• Las estimaciones más exigentes del impacto de la pandemia COVID-19 sobre la economía española indican que la caída del PIB puede alcanzar un porcentaje superior al 10% y la tasa de desempleo acercarse al 20% al final del año actual, si bien se prevé un crecimiento elevado para el próximo ejercicio
• Nuestro modelo productivo ha demostrado ser especialmente vulnerable ante las medidas adoptadas. Autónomos y pymes han sido los colectivos más afectados, así como las empresas con escasos fondos disponibles. El excesivo peso del sector servicios en España, especialmente perjudicado por la pandemia y las medidas aplicadas, es un factor adicional de agravamiento de la crisis.
• El parón de la actividad productiva ha dado lugar a un contundente efecto, tanto en el lado de la oferta, al interrumpirse las cadenas de producción, como en el de la demanda. En este contexto, la intervención pública se vuelve esencial para evitar la caída de la demanda de bienes y servicios por parte de las familias afectadas y mantener la actividad productiva.
• Es probable que la tasa de paro supere los peores niveles de la anterior crisis. Esto implica la necesidad de disponer de más recursos para afrontar la nueva situación. A corto plazo, solo con recursos públicos cuantiosos se podrá hacer frente al aumento exponencial del desempleo y asegurar al máximo su cobertura. La garantía de cobertura a las familias que no tienen ingresos y no pueden atender sus necesidades vitales es una exigencia imprescindible de la crisis actual.
• La disponibilidad de liquidez de los agentes económicos privados y públicos se ha convertido en un elemento central de esta crisis. Ello explica la importancia de las políticas lanzadas desde el Banco Central Europeo, que han tomado medidas hasta hace poco impensables, aunque está por ver si suficientes.
• Las instituciones europeas se han visto obligadas a responder a la demanda de una acción coordinada y de políticas contundentes para afrontar la pandemia y las consecuencias económicas de la misma, aunque alcanzar consensos en un terreno tan sensible ha sido especialmente complejo.
• Las medidas políticas tomadas implican un claro aumento del déficit público y del endeudamiento, lo que plantea un problema serio de sostenibilidad de la deuda a medio plazo, además de hipotecar servicios y prestaciones públicas de generaciones futuras. Por otro lado, puede resultar difícil limitar el endeudamiento, especialmente si tenemos en cuenta el limitado espacio fiscal del que dispone España. Ello aumenta la importancia de las decisiones europeas para afrontar la crisis. No se trata solo de una cuestión de solidaridad sino también, sobre todo, de supervivencia de la UE.

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