Una empresa privada tiene absolutamente el derecho a tomar, a través de su junta general, las decisiones que considere oportunas”. Estas palabras corresponden al presidente de la patronal española, Antonio Garamendi, y hay que entenderlas en el contexto en que estaban dichas: el del caso Ferrovial. Hubiera sido redundante que defendiera ese “derecho natural” en el marco de la legislación y de la seguridad jurídica de los ciudadanos. Por supuesto. La empresa es, dentro del sistema capitalista en el que vivimos, uno de los elementos centrales para satisfacer las demandas de la sociedad.

Es evidente que se ha producido un desajuste entre las expectativas ciudadanas y los resultados del sistema. ¿Qué ha pasado con las autocríticas empresariales que se iniciaron justo antes de la pandemia de la covid y que pretendían compatibilizar los beneficios con otros fines como, por ejemplo, la lucha contra la emergencia climática o a favor de la inclusión de clase, de género o racial a través de la limitación de las desigualdades? Recordemos: a mitad de 2019, la Business Roundtable, una poderosa asociación de los casi 200 principales ejecutivos americanos, y que agrupa a más de 15 millones de trabajadores, demandaba revocar el criterio de maximización continua del beneficio y su sustitución por otro que tuviese en cuenta el bienestar de todos los grupos de interés en el seno de la empresa (trabajadores, proveedores, accionistas…).