Cada vez son más frecuentes en España las problemáticas asociadas con la apertura de nuevos centros de culto, los enterramientos y ritos funerarios de personas de diferentes religiones, las prácticas religiosas en los centros educativos o de salud, las presencias públicas de las autoridades o funcionarios en actos de carácter religioso, las demandas provenientes de cuarteles, hospitales o prisiones sobre el ejercicio o las prácticas religiosas en su interior, el uso de símbolos religiosos en espacios públicos, la enseñanza religiosa en centros docentes, la práctica de usos alimentarios de carácter religioso en recintos públicos o la observancia de días de prefecto distintos al domingo; y a las que las distintas administraciones deben de dar respuesta o tienen que gestionar de la manera más adecuada posible a fin de evitar conflictos. En muchas de las ocasiones el problema en la gestión del hecho religioso en España se encuentra en que la práctica administrativa no resulta concordante con la realidad social. Esta discordancia crea un vacío a partir del cual las administraciones públicas no saben cómo dar respuesta a las crecientes demandas sociales provenientes del ejercicio de la libertad religiosa y cuando lo hacen, en muchas ocasiones lo hacen partiendo de un paradigma no adecuado.