Aunque quedó eclipsado por la convocatoria de elecciones, el problema del agua en el entorno de Doñana no ha desaparecido ni tiene una fácil solución, y en un contexto en el que hay cada vez menos agua es un asunto que se dará cada vez más. Se plantea un falso dilema con la ley que se está tramitando en el Parlamento andaluz, que pretende legalizar hasta 1.900 hectáreas de cultivos ilegales de fresas y frutos rojos. Por un lado, están los agricultores, que quieren seguir produciendo por la buena rentabilidad de estas plantaciones ilícitas, especialmente en zonas con una falta crónica de empleo. La patronal agrícola cifra en 100.000 empleos y hasta el 8% del PIB andaluz los beneficios producidos por los cultivos de frutos rojos en el entorno de Doñana.

Por otro lado, y frente a los agricultores que esgrimen empleos creados y los beneficios de sus sembrados, arrojando en general números positivos y de progreso, estamos quienes queremos conservar el entorno del parque, y que hemos fallado al no saber comunicar de manera adecuada a la opinión pública la gran biodiversidad de Doñana y lo que perderíamos si desapareciese, en un parque que alberga una de las mayores reservas de flamencos del mundo, entre otras cientos de especies. Resulta incómodo transformar valores ambientales y percibidos a valores económicos, pero como dijo Lord Kelvin: “Lo que no se define, no se puede medir; lo que no se mide, no se puede mejorar; lo que no se mejora, se degrada siempre”. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo por comunicar, en los mismos términos, los beneficios económicos de conservar la biodiversidad.