En las últimas décadas estamos asistiendo a un cierto tipo de agotamiento en los modelos de políticas culturales públicas que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial y que se han ido manteniendo hasta la actualidad con pocas alteraciones importantes. Estas políticas culturales, que podríamos denominar clásicas, proceden de los planteamientos del Estado nación, donde desde una perspectiva ilustrada y edificante situaban en el centro la defensa de una cierta visión de la cultura como servicio institucional al lado de la instrucción pública y el patrimonio, con una cierta concepción paternalista y protectora más que en el reconocimiento del ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía. Este planteamiento no considera la cultura como un derecho fundamental de las personas, como se puede observar en la mayoría de tratamientos de la cultura en marcos legislativos a nivel general y más concretamente en todo el proceso de democratización español.

El objeto de este Informe es proponer algunas reflexiones, orientaciones y recomendaciones para que las políticas culturales españolas tengan en cuenta el respeto y la promoción de los principios establecidos en tales instrumentos y desarrollos internacionales. Se trata de aprovechar el potencial de los derechos culturales, y más en concreto del derecho a participar en la vida cultural (DPVC) para el desarrollo de políticas culturales acordes con las necesidades de los tiempos que corren.