos vigilar cómo vamos a gastar, e introducir mecanismos de evaluación económica para consolidar los pequeños avances”.

Por su parte, Rey del Castillo sostuvo que la gran “aportación” de la Constitución fue “universalizar” el derecho a la protección sanitaria para todos los españoles, “pero el sistema de las autonomías provocó algunas contradicciones por la forma en que se cedieron determinadas competencias a las comunidades autónomas. No conozco ningún otro país en el que para lograr la protección universal se haya otorgado la responsabilidad sanitaria completa a sus regiones, ya que provoca la pérdida del sentido universal de la protección”. Si bien, afirmó, la descentralización sanitaria es un proceso irreversible, la forma en que se llevó a cabo no es la única posible. A su juicio, la organización del Sistema Nacional de Salud, creado en la Ley General de Sanidad de 1986, adolece, por razones históricas, de "graves defectos" en el diseño de los instrumentos de coordinación y de garantía del mantenimiento de las condiciones universales de la protección sanitaria. Urbanos, por su parte, defendió el sistema autonómico a la hora de gestionar sus propios servicios, ya que la “proximidad al ciudadano y la cercanía a las preferencias de los votantes es un elemento positivo, y hay que buscar mecanismos para articular de forma más eficiente el marco de las autonomías y mejorar la coordinación y la cohesión”.

García Gómez demandó mayor “voluntad” para evaluar la competencia de los gestores. Sobre este punto, reveló que “un anestesista tiene que pasar por dos o tres tribunales para llegar a ejercer, mientras que el gerente de un hospital, que maneja millones de euros, no necesita demostrar sus habilidades ante ningún estamento: los puestos tienen más que ver con el color político que con las cualidades”. Acerca de la privatización del sector sanitario, García Gómez puntualizó que se trata de un “negocio pervertido que colinda con la corrupción”, que está provocando la “parasitación” de la sanidad pública y ha “corrompido” el nombre de la colaboración público-privada, ocasionando “mayores costes y peores servicios”.

Repullo aclaró que “hemos contraído una deuda moral con los sanitarios por el enorme esfuerzo y sacrifico” ante la epidemia, y el sistema “ha mostrado suficientemente que tiene un problema de concepción, con un tercio de la plantilla en precario”, por lo que es urgente “ajustar los recursos y la arquitectura de personal, porque lo de vivir en el hospital no debería ser la norma”.

Durante el debate se plantearon una serie de encuestas a la audiencia. El 90% de los participantes coincidió en pagar más impuestos para mejorar la sanidad pública, mientras que el 89% se mostró a favor de la libre circulación de pacientes. Sobre el copago de ciertos servicios médicos, un 53% se declaró en contra; el 38% sólo para quienes puedan pagarlo, y el 9% votó a favor.