En Perú, la situación política parece poco a poco estabilizarse después de varios meses de tensión. En las últimas semanas, el ex presidente Pedro Castillo ha denunciado que su detención es ilegal y se le debe restituir en el cargo, olvidando el rompimiento del orden constitucional que causó en diciembre del 2022. Junto a la postura del ex presidente Castillo, países como Colombia y México le mostraron su apoyo, y en algunos casos como México, dicho apoyo consistió en acciones concretas como el asilo a sus familiares y el rechazo de la entrega de la presidencia pro tempore del grupo Alianza Pacifico, lo cual desencadenó una carta de protesta diplomática y el retiro del embajador de Perú en México.

Por otro lado, las huelgas a inicio de año se mostraban constantes y con un apoyo considerable de la ciudadanía del sur, centro y parte del norte de la costa y sierra, con la consigna de: renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre de Congreso, el adelanto de elecciones y el establecimiento de una asamblea constituyente para una nueva Constitución. Sin embargo, las huelgas, poco a poco, han ido perdiendo apoyo de los diferentes sectores de la sociedad, acabando las protestas en provincias importantes como Ica, Arequipa o Cuzco. En enero se pretendió trasladar los paros del sur a la capital de Perú, con la llamada ‘Toma de Lima’, la cual después de algunas semanas de marchas no logró mayores resultados. En febrero, del mismo modo, se pretendió otro paro general con la ‘Segunda Toma de Lima’, que tuvo un efecto mucho menor que el primer intento.