La Fundación Alternativas, en colaboración con SANOFI, organizó el pasado 26 de mayo una mesa de diálogo sobre la compra pública innovadora en el sector sanitario en la que se analizó cómo la contratación pública puede contribuir a fomentar la innovación y a mejorar la prestación de servicios en el ámbito de la salud.

El acto fue introducido por Elisa Díaz, Directora del Laboratorio de la Fundación Alternativas, quien afirmó que “apostar por la innovación es imprescindible; y especialmente en el sector de la salud”. Díaz enmarcó este encuentro dentro de la necesidad de plantear si son adecuados y eficientes los sistemas de compras que en la actualidad se emplean en las diferentes administraciones para la adquisición o contratación de bienes, el acceso a la innovación o el desarrollo de mejoras en los procesos asistenciales.

Tras la introducción de Díaz, Juan Oliva, profesor de Economía en la Universidad de Castilla-La Mancha, hizo una presentación sobre los retos de la financiación de las innovaciones terapéuticas. Oliva comenzó su intervención aludiendo al concepto de innovación como la “introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto, bien o servicio; de un proceso; de un nuevo método de comercialización; o de un método organizativo”. Explicó que la innovación supone un cambio que genera valor social.

Oliva expuso los diferentes criterios para evaluar las innovaciones sanitarias, señalando como uno esencial el output final que tenga la innovación sobre la salud en la mejora de la esperanza y calidad de vida, así como el impacto económico que tenga en el aumento del desarrollo económico y del bienestar social. “Cada vez más países tratan de integrar el concepto de precio y financiación basado en el valor”. Asimismo, Oliva señaló que la idea central de la compra pública innovadora es financiar productos y servicios que aporten un valor terapéutico y social a lo ya establecido de forma que se produzcan “incentivos para orientar las actividades innovadoras hacia el objetivo de maximizar los beneficios en salud de los pacientes y de la sociedad en su conjunto”. Y defendió la utilidad de los acuerdos de riesgo compartido, entre el financiador de una tecnología sanitaria y la empresa comercializadora, como un instrumento para reducir la incertidumbre que supone la llegada al mercado de una innovación, aunque puntualizó que no se puede aplicar en todas las innovaciones. Para el financiador existe, entre otras, la incertidumbre sobre la efectividad de la innovación en pacientes. Y el comercializador tiene que hacer frente a la incertidumbre sobre las expectativas de negocio o el proceso de negociación del precio. En los acuerdos de riesgo compartido se fijan los objetivos a alcanzar y las cláusulas de salvaguardia en caso de que no se logren éstos.

Durante su intervención, Oliva también recalcó que, a la luz de una financiación que busca el valor terapéutico, hay que aplicar también el concepto de desinversión para dejar de utilizar recursos en medicamentos, dispositivos, aparatos o procedimientos con resultados bajos en salud y poder reinvertirlos en otros con mejores resultados. Desde el planteamiento de una financiación basada en el valor habría que pasar del enfoque de pagar por actividad (por hacer), a pagar por los resultados en la salud. Por otra parte, Oliva cuestionó que el sistema español esté orientado a financiar aquellos servicios que más valor aportan en la salud por la existencia de diversas barreras, tales como la falta de una evaluación sistemática de las innovaciones que incluya el coste-valor, la ausencia de un mecanismo de actualización de la cartera de servicios del sistema nacional de salud o la inadecuación entre los sistemas de asignación de recursos, modelos retributivos y sistemas de incentivos.

Después de la panorámica ofrecida por Oliva, intervino Antoni Gilabert, Gerente de Farmacia y del Medicamento del Servicio Catalán de la Salud, quien detalló la experiencia de Cataluña en este ámbito. Gilabert señaló como punto clave el cambio de la visión tradicional de la compra pública a partir de la adopción de una visión estratégica que considera de forma global todo el proceso de acceso a la innovación y a través de un modelo colaborativo, esto es, de la creación de sinergias entre el sector público-privado. También señaló que el pago no se hace por un producto o servicio, sino por resultados y anunció que en 2017 en Cataluña la compra pública en el ámbito de la salud se orientará a la compra de “soluciones” (frente a productos, servicios, etc.). Por otro lado, afirmó, de forma metafórica, que es necesario tener un “radar de la innovación” que permita “saber qué es lo que viene y establecer medidas concretas de financiación en materia de medicamentos”.

El coloquio posterior, con todos los asistentes entre los que estaban presentes economistas de la salud y representantes del sector público y privado del sector sanitario, fue moderado por Diego Moñux, experto en políticas de I+D+i y en Compra Pública Innovadora. Carmen de Guerrero, Profesora de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza y miembro del Observatorio de Contratación Pública, fue la encargada de clausurar esta Mesa de diálogo. De Guerrero destacó la importancia de aumentar la coordinación entre distintas disciplinas, como la jurídica, la médica y la económica, para poder diseñar eficientemente mecanismos de contratación que fomenten la innovación temprana y la generación de valor. 

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– "Retos de la financiación de las innovaciones terapéuticas" – Juan Oliva.

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