La cláusula de Estado Social ha estado en el centro del proceso constituyente chileno. La Convención Constitucional propuso un modelo de Estado Social que buscaba hacerse cargo de algunos de los problemas de desigualdad que dieron origen al estallido social del año 2019. En esta segunda etapa, la Comisión Experta logró armonizar tanto la preocupación de los sectores que buscaban avanzar hacia mejores estándares de justicia social, como la de aquellos que defendían la libertad de elección. Durante la discusión de este borrador, la oposición aprobó una serie de enmiendas que encierran el peligro de mantener, e incluso profundizar, muchos de los aspectos más problemáticos del modelo de estado subsidiario impuesto durante la dictadura.