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Por un nuevo modelo cultural
Por un nuevo modelo cultural
¡Hay que salvar la cultura! Esta fue la frase más escuchada en la octava edición del Foro de Industrias Culturales de la Fundación Alternativas, desde donde se reclamó un nuevo acuerdo parlamentario que redefina el sistema cultural en España. En la presentación del acto, Nicolás Sartorius, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, reclamó un cambio con propuestas concretas a partir de una concepción avanzada y actual de la cultura, y sostuvo que el Estado no se puede desentender en garantizar un derecho fundamental como es el del acceso a la cultura.
Igualmente, mencionó que el modelo francés contiene enseñanzas útiles para España, aunque no se trata de imitarlo, pues el Estado español posee diferentes lenguas y culturas. Continuó diciendo Sartorius que “de un lado existe una expansión de las posibilidades de acceso a la cultura y, de otro, una desculturización a través de potentes mecanismos de manipulación. El concepto de moda, la post-verdad, no es más una mentira. Asistimos a un ataque a lo que significó la Ilustración, el cosmopolitismo y el pensamiento libre, y a una regresión a los nacionalismos”. Terminó reclamando un tratamiento fiscal nuevo que no discrimine al cine de la rebaja del IVA.
El director general de Industrias Culturales y del Libro, José Pascual Marco, aclaró que desde la Secretaría de Estado de Cultura dan la “bienvenida al debate porque hay que ser inconformista e intentar mejorar, y la crítica siempre es positiva”, aunque rememoró que “todos los años hay críticas al Gobierno” en el plano cultural. El representante ministerial apostilló también que están “lejos de ser perfectos”, aunque no hay que ser tan “catastrofistas” porque parece que la cultura española está “ahogándose”, cuando los resultados económicos están siendo “positivos” y existe un buen consumo “cultural”. “El enfoque de que el Estado tiene la culpa de todos los males de la cultura y que además debe salvarla es erróneo”, matizó.
José Miguel Fernández Sastrón, presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), advirtió de los peligros de la “globalización y las nuevas tecnologías”, que están cambiando el marco creativo sin el debido “respeto a la propiedad intelectual”. A su juicio, “la cultura ya no es un fin en sí misma porque algunos la han convertido en un reclamo para vender otras cosas, y eso me preocupa. Una sociedad culta es una sociedad crítica, y estamos perdiendo el espíritu crítico”.
Pere Portabella, presidente de la Fundación Alternativas y director de cine, comentó que “vivimos en un mundo de tensión e incertidumbre en el que la cultura puede jugar un papel fundamental” en el desarrollo de los pueblos, y propuso como antídoto la creación de “espacios de comunicación a nivel global” que pongan en valor la “diversidad cultural” como vehículo de “recuperación de las sociedades”. Según el realizador catalán, que sostuvo que la economía financiera ha “acabado con la democracia”, la industria de la cultura es una “estructura de creatividad de alcance mundial”, pero el mercado no puede ser el único “indicador cultural; si nuestra especie se alejara de la moral entraría en un proceso de mutación sin fin”.
Por su parte, Ignacio Polanco, presidente de la Fundación Santillana, resaltó que la situación política actual, con un Gobierno en minoría y una Cámara Baja fragmentada, podría propiciar el clima idóneo y necesario “que devuelva a la cultura su importancia, ya que se trata de un elemento fundamental de calidad para nuestra sociedad, tanto a nivel individual como colectivo”. “Ya no podemos esperar más”, sentenció. Para ello, Jordi Baltá, autor del informe 'El ejemplo francés. Cómo protege Francia la cultura', aludió a la importancia de establecer una “transversalidad política” en la que se impliquen todos los organismos necesarios, “no sólo el ministerio”. Según este investigador, “la cultura es un principio esencial y un derecho elemental que forma parte de la dignidad humana”.
Inversión y beneficios
Nicolas Kassianides, consejero de Cooperación y Acción Cultural y director del Instituto Francés de España, aclaró que el modelo cultural de su país “no es perfecto, tiene debilidades, pero estamos orgullosos de él. En Francia se percibe la cultura como algo esencial y, además, es una inversión económica que produce beneficios. La financiación cultural es una prioridad estatal, y el presupuesto para 2017 es de 10.000 millones”.
Sobre la concepción jurídica de la cultura, Antonio Rovira, catedrático de Derecho Constitucional, declaró que “cuesta mucho definirla jurídicamente” y, en su opinión, “se tendría que reconocer, con una simple reforma de la Constitución, como un derecho fundamental vinculado a la educación”. En este sentido, Victoria Camps, patrona de la Fundación Alternativas y catedrática de Filosofía Moral y Política, puntualizó que “sin una conexión con la educación, la cultura se convierte en un producto más de consumo. Es una cuestión de actitud y de manera de ser, de cultivar el espíritu y sacar lo mejor de uno mismo; la propia Constitución habla de formar e integrar a las personas”.
Alfons Martinell, director honorífico de la Cátedra Unesco de la Universidad de Girona, denunció la “falta de conexión” entre las comunidades autónomas para buscar vías de entendimiento y comunicación “en la estructura del Estado” para que el “producto cultural circule por todo el país”. A su entender, “la cultura es un gran motor que no ha encontrado acomodo en el engranaje nacional, y que carece de apoyo legislativo”.
El politólogo Sami Nair, rememoró el origen laico de la cultura francesa a partir de la Revolución de 1789: “Se construyó frente a la religión en base a las tres leyes de la República –libertad, igualdad, fraternidad-, y desde ese momento se convirtió en un elemento fundamental de la ciudadanía. En Francia es imposible separar cultura y sociedad, se trata de un elemento esencial de la vida de cada ciudadano, pero sin ser algo místico o trascendental”.
El acto se clausuró con la lectura de una Carta al Parlamento español, a cargo de Carme Riera, escritora y académica de la lengua, en la que se contienen las siguientes peticiones:
– La cultura es un derecho fundamental de los ciudadanos, y como tal debe figurar en la Constitución española.
– Debe reconocerse el carácter excepcional de la cultura bajo los principios de diversidad, igualdad y libertad.
– Los poderes públicos deben garantizar que las expresiones de la cultura estén contenidas en los planes de estudio de la enseñanza.
– A la propiedad intelectual, fundamento de la independencia y retribución del creador, no se le puede dar fecha de caducidad. Los bienes de la propiedad intelectual pertenecen al patrimonio personal de autor y de sus herederos, como cualquier otra propiedad fruto del trabajo y del talento.
– Hay que garantizar de manera eficaz la protección de los derechos de autor, que permita a éstos vivir dignamente de su trabajo como en cualquier otra profesión.
– Hay que hacer compatible la percepción de la pensión y los ingresos por derechos de autor y por otras actividades de carácter artístico o cultural, equiparando a nuestro país a los más avanzados de la Unión Europea.
– El Estado debe asegurar la estabilidad presupuestaria que garantice la integridad de la cultura. Esto supone designar un porcentaje del PIB que permita disponer de los recursos adecuados para dar continuidad a la acción cultural, y cumplir sus objetivos a largo plazo; apoyando la creación y sus múltiples canales de realización.
– Se deben establecer mecanismos de protección de los trabajadores de la cultura, adoptando aquellas iniciativas legislativas que les permitan crear y seguir aportando riqueza a la comunidad (como el seguro de desempleo que proteja a un trabajo de naturaleza intermitente y/o temporal).
– Se deben crear instrumentos financieros específicos de acceso al crédito para iniciativas e industrias culturales consideradas por su excepcional contribución a la riqueza colectiva.
– Proporcionar a las industrias creativas los incentivos que les permita generar las cotas óptimas de empleo, producción y exportación que han alcanzado modélicamente en los países de referencia.
– Es imprescindible y urgente situar el IVA cultural como máximo en el 7%, como sucede en la mayoría de los países de la UE.
– Aprobar una ley de mecenazgo que permita desgravaciones de hasta un 60% en inversiones culturales, como sucede en otros países europeos, adoptando las garantías necesarias que impidan cualquier elusión fiscal.
– Garantizar una colaboración entre los poderes públicos, de cualquier ámbito territorial, en política cultural, restableciendo un Ministerio de Cultura que coordine e impulse la acción pública.
– En el ámbito de la creciente mundialización es necesario fortalecer la acción exterior cultural, en especial en coordinación con Iberoamérica y Europa, y canalizar el potencia de integración cultural internacional que posee la lengua española.
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