Este informe extrae los principales resultados en torno a las cuestiones relativas al aborto en España y en los países europeos, con el fin de corroborar estas afirmaciones y llamar la atención sobre las negativas consecuencias de un cambio en la legislación actual. 
Las leyes más restrictivas en materia de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, suponen un impedimento a la capacidad de acceso de las mujeres a determinados servicios sanitarios, las avoca a prácticas inseguras y clandestinas que ponen en grave riesgo su salud, y además, no derivan en un descenso de las tasas de aborto. La reforma, impulsada por el Ministerio de Justicia, de la LO 2/2010 que permite el aborto a petición de la mujer en las primeras 14 semanas de gestación desembocará en estas consecuencias, y contradirá la normativa imperante en la mayor parte de los países de la Unión Europea, regidos por leyes de plazos.