El Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea define así el fenómeno llamado desinformación: “información verificablemente falsa, creada con fines lucrativos o para inducir a error o para causar daño”.

La desinformación es un concepto complejo, que describe una realidad disruptiva, la manipulación de la opinión pública, masivamente expandida en el espacio mediático de multitud de países, particularmente en los de cultura de libertad de expresión. De ahí que haya hecho fortuna en el siglo XXI lo que se ha venido en denominar “la postverdad”.

El estudio realizado por el Parlamento Europeo “Desinformation and propaganda” (February 2019) caracteriza ese fenómeno por los siguientes elementos:

• Se trata de falsa o manipulada información (desinformación) o usa técnicas no éticas de persuasión (propaganda)
• Tiene la intención de generar inseguridad u hostilidad hacia los procesos democráticos
• Se refiere a materias de interés público, pretendiendo la desestabilización social
• Utiliza técnicas de difusión automatizadas para amplificar el efecto de la comunicación (por ejemplo, Inteligencia Artificial)

Por esas razones, determinadas actos graves de desinformación deberían estar en el Código Penal. Aún no lo están. Es cierto que podría afectar a la libertad de informar, pero eso no debería impedir la regulación de la desinformación.

La desinformación no existiría seguramente sin la aparición explosiva de las redes sociales, haciendo uso de las también explosivas tecnologías digitales. La fuerza expansiva de las redes sociales se basa en el anonimato, que permite el mensaje falso con impunidad. Lo que el lenguaje popular llamaría “mentira”. Que no requiere de prueba, ni de una mínima investigación objetiva.

La desinformación ha surgido vinculada al declive de prácticas democráticas y del Estado de Derecho, y al desarrollo creciente de regímenes “iliberales” con apariencia de estructuras legales democráticas.