La Fundación Alternativas organizó este jueves el debate on-line titulado ‘Hacia un visado climático europeo’, con el objetivo de analizar las medidas que desde la Unión Europea se están llevando a cabo ante el aumento de las personas desplazadas debido al calentamiento global. En este sentido, Mónica González, eurodiputada española del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, fue la ponente del informe 'El impacto del cambio climático en la población vulnerable en los países en desarrollo', que una vez ha sido aprobado en la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo, tiene el camino abierto para ser ratificado en el pleno del Europarlamento, el próximo lunes 17.

Entre otros aspectos, el documento aboga por proporcionar financiación para la mitigación, la adaptación y las pérdidas y daños asociados al cambio climático (Mecanismo de Varsovia); aumentar el apoyo financiero para la reducción del riesgo de desastres; abordar las vulnerabilidades específicas, geográficas y personales (con perspectiva de género); generar una reserva económica para apoyar a través del Nuevo Instrumento Único de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (NDICI) a los países que más sufren el cambio climático; y poner en marcha un visado climático como medida de protección temporal para las víctimas de desastres e incluir el riesgo para la vida, amenazada por el calentamiento global. El evento estuvo moderado por Jesús Marcos Gamero Rus, miembro del Grupo de Investigación en Sociología del Cambio Climático y Desarrollo Sostenible de la Universidad Carlos III de Madrid, e investigador de la Fundación Alternativas.

Según González, el informe cuenta con un “objetivo político”, centrado en que el Parlamento Europeo (PE) tenga una opinión sobre “cómo protegemos a las personas que ya se están desplazando” por el cambio climático, y un “objetivo económico” que se basa en “dotar” de más recursos -como el nuevo instrumento de cooperación al desarrollo y vecindad, u otros de ayuda humanitaria- para abordar la cuestión del calentamiento global, “no tanto desde una perspectiva ambientalista, sino en la protección de las personas”. Otras regiones del planeta ya se han posicionado y elevado este asunto a la agenda pública, como en la Unión Africana o Latinoamérica, por lo que “es importante que el PE se posicione sobre el impacto del cambio climático en las poblaciones más vulnerables de los países en desarrollo”.

El informe aborda la “política migratoria” y la capacidad de potenciar la dimensión exterior del ‘Green Deal’, para apoyar a los Estados miembros en sus “esfuerzos por adaptarse” al calentamiento global, teniendo en cuenta las necesidades de las poblaciones más vulnerables, lo que supone un “cambio en el enfoque” en la gestión de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria. González aclaró que es necesario “aumentar la financiación internacional” para hacer frente a los “daños” del cambio climático, para lo que hay que “reforzar el Mecanismo de Varsovia”, así como el apoyo financiero a la “prevención y preparación” para casos de desastre, como ya recoge el Marco de Sendai.

La política de desarrollo es otro de los ejes del informe, que se centra en abordar “la vulnerabilidad, la erradicación de la pobreza y el apoyo para crear sistemas de protección social”. Son muchas las zonas de riesgo con “viviendas en precario”, y muchas poblaciones están “perdiendo” sus cultivos por sequías o crecida del mar, a lo que hay que añadir la “desaparición” de los recursos pesqueros. Para luchar contra estos fenómenos, González abogó por la “promoción de iniciativas locales de agricultura sostenible y seguridad alimentaria”. El informe integra una perspectiva de gobiernos locales y sociedad civil, “elementos fundamentales a incorporar en las estrategias para tener un mínimo de viabilidad”, y también aborda la “vulnerabilidad específica” mediante acciones climáticas con “perspectiva de género”, a la hora de diseñar “programas de adaptación y mitigación del calentamiento global, centrándose en mujeres y jóvenes”.

Para avanzar hacia el visado climático, la eurodiputada señaló a la política migratoria como “primordial”. En este sentido, propuso un “acuerdo vinculante” que aborde la migración como una “adaptación a las necesidades creadas por el calentamiento global”, por lo que “debemos anticiparnos y conseguir que el riesgo de la vida amenazada por este fenómeno figure explícitamente entre los criterios de elegibilidad para la protección humanitaria, siguiendo la resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas”.

CORREDORES HUMANITARIOS

El visado climático ha de ser una “medida de protección temporal” que asegure “vías migratorias legales y seguras” -corredores humanitarios- para las personas necesitadas de protección humanitaria por ser víctimas de desastres. El concepto de refugio climático “no está armonizado y no cuenta con el consenso necesario dentro de las instituciones de las Naciones Unidas, pero existe una posibilidad real de avanzar a través de los cinco reglamentos que van a llegar al PE y que tienen que ver con el pacto migratorio, y que está generando mucho apoyo entre las organizaciones que se dedican a la protección de las personas”.

González sostuvo que es “esencial” ampliar la protección de los “mecanismos jurídicos” que ya existen y superar las “lagunas legales” actuales, para asegurar los derechos de las personas que se ven “obligadas a desplazarse” por el cambio climático -ya sea internamente o atravesando fronteras-, según el Marco de Sendai y la Iniciativa Nansen. Por otro lado, la experta afirmó que “tiene que haber un nexo más sólido entre política climática, desarrollo y paz, ya que el cambio climático está altamente relacionado con los conflictos que ocurren en el mundo”.

También participaron en el debate Beatriz Felipe Pérez, investigadora asociada al Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona (CEDAT); y Paloma Favieres, directora de Políticas y Campañas de CEAR.