El pasado 8 de febrero se aprobó en el Senado la enmienda transaccional que, a raíz de las reacciones generadas ante el protocolo del aborto propuesto por la Junta de Castilla y León hace unas semanas, el PSOE propuso hacer al texto de la reforma de la Ley del Aborto de 2022. Amplía el artículo 24 del proyecto legislativo. La enmienda quiere evitar la obstaculización del derecho a la atención médica en casos de búsqueda de asistencia para abortar, asegurando que todo ofrecimiento médico asociado al aborto se base en información clínica “imprescindible y pertinente”, ante el procedimiento que propuso la Junta presidida por Fernández Mañueco. Este consiste en mostrar una ecografía 4D del embrión y escuchar su latido a las posibles madres, incluidas aquellas que quieren interrumpir su embarazo. Como han señalado psicólogas y trabajadoras sociales, estas opciones son incapaces de ofrecer ninguna información nueva a la paciente que se plantea abortar, de manera que le posibilite tomar una decisión “más informada” (o, al menos, no una información del tipo que corresponde ofrecer a un médico de cabecera). Y, sin embargo, el presidente de la Junta de Castilla y León afirmaba que este era uno de los sostenes del protocolo: permitirnos ser “más conscientes” al tomar una decisión de este calibre.