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La colaboración público-privada en la obtención de los medios para la defensa. El caso del Fondo Europeo de Defensa.

Documento de trabajo
12 noviembre 2020 / nº 105_2020

La colaboración público-privada en la obtención de los medios para la defensa. El caso del Fondo Europeo de Defensa.

La aprobación del Plan de Acción Europeo en Defensa, conocido por sus siglas en inglés EDAP, ha supuesto un cambio verdaderamente significativo en el desarrollo de una Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) en la Unión Europea (UE), ya que facilitará la obtención de las capacidades operativas que precisan las Fuerzas Armadas de sus Estados Miembro para realizar las misiones de la Unión derivadas de esta política. En efecto, la UE destinará una parte de sus fondos a financiar actividades de investigación, así como de desarrollo de capacidades de defensa.

Las cifras destinadas a este fin no son ciertamente pequeñas y van a constituir una importante palanca para reforzar las capacidades industriales europeas para suministrar los medios que se precisan.

No obstante, las normas y condiciones para acceder a este fondo son diferentes de las rigen en los programas nacionales de investigación y desarrollo. Las propuestas que compitan por dichos fondos deben tener un valor netamente europeo, en términos de capacidades militares que precisa la PCSD, y la industria de los Estados Miembro debe estar representada, por al menos tres naciones, en los consorcios que quieran licitar.

Las ventajas de esta nueva política son diversas desde la aportación de medios más cuantiosos que los propiamente nacionales, la consolidación de una demanda conforme con las necesidades que los Estados Miembro manifiesten en estos proyectos, y la obtención de economías de escala empresariales al ser mayor esta demanda. Todo ello tendrá un efecto positivo sobre las prestaciones de los productos desarrollados y sobre el coste por unidad producida, así como sobre la industria y el empleo, lo que ayudará a consolidar una industria y un mercado verdaderamente europeo de la defensa. Esta política parece también conveniente ante una creciente competencia internacional en el mercado de la defensa, dominado por empresas y grupos industriales de gran tamaño y que recibe ayudas estatales significativas.

Aprovechar el nuevo Fondo creado para que nuestras fuerzas armadas financien los desarrollos que precisan nuestra defensa, los cuales mantienen una importante comunalidad con las necesidades de la PCSD y la propia protección de la UE, y para que nuestra industria realice proyectos de investigación y desarrollo que den lugar a productos y servicios para la defensa avanzados con una demanda importante tanto a nivel nacional, europeo e internacional debería ser, por lo tanto, una estrategia a la que el Ministerio de Defensa debería prestarle especial atención.

Este trabajo pretende describir y analizar el nuevo contexto, identificar retos -en particular a los que se enfrentan las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs)- y oportunidades y proponer una estrategia y unas líneas de actuación que saquen buen provecho de este Fondo, identificando aquellas medidas que aumenten la probabilidad de hacerlo con éxito.

Ciertamente, poner en marcha una estrategia exitosa requerirá de la colaboración entre los actores públicos y las organizaciones privadas. En efecto, las Fuerzas Armadas deben definir y acordar con otros Estados Miembro los medios que aportarán a la PCSD, mientras que la industria debe buscar socios y partners europeos –incluso más allá de las industrias bien establecidas evitando el confinamiento– cuyo conocimiento y experiencia permitan la obtención eficaz de estos medios. Además, hay que tener en cuenta que va a existir una competencia tanto de los Estados Miembro como de la industria por apropiarse de este Fondo cuyo resultado fuera dejar desatendidos nuestros intereses nacionales.

Esta estrategia debe establecer redes de colaboración y de intercambio de información, crear capital social que facilite el acceso a este Fondo, identificar y definir los incentivos apropiados para que los agentes, tanto públicos como privados, se comporten de forma que faciliten alcanzar los resultados esperados. En resumen, la estrategia debe guiar y ofrecer recomendaciones para alcanzar un éxito razonable, lo que, sin duda, proporcionará beneficios a todas las partes implicadas.

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