La Fundación Alternativas organizó la presentación del documento ‘La regulación de los productos relacionados con el tabaco’, en un debate -moderado por la periodista Maite Antona, redactora jefa de Servimedia- en el que participaron las autoras, María Mercedes Serrano Pérez y Yolanda López Nieto; Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas; Federico Fernández, CEO de Somos Innovación; Susana Verdejo Fernández, jefa de Prevención y Control del Tabaquismo del Ministerio de Sanidad; e Irene Pinilla Melgarejo, subdirectora adjunta en la Subdirección de Ayudas Públicas e Informes de Proyectos Normativos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

El informe destaca que “el carácter perjudicial para la salud del consumo de tabaco ha propicia­do la intervención de los poderes públicos con el fin de revisar sus marcos regulatorios en consonancia con las políticas antitabaco y la ne­cesidad de preservar la salud como bien individual y colectivo”. En este sentido, la nueva regulación se ha “adaptado a los cam­bios producidos” en el mercado del tabaco, donde los nuevos productos como “los vapeadores o cigarrillos electrónicos, las bolsas de nicotina, o el snus” han irrumpido con fuerza en los hábitos de los consumidores.

El trabajo analiza en profundidad la regulación en Suecia, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y España, estudiando apartados como la publicidad, el envasado y etiquetado, la venta y distribución de estos productos, las advertencias sanita­rias, la existencia de diferentes sa­bores en los vapeadores o el control previo y posterior a la comercializa­ción por parte de la Administración.

El marco regulatorio de los di­ferentes modelos estudiados y por tanto de la ordenación de los ele­mentos señalados tiene como obje­tivo último un “país libre de humo”. Pero el objetivo de alcanzar esa meta es diferente entre los distintos países. El principio de reducción de daño es interpretado con “criterios distintos” en relación con los productos anali­zados. No obstante, la finalidad de mantener a los menores alejados de los productos relacionados con el ta­baco es un elemento compartido entre los legisladores de todos los países analizados.

Los distintos modelos presentes en el documento ofrecen “diferentes soluciones” respecto de los elementos señalados que oscilan en­tre una “mayor permisividad” de los productos nuevos o bien una “norma­tiva restrictiva” que limita su venta y consumo, similar a la regu­lación del cigarrillo tradicional. Los países más permisivos son Suecia y Reino Unido, que consideran estos productos como alternativos al consumo de tabaco, con una “política fuerte basada en la reducción del daño. Estos países han conseguido disminuir la prevalencia del tabaco de manera relevante”.

En el punto intermedio aparecen Canadá y Nueva Zelanda, “aunque los datos de inicio de vapeo entre los menores preocupan a las autoridades públicas, lo que precisa una revisión de algunas de sus po­líticas regulatorias de estos produc­tos”. Pero ello no ha impedido seguir apostando por reconocer el papel de estos productos como alternativos al consumo de tabaco tradicional. En el polo opuesto, Australia mantiene una política restrictiva, “limitando su comercialización a la prescripción médica y dando lugar a resultados poco eficaces de cara a la reducción de la tasa del consumo de tabaco”.

En el ordenamiento español, el Proyecto de Real Decreto aborda la regulación de estos productos con una tendencia “más próxima a la restricción que a la permisividad de algunos de los ele­mentos estudiados”, como puede ser la “limitación de los sabores en los vapeadores o del contenido máximo de nicotina en las bolsas”. La iniciativa del Gobierno de prohibir los cigarrillos electrónicos de un solo uso y endurecer la regulación de los productos relacionados con el tabaco podría verse en el espejo del ejemplo australiano, que revela que las políticas más duras pueden provocar un aumento del mercado negro y un incremento del consumo entre los jóvenes.

La severidad australiana, donde está prohibida la importación, fabricación y venta de vapeadores no terapéuticos -hay que ser mayor de edad para adquirirlos en una farmacia y con receta médica-, contrasta con la flexibilidad de Suecia y Reino Unido, que registran descensos en el tabaquismo, mientras que Nueva Zelanda, con un planteamiento intermedio basado en campañas educativas, prohibición de tiendas cerca de colegios y kits gratuitos para los que quieren dejar de fumar, registra resultados aceptables ya que el tabaquismo ha descendido significativamente mientras ha aumentado el vapeo como alternativa, a priori, menos nociva.