La Fundación Alternativas y la Asociación por una España Federal organizaron este jueves el debate on-line titulado ‘El Estado autonómico ante la pandemia’, con el objetivo de analizar el impacto de la crisis del Covid-19 en las comunidades autónomas y su respuesta desde el ámbito sanitario y de los servicios sociales. En el coloquio se discutieron asuntos como la supuesta falta de coordinación entre las autonomías, la lentitud en la toma de decisiones, el aprendizaje desde el estallido de la pandemia o las carencias y aspectos mejorables del sistema autonómico ante la extraordinaria situación provocada por el coronavirus. Moderado por Eloísa del Pino, científica titular en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP) del CSIC, el encuentro virtual contó con varios expertos en la materia.

Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de la Fundación Alternativas y presidente de Madrid Federal, aclaró que el Estado autonómico se ha visto “expuesto a múltiples tensiones” desde el estallido de la pandemia, debido a que algunas decisiones “se han tomado entre distintos niveles de gobierno”. A su juicio, la gestión de una crisis de la “envergadura de la actual”, sin precedentes cercanos en el tiempo, ha estado marcada, junto a algunas decisiones “oportunas y eficaces”, por la “improvisación, el enfrentamiento, las contradicciones, y la información deficiente sobre lo que estaba pasando o sobre las medidas que había que tomar en cada momento”.

Según Ruiz-Huerta, “la polémica suscitada ha fortalecido la polarización entre los que demandan una recentralización de los servicios transferidos a las comunidades autónomas y los que, por el contrario, piden una mayor atribución de competencias”.

Nicolás Sartorius, presidente de la Asociación por una España Federal, aseguró que las experiencias vividas en estos meses “nos pueden enseñar muchas cosas”, y subrayó que la situación actual del país es complicada, “aunque podría ir peor, pero no estamos bien ni sanitariamente ni económicamente, y es un momento duro, difícil y peligroso”. En este sentido, abogó por “analizar” las fortalezas y las disfunciones, “tanto en el Gobierno central como en las comunidades autónomas”, y recordó el descontento que existe “en la población y en los sanitarios”, mientras que España es uno de los países con “peores datos” en muchos aspectos.

Sartorius puntualizó que “estamos ante una ocasión importante, si no única, para abordar los cambios que España necesita y, entre ellos, está el de mejorar el sistema sanitario público, así como fortalecer la capacidad de coordinación del Gobierno y las autonomías en dirección a una federalización del país”. A su entender, el Estado de Bienestar está siendo troceado: “Cada comunidad autónoma hace lo que quiere. Habría que acometer una reforma que garantizase la equivalencia en todos los territorios de España”.

Rodrigo Gutiérrez, médico y director general de Ordenación Profesional en el Ministerio de Sanidad, señaló que “estamos en una situación de incertidumbre sistémica y el desafío de la pandemia sorprendió a todo el mundo occidental. Esto ha obligado a una respuesta con decisiones compartidas, en ocasiones tomadas con demasiada urgencia”. Sin embargo, a pesar de las “dificultades y la debilidad estructural de la que partíamos, con recortes presupuestarios y restricciones, tanto en dotación como en el aspecto asistencial y de vigilancia epidemiológica, nunca habíamos tenido tanto nivel de coordinación: desde febrero hemos realizado sesenta consejos interterritoriales, mientras que antes de la pandemia hacíamos tres o cuatro al año. El nivel de interlocución, tanto multilateral y como bilateral, ha funcionado, aunque la ejecución en la toma de decisiones podía haber sido más rápida”.

Eva Sáenz, profesora titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Zaragoza, sostuvo que el Estado autonómico habría funcionado “mucho mejor” en la pandemia si el Congreso hubiera “reformado” la legislación sanitaria en “marzo”, como hizo el Parlamento alemán, y hubiera otorgado así “capacidad de acción” a las comunidades autónomas con “garantías suficientes”. De esta forma, “no habríamos tenido el caos jurídico que se ha producido. La culpa no es de la estructura del propio Estado autonómico, sino de cómo se ha gestionado”.

UNA REUNIÓN DESDE MARZO

Por su parte, Joaquín Santos, director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), comentó que la pandemia “ha puesto en evidencia una competencia exclusiva” de las comunidades autónomas, lo que ha “condicionado” tanto la respuesta “inicial” a la crisis como la “posterior”. Santos se quejó de que la “coordinación” entre las comunidades autónomas es muy “vaga”, y sólo existe a través de la “relación con el ministerio”. El político recordó asimismo que “sólo se celebró una reunión en marzo”, con el inicio de la crisis sanitaria. “El Covid-19 ha puesto también de manifiesto las dificultades de coordinación entre los servicios sociales y el sistema sanitario, aunque también hemos aprendido a relacionarnos mejor durante esta crisis, y espero que genere cambios en la relación entre las autonomías y el Estado”, matizó.

Miquel Porta, catedrático de Salud Pública del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas y la Universidad Autónoma de Barcelona, destacó el aspecto positivo de la pandemia, “tanto desde el punto de vista político como social”. En su opinión, la “respuesta” de la sociedad ha sido “encomiable” en muchos aspectos, y también la del “sistema hospitalario”. Muchos países han mostrado sus “carencias” a la hora de “lidiar” con la crisis en este mundo globalizado. Suiza presenta cifras “mucho peores” que España en este momento, al igual que “Bélgica y Francia”.

Según Porta, la estructura del Estado y su funcionamiento es un aspecto “esencial” para hacer frente a la situación, “pero hay problemas de fondo que tienen que ver con la crónica falta de medios materiales del sistema de salud pública”: “Llevamos más de 25 años pidiendo la modernización de los aparatos del Estado en lo que se refiere a vigilancia epidemiológica, los sistemas de información y la tecnología, así como una mayor dotación de material y un sistema de trabajo que fomente la cooperación entre los distintos niveles de gobierno, desde el municipal al estatal, cimentado en la lealtad y con una base técnica que hasta el momento ha sido muy débil”.