Este trabajo debe servir para introducir en el debate político al menos dos aspectos; en primer lugar, que parece haber razones suficientes como para que no se pueda prescindir de un cierto acuerdo en la imposición sobre la renta de las personas físicas en la construcción europea. Esto no implica necesariamente que deba armonizarse el IRPF, pero quizá sí que debiera llegarse a un acuerdo sobre determinados aspectos de la tributación de las personas físicas con objeto de evitar que fenómenos como la competencia fiscal tengan incidencia negativa sobre la plena aplicabilidad de los principios de justicia tributaria. En segundo lugar, creo también pertinente introducir en el debate la necesidad de que las Comunidades Autónomas jueguen un papel más activo en la armonización fiscal, en coherencia con el papel relativamente más destacado que juegan ahora en relación con el sistema tributario, a través de la implantación de un modelo de financiación autonómica que pretende incrementar la corresponsabilidad fiscal.